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Fundación Educacional Colegio Santa María Eufrasia de Ovalle Recurso de Protección Rol N° 6173-2022 La Serena, dieciséis de noviembre de dos mil veintidós VISTOS:

Con fecha 16 de septiembre de 2022, comparece nombre reservado, chilena, soltera, técnico en enfermería, C.I. N°RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección a favor de su hijo nombre reservado, estudiante, de 14 años de edad, C.I. N°RUT reservado, de su mismo domicilio en contra de doña nombre reservado, directora del Colegio Santa María Eufrasia de Ovalle, C.I. N°RUT reservado, y de la FUNDACIÓN EDUCACIONAL COLEGIO SANTA MARÍA EUFRASIA, RUT N°RUT reservado, sostenedora del colegio Santa nombre reservado, representada legalmente por doña nombre reservado, C.I. N°RUT reservado, todas con domicilio ubicado en domicilio reservado.

Con fecha 22 de octubre pasado, informó el recurso, el abogado Claudio Enrique Araya Castillo, en representación de todos los recurridos.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, en fundamento de su acción expone que su hijo Benjamín, es alumno de primer año “b” de enseñanza media en el colegio particular subvencionado Santa nombre reservado, habiendo ingresado al establecimiento en el año 2013, desde el nivel kinder hasta el período educacional actual.

Precisa que su hijo no ha sido un alumno destacado académica ni conductualmente y en diversas ocasiones ha sido calificado por las autoridades del establecimiento como un “mal elemento”.

Expone que el día 29 de julio de 2022, cerca de las 12:00 horas, y dentro de la jornada escolar, su hijo fue llevado a la sala de inspectoría general por presentar conductas sospechosas. Fue en ese lugar donde le habría sido encontrada una pistola de fogueo entre sus pertenencias, inutilizable y sin cargador.

Tras el hecho, el establecimiento envió un comunicado público donde informó a todos los apoderados del establecimiento que el viernes 29 de julio un alumno cometió una falta. Aun cuando el comunicado no reveló el hecho ni la identidad de su hijo, sirvió para que se generaran una serie de especulaciones y se corriera la voz en la comunidad educativa y en otros establecimientos y redes sociales, donde la gente comenzó a comentar detalles de lo que sucedió y la identidad de quien lo cometió.

Señala que recién el lunes de la semana siguiente, 01 de agosto 2022, fue citada en forma urgente desde el colegio para ser informada de lo ocurrido. Indica, que por motivos laborales no pudo asistir y en su lugar acudieron su padre, nombre reservado, y su hermano nombre reservado, apoderado suplente de su hijo, a quienes la Inspectora General les informó que debían retirar a Benjamín del Colegio y que quedaba suspendido de clases durante dos días, por haber sido sorprendido portando un arma a fogueo inutilizable, pero que aun así se trataba de una falta descrita en el Reglamento. Además, les indicó que no podía dar más información sobre la investigación iniciada por tener carácter de secreto.

Al día siguiente, martes 02 de agosto de 2022, doña nombre reservado, directora del colegio, requirió la presencia de su hermano nombre reservado al establecimiento. En esa reunión, le reiteró someramente lo informado por la inspectora general y la imposibilidad de entregar más información sobre la investigación, por su carácter de reserva, con acceso sólo al equipo de convivencia.

La directora sólo enfatizó: “Lo único que puedo informarle es que el arma es muy parecida a una pistola real y esa falta amerita expulsar a Benjamín, ya que no es la primera vez que tiene problemas de conducta, incluso hemos tenido sospechas de que vende droga, aunque nunca le hemos llegado a encontrar nada.

La única forma de evitar que el asunto llegue a otras instancias y no cancelar la matrícula de Benjamín es que ustedes lo retiren “voluntariamente” del colegio. Hay cupo en el liceo Politécnico y en el colegio Raúl Silva, donde seguro lo recibirán”, agregando: “si ustedes lo retiran, les devolveremos el arma y así evitamos que este asunto pase a mayores. Ustedes verán que hacen con ella”.

En respuesta, su hermano nombre reservado le señaló que, de acuerdo con el Reglamento Interno, el porte de arma de fogueo es sancionado con suspensión y la aplicación de acciones formativas, pues la expulsión sólo procede por faltas graves reiteradas, lo cual no había sucedido, por ello consideraba que la expulsión era desproporcionada, sobre todo si la pistola estaba inutilizable.

Le cuestionó que se tomara esa decisión sin realizar un justo procedimiento donde se tomara declaración al alumno y se entregara información del procedimiento al afectado.

Ante la intervención, la directora respondió: “no puedo darle detalles, pero en este caso se trata de un hecho mucho más grave que nunca había ocurrido, y amerita expulsión inmediata, yo creo que la mejor opción es retirar al alumno. Además, usted sabe que éste es un colegio religioso destacado y este hecho ensucia la imagen institucional. Por eso, mejor háblelo con su papá y su hermana”.

Refiere, que cuando se enteró del ofrecimiento de la directora, quedó completamente desconcertada, pues además de ser una conducta contraria a la ética profesional, dejaba en evidencia que para la Sra. nombre reservado era más importante cuidar la imagen de colegio religioso, antes que aplicar un procedimiento justo y racional para esclarecer los hechos y ejecutar acciones formativas según lo prevé la normativa educacional y el reglamento interno. La vía más fácil para solucionar el asunto consistía entonces en deshacerse de quien era considerado “un mal elemento”, en base a prejuicios y acusaciones infundadas.

El mismo día martes 02 de agosto de 2022, su padre fue contactado por el establecimiento, para comunicarle que la suspensión de su hijo se prorrogaría hasta el día miércoles 03 de agosto, ya que “la presencia del Benjamín era muy riesgosa para los demás alumnos”.

Unas horas más tarde, a través del grupo de WhatsApp de apoderados del primer año medio, doña nombre reservado, presidenta del curso, desde el número telefónico teléfono reservado, informó que el jueves 04 de agosto se llevaría a cabo una reunión extraprogramática entre las autoridades y todas las directivas del establecimiento, donde se trataría un “problema de armas y droga en el curso”.

Agrega que, a la mañana siguiente, jueves 04 de agosto de 2022, revisó detenidamente el reglamento del establecimiento, percatándose que no existe en éste ningún procedimiento ni protocolo aplicable al porte de armas reales o de fogueo. Pudo constatar que el porte de arma de fogueo se encuentra tipificado como falta muy grave, sin embargo, su sanción es sólo la suspensión de clases, prorrogable de acuerdo con la gravedad de la falta y sólo se procederá a la expulsión en caso de faltas muy graves reiteradas.

Tras leer ese documento constató que el establecimiento estaba creando un procedimiento especial inexistente en el Reglamento Escolar y que se pretendía aplicar la medida disciplinaria de expulsión de manera arbitraria, en caso de no aceptar retirarlo del colegio.

Ante esta grave situación, acudieron nuevamente al establecimiento donde fueron recibidos por la directora, quien reiteró estar impedida de entregar antecedentes sobre el procedimiento a los apoderados.

Agrega que la señora nombre reservado insistió en su ofrecimiento, señalando que “a juicio de todos los que vieron la pistola en el colegio, es igual a un arma real. Este es un hecho grave y los profesores están a punto de hacer una huelga exigiendo la expulsión. Además, el resto de los apoderados ya saben lo que ocurrió y me están presionando para que tome medidas drásticas. Si no retiran a Benjamín del colegio no tengo más opción que cancelarle la matrícula.”

En respuesta, le informaron que no aceptarían su propuesta, y solicitaron seguir el curso del proceso ya que era necesario que saliera a la luz la verdad de lo sucedido.

Luego la Sra. nombre reservado sentenció:

“Bueno, entonces procederemos a denunciar los hechos a las autoridades pertinentes y no queda otra opción que expulsar a Benjamín”, enfatizando que “para aplicar la expulsión no necesito ningún procedimiento del Reglamento, porque nos basamos solo en la Ley de Aula Segura y estamos siendo asesorados por personal de la Superintendencia”.

Con sus dichos, la señora nombre reservado ratificó su predisposición a expulsar a su hijo antes de esperar el resultado del procedimiento, demostrando una total discriminación sólo por tratarse de un alumno que no se ajusta al perfil de buena conducta que busca el establecimiento. Con ello, confirma que su actuar era totalmente ilegal y arbitrario, obedeciendo nada más que a presiones de terceros.

En la misma reunión, su hermano cuestionó nuevamente la violación a la confidencialidad del proceso.

Ante el cuestionamiento, la directora sólo se limitó a hacer el compromiso de evitar que se siguiera filtrando información por cualquier medio.

Agrega, que en la tarde del jueves 04 de agosto de 2022 recibió una comunicación escrita de parte de la sra. nombre reservado, donde les informó que la medida de suspensión se prorrogaría nuevamente por cinco días hábiles, a partir del jueves 04 de agosto de 2022 y que el hecho se había derivado a los organismos pertinentes, sin entregar ningún otro detalle de la investigación ni dar posibilidad de ofrecer pruebas o defensas, a pesar de su insistencia verbal previa.

Posteriormente, el viernes 05 de agosto de 2022, recibió un correo electrónico del establecimiento donde los citaron a reunión para el martes 09 de agosto, a fin de informar sobre la investigación y en la misma misiva se le concedió un plazo de dos días hábiles para presentar descargos.

En ningún momento se formularon cargos concretos y precisos ni se exhibieron los antecedentes recopilados en la investigación para poder rebatirlos, de modo tal que se encontraban en la completa indefensión.

Dice que su hijo no tuvo en ningún momento la oportunidad de declarar, ni sabían sobre qué otros antecedentes y circunstancias se basaban las acusaciones.

Cumpliendo con la citación, se apersonó al colegio el día 09 de agosto de 2022, en compañía de su hermano nombre reservado, aprovechando la oportunidad para presentar el escrito de descargos dentro del plazo concedido.

Sin embargo, y contra todo pronóstico, la directora señaló que el procedimiento había culminado anticipadamente y la resolución final ya había sido dictada y fue notificada en la misma reunión, según da cuenta el acta levantada al efecto, que en lo pertinente reza:

“Se lee carta con copia, se entrega por escrito, donde se decreta expulsión. No obstante, familia entrega carta con descargos frente a proceso investigativo…” (sic).

Como queda en evidencia, la resolución definitiva fue dictada antes de ser formulados los descargos.

Por su parte, indica que la sentencia de la directora no contiene ningún fundamento de hecho y de derecho que haya motivado la decisión, más que relatar someramente el hecho, citar agravantes indeterminadas, citar el artículo 6° de la Ley sobre Aula Segura (artículo inexistente) y señalar que la decisión cuenta con el respaldo unánime del Consejo de Profesores.

Tras pedir explicaciones por no haberse resuelto el asunto después de presentar descargos y por haberse entregado información reservada al Consejo de Profesores, la Sra. nombre reservado les habría indicado verbalmente: “Vamos a hacer recibo de sus descargos, pero no se preocupe porque quedará en acta y van a ser considerados en la “apelación”, en esa oportunidad usted va a poder conocer los motivos de la sanción que no fueron señalados en esta resolución.

En cuanto a la participación del Consejo de Profesores, era necesario que ellos conocieran del proceso porque están a punto de hacer una huelga y debían respaldar mi decisión”.

El acta suscrita da cuenta que la decisión fue adoptada anticipadamente y que jamás se nos informó sobre contenido del proceso, en cuanto señala: “… se entrega carta con descargos frente a proceso investigativo y se dan cinco días hábiles para apelar a la medida, cuya respuesta considerará descargos de la familia. Se realiza consulta sobre el desarrollo del proceso investigativo ya que sólo se entregan los resultados” (sic).

Luego, el 12 de agosto de 2022, estando dentro de plazo, presentó reconsideración de la medida, donde hizo hincapié en todas las vulneraciones producidas en el procedimiento sancionatorio, entre otros, la omisión de fundamentos en la resolución final, la falta de acreditación de los hechos y la participación, resolución adoptada sin considerar descargos, la inexistencia de protocolos y procedimientos para abordar la conducta investigada, la afectación a la presunción de inocencia, la afectación al derecho a la confidencialidad del proceso, la afectación al derecho a defensa, la vulneración de derechos establecidos en el reglamento, la propuesta indebida de la Sra. directora y las infracciones a la Ley de Subvención Escolar.

El día 17 de agosto recibió un correo electrónico mediante el cual fue citada junto a su hijo a conocer el resultado de la reconsideración. Asistió ese mismo día sin su presencia, por encontrarse en una grave situación de afectación psicológica.

Dentro de la reunión se le hizo entrega de la resolución final, la que omitió la consulta obligatoria al Consejo Escolar.

La resolución no acogió ninguno de sus fundamentos, resolviendo el asunto de manera casi ininteligible e infundada en los hechos y en el derecho. En dicha resolución nuevamente quedó en evidencia la ilegalidad y arbitrariedad ocurrida durante todo el procedimiento y en el contenido de esta, circunstancia que ameritó la presentación de esta acción.

Señala que producto de todas las situaciones vividas por su hijo, éste ha debido iniciar un tratamiento psicológico, por la severa angustia y estrés que implicó haber sido removido de manera injusta, arbitraria e ilegal del colegio en el cual se había formado desde hace más de 9 años.

Luego de la descripción de hechos precedente, afirma que el colegio emplazado ha ejecutado una serie de actos arbitrarios e ilegales, resumidos de la siguiente manera: a. Ausencia de procedimiento y protocolos de actuación para abordar conducta imputada y falta de proporcionalidad de la sanción; b. Duplicidad y desproporcionalidad de las sanciones aplicadas; c. Aplicación de un procedimiento ilegal, creado improvisadamente con la sola intención de sancionar; d. Ofrecimiento ilegal de la Directora del establecimiento (referido a la oferta de retiro voluntario); e. Falta de fundamento de las resoluciones dictadas por el establecimiento; f. Los actos ejecutados en el procedimiento infringen el Reglamento Interno del establecimiento, la Ley General de Educación y el DFL N°2 de 1996, sobre Subvención Escolar, instrumentos que solo permitían una suspensión de 01 a 05 días y sólo procedía imponer la medida disciplinaria de expulsión luego de haber agotado todos los mecanismos para la modificación de la conducta del estudiante hipótesis que no se ha verificado en este caso, por lo tanto resultaba improcedente aplicar la sanción de expulsión; g. Ilegalidad y arbitrariedad al hacer públicos los antecedentes del procedimiento; h. Ilegalidad y arbitrariedad al tratar a su hijo como culpable de los hechos durante todo el procedimiento.

Enseguida, sobre la afectación de garantías fundamentales, afirma que los hechos denunciados constituyen una perturbación a la igualdad ante la Ley, a la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos y derecho de propiedad.

Indica que la medida disciplinaria ha sido adoptada por la directora del establecimiento sin mediar procedimiento legal previo dentro del Reglamento Interno. Al contrario, la directora creó un procedimiento ilegal sólo con la intención de sancionar exclusivamente a su hijo, procedimiento que no ha sido aplicado a ningún otro estudiante del establecimiento, aplicando a su hijo reglas y preceptos distintos a los demás estudiantes, estando en las mismas circunstancias.

Expresa que el procedimiento inventado por la Directora se llevó a cabo sin garantías mínimas de legalidad y debido proceso, donde se omitió la formulación de cargos precisos y claros, se violó la confidencialidad del procedimiento, se negó la posibilidad de que su hijo fuera oído y rindiera prueba; se infringieron normas legales y reglamentarias y culminó con la aplicación de una medida disciplinaria desproporcionada a través de una resolución infundada tanto en los hechos como en el derecho.

Señala, que participó en este procedimiento el Consejo de Profesores, en una etapa procesal que no era procedente, configurándose una comisión especial que se pronunció en contra de mi hijo para apoyar la decisión de la Directora del establecimiento.

La decisión de expulsar a su hijo del establecimiento importa asimismo una vulneración que afecta en su esencia el derecho de propiedad en distintos niveles, según la jurisprudencia de esta Corte ha precisado.

En primer lugar, “Derecho de propiedad sobre la condición de alumno, que importa sentirse perteneciente a una comunidad escolar con todas las bondades y seguridades, amén del prestigio que ello representa.”

Luego, el “Derecho de propiedad sobre la progresión en los niveles, grados o cursos, de manera que, satisfechos que sean los requisitos impuestos por la preceptiva interna y la externa, se obtenga la promoción al grado superior y, así, sucesivamente.”

Y finalmente, “Derecho de propiedad sobre la graduación, explicado como la posesión lejana de un título o certificado llámese de enseñanza básica, llámese de enseñanza media que, a su turno, se encuentra en la base de otros derechos o prerrogativas, cual, a modo de ejemplo, el de postulación a cargos públicos.”

Estas tres modalidades del derecho incorporal a la educación se ven afectadas, respecto de Benjamín puesto que él no puede continuar estudiando normalmente en el mismo establecimiento.

Finalmente, solicita que se acoja el recurso y se ordene que se deje sin efecto la medida disciplinaria de expulsión decretada por los recurridos, en virtud de los fundamentos latamente relacionados en el cuerpo de este recurso, declarando que éstos deben permitir, sin más trámite, la reincorporación inmediata de su hijo nombre reservado al establecimiento educacional Santa nombre reservado, de manera presencial, sin perjuicio de otras medidas que esta Corte determine, con expresa condena en costas.

Acompaña los siguientes antecedentes: 1. Reglamento de Convivencia Escolar, colegio Santa nombre reservado, disponible en página web http://www.colegiosantamariaeufrasia.cl; 2. Copia de acta de entrevista de fecha 09 de agosto de 2022; 3. Resolución de reconsideración de fecha 17 de agosto de 2022; 4. Copia de mensajería vía red social “WhatsApp” en grupo denominado “1B colegio Sta. Ma Eufrasia”; 5. Copia de correos electrónicos de fecha 05 de agosto de 2022, 16 de agosto de 2022, 17 de agosto de 2022, 23 de agosto de 2022, remitidos desde casilla correo reservado; 6. Descargos presentados por la recurrente en procedimiento de convivencia escolar; 7. Solicitud de Reconsideración presentada contra la decisión de la Directora del Colegio Santa María Eufrasia de Ovalle.

Segundo: Que, a folio 10 y con fecha 22 de octubre pasado, comparece el abogado CLAUDIO ENRIQUE ARAYA CASTILLO, quien en representación de todos los recurridos, evacua el informe requerido por esta Corte, solicitando el rechazo de la acción en estudio.

Relata, que con fecha 29 de julio de 2022, el alumno nombre reservado, alumno de primer Año Medio del Colegio Santa María Eufrasia de Ovalle, fue trasladado a la sala de inspectoría del Colegio por ser sorprendido in fraganti y, con antecedentes fundados portando una pistola en su mochila.

Ante la gravedad de lo ocurrido, la recurrente, madre del alumno, fue citada con urgencia para concurrir al Colegio al día inmediatamente hábil y de funcionamiento, esto es, el lunes 01 de agosto de 2022, y no como ella señala de manera equivocada y tendenciosa, y cito, “recién el lunes de la semana siguiente“, y ella no concurrió, asistiendo el abuelo y un tío del niño, quien es el apoderado suplente, a quien se le informó de la suspensión del alumno por dos días por infracción al Reglamento de Convivencia Escolar vigente, el que data del año 2022, la que se extendió hasta el miércoles 03 de agosto (situación también comunicada al apoderado), siendo el porte de armas una falta descrita expresamente en dicho Reglamento como muy grave, el que, reitera, data del año 2022, y no el de 2019 como cita y acompaña erradamente la recurrente.

El Colegio inició la pertinente investigación, reservada y con el Equipo de Convivencia Escolar, lo que fue comunicado a Don nombre reservado, apoderado suplente del alumno en cuestión, el día martes 02 de agosto de 2022.

Jamás el Colegio ha tenido una actitud discriminatoria o de estigmatización del alumno, ni de prejuicios o imputaciones falsas; señala que, simplemente se activó el protocolo correspondiente y regulado expresamente en el Reglamento de Convivencia Escolar del año 2022, debidamente notificado a todos los apoderados, con fecha 24 de febrero del año 2022 por medio del correo institucional de cada estudiante, incluyendo a la recurrente. Ante la ocurrencia de un hecho o falta muy grave, lo que es aceptado por el apoderado en reunión del jueves 04 de agosto, y lo que es reconocido en el recurso; paradojalmente luego se desdice, pretendiendo ser la apoderada dar directrices sobre faltas, sanciones y el procedimiento reglamentario a seguir.

Acusa que la recurrente incurre en distintos yerros reglamentarios, porque la apoderada razona y hace conjeturas jurídicas en base al Reglamento 2019 modificado y parcialmente derogado para adecuarlo, como todos los Colegios, a la Ley 21.128, de 27 de diciembre de 2018, sobre Aula Segura, cuerpo legal que ordenó adecuar los Reglamentos de Convivencia Escolar a las normas de la ley. De hecho, acompaña en su recurso el Reglamento de Convivencia Escolar 2019, parcialmente derogado y modificado precisamente en lo referente a la convivencia, disciplina, faltas, sanciones, protocolo y procedimiento; nunca se ha procedido de manera ilegal y/o arbitraria ni se ha divulgado formalmente y en detalle lo ocurrido con los demás apoderados y directivas, lo que no significa que el Colegio se vea privado y tenga el legítimo derecho a tomar medidas disciplinarias, informativas generales y a defender su proyecto educativo, más aún si uno de sus deberes es precisamente resguardar la integridad física y emocional y guardar la disciplina en toda la comunidad educativa.

Seguidamente, el día jueves 04 de agosto se comunica al apoderado que la suspensión se extiende por 5 días hábiles y que los hechos en cuestión fueron comunicados a los organismos pertinentes, esto es, Carabineros de Chile, Ministerio Público y Superintendencia de Educación.

Al día siguiente se envía un correo al apoderado, citándolo al Colegio a una reunión para el día martes 09 de agosto para informarle de la investigación y otorgándole un plazo de 2 días hábiles para hacer sus descargos, descargos que la apoderada hizo en tiempo y forma, por lo que ninguna norma reglamentaria se ha infringido, violado o aplicado de manera ilegal, arbitraria o discriminatoria, por lo que no cabe en la especie la aplicación del recurso constitucional del artículo 20 de la Carta Fundamental, pues no nos encontramos en sus claras, específicas y precisas hipótesis fácticas.

Cuando el Colegio toma la decisión legal y reglamentaria de expulsión, consagrada en el Reglamento, lo hace amparado en el Reglamento 2022, y ello por la gravedad de los hechos, descritos en el Reglamento, donde se establecen las sanciones, el protocolo y procedimiento a seguir, y con fecha 09 de agosto se notifica la decisión al apoderado y se le da un plazo de 5 días hábiles para apelar, derecho que ejerció la apoderada por escrito con fecha 12 de agosto mediante una solicitud de reconsideración de la medida adoptada, que luego reitera, siendo también rechazada. O sea, la recurrente hizo uso de todos sus derechos y garantías procesales reglamentarias en favor de su hijo y alumno, contenidas en el Reglamento.

Finalmente, tanto el apoderado como el alumno son citados para comparecer al Colegio, lo que ocurre el día 19 de agosto, sólo concurre la recurrente, a quien se le comunica el rechazo de la reconsideración y la expulsión del alumno. Ninguna decisión ni procedimiento ha sido injusto, ilegal y/o arbitrario, las faltas están descritas en el Reglamento 2022 según su gravedad, adecuado en sus reformas a la Ley de Aula Segura, se tipifican las faltas y las sanciones según su gravedad y el procedimiento a aplicar, plazos y recursos, de todo lo cual ha tenido derecho y usado el apoderado, quién jamás quedó en la indefensión ni fue privado, turbado o restringido en el legítimo ejercicio de sus derechos.

Señala, que todo lo anterior ha generado un gran impacto emocional en la comunidad educativa, quienes se han visto conmocionados a nivel psicológico y moral, tanto alumnos, padres y apoderados y funcionarios, especialmente el cuerpo Docente que se trabaja en aula.

Es más, seguidamente todo el procedimiento reglamentario adoptado por el Colegio fue debidamente informado y documentado en detalle y extenso a la Superintendencia de Educación mediante ordinario número 19, de 23 de agosto de 2022, enviado por la Directora recurrida, el que fue ratificado íntegramente en su legalidad reglamentaria por la Superintendencia de Educación.

Este organismo, una vez recibidos los antecedentes, deriva el Expediente de Expulsión 3501 para el pertinente procedimiento de fiscalización del párrafo 2 de la Ley 20.529 (sobre calidad de la Educación y su fiscalización) lo anterior según Acta de Fiscalización 2204 y Memo 105, de 13 de septiembre de 2022, ambos de dicho organismo, concluyendo de manera categórica que:

1.- La medida disciplinaria de expulsión aplicada al alumno nombre reservado, RUT RUT reservado, alumno de Primer Año Medio del Colegio María Eufrasia de Ovalle, está contemplada expresamente en la página 74 del Reglamento de Convivencia Escolar 2022 vigente de dicho Establecimiento Educacional.

2.- La medida disciplinaria impuesta es proporcional y acorde a la infracción cometida, entre las que existe una relación de causa a efecto reglamentario.

3.- La medida disciplinaria impuesta se ajusta al principio de no discriminación y a la norma contenida en el artículo 11 de la Ley General de Educación.

4.- La medida disciplinaria impuesta no fue adoptada por causales prohibidas por la Ley.

Luego, en cuanto a los antecedentes de derecho, y refiriéndose a los actos ilegales y arbitrarios imputados en el recurso, hace presente que los hechos descritos en el libelo recursivo son imputados a la Directora recurrida doña nombre reservado y que el recurso no imputa acto ilegal o arbitrario a la otra recurrida, sin embargo, también se acciona en su contra, por lo que en lo que a la FUNDACIÓN EDUCACIONAL COLEGIO SANTA MARIA EUFRASIA se refiere, representada por doña nombre reservado, el recurso deberá rechazarse, con costas, por esa sola circunstancia.

En cuanto a la supuesta ausencia de procedimiento y protocolos, y que se aplicó una sanción desproporcionada, que no se dio derecho a defensa al alumno ni posibilidad de hacer sus descargos, indica que el Reglamento 2022, que es el vigente, contempla todos y cada uno de dichos aspectos, con lo que en su oportunidad se dio cumplimiento a la Ley 21.128 sobre Aula Segura, adecuándolo no solamente a ella, sino también a la Ley General de Educación, Ley 20.370, en la especie y precisamente al artículo 46 letra f) de dicho cuerpo legal.

En lo referido a la duplicidad de sanciones y desproporcionalidad, indica que es falso pues la suspensión es una medida contemplada en el Reglamento y la expulsión es la sanción disciplinaria idónea que corresponde por portar armas, falta reglamentaria muy grave. En la especie, el alumno fue sorprendido con ella en su mochila.

En cuanto a la alegación de procedimiento ilegal e improvisado, asevera que el procedimiento aplicado fue el que contempla el Reglamento vigente, se dieron al alumno y a su apoderado todos los derechos y garantías de defensa, la recurrente fue notificada de cada actuación, plazo y derechos y recursos, todos los cuales ejerció; de todo ello se informó de ello a la Superintendencia de Educación y ella fiscalizó en detalle el procedimiento aplicado.

En cuanto a la supuesta falta de fundamento de las decisiones del colegio, reitera que no se ha discriminado arbitrariamente al alumno ni se le impidió su derecho a defensa, el que ejerció siempre y a cabalidad. Las resoluciones dictadas se fundan en los antecedentes aportados y en las normas reglamentarias, todo lo cual fue fiscalizado por la Superintendencia de Educación. Y, cuando la recurrente se pregunta sobre cuáles serían los antecedentes previos conductuales, pues bien, ellos están contenidos en la hoja de vida del alumno, y son uno de los antecedentes que el Reglamento ordena tener en cuenta al aplicar la medida disciplinaria.

En lo tocante a la supuesta infracción al Reglamento Interno, ley 20.370 y a las normas sobre Subvención Escolar, refiere que el alumno ha sido sancionado por la falta y gravedad de la infracción, falta contenida en el Reglamento, como su sanción justa y proporcional. El Reglamento señala además todo tipo de arma, pues ellas ponen en riesgo la integridad física, síquica y/ o moral de la Comunidad Educativa y sus miembros. La recurrente insiste en citar un Reglamento derogado y modificado en lo disciplinario, que data de 2019.

Resulta que la norma que la recurrente dice vulnerada, esto es, el artículo 6 letra c) del DFL 2, de 1996, sobre Subvención Escolar, se ha cumplido y respetado a cabalidad, se aplicó al alumno un procedimiento establecido y regulado en el Reglamento vigente 2022, que acompañamos, garantizando los derechos del alumno y el del apoderado a hacer sus descargos y reconsideración, y se aplicó la sanción proporcional a la falta cometida, que es muy grave, está contemplada de manera expresa y específica en el Reglamento y trae aparejada la medida disciplinaria de expulsión.

Sobre la supuesta ilegalidad y arbitrariedad al hacer públicos los antecedentes del procedimiento y de tratar al alumno como culpable, afirma que jamás violó durante el procedimiento esta garantía del alumno, refiere, que no puede ser imputada a la Directora los diálogos en grupos WhatsApp de apoderados y otros miembros de la Comunidad Educativa. Por su parte, durante todo el procedimiento, al alumno se le respetó su garantía de presunción de inocencia, y la decisión de expulsión se tomó luego de la aplicación de un previo, racional y justo procedimiento establecido en el Reglamento 2022, donde la resolución que impuso la sanción de expulsión fue objeto de reconsideración por la recurrente, la que fue rechazada por la gravedad de los hechos, no correspondiendo de manera alguna esperar una decisión del Ministerio Público ni de un Tribunal, como infundadamente plantea la recurrente.

Finalmente hace hincapié en que no se ha afectado ninguna garantía fundamental de la recurrente.

Acompaña al informe: 1. Informe Inspectoría de 29 de julio de 2022 sobre hechos; 2. Fotografía del arma; 3. Hoja de vida alumno 2022; 4. Relato inspectora Marcela Solo; 5. Relatos de los docentes; 6. Carta Sub-Centro de Padres.5.- Carta Centro de Padres; 7. Notificación suspensión del alumno; 8. Descargos del alumno; 9. Notificación resolución de expulsión; 10. Reconsideración de la medida de expulsión; 11. Notificación de expulsión por rechazo de reconsideración; 12. Ordinario de envío de antecedentes a Superintendencia de Educación; 13. Acta 220400665; 14. Memo 105 de 13 de septiembre de 2022 de la Superintendencia de Educación; 15. Reglamento de Convivencia Escolar 2022 (Títulos I, VIII y IX) y 16. Notificación a correo electrónico correo reservado, de 24 de febrero de 2022, a apoderada y alumno del Reglamento de Convivencia Escolar 2022.

Tercero: Que de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Cuarto: Que, el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

Quinto: Que el objeto de la acción constitucional en examen dice relación con la medida de expulsión dispuesta respecto del alumno afectado, hijo de la recurrente, a fin sea dejada sin efecto y se disponga la reincorporación inmediata al establecimiento educacional Santa nombre reservado, por resultar ilegítima y arbitraria.

Sexto: Que, en el caso en análisis, de acuerdo con el Reglamento escolar vigente, al año 2022 del establecimiento escolar en comento, ya en su acápite 3.2.13 sobre “comportamiento”, dispone: “El buen comportamiento dentro y fuera del Colegio es fundamental para su crecimiento integral. Por esto el/la alumno/a debe:… e) No portar ni consumir drogas, bebidas alcohólicas, ni otros elementos que atenten contra su integridad física y de los demás”. Reglamento que fue notificado a toda la comunidad, a través de correo electrónico.

Luego, no ha sido controvertido por la recurrente, desde el comienzo de su arbitrio, que su hijo “Durante sus años de estudio mi hijo no ha sido un alumno destacado académica ni conductualmente y en diversas ocasiones ha sido calificado por las autoridades del establecimiento como un “mal elemento”, y en el caso particular el factum que dio lugar al procedimiento investigativo en el que se aplicó la medida cautelar de suspensión, y posteriormente la sanción de expulsión, consistió en ser sorprendido portando una pistola en su mochila, debiéndose destacar que el cuestionamiento de la recurrente básicamente dice relación con diversos ripios en la tramitación de dicho procedimiento incidiendo en la presunción de inocencia de su hijo, y, por ende, en la aplicación de una medida que deviene desde su perspectiva en arbitraria, pero sin abordar lo medular de la imputación, y su gravedad, que ya incide en una exigencia básica de conducta al alero de un aula segura.

Sexto: Que, asimismo, el citado Reglamento escolar vigente, y de conocimiento de los padres y apoderados, y comunidad educativa en general, distingue entre faltas leves, graves y muy graves, (pág. 72), siendo en este caso una falta muy grave: “Portar todo tipo de armas, instrumentos, utensilios u objetos cortantes, punzantes o contundentes, ya sean genuinos o con apariencia de ser reales, aun cuando no se haya hecho uso de ellos (en caso de presentarse una situación problemática, el/la alumno/a puede ser sometido a revisión”.

Es del caso, que el alumno de 14 años a la sazón, en la descripción del hecho verificado, se refiere a ser sorprendido en su mochila portando una pistola, pudiendo el establecimiento a través de dicha norma efectuar la revisión de ésta, asimismo, se incurre en la falta acorde a su descripción, al margen de que el arma sólo en apariencia lo sea, de consiguiente, el hecho pesquisado per se configura una infracción muy grave.

Séptimo: Que, en cuanto al procedimiento aplicado también contemplado en el Reglamento, si bien, se cuestiona que no se comprenda en el mismo la sanción disciplinaria de expulsión, cabe tener en consideración que DFL 2, sobre Subvención del Estado a establecimientos Educacionales, exige en su artículo 6°, el cumplimiento de diversos requisitos para que los establecimientos puedan impetrar la referida subvención, y, particularmente en la d) “Que cuenten con un reglamento interno que rija las relaciones entre el establecimiento, los alumnos y los padres y apoderados. En dicho reglamento se deberán señalar: las normas de convivencia en el establecimiento que deberán excluir expresamente la prohibición de toda forma de discriminación arbitraria; las sanciones y reconocimiento que origina su infracción o destacado cumplimiento; los procedimientos por los cuales se determinan las conductas que las ameritan; y, las instancias de revisión correspondientes”.

En cuanto a la medida de expulsión y cancelación de matrícula, se señala que “sólo podrá aplicarse cuando sus causales estén claramente descritas en el reglamento interno del establecimiento o afecten gravemente la convivencia escolar, conforme lo dispuesto en la ley”, cuestión que en la especie se cumple a cabalidad, puesto que como ya se dijo, el hecho cometido configura una infracción muy grave al reglamento escolar.

Sin perjuicio de lo anterior, en el propio Decreto ley en análisis se señala que: “Siempre se entenderá que afectan gravemente la convivencia escolar los actos cometidos por cualquier miembro de la comunidad educativa, tales como profesores, padres y apoderados, alumnos, asistentes de la educación, entre otros, de un establecimiento educacional, que causen daño a la integridad física o psíquica de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de terceros que se encuentren en las dependencias de los establecimientos, tales como agresiones de carácter sexual, agresiones físicas que produzcan lesiones, uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiaros, así como también los actos que atenten contra la infraestructura esencial para la prestación del servicio educativo por parte del establecimiento”.

Asimismo, se establece que “no se podrá expulsar o cancelar la matrícula de un estudiante en un periodo del año escolar que haga imposible que pueda ser matriculado en otro establecimiento educacional”.

Lo anterior “no será aplicable cuando se trate de una conducta que atente directamente contra la integridad física o psicológica de alguno de los miembros de la comunidad escolar…”, como aconteció en estos hechos, habiéndose en todo en todo caso obtenido matrícula en otro establecimiento.

“El director deberá iniciar un procedimiento sancionatorio en los casos en que algún miembro de la comunidad educativa incurriere en alguna conducta grave o gravísima establecida como tal en los reglamentos internos de cada establecimiento, o que afecte gravemente la convivencia escolar, conforme a lo dispuesto en la ley.

El director tendrá la facultad de suspender, como medida cautelar y mientras dure el procedimiento sancionatorio, a los alumnos y miembros de la comunidad escolar que en un establecimiento educacional hubieren incurrido en alguna de las faltas graves o gravísimas establecidas como tales en los reglamentos internos de cada establecimiento, y que conlleven como sanción en los mismos, la expulsión o cancelación de la matrícula o afecten gravemente la convivencia escolar, conforme lo dispuesto en la ley”.

La normativa referida, en el contexto del estándar de “aula segura”, es muy clarificadora en cuanto al proceder adoptado por el establecimiento escolar, puesto que el hecho en que incurrió el alumno, como ya se dijo, configura una infracción muy grave al reglamento escolar, y en concordancia con el DFL N°2, señalado, que conforma el reglamento, da lugar a un procedimiento que permite decretar como medida cautelar la suspensión de alumno, como ocurrió en este caso, y por cierto, la sanción disciplinaria de expulsión, en aquellos casos en que la conducta desplegada afecte gravemente la convivencia escolar, como acaeció.

De consiguiente, la medida cautelar de suspensión, y la sanción disciplinaria de expulsión, sí resultaban factibles de aplicar, en concordancia con el DFL N°2, modificado por la Ley N°21.128, de Aula Segura, máxime que, por la gravedad de los sucesos y su repercusión en la comunidad escolar, particularmente en la integridad física o psicológica de alguno de sus miembros, permite su aplicación en cualquier periodo del año escolar.

Octavo: Que, en cuanto al procedimiento, el DFL N°2 señala: “Las medidas de expulsión o cancelación de la matrícula sólo podrán adoptarse mediante un procedimiento previo, racional y justo que deberá estar contemplado en el reglamento interno del establecimiento, garantizando el derecho del establecimiento afectado y, o del padre, madre o apoderado a realizar sus descargos y a solicitar la reconsideración de la medida.

La decisión de expulsar o cancelar la matrícula a un estudiante sólo podrá ser adoptada por el director del establecimiento. Esta decisión, junto a sus fundamentos, deberá ser notificada por escrito al estudiante afectado y a su padre, madre o apoderado, según el caso, quienes podrán pedir la reconsideración de la medida dentro de quince días de su notificación, ante la misma autoridad, quien resolverá previa consulta al consejo de profesores...”

“…El director deberá notificar la decisión de suspender al alumno, junto a sus fundamentos, por escrito al estudiante afectado y a su madre, padre, o apoderado, según corresponda. En los procedimientos sancionatorios en los que se haya utilizado la medida cautelar de suspensión, habrá un plazo máximo de diez días hábiles para resolver, desde la respectiva notificación de la medida cautelar. En dichos procedimientos se deberán respetar los principios del debido proceso, tales como la presunción de inocencia, bilateralidad, derecho a presentar pruebas, entre otros…”

De los antecedentes allegados al recurso, es factible advertir que la madre, padre o apoderado del alumno afectado, hicieron valer sus derechos, en el procedimiento incoado al efecto, acorde a la normativa antes expuesta, empero, el reproche formulado por la Superintendencia de Educación radica básicamente en la observación de los plazos para ello, y, por ende, en qué medida la recurrida analizó las presentaciones de la parte afectada, para adoptar o reconsiderar la medida sancionatoria.

Noveno: Que, al efecto, se incorporó al proceso Memo N°105, de fecha 13 de septiembre de 2022, suscrito por don nombre reservado, encargado de la unidad de comunicaciones y denuncias de la Superintendencia de Educación, Región de Coquimbo, entidad que, en relación a la fiscalización del expediente sancionatorio del hijo de la recurrente, el que le fuere derivado dentro de plazo legal, de conformidad a lo establecido en el artículo 6 c) del DFL N°2, en lo pertinente a la revisión de la legalidad de la medida disciplinaria, consignado en el punto 2, indica: “a) La medida disciplinaria de expulsión sí está contenida en el reglamento interno del establecimiento en la página 74. b) La medida disciplinaria de expulsión se sujeta a los principios de proporcionalidad a la gravedad de la infracción: Porte de arma. Por lo que, la gravedad del acto cometido y la sanción que lleva aparejada tiene una relación directa. Por otro lado, cabe destacar que, la medida si se ajusta al principio de no discriminación arbitraria, y a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley General de Educación.

c) La medida disciplinaria de expulsión fue adoptada por causales claramente descritas en el Reglamento Interno del establecimiento y que afecten gravemente la convivencia escolar. d) la medida disciplinaria de expulsión no fue adoptada por causales prohibidas por la ley”.

Todo lo cual afianza lo discurrido, en orden a la correcta aplicación de la medida en atención a la gravedad del hecho cometido por el alumno infractor.

De consiguiente, la controversia radica en el procedimiento de adopción de la medida disciplinaria, y si bien, el ente fiscalizador cuestiona que en el reglamento interno del establecimiento no se señala el procedimiento de forma completa, y que no se contempla la posibilidad de apelar, en los hechos resultó asentado que se notificó la medida de suspensión aplicada, contemplada en el reglamento interno, y que la parte afectada en conocimiento de la situación pudo presentar descargos y solicitar la reconsideración de la medida la que fue confirmada por la dirección del establecimiento.

A mayor abundar, y tal como se establece en el documento en análisis, en el punto 3, letra c) “considerando la aplicación de aula segura, donde la advertencia e implementación de medidas no son exigibles, es preciso mencionar que previo al inicio del procedimiento sancionatorio para la adopción de la medida de expulsión, el plantel educativo del establecimiento representó a los padres o apoderados, la inconveniencia de las conductas, advirtiendo la posible aplicación de sanciones e implementando a favor del estudiante las medidas de apoyo pedagógico o psicosocial”. En tal sentido, se debe recordar de acuerdo con el reglamento mencionado la repercusión del hecho en la comunidad educativa, como ya se dijo que conllevó a la aplicación de la medida de suspensión y luego de expulsión, por ello no se exigió al establecimiento la subsanación de los ripios advertidos en el procedimiento.

Si bien, los descargos del apoderado del afectado fueron presentados oportunamente en el plazo otorgado, estos no fueron analizados ya que con esa misma fecha se notificó la aplicación de la medida de expulsión por parte de la directora, sin perjuicio, que con posterioridad, el padre, madre o apoderado, tuvo la posibilidad de solicitar reconsideración de la medida, dentro de los plazos correctos, además, se dio lectura a la apelación en el seno del consejo de profesores, remitiéndose una carta dirigida al apoderado y al estudiante dando respuesta a su apelación.

A lo anterior cabe adicionar, que, pese a infracciones observados en el procedimiento, y a las que alude el recurrente, la medida de expulsión se adoptó además en una época del año que es posible matricular al estudiante en otro establecimiento escolar como resultó acreditado, no obstante, a la fecha de la emisión del Memo N°105, el alumno aún se encontraba matriculado en el establecimiento escolar donde se verificaron los sucesos.

Décimo: Que, así, las infracciones enarboladas por la recurrente, que configurarían la transgresión a las garantías reclamadas, no son tales, desde que la medida de expulsión se ajusta a la legalidad, en atención al hecho cometido por el alumno, debidamente acreditado, y al procedimiento adoptado, ya sea, para aplicar primeramente la medida de suspensión, y luego la expulsión, en atención a la afectación de la comunidad educativa, máxime que la inconveniencia de las conductas del alumno ya había sido advertidas y representadas por el plantel educativo a los padres o apoderados del joven.

Luego, en dicho contexto los ripios observados en la tramitación del procedimiento que ya han sido dilucidados y explicados, resultan intrascendentes, desde que fue notificado del procedimiento, se presentó reconsideración, y en todo caso se pudo apelar de la medida, sin embargo, dada la gravedad del hecho, y la afectación a la comunidad educativa, aspecto expresamente considerado en la Ley sobre “Aula Segura”, implica que esa suerte de “despojo” de esa oportunidad procesal, de atender a sus descargos y eventualmente rendir prueba, en estricto rigor no le generó indefensión, por lo que si efectivamente hay una infracción esta no ha sido sustancial, frente a un hecho grave, asentado, como el indicado, a partir del cual, deviene necesariamente la expulsión como medida proporcional y que se ajusta a la legalidad, manteniéndose la matrícula en el establecimiento, mientras se gestiona matrícula a Deprov Limarí, tal como se acredita con la documental incorporada, por lo que no se advierte perjuicio alguno, que se estructure sobre la afectación de alguna garantía subsanable por esta vía cautelar.

Conforme lo anteriormente expuesto, el presente recurso de protección no está en condiciones de prosperar.

Undécimo: Que, finalmente, en relación con la recurrida Fundación Educacional Colegio Santa María Eufrasia, no se indica en el recurso ni siquiera cuál es la conducta reprochada, lo que es suficiente para desestimarlo.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado en representación de su hijo nombre reservado en contra de nombre reservado, directora del colegio Santa nombre reservado, y en contra de la Fundación Educacional Colegio Santa María Eufrasia.

Redactada por la ministra (I) Ingrid Castillo Fuenzalida.

Regístrese, y comuníquese.

Rol: 6173-2022 (PROTECCION)

Pronunciado por la Segunda Sala de esta Corte de Apelaciones, integrada por el Ministro titular señor Iván Corona Albornoz, La ministra interina señor Ingrid Castillo Fuenzalida y el abogado integrante señor Fernando Roco Pinto.

En La Serena, a dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.