Protección contra Policía de Investigaciones de Chile

nombre reservado

Policía de Investigaciones de Chile Recurso de protección Rol Nº6172-2022 La Serena, nueve de noviembre de dos mil veintidós.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que a folio 1, con fecha 16 de septiembre de 2022, comparece nombre reservado, chileno, casado, nombre reservado, cédula de identidad Nro. RUT reservado, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, e interpone acción constitucional de protección en contra de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), persona jurídica de Derecho Público, representada legalmente por su Director General don Sergio Antonio Muñoz Yáñez, chileno, casado, por el acto ilegal y arbitrario plasmado en la Resolución Exenta Nro. 353-2021/18-2022 del 05 de agosto de 2022, dictada por éste, que da termino al sumario administrativo Nro. 353 del 09 de julio de 2021, de la Prefectura Provincial nombre reservado, acto administrativo que vulnera las garantías previstas en nuestra Carta Política, contenidas en el Articulo 19 Nro.2 “Igualdad ante la Ley” y Nro. 24 “Derecho de propiedad”, solicitando dejar sin efecto la resolución en comento, ordenando al recurrido dictar el acto de reemplazo que, de acuerdo a los antecedentes allegados a la encuesta sumarial, reconozca que el contagio del Virus SARS-CoV-2 (COVID19) sufrido por el recurrente, fue a consecuencia del ejercicio propio de mi otrora función, al quedar fehacientemente establecido en el proceso la relación de causalidad necesaria que se tradujo en un riesgo probado de exposición al agente causal específico para dicha enfermedad, precisando que, por tratarse de un evento acontecido bajo dichas circunstancias, corresponde que los gastos económicos en que incurrió sean de cargo fiscal.

Como antecedentes señala que fue funcionario activo de la PDI, en el cargo de asistente policial por más de 20 años, siempre calificado en lista 1 “de mérito” cuya última unidad policial en la que se desempeñó fue la Prefectura Provincial nombre reservado, dependiente de la Región Policial de Coquimbo, cumpliendo funciones como Ayudante del mando provincial, acogiéndose a retiro temporal voluntario con fecha 07 de octubre del año 2021.

Menciona que, durante la primera semana del mes de enero de 2021, se produjo un brote del Virus SARS-CoV-2 (COVID-19), que afectó entre otros a don nombre reservado, a quien se le extendió reposo medico por 14 días (del 8 al 22 de enero de 2021 y con quien tuvo interacción continua y directa por motivos propios del servicio, la que se dio desde el momento de asumir éste la subrogancia del señor Prefecto Provincial, es decir desde el 14 de diciembre de 2020, como también después de finalizado tal periodo (del 01 al 07 de enero de 2021).

Destaca que el día sábado 09 de enero de 2021, comenzó a experimentar una serie de molestias como dolor de cabeza, fiebre y dolor muscular, los que al día siguiente fueron acrecentándose, por lo que el lunes 11 del citado mes, tomó contacto telefónico con el médico institucional Doctor nombre reservado, informándole además que había mantenido contacto estrecho con el nombre reservado, motivo por el cual le otorgó licencia médica por 14 días desde el 11 al 24 de enero, realizando reposo en su domicilio, aislado de su grupo familiar, el que se encontraba en casa de su suegra.

Añade que el 22 de enero de 2021, su condición de salud se agravó por lo que fue trasladado por su cónyuge a la Clínica Regional del Elqui, en donde se le diagnosticó “Neumonía Bilateral por Covid”, permaneciendo internado en la UTI de ese centro de salud por un periodo de 07 días, extendiéndosele una nueva licencia médica por otros 14 días con reposo absoluto al momento de mi alta.

En virtud de lo anterior y por los indicios claros de que el contagio se produjo con motivo u ocasión del servicio, el 07 de junio de 2021, mediante cuenta escrita, solicitó al entonces Jefe de la Prefectura Provincial nombre reservado, Prefecto don nombre reservado, la instrucción del sumario administrativo en referencia, quien previo informe del Área Asesoría Jurídica La Serena, con fecha 09 de julio de 2021 le dio curso a su petición, siendo entrevistado en el curso de la investigación el entonces Prefecto don nombre reservado, transcribiendo el testimonio de éste, el de la subcomisario nombre reservado, el del subcomisario nombre reservado; la Inspectora nombre reservado. De dichas declaraciones el recurrente desprende: 1. Brote de covid; 2. El contacto estrecho de los entrevistados; 3. Los reposos médicos coetáneos entre sí y el otorgado al recurrente.

Añade que constan en el sumario las declaraciones de los médicos institucionales nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, (los que no cuentan con ninguna especialidad relacionada con infectología) quienes refirieron que la enfermedad COVID-19 no podía ser calificada como actos propios del servicio, debido a que el requisito elemental por el alcance comunitario del virus, descansa en la determinación de la trazabilidad a través de un examen científico denominado “secuenciación genómica”, el que según sus afirmaciones es de alta complejidad y de un alto costo, el cual debía ser practicado antes de que este agente patógeno abandone el organismo, esto es a los 10 días de ocurrido el contagio, opiniones que fueron determinantes al momento de evacuar el Jefe de la Prefectura Provincial nombre reservado el Dictamen Nro. 353-2021/4-2022 de fecha 17 de junio de 2022 (Considerando 53, pg. 17), contra el cual dedujo recurso de apelación, el que fue rechazado a través de la Resolución Exenta Nro. 353-2021/18-2022, la que transcribe íntegramente.

Argumenta para una adecuada exposición de la teoría del caso que demuestra más allá de toda duda razonable la desidia, ilegalidad y arbitrariedad cometida por los recurridos en su desmedro una serie de ordinarios de la Superintendencia de Seguridad Social sobre los efectos de la infección por coronavirus en relación con la cobertura de enfermedades del trabajo, la trazabilidad de origen laboral del Covid 19 y la calificación de origen laboral. Cita además la ley 19.744.

Luego cita el DFL Nro. 1 del 11 de noviembre de 1980 del Ministerio de Defensa, en cuanto su personal es nombrado a través de un acto administrativo y se adscribe a un régimen específico que regula su situación funcionaria y precisa la forma cómo nace y se extingue su relación con el Estado, que, entre su pluralidad de normas, es aplicable la de los artículos 84° y 114°, inciso 4to, los que transcribe concluyendo que no existe impedimento normativo alguno para que el COVID-19, pueda ser declarado como una enfermedad profesional, por lo que la insensata decisión de los recurridos, no pasa precisamente por una falta de regulación, sino que más bien se sostiene-según su condicionado criterio- en la ausencia del requisito de trazabilidad, vale decir, la debida relación de causalidad entre el contagio sufrido y las labores profesionales que en ese entonces desarrollaba al servicio de la PDI, la cual se circunscribió en una calificación científica para ello en la denominada “secuenciación genómica” que, aplicando tan solo el sentido de la lógica, se transforma en una carga excesiva, de difícil acreditación, e incluso, de acreditación prácticamente imposible, exigencia que se encuentra plasmada en el Dictamen Nro. 353-2021/4-2022 del 17 de junio de 2022, de la Prefectura Provincial nombre reservado que también transcribe íntegramente.

Señala que el jefe de la Prefectura Provincial nombre reservado al momento de dictaminar el sumario administrativo se basó única y exclusivamente en la calificación científica planteada por médicos no especialistas en el campo de la infectología que, desde su desconocimiento, plantearon un procedimiento que no es aplicable a la población, lo que fue sopesado superlativamente, en desmedro de la prueba testimonial allegada al proceso la que otorga la suficiente certidumbre acerca del requisito de causalidad. Ello en concomitancia con lo señalado por la jurisprudencia administrativa citada como exigencia para tal consideración y declaración, lo que incluso constituye una presunción fundada de que la afección tiene origen laboral, lo que se ve reforzado en el testimonio de su cónyuge doña nombre reservado, la que no sufrió padecimiento alguno relacionado con el virus SARS-CoV-2.

Dice que de manera consecuencial al brote inicial en la Brigada de Investigación Criminal La Serena y Brigada de Inteligencia Policial La Serena, en otras unidades de la Región se propagaron los contagios, lo que inclusive obligó a declarar en cuarentena preventiva a la totalidad de una brigada, sin que existieran medidas efectivas puestas en práctica por la Jefatura Nacional de Salud de la PDI y por la Sección Sanidad de la Región Policial de Coquimbo, para prevenir brotes masivos en sus dependencias en que existe mayor circulación y fuente de contagio de la enfermedad, en cuyo mérito a lo menos se hubieren aplicado por ejemplo test de antígenos.

Plantea que resulta irritante que los recurridos se empeñen en mantener su falaz e insensata postura, en vista que de los antecedentes contenidos en la prueba testimonial se infieren pruebas e información suficiente y veraz para apreciar, declarar y construir hasta una presunción fundada que el contagio padecido es a consecuencia directa de las funciones laborales que en ese entonces le correspondía ejercer, negándole sin expresión de causa a brindarle cobertura económica que en justicia corresponde, debiendo él asumir el costo residual de la hospitalización por la suma de $ 1.402.594 (un millón cuatrocientos dos mil quinientos noventa y cuatro pesos), lo que fue descontado por la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile de su remuneraciones, como también dejándolo en desprotección ante cualquier contingencia grave que venga en afectar su salud a consecuencia del Virus SARS-CoV-2, ya que es un hecho público y notorio que hasta el día de hoy, la ciencia no ha logrado identificar sus efectos mediatos en el organismo de personas que hemos padecido casos graves. Por lo demás, existe en el proceso el veredicto de sobreseimiento que concurre a su favor, de lo que se desprende que no hubo ningún actuar negligente de su parte que pueda considerarse una exposición imprudente al daño.

Reitera que estamos en presencia de una actuación ilegal y arbitraria ejercida por el recurrido en su contra, viéndose perturbadas las garantías constitucionales invocadas, siendo pasible de un tratamiento asimétrico en razón de que soslaya groseramente los elementos probatorios objetivos y verificables que advierten asazmente que la enfermedad padecida fue coexistente con el funcionario que operó como su contacto estrecho y, a su vez con el resto de los servidores que depusieron en el sumario, empeñándose en perseverar en su pétreo criterio, pese a que él mismo descartó en su acto conclusivo la imposición de la prueba científica ponderada preliminarmente en el Dictamen del señor Jefe de la Prefectura Provincial nombre reservado para delimitar la trazabilidad.

Añade que no es inteligible porqué el recurrido adopta una posición dictatorial e indolente en su contra al haber sido afectado gravemente por el Virus SARS-CoV-2, versus la Dirección de Carabineros de Chile que, adoptando una verdadera posición de garante, digna de admiración y respeto, ha otorgado la debida y necesaria cobertura de salud a sus efectivos contagiados por esta enfermedad, sin someterlos a pruebas diabólicas, asentando estándares mínimos de comprobación del vínculo causal, la cual hizo extensible a casos que ni siquiera experimentaron gravedad.

A continuación, desarrolla los fundamentos de derecho: la procedencia y oportunidad de la acción constitucional, el acto ilegal y arbitrario, citando jurisprudencia al respecto.

En cuanto a las garantías fundamentales afectadas menciona el derecho a la igualdad ante la ley (art. 19 N°2) ha sido objeto de un tratamiento desigual que lo perjudica, no siendo posible concebir que un organismo estatal, como es la PDI, condicione reconocer un hecho que es a consecuencia directa del desempeño de su otrora función a exigencias draconianas, huérfanas de toda razonabilidad y de certeza jurídica por cuestiones netamente caprichosas, pese a existir en el proceso sumarial hechos y pruebas testimoniales que no se contradicen entre sí y que dan cuenta que el contagio del Virus SARS-COv-2, es resultado de un acto propio del servicio, en comparación a los trabajadores del sector privado, como también de la salud pública y, especialmente de Carabineros de Chile, institución que conjuntamente con la recurrida integran las Fuerzas de Orden y Seguridad Publica y dependen del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, a cuyos funcionarios se les reconoce y otorga las prestaciones de salud y económicas en el evento en que resulten contagiados, sin someterlos a la presentación de pruebas o requisitos extravagantes, impuestos antojadizamente.

Argumenta también vulneración al derecho de propiedad (art-19 N°24) ya que las actuaciones de los recurridos tuvieron un efecto en su patrimonio, por cuanto asumió el costo residual de su permanencia en la Clínica Regional del Elqui, por la suma de $1.402.594 (un millón cuatrocientos dos mil quinientos noventa y cuatro pesos), lo que fue descontado por la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile de sus remuneraciones, no teniendo derecho a exigir el reembolso a esa entidad previsional, por no haber reconocido el recurrido que el contagio fue provocado en el entorno laboral.

Finalmente pide tener por deducida Acción Constitucional de Protección, ordenándole a los recurridos dejar sin efecto la Resolución Exenta Nro. 353-2021/18-2022 del 05 de agosto de 2022, de la Dirección General de la PDI, procediendo a dictar el acto de reemplazo que reconozca que el contagio del Virus SARS-CoV-2 (COVID-19) sufrido, fue a consecuencia del ejercicio propio de su otrora función, al quedar fehacientemente establecido en el proceso la relación de causalidad necesaria con los elementos probatorios ya individualizados, precisando que por tratarse de un evento acontecido bajo dichas circunstancias, corresponde que los gastos económicos en que incurrio sean de cargo fiscal, con expresa condena en costas.

Acompaña a su presentación: 1. Resolución Exenta Nro. 353-2021/18-2022 del 05 de agosto de 2022 de la Dirección General de la PDI. 2. Acta de notificación de fecha 17 de agosto de 2022. 3. Dictamen Nro. 353-2021/4-2022 del 17 de junio de 2022 de la Prefectura Provincial nombre reservado. 4. Acta de notificación de fecha 29 de junio de 2022. 5. Declaración de don nombre reservado. 6. Declaración de doña nombre reservado. 7. Declaración de doña nombre reservado. 8. Declaración de don nombre reservado. 9. Declaración de doña nombre reservado. 10. Oficio Ord. 1758 del 31 de agosto de 2022 del Instituto de Salud Pública. 11. Comunicado de fecha 18 de enero de 2022 del Departamento de Acceso a la Información Pública y Lobby de la PDI. 12. Respuesta solicitud de acceso a la información pública Nro. 62500 del 03 de agosto de 2022, del Departamento de Acceso a la Información Pública y Lobby de Carabineros de Chile. 13. Resoluciones Exentas de la Prefectura de Carabineros de Arica Nros.92,116,168,289,303,310,342,355,478,484,523,1092,1092 y 1101.

SEGUNDO: Que, a folio 10, con fecha 25 de octubre de 2022, informando el recurrido nombre reservado, Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, alega la improcedencia de la acción de protección, no es una nueva instancia administrativa; el recurrente al impugnar lo resuelto por el Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, ha planteado una controversia respecto del dictamen de un sumario administrativo, establecido en el Decreto N° 1, de 1982 correspondiente al “Reglamento de Sumarios Administrativos e Investigaciones Sumarias de la Policía de Investigaciones de Chile”, el que contempla en todo su procedimiento las normas del debido proceso administrativo.

Indica que la naturaleza procesal de la acción constitucional de protección es ser una herramienta procesal de carácter urgente, por lo mismo, la acción de protección no puede convertirse en una nueva instancia administrativa. Cita jurisprudencia en apoyo a su alegación.

En cuanto al fondo, reitera la cronología de hechos dada por el recurrente sobre el brote del virus Covid-19 en enero del 2021, las licencias médicas del actor, y la instrucción del sumario administrativo mediante la orden N°353 de 9 de julio de 2021. E indica que mediante la Resolución Exenta Nro. 353-2021/18-2022, de fecha 05.AGO.022, de la Dirección General de la Policía de Investigaciones de Chile, se resolvió rechazar el recurso de apelación interpuesto por el ex Asistente Policial nombre reservado, por no aportar antecedentes nuevos y valederos que permitan desvirtuar o modificar lo resuelto por el Jefe dictaminador y declarar que de conformidad al Informe Técnico (R) Nº 259, del 19.MAY.022, de la Comisión Médica Institucional, el ex funcionario no tiene derecho a impetrar beneficios previsionales, por cuanto no es posible establecer la trazabilidad del contagio del señor nombre reservado o que éste sea a causa directa del ejercicio de las funciones propias de su cargo, conforme con lo señalado en los Dictámenes N° 1161-2020 de 18.MAR.20, y N° 1482-2020 de 27.ABR.020, ambos de la Superintendencia de Seguridad Social. Además, que no corresponde considerar el contagio de Covid-19 como enfermedad profesional, por cuanto no se establecen los parámetros establecidos para dicha calificación conforme lo señalado en el Decreto N° 36 de 1984, del Ministerio de Defensa Nacional, que aprueba Reglamento sobre Enfermedades Profesionales e invalidantes del personal de la institución, en su artículo N° 1.

Luego se pronuncia sobre los argumentos dados por el recurrente indicando que la tramitación de los sumarios administrativos de la Policía de Investigaciones de Chile se encuentra reglamentada mediante el Decreto N° 1, de 1982, correspondiente al Reglamento de Sumarios Administrativos e Investigaciones Sumarias de la Policía de Investigaciones de Chile. En seguida, la Fiscalía Administrativa en uso de sus facultades legales y reglamentarias ponderó los hechos que obran en el sumario, cumpliendo cabalmente con el principio de proporcionalidad, consagrado en la Ley N° 18.834, Estatuto Administrativo, artículo 121, inciso final.

Añade que mediante la Orden N° 353, del 09.JUL.021, de la Prefectura Provincial nombre reservado, se instruyó sumario administrativo: “…a fin de establecer las causas y circunstancias que se gestaron entre la última semana del mes de diciembre del año 2020 y la primera quincena del mes de enero del presente año, oportunidad en que el Asistente Policial grado 14° nombre reservado, de esa dotación, resultó contagiado de Coronavirus SARS-CoV-2; brote que afectó a funcionarios de la Brigada de Investigación Criminal de La Serena…debiéndose determinar la naturaleza y gravedad de la señalada afección, si los hechos ocurrieron en actos propios del servicio, si tiene derecho a impetrar beneficios previsionales, y si por ello le afecta responsabilidad administrativa a éste o a otros miembros de la institución”.

Expresa que con el Dictamen N° 353-2021/04-2022 de 17.JUN.022, de la Prefectura Provincial nombre reservado, se aprobó la tramitación del sumario administrativo, sobreseyendo al exasistente Policial nombre reservado, por cuanto no existen medios de prueba, ni otros elementos de juicio objetivos que permitan atribuirle responsabilidad administrativa en los hechos investigados. Señala que los hechos investigados, tienen su origen en una enfermedad declarada Pandemia a Nivel Mundial, aún vigente en todo el orbe. Declara, que en base a Informe Técnico (R) Nº 259 de 19.MAY.022, de la Comisión Médica Institucional, no corresponde considerar el contagio de Covid-19 como enfermedad profesional, por cuanto no se establecen los parámetros establecidos para dicha calificación conforme lo señalado en el Decreto N° 36 de 1984, del Ministerio de Defensa Nacional, que aprueba Reglamento sobre Enfermedades Profesionales e invalidantes del personal de la Policía de Investigaciones de Chile, en su artículo N° 1, y N°3" Declara dicho dictamen que el recurrente, no tiene derecho a impetrar beneficios previsionales, por cuanto no es posible establecer la trazabilidad del contagio del citado ex funcionario, o que este sea a causa directa del ejercicio de las funciones propias de su cargo, conforme con lo señalado en los Dictámenes N° 1161-2020, del 18.MAR.020 y N°1482-2020, del 27.ABR.020, ambos de la Superintendencia de Seguridad Social. Declara que en los hechos investigados no le asiste responsabilidad administrativa y/o pecuniaria a otros miembros de la institución.

Luego argumenta sobre las facultades que el ordenamiento jurídico le ha conferido a la Comisión Médica Institucional, respecto de las condiciones de salud del personal de la Policía de Investigaciones de Chile, citando normativa atingente.

Aclara que el organismo competente para pronunciarse acerca del estado de salud de los servidores policiales es la referida Comisión Médica Institucional, no pudiendo ni siquiera la Contralaría General de la República revisar los antecedentes clínicos o elementos de juicio que sirvieron de base a la decisión que dicha entidad médica adopta, tal como los dispone, entre otros, en los dictámenes N° 30.447, de 1999 y N° 55.729, de 2009, ambos de la Contraloría General de la República.

Por consiguiente, mediante la confección del Informe Técnico (R) Nº 259, de fecha 19.MAY.022, de la Comisión Médica Institucional, concluyó que: “el funcionario no tiene derecho a impetrar beneficios previsionales, por cuanto no es posible establecer la trazabilidad del contagio del señor nombre reservado o que éste sea causa directa del ejercicio de las funciones propias de su cargo… Además, que no corresponde considerar el contagio de COVID-19 como enfermedad profesional…”.

Respecto a la calificación del origen de la enfermedad COVID-19 que afectó al Sr. nombre reservado, señala que durante la etapa indagatoria del sumario administrativo N° 353-2021, prestó declaración el Subprefecto (S) nombre reservado, Médico Internista de la Sección Sanidad, quien señaló la forma de contagio del COVID-19, y sobre el origen del contagio del recurrente afirmó que le es imposible aseverar más allá de toda duda, donde y de quien se contagió, siendo posible que éste haya ocurrido en relación con funcionarios enfermos de la Bicrim La Serena, pero solo constituye una suposición, ya que el virus tiene una distribución comunitaria, queriendo decir que está presente en cualquier lugar donde el señor nombre reservado, pudo haber circulado, domicilio particular, negocios etcétera, agregando que existen exámenes de alta complejidad y costo como la secuenciación genómica, que permitirían asegurar con mayor precisión quien lo contagio. Agrega que no fue consultado en forma alguna por el funcionario, quien al sentirse enfermo y de propia iniciativa tomó la decisión de consultar en la Clínica Elqui, donde se le hospitalizó, enterándose después que habría presentado un caso severo de COVID-19, pero no de la máxima gravedad, ya que no requirió ventilación mecánica. Según el criterio señalado, no cabría la posibilidad de aseverar que el contagio por COVID-19 que sufrió el señor nombre reservado es del tipo profesional, o sea en actos propios del servicio, púes estas enfermedades están descritas desde muchos años atrás en la legislación laboral y entre ellas, no existe ninguna enfermedad de origen viral que sea considerada profesional.

Añade que la pieza sumarial incluye la declaración de la Comisaria de Sanidad, doña nombre reservado, Médico Cirujano, coordinadora Institucional respecto a COVID-19 y, encargada de Salud Regiones de la Plana Mayor de la Jefatura Nacional de Salud, quien en lo medular de su declaración indica que tuvo conocimiento que el Asistente Policial nombre reservado, padeció el COVID-19, por un periodo comprendido entre el 2 de febrero al 10 de febrero de 2021, siendo oficializado como recuperado. Respecto a la trazabilidad del COVID-19, señaló que al inicio de la pandemia era factible realizar la trazabilidad de los casos existentes, debido a que no había un número significativo de personas contagiadas, sin embargo desde la fase 4 de la pandemia, decretada el 16.MAR.020, dificultó determinar la trazabilidad de cada caso, debido a que el número de contagios fue catalogado como comunitario, siendo los requisitos exigidos para determinar la trazabilidad de la enfermedad, desde un punto de vista médico científico, los determinados en el manual de trazabilidad. Agrega que hay forma científica de determinar la trazabilidad de la enfermedad y es, a través, de un examen de secuenciación genómica, que consiste en evaluar el material genético del virus en dos o más personas, sin embargo este examen es de alto costo y baja accesibilidad, además debe ser practicado al momento que las personas padezcan la enfermedad, siendo este examen practicado por el Instituto de Salud Pública.

Agrega que el Informe Técnico (R) Nº 259, de 19.MAY.022, de la Comisión Médica Institucional, se constituyó en dependencias de la Jefatura Nacional de Salud, el día 19.MAY.022, con el fin de informar respeto al contagio del virus COVID19 sufrido por el Asistente Policial (R) nombre reservado, concluyendo que el ex funcionario no tiene derecho a impetrar beneficios previsionales, por cuanto no es posible establecer la trazabilidad del contagio del Sr. nombre reservado o que éste sea a causa directa del ejercicio de las funciones propias de su cargo, que no corresponde considerar el contagio de Covid-19 como enfermedad profesional, por cuanto no se establecen los parámetros establecidos para dicha calificación conforme lo señalado en el Decreto N° 36 de 1984, del Ministerio de Defensa Nacional, que aprueba Reglamento sobre Enfermedades Profesionales e invalidantes del personal de la institución.

Luego se hacer cargo de la supuesta posición dictatorial e indolente en contra del recurrente al haber sido afectado gravemente por el Virus SARS-CoV-2, versus la Dirección de Carabineros de Chile, señalando que el Fiscal del sumario administrativo efectuó en la etapa indagatoria, la consulta respectiva a la Fiscalía Administrativa de la Jefatura de Zona de Carabineros de Chile, manifestándole el Mayor de Carabineros, que en la Fiscalía que representa, no existe ningún caso de COVID-19 que haya sido catalogado como acto de servicio, agregando que antiguamente los casos de COVID-19, eran catalogados por su Institución como del tipo 1, enfermedad común.

A continuación menciona las medidas adoptadas por la Policía de Investigaciones de Chile, para la prevención del COVID-19, al interior de la institución, citando la normativa dictada el respecto, lo que da cuenta, de una respuesta oportuna por parte de la Policía de Investigaciones de Chile, frente a la crisis sanitaria provocada por la infección y contagio del virus SARS-CoV-2, por cuanto, desde el inicio de la pandemia la Institución ha venido abordando las actuaciones preventivas necesarias, tendientes a minimizar el posible impacto que dicha patología pudiera tener en su personal, dando cumplimiento a los requerimientos de las autoridades sanitarias y garantizando la prestación de los servicios esenciales que constituyen el núcleo de la misión encomendada a la PDI.

Sostiene que no se observa vulneración del derecho de igualdad ante la ley en el acto administrativo, ya que el recurrente debió acreditar cómo, pese a encontrarse en una situación idéntica a otra persona, recibió por parte de la autoridad un trato diferenciado que lo perjudicó, lo que en efecto no sucedió, ya que, aparte de su afirmación, no acompaña antecedentes que den cuenta de dicha infracción y como ésta se materializó. No se advierte algún caso igual en que se haya tratado a otra persona de manera diferente.

En relación a la supuesta vulneración al derecho de propiedad, señala que en ningún caso el recurrente ha visto afectada, menoscabada o perturbada su garantía fundamental de derecho a la propiedad de sus remuneraciones, toda vez que el actuar de la Policía de Investigaciones de Chile, se ha ceñido a la ley y reglamentación vigente, sin que haya incurrido en un acto ilegal o arbitrario.

Concluye que no existen actuaciones arbitrarias e ilegales por parte de la Policía de Investigaciones de Chile y de la Comisión Médica Institucional, que vulneran derechos fundamentales, consagrados en la Constitución Política de la República, contrario a lo razonado por el ex Asistente Policial nombre reservado, por cuanto, corresponde a esta entidad policial probar que su contagio haya ocurrido directamente por causa del trabajo, en conformidad a lo dispuesto por el artículo 4°, del citado Reglamento sobre Enfermedades Profesionales e Invalidantes del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile, Decreto Supremo N°36, de 1984, del Ministerio de Defensa Nacional y, conforme, además, a lo expresado en el Dictamen N° 9.761, de 2020 del Ente Contralor, que establece: “…en la medida que pueda comprobarse que el contagio de Covid-19 de un funcionario ha ocurrido directamente por causa del trabajo, éste podría ser considerado como de origen laboral...”, lo que en la especie no ocurrió.

Finaliza solicitando se tenga por evacuado el informe solicitado.

Como antecedentes acompaña: 1. Informe Técnico (R) N° 259, de fecha 19.MAY.022, de la Comisión Medica Institucional. 2. Oficio (R) N° 383, de fecha 30.MAY.022, de la Jefatura Nacional de Salud. 3. Resolución Exenta Nro. 353-2021/18-2022, de fecha 05.AGO.022, de la Dirección General de la Policía de Investigaciones de Chile.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, cabe recordar que el recurso de protección es un procedimiento excepcional que “Se aplica sólo cuando existe una amenaza, perturbación o privación del legítimo ejercicio de un derecho esencial producida por una acción u omisión arbitraria o ilegal de un tercero, sea este público o privado, existiendo una manifestación de dicha actuación que no requiere de un proceso de prueba complejo, la afectación del derecho debe ser relativamente clara o evidente. En caso contrario, debe utilizarse el procedimiento ordinario o sumario correspondiente.” (Nogueira Alcalá, Humberto; El Recurso de Protección en el Contexto del Amparo de los Derechos Fundamentales Latinoamericano e Interamericano, en Revista Ius et Praxis, 13 (1): 75 - 134, 2007), por lo que abona al rechazo de este recurso el hecho que nos encontramos en sede cautelar de urgencia en la cual no es dable una discusión para la declaración de derechos dubitados, lo que requiere de un proceso de lato conocimiento, circunstancia esta última presente en la especie, pues, del tenor de las argumentaciones de los intervinientes se revela la existencia de una controversia en cuanto a que se reconozca que el contagio del Virus SARS-CoV-2 (COVID19) sufrido por el recurrente, fue a consecuencia del ejercicio propio de su función, lo que impide estimar que el recurrente se encuentre ante un derecho de carácter indubitado respecto del cual pueda brindársele protección por esta vía cautelar de urgencia.

SEXTO: Que, como ya se expresó, siendo esta acción constitucional una vía de protección de derechos preexistentes e indubitados, que se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria y, por tanto, en posición de ser amparados, presupuesto que en la especie no concurre como se dijo en el motivo anterior, el presente recurso de protección no está en estado de prosperar, sin perjuicio de otras acciones que pudieren corresponder a la parte recurrente.

SÉPTIMO: Que, adicionalmente, del análisis de los antecedentes acompañados al recurso, particularmente de la Resolución Exenta Nro. 353-2021/18-2022 del 05 de agosto de 2022, aparece que el motivo esgrimido por la recurrida para señalar que recurrido no tiene derecho a impetrar beneficios previsionales, por cuanto no es posible establecer la trazabilidad del contagio del señor nombre reservado o que este sea causa directa del ejercicio de las funciones propia de su cargo. Además, que no corresponde considerar el contagio de Covid-19 como enfermedad profesional, por cuanto no se establecen los parámetros estableciditos para dicha calificación conforme lo señalado en el Decreto N36 de 1984, del Ministerio de Defensa Nacional, que aprueba Reglamento sobre Enfermedades Profesionales e invalidantes del personal de la institución, para lo cual se tuvo en cuenta el Informe Técnico(R) Nº259 de la Comisión Medica Institucional OCTAVO: Que, atendido el sumario administrativo sustanciado, no es posible estimar que la recurrida haya obrado en forma ilegal o arbitraria toda vez que el acto impugnado expresa los fundamentos tenidos en consideración para denegar la certificación que fuera requerida, los que se condicen con los antecedentes tenidos a la vista, de suerte que se cumple en la especie con el deber de motivación exigido por el artículo 11 de la Ley N°19.880.

NOVENO: Que, en ese contexto, no habiendo sido acreditada alguna actuación realizada al margen del derecho y que conculque el derecho de propiedad del actor, el recurso deberá ser rechazado como se dirá en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, SE RECHAZA sin costas el recurso interpuesto por nombre reservado en contra de Policía de Investigaciones de Chile.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°6172-2022 Protección.