nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES.

nombre reservado, nombre reservado

Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes Recurso de protección Rol N°6129-2022.

La Serena, veintisiete de octubre de dos mil veintidós.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Primero: Que a folio uno comparece don nombre reservado, analista técnico y deduce recurso de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, representada legalmente por don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, alegando vulneración a las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 número 3 y 24 de la Constitución Política de La República.

Indica que el 15 de septiembre del año 2015, cuando se desempeñaba como trabajador dependiente del Banco Santander Chile, contrató un crédito personal con la Caja de Compensación recurrida por un valor inicial de $1.500.000 que debía pagar en 48 cuotas de $56.205 la mayoría, siendo descontadas de sus remuneraciones mientras prestó servicio para el mencionado Banco.

Sostiene que el 23 de febrero del 2016, terminó su relación laboral con el Banco Santander, quedando cesante por un largo periodo de tiempo, durante el cual no se pagaron las cuotas correspondientes al crédito señalado.

Agrega que el 8 de julio del año 2017 fue contratado a honorarios por el Servicio de la Vivienda y Urbanización de la IV Región, recibiendo el pago de un honorario mensual, que en la actualidad asciende a la suma de $644.833 brutos, y percibiendo un ingreso líquido total de $455.783, haciendo presente que debe pagar una pensión alimenticia regulada judicialmente en la causa RIT C-190-2018, que en la actualidad asciende a $242.549, por lo que de sus honorarios mensuales le queda un remanente de $213.234 para sobrevivir con la ayuda de su familia, porque de otro modo no podría cubrir sus necesidades mínimas.

Sostiene que el 10 de agosto pasado recibió un correo del encargado de la sección de personal del Departamento de Administración y Finanzas del SERVIU Región de Coquimbo, en donde se le informa que en las nóminas de la Caja de Compensación le informaron un descuento de sus honorarios por la suma de $176.322 correspondiente a la Caja de Compensación Los Andes, siendo este descuento el primero de 50 por el mismo valor, señalándole que necesita su autorización para proceder al descuento y que contestó el mencionado correo señalando su decisión de no autorizar el descuento, sin embargo su empleador le informó que por el momento no puede suspenderlo y que debe contactarse con una ejecutiva de la recurrida.

Agrega que en forma telefónica se le indicó que tal descuento se producía porque el SERVIU había celebrado un convenio con la caja por el cual le permitía, por medio de una nómina mensual de retenciones informar a los funcionarios debían efectuarse descuentos por préstamos de la Caja de Compensación de sus remuneraciones, a pesar de que él no se encuentra en esa categoría ya que no percibe remuneraciones sino honorarios.

Indica que después de transcurrir más de 6 años, la Caja de Compensación Los Andes pretende descontar de sus honorarios mensuales pactados una suma mensual de $176322, como primera cuota de 50 posteriores respecto de una deuda contraída en el año 2015 por la suma inicial de $1.500.000 de forma extrajudicial a través de descuentos ilegales, directos, sin aviso o notificación previa, por una suma mensual que supera con largueza el 15% del tope máximo establecido tanto en el Estatuto Administrativo como en el Código del Trabajo, suponiendo que percibiera remuneraciones y no honorarios.

Sostiene que de prosperar la pretensión de la recurrida con el pago de la pensión de alimentos sus ingresos quedan reducidos a la suma de $36.912, lo que ahorra palabras para describir la situación en que quedaría.

Señala como garantía vulneradas, aquella establecida en el artículo 19N° 3 de la Constitución Política de la República, en cuanto a la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, ya que, sin fundamento legal se le ha puesto en una situación desventajosa, distinta y precaria en relación con todos los demás deudores civiles para obtener el pago de un crédito, debiendo ser demandados ante los tribunales ordinarios, cuestión que la recurrida ha obviado, presuntamente amparada en una norma de la Ley de las Cajas de Compensación con el fin de proceder al cobro ilegal abusivo y extemporáneo de una eventual deuda, que a la fecha se encontraría prescrita, lo que ni siquiera se le permite alegar.

Sostiene que en segundo término la actuación de la recurrida vulnera el derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 número 24 de la Carta Fundamental, pretendiendo privarlo de su derecho sobre parte de la retribución económica obtenida con motivo de su actividad laboral que desempeña como empleado público a honorarios.

Cita jurisprudencia e indica que el proceder de la Caja de Compensación recurrida no aparece revestido de la necesaria racionalidad y fundamento, ya que ni siquiera se le ha informado ni acreditado los antecedentes judiciales formales que pueden sostener un descuento de una deuda de hace más de 6 años y que dicho descuento unido a los demás de carácter legal, superan con largueza el 60% de sus honorarios líquidos, y que en consecuencia la decisión adoptada por la caja sólo puede ser declarada como arbitraria.

Por lo expuesto pide que se adopten las providencias que se estime necesarias para Restablecer el imperio del derecho y para asegurar la debida protección de sus derechos que se han visto atropellados por la acción ilegal y arbitraria de la recurrida, debiendo considerar entre estas medidas el restablecimiento inmediato de las cosas al estado en que se encontraban con anterioridad al atropello de sus derechos que expresan el recurso, con expresa condena en costas.

Acompaña los siguientes documentos: 1. Correos electrónicos de fecha 10 y 17 de agosto del 2022; 2. Proyecto de liquidación de remuneraciones agosto de 2022, la cual quedó sin aplicar en atención al reclamo del descuento solicitado por la caja recurrida; 3. Información de créditos del recurrente emanado de la caja recurrida; 5. Carta de aviso de terminación de contrato de trabajo de fecha 23 de febrero de 2016; 6. Copia de la resolución exenta RA n° 272/335/2017; 7. resolución de 19 de julio del 2022 dictada en la causa RIT C-190-2018 del Juzgado de Familia de La Serena y resolución dictada en la misma causa de fecha 6 de septiembre de 2022.

Segundo: Que a folio 11, informa Matías Amigo García, abogado, en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes solicitando el rechazo del recurso.

Señala que el 15 de septiembre de 2015 se otorgó al recurrente un crédito por un capital inicial de $1.525.075, a una tasa de interés de un 2,33% pagadero en 48 meses con una cuota mensual de $58.205, cuyo primer vencimiento correspondió al 31 de octubre de 2015. Hace presente que esa cuota fue reprogramada el 14 de septiembre de 2017 por la suma de $1.729.087, pagadero en 48 meses con una cuota de $110.564.-, correspondiendo el primer vencimiento al 31 de octubre del 2017.

Sostiene que a la fecha dicha operación se encuentra en cobranza judicial manteniendo las cuotas morosas de los meses de octubre del 2017 a septiembre del 2021.

Afirma que no existe una actuación ilegal o arbitraria por parte de la recurrida, ya que los descuentos para el pago de las cuotas del crédito social son informados al empleador del deudor de acuerdo al mecanismo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N°18.833 y que la acción de cobro no ha sido declarada prescrita, haciendo presente que mientras no exista un pronunciamiento judicial emanado del tribunal competente en la materia, la obligación de pagar la suma de dinero recibida en préstamo por el actor existe y es plenamente exigible.

Agrega que, no obstante, y sin reconocer la extinción de la deuda ni los hechos ni fundamentos de derecho que esgrime el recurrente en su recurso de protección, la Caja de Compensación ha dispuesto el cese definitivo de los descuentos del crédito otorgado al recurrente y dispondrá la restitución de aquellas sumas que hayan sido recibidas en caso de que se hayan reanudado los cobros.

Hace presente, que las planillas de descuento son generadas los días 25 del mes anterior a aquel en que se hacen efectivos los descuentos, pero que, no obstante, su representada dispondrá la devolución de toda suma que sea recibida en el intertanto.

Por lo expuesto solicita el rechazo de la acción de protección, por haber perdido oportunidad toda vez que su representada ha accedido voluntariamente al cese de los descuentos y restitución solicitados.

Tercero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Cuarto: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

Quinto: Que, sin perjuicio de lo informado por la recurrida en cuanto a haber dispuesto el cese definitivo de los descuentos, así como la devolución de los montos descontados, a la fecha no consta que se haya materializado lo que lleva al rechazo de la alegación de pérdida de oportunidad planteada por la recurrida.

Sexto: Que, en la especie, se verifica una vulneración y amenaza del derecho de propiedad del recurrente, por cuanto el actor ha visto disminuidos sus honorarios mensuales, derivado de un acto ilegal y arbitrario por parte de la recurrida, por cuanto el artículo 22 de la Ley 18.833 faculta a las cajas de compensaciones deducir de las remuneraciones de un trabajador afiliado por medio de la entidad empleadora para el cobro oportuno de lo adeudado, y siendo una obligación que se hizo exigible en el año 2017, no puede ampararse en la facultad legal contenida en la norma antes señalada, máxime si se da cuenta que la causa se encuentra en cobranza judicial, sin que la recurrida refiera algún antecedente que abone por la oportunidad y exigibilidad del descuento efectuado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado, en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, debiendo la recurrida cesar de inmediato con los descuentos por planilla efectuados sobre los honorarios mensuales del recurrente y proceder a la devolución de todos los dineros descontados por dicho concepto.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-6129-2022.