Protección contra Directorio de la Sociedad Mutualista de Jubilados y Montepiados de la Ex Caja de

nombre reservado

Directorio de la Sociedad Mutualista de Jubilados y Montepiados de la Ex Caja de Previsión de la nombre reservado, nombre reservado, Ley 10.662 Recurso Protección Rol Corte N° 611-2018-Protección La Serena, a veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho.

VISTOS:

Comparece don David Figueroa Lagomarsino, abogado, domiciliado en domicilio reservado, en representación de nombre reservado, contadora, domiciliada en domicilio reservado, deduciendo recurso de protección en contra del Directorio de la Sociedad Mutualista de Jubilados y Montepiados de la Ex Caja de Previsión de la nombre reservado, nombre reservado, Ley 10.662, persona jurídica de derecho privado, actualmente compuesto por doña nombre reservado, en calidad de presidenta, por doña nombre reservado, como secretaria; nombre reservado, tesorera; nombre reservado y nombre reservado, como directores; todos ellos y el Directorio mismo, domiciliados en domicilio reservado.

Sustenta su acción en que su representada posee la calidad de socia activa de la corporación indicada y hasta el mes de enero de este año, se desempeñó como Presidenta del Directorio, y que con fecha 26 de mayo último, recibió una carta de fecha 23 de mayo de 2018, por medio de la cual se le comunicaba que el Directorio conjuntamente con la Comisión de Disciplina – dando respuesta a un supuesto requerimiento de la Asamblea – y en reunión de fecha 19 de mayo de 2018, le aplican una serie de sanciones que se harían efectivas a contar del día 26 de mayo de igual año, consistentes en impedírsele asumir un cargo en el Directorio de la Corporación y no participar más de una sesión de Asamblea ordinaria o extraordinaria y en cualquier actividad extra programática que se realice en la Corporación y no concurrir más a la misma.

Indica que los motivos de estas sanciones – según la misma carta – son: que su presencia descompone el ánimo de todos los socios, que ella habría tratado de ladrones a la tesorera y a su familia; por haberse presentado en varias oportunidades los días lunes y miércoles en compañía de su hermana, estando la tesorera trabajando, donde ellas la habrían insultado y amenazado; por haber increpado a una socia, cuando desempeñaba el cargo de presidenta, período éste que habría sido malo, y que se dice que su representada no puede concurrir más a la Corporación.

Sostiene el recurrente que dicha decisión del Directorio es ilegal y arbitraria, dado que contraría el texto expreso del estatuto de la sociedad, en cuanto en parte alguna del mismo se consignan dichas sanciones y luego, arbitrario, debido a que no existe razón legal y estatutaria que la fundamente.

Indica que dicho acto atenta en contra de las siguientes garantías constitucionales: la del número 2° del artículo 19 de la Constitución Política del Estado, a saber, la igualdad ante la ley, pues la institución de la que doña nombre reservado forma parte, se rige por un estatuto, el que en sus artículos 11 y 12 letra c) señala las sanciones a que pueden verse expuestos los socios en caso de ser responsables de las acciones u omisiones que allí se indican. Agrega que las sanciones consisten en la suspensión de los derechos de socio y la expulsión. La primera, se aplica por el atraso en el pago de las obligaciones pecuniarias y que cesa, de inmediato, cuando esta obligación es satisfecha y de suspensión hasta por dos meses por el incumplimiento de las obligaciones de servir a los cargos para que fueren designados, no asistir a reuniones y no cumplir con los estatutos, reglamentos o los acuerdos de la Asamblea general y del Directorio. Por su parte, la expulsión tiene lugar por la comisión de los hechos expuestos en la letra c) del artículo 12° del citado estatuto.

Refiere que en la carta que se hizo llegar a su representada, se dice que ella no puede asumir más un cargo directivo, no participará nunca más en una asamblea y no irá más a la corporación. Es decir, se le ha suspendido de sus derechos como socia en forma permanente y para siempre, y que si bien el estatuto, en su artículo 11°, permite que se suspenda a un socio de los derechos que se señalan en el artículo 10°, esta medida –a lo más– puede tener una duración de dos meses o, en caso que la causal sea el no pago de la cuota mensual, esta solo durará mientras dure dicha morosidad.

Indica que el actuar de la recurrida ha vulnerado la garantía constitucional de la igualdad ante la ley, al establecer una diferencia arbitraria no permitida por la legislación respecto a la sanción inexistente que se le ha impuesto, desde que a los demás socios no se les puede aplicar tal medida, ya que el estatuto de la sociedad no la contempla y, a lo más, permite la suspensión de los derechos en el evento que se den los supuestos señalados en el artículo 11° y por el período que allí se indica, y que, en síntesis, se aplica a su mandante una sanción de suspensión que a los demás socios, bajo los estatutos sociales, no se les puede aplicar, porque no existe, por lo que la sanción que se le ha impuesto representa una discriminación arbitraria y no ajustada a derecho, si se considera que a los otros socios no se les podría aplicar.

Señala asimismo que el acto recurrido atenta, igualmente, contra el artículo 19 número 3° de la Constitución Política del Estado. En este caso se ha violado el derecho al debido proceso contemplado en el inciso 5°, explicando que si bien es cierto que el Directorio recurrido tiene la facultad de aplicar ciertas y determinadas sanciones que van desde la suspensión de los derechos de los socios hasta la expulsión de estos, no es menos cierto que estas solo pueden serlo dadas las condiciones que para ello consigna el estatuto que rige la sociedad y que se consigna en los artículos 11 y 12, y que en ambos casos se requiere, como es lógico, que la conducta esté descrita en los estatutos y que la sanción sea de aquellas que los mismos permitan.

Añade que en el caso de su mandante, las sanciones que se le han aplicado no están consignadas como tales en los estatutos y, como es lógico, la acción u omisión que permitiría aplicarla tampoco puede existir.

Refiere que todo proceso legalmente tramitado se apoya en el supuesto señalado, es decir, que la acción u omisión voluntaria esté descrita en la ley y como tal, permita sancionarla. Llevado al caso de autos, la sanción que ha aplicado debiera partir del supuesto que exista la acción u omisión que permita hacerlo; en caso contrario se vulnera el principio de la tipicidad.

Agrega que la Constitución prohíbe imponer penas sin describir expresamente la conducta a la cual se imponen. Tal es lo que dispone el artículo 19 número 3° de la Constitución. “Ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta que se sanciona esté expresamente descrita en ella”, y que precisamente, la decisión que se ha tomado por parte de la Directiva, atenta contra esta garantía constitucional.

Señala que se dice en la carta de fecha 23 de mayo pasado que las sanciones que se han aplicado, lo fueron entre el Directorio y la Comisión de Disciplina, dando respuesta a un requerimiento de la asamblea, por lo que también se atenta contra el debido proceso, desde que, en primer lugar, el estatuto de la Corporación no contempla la figura de la Comisión de Disciplina; en segundo lugar, porque la asamblea no ha podido requerir la aplicación de sanción alguna, ya que, de acuerdo al título IV de los estatutos, estas se celebran en el mes de enero de cada año en lo que respecta a las ordinarias y en cuanto a las extraordinarias, estas se llevan a cabo cada vez que el Directorio decida convocar a ellas o que la solicite un tercio de los socios para tratar las materias para las cuales ha sido convocada, siempre que sean aquellas que señala el artículo 20° de los mismos, agregando que por lo demás, toda asamblea debe requerir citación previa, en la forma que refieren los artículos 21 y 22, y que en este caso, no hubo ninguna citación para tratar el supuesto problema de su mandante.

Indica que en el caso que analiza, tampoco se está en presencia de un proceso racional y justo, legalmente tramitado y previo a la sanción que se ha aplicado. No se dieron las garantías de publicidad de los actos que concluyeron en la sanción, el emplazamiento, la bilateralidad y la facultad de interponer algún medio de defensa.

Sostiene que también se ha vulnerado el derecho de propiedad, contemplado en el artículo 19 n° 24 de la Constitución Política del Estado, desde que en razón de la señalada acción ilegal y arbitraria, se ha visto afectado el derecho de propiedad que tiene mi mandante sobre su calidad de socia y de los beneficios que ello le reporta y que se consagran en el artículo 10° de los estatutos. Estima que el más elemental de sus derechos como asociada es concurrir a la sede de la asociación en las oportunidades que estime pertinente y cualquier acción que la impida, resultará ilegal y arbitraria si es que, como ocurre en el caso expuesto, aquella decisión no se basa en causa ni sanción estatutaria alguna.

Concluye solicitando que, en definitiva, se acoja el recurso deducido, declarando que el actuar de la recurrida ha vulnerado las garantías constitucionales descritas en la persona de nombre reservado, y se ordene que la recurrida deje sin efecto las sanciones que se le han aplicado y que le fueron comunicadas mediante carta de fecha 23 de mayo de 2018 y tomar todas las medidas que sean conducentes al restablecimiento y la protección de sus derechos, con costas.

Acompaña a su recurso copia de estatutos de la sociedad indicada, y carta de fecha 23 de mayo de 2018, remitida por el Directorio Sociedad Mutualista de Jubilados y Montepiados de la Ex Caja de Previsión de la nombre reservado, nombre reservado, en la que se comunica a la recurrente las sanciones indicadas que motivan el recurso.

Por su parte, por la recurrida comparece el abogado Javier Eduardo Alfaro Araya, informando al tenor de los hechos consignados en el recurso deducido, solicitando el rechazo del mismo.

Refiere en primer término, que el día 26 de Mayo de 2018 la recurrente recibió una carta que con fecha 23 de Mayo de 2018 se le comunicaba que el directorio reunido en pleno en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12 inciso final, articulo 21 y artículo 36 de los estatutos de la institución, decidió por mayoría absoluta expulsar como socia a doña nombre reservado por haber incurrido en la causal del articulo 12 letra C, numeral 3 de los estatutos vigentes, es decir por causar grave daño de palabra o por escrito a los intereses de la corporación, así como también la prohibición de participar en alguna sesión ordinaria o extraordinaria y en cualquier actividad extra programática que se realice en la corporación con motivo de que su presencia descompone automáticamente el ánimo de todos los socios.

Indica que es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria, y por ello no es posible sostener que el directorio de la Sociedad Mutualista de Jubilados y Montepiados, haya cometido un acto ilegal o arbitrario, ni haya incurrido en una vulneración de las garantías constitucionales denunciadas por el recurrente, desde el momento en que dicho acto de expulsión, considerado por la recurrente de “ilegal o arbitrario”, se consagra en el artículo 12, letra c número 2 “ La calidad de Socio se pierde: c) por expulsión basada en las siguientes causales 2.- Por causar grave daño de palabra o por escrito a los intereses de la corporación”, sosteniendo que la sanción aplicada no es la suspensión de sus derechos como socia en forma permanente y para siempre, sino que la sanción consiste en la expulsión de la recurrente según consta la resolución de expulsión N° 1-2018, acordada por el directorio reunido en sesión extraordinaria N°2 que acompaña a su presentación.

De igual forma, señala que no existe vulneración a la garantía constitucional de igualdad ante la ley, ello porque el directorio no realizó una diferencia arbitraria en contra de la socia expulsada, ya que hizo aplicación del citado artículo N° 12 plenamente vigente, de los estatutos que regulan actualmente la corporación, que rige por igualdad, para todos los socios activos, y que tiene lugar en casos de cumplirse los presupuestos señalados en el mismo artículo, estableciendo un criterio objetivo y estrictamente legal y que fueron comunicadas a la socia recurrente expulsada en su oportunidad, por haber incurrido en estos hechos como se consignan en las actas de Reuniones Ordinarias de fecha 24 de Junio de 2017 y 08 de Agosto de 2017 respectivamente que acompaña, lo que se vería reafirmado aplicándose el artículo 553 del Código Civil Chileno que señala: “Los Estatutos de una Corporación tienen fuerza obligatoria sobre toda ella, y sus miembros están obligados a obedecerlos bajo las penas que los mismos estatutos impongan”.

Añade que la parte recurrente igualmente señala que el acto contemplado en el citado artículo 12 de los estatutos vigentes y que fue expresado por carta, atenta contra el número 3° inciso 5° del artículo 19, pues “se ha violado el derecho al debido proceso”; sobre el punto, indica que, tal como señala la recurrente, el Directorio tiene la facultad de aplicar ciertas y determinadas sanciones que van desde la suspensión de los derechos de los socios hasta la expulsión de los mismos; por tanto, no es posible sostener que la recurrida haya violado el derecho al debido proceso, ello porque el articulo 12 describe las causales de expulsión, en las que incurrió la recurrente “Atentado grave de palabra a los intereses de la corporación”, refiriendo que según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, se define atentado como; “1. Agresión o desacato grave a la autoridad u ofensa a un principio u orden que se considera recto” o 2. “Agresión contra la vida o la integridad física o moral de alguien”, y que en el caso concreto existió por parte de la recurrente una agresión contra la integridad física y moral de la tesorera del directorio, es decir, “atentado grave de palabra”, al injuriarla de ladrona, menoscabarla causándole temor y al no permitirle que cumpliera con su obligación de cobrar las cuotas mensuales cuando los demás socios se dirigían a la institución; que existió un atentado grave a los intereses de la corporación, al impedirles realizar su trabajo, existiendo por parte de la recurrente un hostigamiento en contra de los directores, amenazas, gritos y malas palabras, concurriendo a reuniones de directorio de la cual no es miembro, al no tener cargo alguno; además por haber increpado la recurrente a una socia de la tercera edad en plena asamblea ordinaría de la cual el directorio y los socios asistentes fueron testigos.

Sostiene que no es posible sostener que la conducta no esté descrita, ello porque “la acción”, se encuentra descrita y sancionada en el artículo 12 de los estatutos, no existiendo en ningún caso una vulneración al principio de la tipicidad, y que el directorio aplicó la expulsión por mayoría absoluta de sus miembros, tal como lo consigna el artículo 12 inciso final, por lo tanto es una decisión tomada en acuerdo y cumplimiento de la ley, tal como lo consigna la Resolución de Expulsión N°01-2018 de fecha 19 de mayo del 2018.

Agrega que de acuerdo al artículo 36 de los estatutos vigentes, “El Directorio deberá sesionar por lo menos una vez al mes”, por lo tanto está facultado por ley para reunirse más de una vez al mes, lo que reafirma que la resolución de expulsión es válida.

Refiere que lo expresado por la recurrente en señalar que “la asamblea no ha podido requerir la aplicación de sanción alguna, ya que las asambleas ordinarias se celebran en el mes de enero, y las extraordinarias se llevan a cabo cada vez que el directorio decida convocar a ellas o que la solicite un tercio de los socios para tratar las materias para las cuales ha sido convocada, siempre que sean aquellas que señala el artículo 20”, no tiene fundamentos, ya que el artículo 21 de los estatutos vigentes expresamente señala: “Las Asambleas Generales serán convocadas por un acuerdo del directorio y si este no se produjere por cualquier causa, por su presidente o cuando lo solicite un tercio a lo menos de los socios”, en ningún caso habla de asamblea extraordinaria, solo habla de asamblea generales, existiendo una confusión de la recurrente entre los articulo 19 y 21 de los estatutos respectivamente, y que aplicando el artículo 21 antes expresado, el directorio está plenamente facultado para convocar a una asamblea ordinaria, existiendo acuerdo del mismo, y es por ello que dentro de sus facultades convocó a la Asamblea General Ordinaria de fecha 28 de abril del presente año, enviando citaciones previas a todos los socios, reunión donde recibió un requerimiento verbal de los socios respecto de la conducta de la recurrente.

Añade que el directorio se encuentra legitimado para recibir requerimientos de los socios o las asambleas cada vez que este las convoque de acuerdo a las facultades que le otorga artículo 21 de los estatutos, ello porque las asambleas ordinarias que se celebran en el mes de enero, son una obligación impuesta en el artículo 18 de los estatutos vigentes y que tiene por objeto central la presentación de los balances, inventarios y memorias del ejercicio anterior y para la celebración de las elecciones, por lo que no existe violación a las normas del debido proceso, que se estaría ante un procedimiento racional y justo, ya que existe la conducta descrita y sancionada en el artículo 12, además cada socio debe cumplir las disposiciones de los estatutos y reglamentos de la corporación y acatar los acuerdos de las asambleas generales y del directorio de conformidad con el artículo 9° letra D, dándose cumplimiento a las garantías de publicidad, toda vez que en la misma resolución de expulsión decidida por el directorio en su sesión extraordinaria N° 2, dispuso: “Anótese y Publíquese copia en la entrada del salón de reuniones y Archívese original en el libro de actas con fecha 19 de mayo la presente resolución”, libro de actas a que tienen acceso todos los miembros de la corporación, por lo cual dicha resolución estuvo materialmente a la vista y disposición de todos los socios; el correspondiente emplazamiento también se cumplió en la aplicación de la sanción, toda vez que dicha carta fue notificada a la recurrente para que precisamente hiciera uso de la facultad conferida en el inciso final del artículo 12 que señala “De la expulsión de un socio se podrá apelar ante la asamblea general extraordinaria citada por el directorio para ese objeto”.

Señala que no tiene fundamento lo expresado por la recurrente en señalar que no se consigna “facultad de interponer algún medio de defensa”, ello porque sí se consigna la defensa, sí está expresada la posibilidad de interponer algún medio de defensa que en el cuerpo estatuario está reconocida con la figura de la apelación, derecho que pudiendo ser ejercido legítimamente por doña nombre reservado, no ejerció de forma negligente, pues el ejercicio de esa facultad no está sujeto a ningún plazo para su interposición ni modalidad que pudiere restringir y/o perturbar el ejercicio del mismo.

Refiere que la recurrente señala que por medio de la resolución decretada por el directorio se ha vulnerado el derecho de propiedad, que se contempla en el artículo 19 n°24 de la constitución política de la república, al considerar que la supuesta “acción ilegal y arbitraria” afecta el derecho de propiedad que tiene sobre su calidad de socia, pero que no es posible sostener que exista una vulneración al derecho de propiedad, porque aplicando el artículo 549 del Código Civil que en su inciso primero establece “Lo que Pertenece a una corporación, no pertenece ni en todo ni parte a ninguno de los individuos que la componen”. Y de acuerdo al artículo 10 de los estatutos se habla de las atribuciones que tienen los socios activos, por tanto no hay vulneración al derecho de propiedad.

Añade que el artículo 12, es claro en señalar cómo se pierde la calidad de socio, lo que significa que un socio no puede concurrir más a la institución, tener derecho a voz ni voto ni a presentar proyectos, efectos que derivan del hecho de aplicarse esa sanción legitima como fue en el caso concreto. Indica que es importante señalar que, la recurrente Sra. nombre reservado cuando fue socia activa nunca fue sufrió vulneración y restricción sobre su calidad de socia, teniendo acceso a los beneficios sociales y de recreación al igual que todos los demás asociados.

Reitera que no se está en presencia de una acción ilegal o arbitraria, toda vez que la decisión por parte del directorio de la corporación no es más que el cumplimiento de la norma descrita para la aplicación de la expulsión de la recurrente, al cumplirse los presupuestos de “Causar grave daño de palabra y” a “los intereses de la corporación”.

Concluye solicitando el rechazo del recurso, con expresa condenación en costas.

Acompaña a su informe los siguientes documentos: 1.- Resolución de Expulsión 01-2018 de fecha 19 de mayo del 2018; 2.- Copia de Acta de Reunión Extraordinaria del Directorio con fecha 19 de mayo del 2018; 3.- Copia de acta de asamblea ordinaria con fecha 28 de abril del 2018; 4.- Copia de Escritura Pública de los Estatutos con fecha 06 de Diciembre del año 1988; 5.- Copia de Escritura Pública de Modificación Simple de los Estatutos con fecha 05 de Marzo de 1990; 6.- Copia de actas de asambleas con fecha 24 de Junio y 08 de Agosto del 2017; 7.- Copia de escritura pública de Mandato judicial.

CONLO RELACIONADO Y TENIENDO ADEMÁS PRESENTE:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

SEGUNDO: Que como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso (Corte de Apelaciones de La Serena, sentencia de fecha 17 de julio de 2018, Rol 518-2018-Protección).

TERCERO: Que efectuadas tales prevenciones, y en lo que toca concretamente al recurso de protección deducido en estos antecedentes, éste se ha intentado aludiendo, en síntesis, a que la sanción aplicada a la recurrente no estaría contemplada en los estatutos que rigen a la recurrida, lo que en su concepto, constituye, en primer término una vulneración de la garantía constitucional de igualdad ante la ley, prevista en el artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental, al aplicarse a la actora una medida de suspensión de una duración que excede el plazo contemplado en el artículo 11° de los Estatutos de la sociedad recurrida, por lo que en definitiva se estaría aplicando una sanción no contemplada en la reglamentación interna.

CUARTO: Que, en lo referente a dicho acápite, resulta conveniente analizar el contenido de la documental acompañada por la recurrente, concretamente la carta de fecha 23 de mayo de 2018, por la cual se comunica a la actora la sanción que le fuera aplicada, a fin de contrastarlo con las normas estatutarias que rigen a la organización. Así entonces, la referida carta señala, en lo pertinente, lo siguiente: “En reunión efectuada el día 19 de mayo 2018 (sic) en conjunto con el Directorio y la Comisión de disciplina dan respuesta a la asamblea en el requerimiento de la sanción que se le llevará a efecto (sic) en contra de su persona a contar del día 26 de mayo 2018 que viene siendo las siguientes causales (sic):

1.- No asumir más un cargo en el directorio de la corporación.

2.- No participar nunca más en una sesión ya sea ordinaria o extraordinaria de asamblea y en cualquier actividad extra programática que se realice en la Corporación por motivos que su presencia descompone automáticamente el ánimo de todos los socios.

3.- Por haber venido a tratar de ladrones a la Sra. Tesorera, a su esposo y familia “Salinas” diciendo que se habían robado la suma de $600.000.- 4.- Por haberse presentado en varias oportunidades los días lunes y miércoles en compañía de su hermana Sra. nombre reservado, estando la tesorera trabajando y ellas insultando y amenazando con socios como testigos.

5.- Por haber bajado en el momento que presidía la sesión a increpar a una socia.

6.- Por un muy mal período llevado en la corporación.

7.- Se le solicita que el valor correspondiente a la cuota mensual sea por intermedio de depósitos bancarios para así no entorpecer a la Sra. Tesorera.

8.- Se le solicita a la Sra. nombre reservado y Sra. nombre reservado no concurrir más a la corporación de acuerdo a las sanciones ya nombradas.”

QUINTO: Que, analizado el tenor de la carta indicada, y los términos absolutos en que ella está redactada en sus puntos 1, 2 y 8, resulta evidente que no se está en presencia de una medida de suspensión, como lo señala la actora, sino que de una medida de expulsión que implica el alejamiento definitivo de la institución, medida de expulsión que, tal como lo reconoce la propia recurrente, sí es una sanción que se encuentra recogida por el artículo decimosegundo del estatuto de la sociedad, por lo que no se divisa en esta parte la infracción a la garantía constitucional que se invoca, igualdad ante la ley, ya que no se aprecia en la actuación de la recurrida un tratamiento diferente o discriminatorio respecto de doña nombre reservado, en cuanto a la sanción que se le aplica.

SEXTO: Que refrenda la conclusión consignada precedentemente, la documental acompañada a su informe por la recurrida, consistente en la Copia del Acta de la Sesión Extraordinaria del Directorio N° 02, Resolución de Expulsión N° 01-2018, de fecha 19 de mayo de 2018, donde se habla específicamente de la decisión adoptada por el directorio de expulsar a la Sra. nombre reservado, señalando como causal de la medida, a prevista en el artículo 12 letra C, numeral 3 de los estatutos; copia del Acta de la Reunión Extraordinaria N° 2, de 19 de mayo de 2018, en que contienen las sanciones adoptadas respecto de la recurrente; y copia del acta de Reunión Ordinaria de fecha 28 de abril de 2018, en cuyo Punto 5° se trata precisamente la situación de la recurrente, antecedentes todos estos que, analizados en su conjunto, permiten concluir que siempre la sanción aplicada respecto de doña nombre reservado, fue la de expulsión de la sociedad, conforme lo contemplan los estatutos de la misma.

SÉPTIMO: Que en lo referente a la segunda vulneración a las garantías constitucionales de la recurrente, en cuanto sostiene se afecta la garantía del debido proceso conforme lo garantiza el artículo 19 N° 3 inciso 5° de la Carta Fundamental, la recurrente sostiene que la infracción se produciría, en primer término, por cuanto tanto las conductas por las que se le sanciona así como sanciones que le fueron aplicadas, no están contempladas en los estatutos, y en segundo término, por haberse adoptado dicha sanción por la Comisión de Disciplina, órgano no contemplado en tales estatutos, lo que atentaría contra el debido proceso, infracción que también se configuraría por cuanto la asamblea no ha podido requerir sanción alguna, pues estatutariamente se celebra en el mes de enero de cada año, y en cuanto a las extraordinarias, se llevan a efecto cada vez que el Directorio las convoque, o que lo solicite un tercio de los socios para tratar las materias para las cuales es convocada, y que sean de las indicadas en el artículo 20 de los estatutos, debiendo citarse a ella previamente, lo que no habría ocurrido.

OCTAVO: Que no obstante lo sostenido por la recurrente, en la especie debe descartarse la vulneración de la garantía constitucional señalada; en efecto, en primer lugar debe aclararse que, conforme lo sostiene el artículo 20 de la Constitución Política de la República, el recurso de protección se concede en favor de toda persona que sufra alguna privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de alguna de las garantías que dicha norma señala, entre las cuales se contempla la del artículo 19 N° 3 inciso 5°, la de no ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señale la ley y que se encuentre establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho.

En consecuencia, la vulneración de la garantía señalada por la recurrente, en su vertiente del debido proceso, no se encuentra amparada por la acción constitucional de protección, la que sólo protege el derecho a no ser juzgado por comisiones especiales, por lo que no puede configurarse en la especie una infracción a dicha garantía fundamental, máxime cuando ha sido la propia recurrente quien, en su recurso, reconoce que el Directorio recurrido posee facultades para aplicar ciertas sanciones, lo que evidencia que la sanción ha sido aplicada por el órgano estatutariamente competente para ello.

NOVENO: Que no obstante lo señalado, y a objeto de agotar los extremos de la acción constitucional deducida, cabe tener presente que, a juicio de esta Corte, tampoco se configura en la especie la pretendida infracción al principio de que nadie puede ser sancionado sin que la conducta por la que se le sanciona se encuentre previamente descrita en la ley; en efecto, del análisis de las actas del Directorio, en especial la de la Sesión Extraordinaria que contiene la Resolución de Expulsión N° 01-2018, de fecha 19 de mayo de 2018, y de los estatutos que rigen la sociedad, queda claro que la sanción se aplica a la recurrente por haber incurrido en conductas que constituyen la infracción prevista en el artículo 12 letra C numeral 2° de los estatutos de la sociedad, esto es, por causar grave daño de palabra o por escrito a los intereses de la Corporación, lo que acarrea, en consecuencia, la sanción de expulsión de la socia, decisión que en la especie, aparece adoptada por el Directorio de la sociedad, y no por alguna comisión de disciplina, pese a lo señalado en la carta dirigida a la actora comunicándole tal decisión; en otras palabras, la conducta por la que se sanciona se encuentra establecida en los estatutos sociales, la sanción aplicada también se encuentra contemplada en la reglamentación interna de la sociedad, y finalmente el órgano que aplica la sanción, el Directorio, está dotado estatutariamente de las facultades para obrar del modo que lo hizo, razones por las cuales tampoco puede prosperar el recurso en este acápite.

DÉCIMO: Que, en lo concerniente a la supuesta vulneración al derecho de propiedad, también denunciada en el recurso, aquella también ha de desestimarse, toda vez que se basa en una presunta ilegalidad y arbitrariedad en que habría incurrido la recurrida al acordar la expulsión de la recurrente, por lo que, al haberse descartado precedentemente y por las razones ya anotadas, alguna ilicitud en la sanción aplicada a la actora, necesariamente ha de concluirse que no existe vulneración a la garantía constitucional del artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental, debiendo en consecuencia desestimarse el recurso.

DECIMOPRIMERO: Que, sin perjuicio de lo anterior, es necesario asimismo tener presente que la recurrente no es una miembro cualquiera de la sociedad, sino que, tal como lo reconoce en su libelo, fue Presidenta del Directorio hasta el mes de enero del año en curso, razón por la cual es lógico suponer que tiene pleno conocimiento del funcionamiento de la organización, así como de las conductas sancionables y de las medidas disciplinarias aplicables a los socios infractores.

DECIMOSEGUNDO: Que en consecuencia, habiéndose constatado que la medida disciplinaria aplicada a la actora se encuentra perfectamente ajustada a los estatutos que rigen a la sociedad, tanto respecto de la conducta sancionada, la sanción aplicada y el órgano que la aplicó, debe descartarse que exista alguna ilegalidad o arbitrariedad en la actuación cuestionada por la recurrente, debiendo en consecuencia desestimarse la acción de protección intentada.

Que, por todo lo anteriormente expuesto y razonado, y de conformidad, con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte Suprema sobre tramitación del Recurso de Protección, se declara que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por el abogado don David Figueroa Lagomarsino, por doña nombre reservado, en contra del Directorio de la Sociedad Mutualista de Jubilados y Montepiados de la Ex Caja de Previsión de la nombre reservado, nombre reservado, Ley 10.662.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

Redacción a cargo del Abogado Integrante, con Claudio Fernández Ramirez.

Rol Nº 611-2018-Protección.

Pronunciado por la Primera Sala de la Ilma. Corte de Apelaciones de La Serena, integrada por el Ministros titular señor Fernando Ramírez Infante, el Ministro suplente señor Juan Carlos Espinosa Rojas y el abogado integrante señor Claudio Fernández Ramirez. No firma el Ministro suplente señor Espinosa, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa por encontrarse con permiso.

En La Serena, veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.