nombre reservado con SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE BIENES NACIONALES REGION DE COQUIMBO

nombre reservado, nombre reservado

Secretaria Regional de Bienes Nacionales Recurso de Protección Rol N° 6104-2022.- La Serena, cuatro de noviembre de dos mil veintidós.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

1°) Que, comparece nombre reservado VALDOVINOS JOFRÉ, abogada, en representación de don nombre reservado, cédula nacional de identidad RUT reservado, chileno, agricultor, casado, domiciliado en domicilio reservado, quien interpone Recurso de Protección en contra de la SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE BIENES NACIONALES DE LA REGIÓN DE COQUIMBO, rol único tributario número 61.402.020-2, representada legalmente por don nombre reservado, Ingeniero Agrónomo, ignora cédula de identidad, ambos domiciliados en domicilio reservado, conforme a los hechos y derecho que expone.

Refiere que su representado ingresó Regularización o Saneamiento de un Inmueble de 3,23 hectáreas en el año 2017 al Ministerio de Bienes Nacionales, cuyo Expediente tienen el número 042SAC635041, solicitud que ingresó a través de la Empresa Contratista Sanea Chile durante el año 2017, durante estos años se procedió a dictar la denominada “Resolución A” con la cual se da inicio al procedimiento una vez que se han analizado el cumplimiento de entrega de toda la documentación correspondiente.

Posteriormente se procedió a confeccionar el plano respectivo y el Ministerio de Bienes Nacionales concurrió al sector a verificar la efectividad de la Posesión material del recurrente sobre el predio regularizado, la cual se verificó a su favor, procediéndose a dictar la denominada “Resolución B”, realizándose la primera publicación para que tengan lugar las oposiciones con fecha 15 de Noviembre del año 2019, transcurriendo todos los plazos legales que corresponden sin que se haya verificado la interposición de acciones, reclamos de terceros u oposiciones de terceros.

Por lo anterior, desde hace 3 años que el expediente de su representado aparece en sistema para la respectiva “Resolución C”. Esa es la nomenclatura que se da cuando el expediente está en estado para aprobarse y dicha Resolución es la que ordena al Conservador de Bienes Raíces respectivo inscribir el inmueble a favor del solicitante.

Sostiene al preguntar en atención de público se le informó que el expediente se encuentra para la dictación de Resolución C, por tanto, está todo en regla para su aprobación final, debido a que han transcurrido tres años desde que el expediente debió aprobarse, se han solicitado diversas reuniones con abogados y representantes del Ministerio, pero la información que el Ministerio de Bienes Nacionales ha entregado a su representado, ha cambiado con cada reunión, siendo dichos actos totalmente contrario a derecho, además de arbitrario e ilegal, generando una desigualdad notoria entre su representado y otros solicitantes que una vez cumplido los mismos trámites legales y plazos se procede a dictar Resolución C, y sólo ante Reclamos de terceros se procede a dar cumplimiento a las vías legales que corresponden.

Argumenta que el Art. 2 de la Ley 18.575, dispone “Los Órganos de la Administración del nombre reservado someterán su acción a la Constitución y las leyes. Deberán actuar dentro de su competencia y no tendrán más atribuciones que las que expresamente les haya conferido el ordenamiento jurídico. Todo abuso o exceso en el ejercicio de sus potestades dará lugar a las acciones o recursos correspondientes.” El Art 3, de la misma ley señala: “El nombre reservado debe observar los principios de Responsabilidad, eficiencia, eficacia, coordinación, impulsión del procedimiento, Transparencia, entre otros.” Además de que el nombre reservado debe dar cumplimiento a la función pública, los procedimientos administrativos deberán ser ágiles y expeditos, sin más formalidades que la que establezcan las leyes y los reglamentos.

Indica que se puede inferir de la dispuesto por la ley de bases del nombre reservado, que dicho Ministerio no actuado bajo los criterios de eficiencia ni eficacia, tampoco de transparencia, ni ha dado cumplimiento a impulsar dicha tramitación, sino todo lo contrario. Así en la última reunión, hace dos semanas, el abogado de dicho Ministerio informó la decisión de Bienes Nacionales de retrotraer el expediente a la Resolución B, para nuevamente otorgar plazos a terceros para su oposición, después de tres años de encontrarse el expediente en nombre reservado de ser aprobado, el Ministerio procederá a retrotraerlo de forma unilateral y nuevamente ordenar su publicación, además de ordenar notificar al presunto propietario como dispone el artículo 10 del DL 2695, ambos trámites ya efectuados durante el año 2019. Respecto a este trámite el Ministerio señala que si bien es cierto se efectuó, se habría efectuado erradamente al “Presunto Propietario Comunidad Agrícola de Huatulame” y no al “presunto Propietario Particular”, que es a nombre de quien figura el inmueble una vez segregado el terreno de la Comunidad Agrícola.

Al respecto manifiesta que la ley DL 2695 señala y dispone que se debe notificar al “Presunto Propietario y este es quien informe aparecer en Servicio de Impuestos Internos y por tanto dicho acto se cumplió a cabalidad en su momento, es absolutamente gravoso que a su representado se le impongan otras notificaciones o requerimientos mayores a los dispuestos por las normativas, lo cual vulnera el principio Constitucional establecido y dispuesto en el artículo 19 número 2 que es la Igualdad ante la Ley, dispone: “La Constitución asegura a todas las personas: 2° La Igualdad ante la Ley. En Chile no hay persona ni grupo privilegiados. En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley. Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias.

Sostiene que el Ministerio de Bienes Nacionales tanto con todo el tiempo de inacción, como con la presente decisión está actuando de forma totalmente arbitraria e ilegal generando en su representado una desigualdad ante la ley que difícilmente puede ser subsanada, más que con la dictación de Aprobación de su respectiva Regularización o Saneamiento el cual ingresó hace ya 5 años.

Agrega que el cumplimiento de plazos y trámites legal del procedimiento administrativo dispuesto en el DL 2695, genera un derecho que ingresa al patrimonio de su representado, esto es el derecho al reconocimiento de su posesión material y la inscripción de su trámite en el Conservador de Bienes Raíces respectivo. Además, hace presente que tanto el nuevo propietario como su representado son comuneros de la comunidad Agrícola El Potrero de Huatulame, y que el inmueble regularizado por su representado era parte del goce singular de su derecho como Comunero, el cual siempre ha estado en posesión material, pero que por error dicha Comunidad Agrícola segregó y entregó en papel la propiedad a otros dos comuneros.

Expone que su representado ha dado cumplimiento a todos y cada uno de los requisitos necesarios para su aprobación definitiva de su saneamiento, que entregó desde el inicio la información necesario, que es un poseedor de buena fe, cuyo posesión nunca ha perdido, cuya extensión de plazos, demoras, inacción y decisiones se enmarcan en actos y omisiones todos arbitrarios e ilegales, aumentando una carga legal que ha generado una desigualdad con otros saneamientos, lo que es subsanable sólo con la dictación de la Resolución por parte del Ministerio de Bines Nacionales que ordene y dé lugar a su regularización procediendo Inscribir el inmueble solicitado.

Concluye señalando que dichos actos y omisiones perturban, privan y amenazan el legítimo ejercicio de los derechos Constitucionales de su representado tanto dispuesto en el art. 19 número 2 Igualdad ante la Ley, como el dispuesto en el art. 19 número 24, esto es derecho de propiedad.

Finalmente pide que se ordene al Ministerio de Bienes Nacionales proceder a dictar Resolución definitiva dónde acoja y de lugar a dicha solicitud de saneamiento ordenando su respectiva inscripción en el Conservador de Bienes Raíces.

Acompaña: 1.- Plano de Regularización a nombre de don nombre reservado. 2.- Resolución “B” que ordena su publicación del año 2019.

2°) Que, comparece nombre reservado ALFONSO nombre reservado RANJEL, abogado, por la recurrida SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE BIENES NACIONALES DE LA REGIÓN DE COQUIMBO, quien presenta un informe señalando que con fecha 24 de abril del año 2017, don nombre reservado, C.I. Nº RUT reservado, presentó ante la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la región de Coquimbo, vía Empresa Contratista SaneaChile Ltda., R.U.T. RUT reservado, solicitud para acceder al trámite de regularización de la posesión de la pequeña propiedad raíz, del inmueble ubicado en domicilio reservado, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo y con una superficie aproximada de 6.000 mt2.

Indica que el inmueble materia de regularización se encuentra amparado por la inscripción de dominio de fojas 77 vuelta número 137 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Monte Patria correspondiente al año 2004, respecto al inmueble denominado Lote C, resultante de la subdivisión de un predio de superficie de 2904 hectáreas (segregación efectuada por Comunidad Agrícola El Potrero de Huatulame). El referido Lote C, de acuerdo con el plano agregado bajo el número 770 al final de Registro Propiedad del Conservador ya indicado del año 2003, tiene una superficie aproximada de 3,26 hectáreas. Según consta de la referida inscripción de dominio el inmueble se encuentra amparado por el Rol de Avalúo 295-77 de la comuna de Monte Patria, no obstante de acuerdo a información obtenida por medio de la página web del Servicio de Impuestos Internos este corresponde a una subdivisión de roles, por lo que no es posible obtener un certificado de avalúo fiscal, es por ello que para la postulación al proceso de saneamiento se acompañó el rol de avalúo 295-7 registrado a nombre de Comunidad Agrícola El Potrero de Huatulame. El lote C de propiedad de don nombre reservado, C.I. RUT reservado y de doña nombre reservado, C.I. RUT reservado, quienes adquirieron por tradición que les hizo la referida persona jurídica debidamente representada por don nombre reservado, C.I. RUT reservado, por escritura pública de fecha 27 de enero 2004 celebrada ante don nombre reservado, Notario Público de la Cuarta Notaría de Ovalle con asiento en Monte Patria.

Agrega que como medios verificadores de la posesión invocada, se pueden mencionar el certificado emitido por don nombre reservado en su calidad de presidente de Junta de Vecinos Nº 26 Huatulame, R.U.T. RUT reservado, comuna de Monte Patria, que reconoce al solicitante la calidad de poseedor regular del inmueble por más de 15 años; copia conforme con su original de escritura pública de fecha 02 de marzo de 1988, repertorio número 6, ante don nombre reservado, Notario Público de Ovalle, de cesión que le hizo a don nombre reservado doña nombre reservado de la totalidad de sus derechos en la Comunidad Agrícola El Potrero de Huatulame; copia simple de escritura pública de fecha 20 de enero de 1989, repertorio número 67 ante doña nombre reservado, Notario Público de Ovalle, Suplente del Titular don nombre reservado, de cesión que le hizo a don nombre reservado don nombre reservado de la totalidad de sus derechos en la Comunidad Agrícola El Potrero de Huatulame, así como se acompañó registro fotográfico que dan cuenta del ejercicio de hechos posesorios conforme a lo prescrito por el artículo 4° del Decreto Ley N°2695 en relación con el artículo 925 del Código Civil, toda vez que se aprecia que el inmueble se encuentra correctamente delimitado por una pirca, la existencia de una construcción de madera, limpias, y conservación del terreno.

Manifiesta que la Resolución Exenta Nº 1326 de fecha 24 de octubre de 2018 de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Coquimbo, resolvió aceptar la postulación presentada por don nombre reservado respecto al inmueble ya antes individualizado, ordenando iniciar los trámites y gestiones necesarias para darle curso progresivo al procedimiento solicitado. La indicada resolución fue notificada por Ordinario 2683 de fecha 07 de noviembre de 2018.

Luego, por ordinario Nº SE-04- 2783 de fecha 27 de noviembre de 2018, se procedió a oficiar al señor Director Regional del Servicio de Impuestos Internos para que, conforme lo establecido en el inciso primero del artículo 10º del D.L. Nº 2695 del año 1979, informe dentro del plazo de 15 días hábiles, a contar de la fecha de recepción de la petición, sobre antecedentes de inscripción de dominio, el nombre, domicilio y Rol Único Tributario de quien aparezca, según los antecedentes de que disponga ese Organismo, como posible propietario del inmueble ubicado en la localidad de Huatulame, comuna de Monte Patria, Provincia de Limarí, Rol de Avalúo Nº 295-7.

Sostiene que sin haber mediado respuesta por parte del Servicio de Impuestos Internos del requerimiento antes expuesto, o sin al menos constar en expediente o en sistema digital (Modelo de Gestión Territorial) de aquello, se procedió a notificar por Ordinario Nº SE 04 – 1334 de fecha 12 de junio de 2019 como presunto propietario a la Comunidad Agrícola El Potrero de Huatulame a oficinas de Correo de Chile de Ovalle de la solicitud de regularización presentada por don nombre reservado, informando que en el evento de existir disconformidad respecto a la mencionada solicitud, deberán realizar la correspondiente presentación fundada de oposición ante la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Coquimbo, ubicada en domicilio reservado. A su vez por Ordinario Nº SE 04 – 1335 de fecha 12 de junio de 2019 se notificó como presunto propietario a la misma Comunidad Agrícola El Potrero de Huatulame al domicilio de domicilio reservado, informando los mismos derechos antes expuestos.

Agrega que las notificaciones de presuntos propietarios se realizaron sabiendo a ciencia cierta que la titularidad de dominio no correspondía a la mencionada Comunidad Agrícola sino que de manera clara y evidente corresponde a don nombre reservado, C.I. RUT reservado y de doña nombre reservado, C.I. RUT reservado. Por lo demás, en el procedimiento no consta que se haya procedido a oficiar al Servicio de Registro Civil e Identificación como al Servicio Electoral, no existiendo en la ley opción alguna que se omita con dicha etapa procedimental.

Que con fecha 18 de octubre de 2019 por Resolución Exenta Nº 1436 de esta Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales se resolvió aceptar la solicitud de regularización y la misma dispuso efectuar las publicaciones legales en el Diario La Región, los días primero y quince del mes que corresponda o en la oportunidad que indica el Artículo 11º del D.L. 2695/79 y fijar carteles en las Oficinas del Conservador de Bienes Raíces de Monte Patria. Conforme a minuta de deslindes adjunta al expediente administrativo y plano Nº 04303-12635 SR, el inmueble se encuentra ubicado en el lugar denominado Ruta D-55 S/Nº, Huatulame, comuna de Monte Patria, provincia de Limarí, Región de Coquimbo, tiene una superficie aproximada de 3,12 hectáreas y cuentas con los siguientes deslindes especiales: NORESTE: nombre reservado en línea quebrada que une los puntos A y B, separado por pirca. SURESTE: Ruta D-55 de El Palqui a Combarbalá en línea sinuosa que une los puntos B y C. SUR: nombre reservado en línea recta que une los puntos C y D, separado por pirca. OESTE: Calle de Servicio en línea recta que une los puntos D y E; nombre reservado en línea quebrada que une los puntos E y F; nombre reservado en línea recta que une los puntos F y G; nombre reservado en línea recta que une los puntos G y H; nombre reservado en línea recta que une los puntos H e I; nombre reservado en línea recta que une los puntos I y J; nombre reservado en línea quebrada que une los puntos J y K; y Terrenos de Ferronor en línea sinuosa que une los puntos K y A, separado por cerco.

Refiere que con fechas 15 de noviembre y 01 de diciembre, ambas del año 2019, se efectuaron las publicaciones legales en el Diario La Región en conformidad a lo ordenado por Resolución Exenta Nº 1436 de esta Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales.

Conforme a certificado número 819441 del Servicio de Impuestos Internos emitido con fecha 29 de enero del año 2020, que reemplaza a certificado Nº 819437, al inmueble se le asignó el Rol de Avalúo 295-150 de la comuna de Monte Patria.

Se certificó que, el aviso que ha insertado, se publicó en el Diario La Región, los días 15 de Noviembre y 01 de Diciembre de 2019, habiendo transcurrido más de sesenta días hábiles desde la fecha de la última publicación, sin que se haya deducido oposición a la petición del Sr. nombre reservado, según Resolución de Publicación Nº 4136 de fecha 18.10.2019. Del mismo modo los carteles ordenados por el D.L. 2695/79, en su artículo 11°, se fijaron carteles durante 15 días hábiles en la Secretaría Regional Ministerial Región de Coquimbo, en la Oficina Provincial de Ovalle, en la llustre Municipalidad y el Conservador de Bienes Raíces respectivo.

Luego, por Ordinario Nº 43 de fecha 03 de julio de 2020 Empresa Contratista SaneaChile oficia a la Dirección Nacional de Fronteras y nombre reservado, requiriendo su pronunciamiento, de acuerdo al D.F.L. RR. EE. Nº 83 de 1979, respecto al expediente de saneamiento de título de dominio Nº 042SAC635041, del solicitante nombre reservado, inmueble ubicado en Ruta D-55 S/Nº, Huatulame, comuna de Monte Patria, de una superficie de 3,12 hectáreas, amparado por inscripción conservartoria de fojas 705 número 697 del año 1966. Cabe precisar que la indicada inscripción de dominio citada es errónea, toda vez que la que ampara al inmueble materia de regularización es aquella que rola a fojas 77 vuelta número 137 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Monte Patria correspondiente al año 2004.

Por Oficio Nº F- 813 de fecha 10 de julio de 2020 el señor Director Nacional de Fronteras y nombre reservado (S) don nombre reservado, da respuesta al requerimiento señalado en el numeral anterior, quien resolviendo en base a los antecedentes presentados por empresa contratista SaneaChile (se reitera mal que la inscripción conservatoria no correspondía) resolvió autorizar el saneamiento del título de dominio referido, en el sentido que el solicitante es chileno y que acreditarán su nacionalidad ante el Conservador de Bienes Raíces respectivo, por los medios que señala la ley.

Después, al ser presentados los antecedentes por la empresa contratista para la dictación de la resolución definitiva, es que quedan de manifiesto los evidentes vicios procedimentales cometidos durante toda la tramitación, en específico: 1) No oficiar al Servicio de Registro Civil e Identificación y al Servicio Electoral para que, dentro del plazo de 15 días hábiles contados desde la fecha de recepción de los mismos, informaran del último domicilio que registra en dichos organismos la persona que, según el Servicio de Impuestos Internos, aparece como supuesto propietario, o de su fallecimiento. 2) Proceder a notificar como presunto dueño a la Comunidad Agrícola El Potrero de Huatulame, siendo que de acuerdo a los antecedentes que obran en el expediente administrativo, dicha Comunidad transfirió el inmueble en donde se emplaza el saneamiento a nombre de los Sres. nombre reservado y nombre reservado." Por tales razones, es que mediante Resolución Exenta Nº 659 de fecha 17 de agosto de 2022 de esta Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Coquimbo resolvió revocar la Resolución Exenta Nº 1436 de fecha 18 de octubre de 2019, que ordena las publicaciones legales en expediente 042SAC635041, a nombre de don nombre reservado, C.I. Nº RUT reservado, a fin de efectuar una correcta aplicación de la normativa legal vigente, debiendo retrotraerse el proceso a la etapa correspondiente debiendo quedar en estado de proceder a oficiar a entidades externas y notificar a presuntos propietarios.

Por Ordinario Nº 2110 de fecha 19 de agosto de 2022 se remitió notificación a don nombre reservado adjuntando copia de Resolución Exenta a través de la cual este Ministerio resolvió Revocar Resolución Exenta Nº 1436 de fecha 18 de octubre de 2019, que ordena las publicaciones legales, y retrotraer el procedimiento administrativo a la etapa de oficios a entidades externas y notificación de presunto propietario. Además, se le informó que, en caso de disconformidad con lo resuelto, dispone de un plazo de 5 días hábiles contados desde la presente notificación para recurrir ante esta Secretaría Regional u Oficina Provincial de Bienes Nacionales de Ovalle. En subsidio, podrá interponer recurso jerárquico ante el nombre reservado Nacionales en contra de la Resolución Exenta que se le notifica, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59º de la Ley Nº 19.880, no habiéndose presentado hasta la fecha recurso alguno que discuta el fondo de la resolución notificada.

Con fecha 11/10/2022 Mediante Ord. N°2650 se oficia a Director Regional del Servicio Electoral Región de Coquimbo, para que en conformidad con lo establecido en el inciso segundo, artículo 10º del DL Nº 2695 del año 1979, informe a este Servicio, dentro del plazo de 15 días hábiles a contar de la fecha de recepción del oficio, según los antecedentes que obren en su base de datos, del último domicilio de las siguientes personas: a) nombre reservado, C.I. Nº RUT reservado; y, b) nombre reservado, C.I. Nº RUT reservado.

Con fecha 11/10/2022 Mediante Ord. N°2651 a Director Regional del Registro Civil e Identificación Región de Coquimbo, para que en conformidad con lo establecido en el inciso segundo, artículo 10º del DL Nº 2695 del año 1979, informe a este Servicio, dentro del plazo de 15 días hábiles a contar de la fecha de recepción del oficio, según los antecedentes que obren en su base de datos, del último domicilio de las siguientes personas: a) nombre reservado, C.I. Nº RUT reservado; y, b) nombre reservado, C.I. Nº RUT reservado.

Sostiene que transcurrido el plazo legal de 15 días hábiles otorgados por el decreto ley para que dichas entidades informen respecto del último domicilio de las personas antes individualizadas, se procederá a efectuar la notificación de presunto dueño y así dar curso progresivo al procedimiento.

Finalmente sostiene que de lo expuesto aparece que el recurso de protección de autos debe ser rechazado en todas sus partes, por cuanto el actuar de su representada no ha sido ni ilegal ni arbitrario. En efecto, si se hubiese continuado con la consecución del procedimiento de regularización hasta su término (tal como lo exige la actora), haciendo caso omiso a los vicios de los que adolecía, se habría producido una afectación al derecho fundamental de propiedad de los dueños del predio, por lo que ante esa inminente conculcación a derechos adquiridos, no debe sino que enmendarse los defectos procesales y retrotraer las actuaciones administrativas hasta el hito que permita encarrilar nuevamente el procedimiento por la vía de la legalidad, ya que una simple y mera expectativa de derechos (como la de la recurrente), no puede subyugar a los derechos propiamente tales.

Acompaña: Expediente 042SAC635041, de Regularización/Saneamiento. Decreto Ley Nº2695 3°) Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, jurídicamente constituye una acción de naturaleza cautelar, que tiene por objeto amparar a personas naturales o jurídicas en el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en la misma disposición, y que por actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufran privación, perturbación o amenaza de tales garantías, pretendiendo que mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto de tal naturaleza, se restablezca el imperio del derecho.

Que, de lo antes expresado, aparece como requisito indispensable para el ejercicio de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario, que afecte una o más de las garantías protegidas.

Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

4º) Que, de lo expuesto en el considerando precedente se desprende que los requisitos de procedencia de un recurso de protección- existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario, que afecte una o más de las garantías protegidas- son copulativos de tal manera que la ausencia de cualquiera de ellos hace inviable este arbitrio.

5°) Que, en cuanto a esta exigencia, solo cabe decir que no fue posible entenderla cumplida pues si bien el actor tiene derecho a un procedimiento racional y justo, lo cierto es que la petición de su libelo dice relación con un asunto de fondo, cual es obtener la regularización esperada, lo que se constituye en una mera expectativa, sin que sea ella un derecho indubitado que deba ser protegido por esta vía, desechándose, así, la eventual vulneración a su derecho de propiedad. Lo mismo acontece con la desatención alegada en torno a la garantía de igualdad ante la ley pues no hay mención alguna a una conducta distinta del servicio recurrido en similar escenario.

Estos motivos son suficientes para desechar este libelo, sin embargo y a mayor abundamiento, el servicio recurrido ha actuado en el marco de sus facultades y, en tiempo y forma, ha advertido un eventual vicio que irrogaría la nulidad del procedimiento cuyo resultado final es permitirla adquisición de la propiedad por vía de prescripción adquisitiva. En efecto, en tal sentido, ha detectado el defecto, lo ha corregido y ha resuelto conforme a derecho, sin que su actuación pueda ser considerada como arbitraria ni menos ilegal. Muy por el contrario, se ha apegado a la ley y otorgando debida fundamentación.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre tramitación del Recurso de Protección, se RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado VALDOVINOS JOFRÉ, abogada, en representación de don nombre reservado, y en contra de la SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE BIENES NACIONALES DE LA REGIÓN DE COQUIMBO.

Notifíquese, comuníquese y regístrese.

Rol N° 6104-2022.-