nombre reservado con nombre reservado

nombre reservado, nombre reservado

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Recurso de protección Rol N° 6139-2022.

La Serena, siete de diciembre de dos mil veintidós.

PRIMERO: Que a folio 1, compareció don nombre reservado, abogado de la Corporación de Asistencia Judicial de Valparaíso, Centro de Atención Jurídico Social de nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, y deduce recurso de protección en favor de doña nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, en contra de nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, señalando como hecho ilegal y arbitrario la negativa de la recurrida en orden a autorizar el transito por su parcela de un camión municipal que abastece de agua a la recurrente. Por lo que reclama como vulneradas la garantía que establece el artículo 19 N°1 de la Constitución Política de la República.

Señala que la actora adquirió una parcela en el Arrayán Costero, con el propósito de vivir en ella. El inmueble se encuentra inscrito a fojas 9018 N° 6792 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de La Serena, con fecha de inscripción el siete de octubre del año 2013.

Sostiene que, durante el año 2020, en el mes de septiembre la recurrente comenzó a construir una pequeña casa, la cual llegó a habitar el 27 de enero del año 2021 y que debido a que es una zona de difícil acceso el 11 de enero del 2021 los vecinos de las parcelas 3-9-6, 3-9-7,3-9-8 y 3-9-10 fueron ajustando el camino debido a que uno de los vecinos disponía de una máquina para poder facilitar el trabajo.

Durante la construcción de su casa, la recurrente se percata de unas pequeñas marcas que se usaban como deslindes y no quedando conforme con la ubicación de estas, expuso esta situación al delegado de las parcelas y se tradujo en la contratación de un topógrafo.

Agrega que nombre reservado, el topógrafo hizo entrega de un plano de las parcelas, y con ello se percató que la parcela que pensaba que era de su propiedad no lo era, debido a que uno de los vecinos había delimitado de manera errada, y que estaba utilizando la parcela de la recurrida.

Luego, recibe un llamado telefónico de la recurrida en el cual le explica que es dueña de la parcela y que su casa y materiales están en su terreno y que frente a esa noticia contratar un topógrafo de manera particular para poder dilucidar el real deslinde. Contrata para ese efecto al topógrafo nombre reservado el que le envía un informe final, donde se especificaba que la casa de la recurrente se encontraba efectivamente en el terreno colindante 399 de propiedad de nombre reservado.

Que esta situación la lleva a tener que desarmar su casa, pero con motivo de un temporal se ve imposibilitada de seguir trabajando y debe irse a La Serena a casa de su hija, volviendo semanas posteriores a continuar con esa labor.

Sostiene que, en tal contexto, y ya habiendo edificado una pieza en su terreno, advierte que el 13 de agosto la recurrida delimitó su terreno con piedras. A ello agrega que, conforme al informe del topógrafo, el camino de servidumbre quedó intransitable debido a una gran cantidad de piedras, lo que provocó que ningún vehículo pueda transitar por un tramo de este, específicamente el segmento que alcanza la parcela de la recurrente. Que además del impedimento físico de las piedras para transitar por el camino de servidumbre, la recurrida de manera verbal gritó a la recurrente “No quiero que ni tú ni nadie pase por mi parcela”.

Sostiene que cada propietario debe dejar 5 metros por lado de servidumbre, lo cual funcionó anteriormente, y el conflicto se genera con el último informe del topógrafo, el cual indica que el nuevo camino está ubicado en la gran cantidad de piedras que bloquean cualquier tránsito vehicular.

Afirma que ante estos sucesos se concurre a mediación a la Municipalidad de la Serena, sin llegar a acuerdo.

Que el bloqueo de piedras del camino y la negativa por parte de la recurrente para autorizar la entrada del camión con agua por su parcela provoca que doña nombre reservado en estos momentos no pueda abastecerse del vital elemento. Hace presente que la parcela de la recurrente carece de agua potable, la cual es indispensable para vivir y la única manera de recibirla es a través de un camión aljibe proporcionado por la Municipalidad de La Serena. Sin embargo, la recurrida ha impedido de forma física y verbal el ingreso del camión con agua.

Indica que lo anterior atenta de manera grave la vida y la integridad física de doña nombre reservado, esto ya que al impedir el paso del camión aljibe, niega el acceso a un recurso tan vital y necesario para la vida humana, como lo es el agua, indicando como garantías vulneradas “el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona”, garantizado en el artículo 19 N°1 de la Constitución Política de la República.

Sostiene que en este caso existe una colisión del derecho de propiedad de la recurrida con el derecho a la vida e integridad psíquica y física del recurrente, y que dentro del catálogo de derechos fundamentales que protege la Carta Fundamental, el derecho a la vida ha de situarse en la más alta jerarquía y, en la eventualidad de un conflicto con alguno de los restantes, no puede sino optarse por mantener la integridad de aquel, de manera tal que si bien el acto emanado por la recurrida es legal, es preciso dejarlo sin efecto por afectar gravemente el derecho a la vida de doña nombre reservado.

Sostiene que las normas, pactos y acuerdos internacionales sobre derechos humanos incluyen el derecho de acceso a una cantidad de agua suficiente, de calidad adecuada, para satisfacer el derecho a la vida y los derechos a la salud y el bienestar. Que dicha interpretación señalada, fue ratificada plenamente por la Observación General N°15, de noviembre de 2002, de la Organización de las Naciones Unidas, que reconoce el derecho humano de acceso al agua. El derecho humano al agua es reconocido en varios acuerdos, pactos e instrumentos jurídicos.

El desarrollo jurídico más relevante del derecho humano del agua deriva de la interpretación auténtica que efectuó el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del Consejo Económico y Social las Naciones Unidas, en su Vigésima Novena sesión celebrada en Ginebra, del 11 al 29 de noviembre de 2002, que se contiene en su Observación General N° 15, que concibe al derecho humano al agua de la siguiente forma: “El derecho humano al agua es el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, físicamente accesible y asequible para sus usos personales y domésticos”.

Indica que la Constitución reconoce de manera indirecta el derecho humano al agua en el artículo 19 Nº 1, ya que el agua es un presupuesto esencial para la existencia de la vida humana, por lo que puede concluirse que explícitamente nuestro constituyente comprendió en dicha garantía el mencionado derecho, sin cuyo reconocimiento y tutela no es posible la vida y que la Asamblea General en resolución de 26 de Julio de 2010 consagra el derecho al agua potable y al saneamiento “como un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos”, derecho que, claramente la recurrida conculca con su actuar de cerrar el camino e impedir el paso del camión aljibe que abastece de agua a la recurrente.

Finalmente cita jurisprudencia.

Por lo expuesto, solicita que el recurso sea acogido y se dispongan todas las medidas conducentes a obtener el cese inmediato de tales conductas por parte de la recurrida, debiendo permitir el ingreso del camión aljibe de agua para el exclusivo propósito de conceder el acceso al agua a la recurrente y así asegurar la debida protección de sus derechos, todo ello con costas.

Acompaña los siguientes documentos: 1) nombre reservado de contrato de compraventa entre nombre reservado y nombre reservado de fecha 24 de septiembre del año 2013. 2) nombre reservado de informe de la Ilustre Municipalidad de La Serena relativo a la imposibilidad del abastecimiento de agua potable rural, de fecha 26 de agosto de 2022. 3) nombre reservado de Reporte de Gestión, nombre reservado y Comunitaria, de fecha 30 de agosto de 2022.

SEGUNDO: Que a folio 8, la recurrida nombre reservado, abogada domiciliada en domicilio reservado del predio Estancia La Compañía o El Arrayán, evacue el informe solicitado, solicitando el rechazo de la acción.

Da cuenta de los antecedentes de hecho, que la recurrente efectivamente ocupó parte de su terreno edificando y que en un principio existió una buena relación de convivencia vecinal la que se fue deteriorando cuando llegó el informe del topógrafo que indicaba que construyó en el terreno equivocado.

Señala que la recurrente además de construir su vivienda hizo aplanados y remociones de piedras, tierra y vegetación nativa, en varios puntos de la parcela de la recurrida, debiendo incluso tener que remover la recurrida parte de las pertenencias de la actora ya que no tuvo intención de retirar sus cosas.

Sostiene que hasta la fecha existen pertenecías de a actora en su terreno En cuanto al paso del camión aljibe por su terreno, sostiene que en varias oportunidades la recurrente pasó por su franja de terreno no gravada con servidumbre, sin pedirle autorización, no solo peatonalmente, sino también introduciendo vehículos y personas, entre las que se cuenta el que abastece de agua. Pero nunca le impidió el paso del camión con agua, como lo insinúa.

Indica que la actora pretende que a través de esta acción se solucionen situaciones que deberían depender de su propia y exclusiva diligencia y gestión y que al menos desde enero de 2021 ya debió representarse casi concluyentemente que estaba en un terreno que no le era propio; pero no solo lo pasó por alto, afectando los derechos de propiedad de terceros; sino que una vez arribado el informe topográfico final, de mayo del presente, debiendo representarse que ahora no solo afectaba un derecho de propiedad, sino también la intimidad, persiste en conductas y omisiones lesivas de terceros, accionando incluso judicialmente para que un tercero en particular, además, le proporcione prestaciones indebidamente, luego de todas las molestias, gastos y perjuicios que ha provocado.

Señala que la recurrente no ha hecho lo que corresponde al caso y que consiste en SOLICITAR LOS SERVICIOS DE UNA RETROEXCAVADORA y su respectivo operador, para que haga el camino sobre la franja de servidumbre de los terrenos afectados por ella. Indica que esa es la solución que en derecho procede, y siempre ha estado en sus manos la solución, es decir desde 2013, año en que adquiere la propiedad y se reafirma desde el 18 de mayo de 2022, habiendo podido durante todo ese tiempo solicitar a los demás favorecidos por la servidumbre activa que participaran costeando a prorrata el importe, pero no ha desarrollado gestión alguna con ese fin, teniendo datos de contacto de todos los vecinos y la disponibilidad de ellos para llevar a cabo las obras.

Agrega que, además, en la interposición del recurso tampoco plantea un plazo, por lo que se puede desprender que pretende un dictamen en una acción cautelar que afecte permanentemente o al menos de forma indefinida un derecho indubitado de un tercero, que incluye la facultad de cercar.

Sostiene respecto a la afirmación de la actora de que "el camino de servidumbre quedó intransitable", que dicho camino de servidumbre no está hecho, por lo que imposibilidad de tránsito no se debe a alguna acción u omisión imputable a su gestión y que, a mayor abundamiento, las rocas y piedras que fueron removidas de su terreno sin su consentimiento, por la propia recurrente.

Finalmente señala que cansada de los atropellos de la actora y temiendo cualquier nueva vía de hecho para procurarse cumplir su voluntad, presentó una denuncia el día 30 de junio del presente, la misma cuyo resultados quiere burlar la recurrente con la presentación de este recurso.

Señala que su conducta ha sido bastante humanitaria a su respecto, y que aceptar que debe hacerle una nueva concesión, sí constituiría una grave lesión a su derecho de propiedad, seguridad e intimidad y contra la certeza jurídica, y una gran arbitrariedad.

Reitera que la recurrente no plantea plazos, no hace propuestas de soluciones, compensaciones, ni ofrece contraprestación alguna a cambio de lo que pide, menciona la relevancia del derecho al agua, pero no que cuando pudo desplegar una conducta humanitaria respecto a la recurrida su hijo y mascotas, recién llegados al lugar, se negó en cuanto tuvo la oportunidad, sosteniendo que lo que describe ayuda a comprender por qué necesito cerrar su terreno definitivamente, y en especial en el frente, para proteger su propiedad y familia de intromisiones de terceros y especialmente de nuevos agravios por parte de la recurrente, fuera del hecho de proteger la integridad de sus mascotas.

Hace presente lo dispuesto en el artículo 19 número 24 de la constitución Política, 582 y 732 del Código Civil destacando el artículo 844 del mismo cuerpo normativo que establece que "el dueño de un predio tiene derecho para cerrarlo o cercarlo por todas partes, sin perjuicio de las servidumbres constituidas a favor de otros predios e indica que NO EXISTE un derecho indubitado que haya sido privado, perturbado o amenazado por algún acto u omisión ILEGAL O ARBITRARIO DESPLEGADO POR su PERSONA, ya que las conductas llevadas a cabo en su propiedad se encuentran amparadas por el ordenamiento jurídico y que en este caso no ha existido ningún cierre de alguna servidumbre.

Por lo expuesto solicita el rechazo del recurso con costas.

Acompaña los siguientes documentos: nombre reservado de cédula de identidad vigente; nombre reservado de inscripción de dominio vigente; Documentos que acreditan denuncia contra la recurrente, Ruc 2200543777-K, RIT Ordinaria 3512-2022, Juzgado de Garantía de La Serena; nombre reservado de informe topográfico de don nombre reservado nombre reservado de informe topográfico erróneo de don nombre reservado; nombre reservado de informe topográfico final de don nombre reservado; Fotografía registro de llamadas a la mediadora; Fotografías que acreditan intervenciones en mi terreno; nombre reservado de certificado de título TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que a través del presente arbitrio se denuncia el hecho de que la recurrida impide que la actora pueda recibir agua en su propiedad desde un camión aljibe, en atención a que éste para llegar a la propiedad de la actora debe transitar por el inmueble de la recurrida, pues el camino de servidumbre dispuesto para el tránsito de vehículos se encuentra inutilizable por estar revestido de múltiples piedras que impiden el tránsito vehicular. Alega como vulnerado, el derecho a la vida e integridad psíquica de la persona, pues al impedirse el paso del camión aljibe, se impediría el tener acceso a agua potable.

QUINTO: Que la recurrida sostiene, en síntesis, que en el presente caso no se discute la existencia de una servidumbre de tránsito, sino que, lo que se está solicitando es que se autorice el paso del camión aljibe por su inmueble, afectándose su derecho de propiedad en caso de que se acoja la acción, pues se vería imposibilitada de cercar el inmueble, lo que le trae perjuicios en cuanto a poder resguardar a su grupo familiar y mascotas, exponiendo la mala relación de vecindad derivada de la situación de errónea delimitación de deslindes.

SEXTO: Que, preliminarmente es preciso consignar que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye, jurídicamente, una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Como surge de lo transcrito, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

Asimismo, se ha sostenido que la acción de protección no constituye una instancia por la que se persiga una suerte de debate respecto de la procedencia o improcedencia de un derecho, sino que su real objeto está constituido por la cautela de un derecho indubitado.

SEPTIMO: Que, de esta manera, atendido los argumentos expuestos por las partes, es preciso desentrañar cuál es el acto arbitrario e ilegal ejecutado por la recurrida y que motiva la interposición de la acción cautelar los que han sido latamente desarrollados en las motivaciones anteriores de esta sentencia, por lo que teniendo presente los antecedentes que se exponen es evidente que el derecho que se invoca no tiene el carácter de indubitado, supuesto esencial del recurso deducido, toda vez que la recurrida ha cuestionado cada uno de los hechos afirmados por la recurrente, de donde surge como conclusión necesaria que al respecto existe una controversia que no puede ser resuelta por la presente vía. Así cualquier decisión de esta Corte a ese respecto excede el objetivo y naturaleza de esta vía cautelar, pues importa decidir sobre una cuestión de derecho que se encuentra controvertida, lo que debe ser decidido en las instancia jurisdiccional correspondiente.

OCTAVO: Que, ahora bien, la Constitución Política de la Republica en el N°1 de su artículo 19 estatuye que: “La Constitución asegura a todas las personas: 1.- El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona” y que toda persona, por su dignidad de tal, tiene el derecho humano de acceso al agua potable, en condiciones de igualdad y no discriminación, lo cierto es que en este caso, no se revela dicho impedimento, por cuanto, conforme se advierte de los antecedentes expuestos, la supuesta prohibición del ingreso de un camión aljibe que la proporciona por un camino ubicado al interior de la propiedad de la recurrida, existe otro donde se constituyó una servidumbre y que no se encuentra en condiciones de ser usado para tal objeto, lo que puede gestionar la recurrente, de forma tal que no se advierte la conculcación que se reclama derecho, todo lo que lleva en definitiva al rechazo de la presente acción cautelar.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve que, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto en nombre reservado, en contra de nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol N° 6139-2022.- Protección