nombre reservado con INSPECCIÓN PROVINCIAL LA SERENA

nombre reservado, nombre reservado

Inspección Provincial de La Serena Recurso de Protección Rol N° 6071-2022.- La Serena, veintisiete de diciembre de dos mil veintidós.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, a folio 1, con fecha 30 de agosto de 2022, comparece nombre reservado, contador y nombre reservado, C.I. RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado y cuidad de Antofagasta y deduce recurso de protección en contra del INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO DE LA SERENA, RUT: RUT reservado, representada por nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, en la región de Coquimbo.

Funda el recurso en los siguientes antecedentes:

Dice que con ocasión de las labores que desempeña en su calidad de nombre reservado investido, por la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento asumió la liquidación voluntaria de empresa deudora “Servicio de Seguridad nombre reservado E.I.R.L”. Rol Único Tributario 76.906.537-7, lo anterior según consta por resolución de fecha 25 de noviembre del año 2021, en Causa Rol C-1898-2021, seguida ante el Primer Juzgado de Letras de La Serena.

Dice que el 08 de marzo de 2022 llegó a su oficina ubicada en Jorge Washington OF.42, edificio Panamá 2311, la resolución de multa N.º 6056/22/7 de fecha 11 de febrero de 2022, dicha multa aplicada por el hecho de no comparecer en calidad de “Empleador” a la audiencia de conciliación a realizarse con fecha 11 de febrero de 2022 a las 11:20 horas.

Frente a dicha resolución se interpuso una solicitud de reconsideración la cual fue entregada personalmente a la inspección Provincial del Trabajo con fecha 25 de mayo de 2022, mediante una carta simple, esto debido a que a través del portal habilitado para efectuar este tipo de reclamos no fue posible visualizar la multa.

Sin embargo, el reclamo presentado fue rechazado por parte de la Inspección Provincial del Trabajo, teniendo como fundamento dicho rechazo que la reconsideración no fue presentada dentro del plazo de 30 días hábiles desde la notificación de dicha multa. Rechazo notificado vía correo con fecha 03 de agosto de 2022.

Alega que la acción o más bien el conjunto de medidas tomada por la entidad recurrida, son absolutamente ilegales y arbitrarias.

Dice que no existe norma dentro de nuestro ordenamiento jurídico que haga responsable al nombre reservado por la multas cursadas por la Dirección del Trabajo.

Recuerda que dicha representación se asumió con ocasión a la Resolución de Liquidación y, a sus labores propias de nombre reservado.

Dice que si bien detenta la representación judicial y extra judicial de la empresa, no tiene la obligación legal de responder con su patrimonio propio por la multa impuestas por la Dirección del Trabajo. Por ende, se está haciendo responsable a la persona natural nombre reservado en calidad de “EMPLEADOR”, calidad que no detenta.

Alega una confusión jurídica, ya que el hecho de ser representante legal con ocasión de la resolución de liquidación no implica que responda con su patrimonio personal. Lo anterior toda vez que no existe título alguno para ser sujeto de cobro, al no tener la calidad de aval, fiador y codeudor solidario.

Define las medidas adoptadas por la emplazada como totalmente arbitrarias, toda vez que no existe razón jurídica para que a su persona se le aplique una multa sin tener la calidad de “EMPLEADOR”, imponiéndoseme dicha calidad por la entidad recurrida.

Invoca un atentado contra las garantías constitucionales señaladas en los artículos 19 Nº 2, 19 Nº 21 y 19 Nº 24 de la Constitución Política de la República.

En cuanto al primero de los derechos, alude a la “Resolución de multa Nº 1293/22/4” de fecha 29 de diciembre de 2021, Inspección Provincial de La Serena. Ya que en ella se señala que pese a la fecha 29 de diciembre de 2021, la empresa ya se encontraba sometida al procedimiento concursal de liquidación y en dicha resolución se señala como empleador de “GBT SECURITY EIRL”, Rol Único Tributario 76.906.537-7, con el domicilio domicilio reservado, señalando que su representante conforme al artículo 4 del Código del Trabajo es nombre reservado. Destaca que estamos hablando de la misma empresa sometida a procedimiento concursal de liquidación, lo cual consta en su Rol Único Tributario. Es decir, está aplicando un criterio totalmente distinto, al señalado en la multa Nº 6056/22/1 donde se multa directamente a la persona del Liquidador y no quién realmente corresponde cursar la multa, es decir, la empresa sometida a liquidación concursal, lo anterior sin mencionar que para el presente caso a quién realmente se señala como el empleador es a don nombre reservado, es decir a representante legal de la empresa antes de caer la respectiva empresa en liquidación, lo cual demuestra precisamente una manifiesta arbitrariedad y además discriminación carente de motivos legales o jurídicos por parte de la recurrida. Por ende, denota una clara transgresión a la norma constitucional, ya que está aplicando un criterio completamente distinto frente a las mismas circunstancias, por parte de la entidad se aplica una distinción razonable respecto de la misma situación.

Asimismo su derecho de propiedad se ve afectado, por cuanto se está cursando una multa siendo que el Liquidador no es el sujeto fiscalizado por la entidad respectiva. Es decir, se atenta de manera directa contra su patrimonio, toda vez que se le hace responsable de cubrir una suma de dinero.

Se refiere asimismo al derecho a la libertad económica, el que se ve afectado, pues en el caso concreto a través de la imposición de la multa, se afecta su actividad profesional liberal como nombre reservado, dependiente sólo a nivel de fiscalización por parte de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, siendo en todo lo demás autónomo del Estado y no remunerado salvo contra la realización de bienes dentro de un procedimiento concursal tal como se desprende de la ley 20.720, siempre por supuesto respetando la moral, orden público, la ley y las buenas costumbres. Es decir, se trata de un acto administrativo que obstaculiza el desarrollo y buen curso del procedimiento concursal y su curso progresivo destinado a ejercer libremente una actividad económica.

Solicitando finalmente se acoja el recurso, con costas, restableciendo el imperio del derecho, y resolviendo que se ordene a la recurrida, rectificar la multa Nº 6056/2022/7 de fecha 11 de febrero de 2022 aplicada en su contra o debiendo ser para éstos efectos respecto de “Servicio de Seguridad nombre reservado E.I.R.L”

Acompaña: a. Copia de resolución de Liquidación dictada con fecha 25 de noviembre del año 2021 en la causa rol C-1898-2021 seguida ante el Primer Juzgado de Letras de La Serena, publicada en boletín concursal con fecha 05 de Octubre de 2021; b. Copia de la resolución de multa cursada por la Inspección Provincial del Trabajo de La Serena N.º 6056/2022/7 de fecha 11 de febrero de 2022; c. Copia de la resolución de multa cursada por la Inspección Provincial del Trabajo de La Serena N.º 1293/22/4, y; d. Copia de resolución exenta Nº 173 de fecha 11 de julio de 2022.

SEGUNDO: Que, a folio 4, con fecha 13 de diciembre del año en curso, evacua informe la recurrida, solicitando el rechazo del recurso, en base a las siguientes consideraciones.

Precisa en primer lugar, que la resolución de multa se dictó en el marco del reclamo administrativo N° 0401.2022.55, ingresado con fecha 14 de enero de 2022.

Refiere que en dicha oportunidad la trabajadora nombre reservado interpuso un reclamo administrativo en relación al término de la relación laboral que se habría producido con fecha 25 de noviembre de 2021, respecto del vínculo que la unía con la empresa Servicios de Seguridad nombre reservado E.I.R.L., RUT N° RUT reservadoEn tal sentido, encontrándose esta empresa en liquidación concursal, en el ingreso del reclamo se consignó como empleador a don nombre reservado, RUT N° RUT reservado, nombre reservado.

En este orden de cosas, el Sr. nombre reservado fue citado a la audiencia de conciliación efectuada con fecha 11 de febrero de 2022, y al no comparecer, se cursó la sanción correspondiente. La multa fue notificada por carta certificada despachada al domicilio del empleador con fecha 08 de marzo de 2022.

Posteriormente, el 27 de mayo pasado, el liquidador sancionado presentó un recurso de reconsideración administrativa, el cual fue desestimado por extemporáneo mediante la Resolución Exenta N° 173 de 11 de julio de 2022, pronunciada por la Inspección Provincial del Trabajo de La Serena.

Alega que el recurso debe rechazarse por extemporáneo, ya que consta que el acto impugnado es la resolución de multa N° 6056/2022/7 de 11 de febrero de 2022, notificada con fecha 08 de marzo de 2022. Hace presente que el propio recurso pide que “se ordena a la recurrida rectificar la multa N° 6056.2022.7 de 11.02.2022”, lo que demuestra que al haber sido interpuesto el 18 de agosto de 2022, originalmente ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta, excede largamente el plazo de 30 días corridos desde el conocimiento que tuvo la recurrente del acto impugnado.

Hace presente que si bien el recurso de protección resulta oportuno si el plazo se computa desde la notificación de la Resolución Exenta N° 173 de 11 de julio, éste no constituye el acto impugnado. De hecho, en el libelo este acto sólo se menciona, sin que exista ninguna referencia a la eventual ilegalidad o arbitrariedad del mismo, por tanto tampoco corresponde que esta parte o la Corte deba entender que el recurso de protección se extiende a tal ámbito cuando la recurrente no lo ha señalado.

Luego se refiere a las acciones específicas en contra de las multas cursadas por la Dirección del Trabajo.

Hace presente que el ordenamiento jurídico reconoce expresamente acciones judiciales concretas, de lato conocimiento, que pueden ejercerse en contra de las sanciones cursadas por la Dirección del Trabajo.

Dice que el artículo 503 del Código del Trabajo regula la reclamación judicial de multas, dirigida directamente en contra de las sanciones y que debe presentarse ante el Juzgado de Letras del Trabajo competente dentro del plazo de 15 días hábiles contados desde la notificación de la multa. Dada la extensión de esta acción, el Tribunal competente podrá pronunciarse ampliamente sobre la sanción, sus fundamentos, el monto y cualquier otro elemento que resulte pertinente.

Asimismo, el artículo 512 del mismo cuerpo legal, reconoce otra acción, la reclamación judicial de las resoluciones que la Dirección del Trabajo emita conociendo los recursos administrativos deducidos en contra de las multas cursadas por el Servicio. Dicha acción también deberá interponerse en el plazo de 15 días hábiles contados desde la notificación de la resolución respectiva, ante el Juzgado de Letras del Trabajo competente, aunque la competencia de éste resultará más acotada por cuanto sólo podrá examinar la legalidad del acto administrativo emitido por la Dirección del Trabajo. Este procedimiento pudo ejercerse por la recurrente respecto de la resolución que declaró inadmisible su recurso de reconsideración.

Expone que la recurrente no ejerció ninguna de estas acciones, intentando sanear por la vía de un remedio extraordinario, el recurso de protección, el no ejercicio oportuno de las acciones judiciales específicas que la normativa reconoce ante las circunstancias que denuncia.

Enseguida, en cuanto al fondo del acto impugnado, solicita considerar que al momento de ingresar el reclamo administrativo, fue la propia trabajadora reclamante la que dio cuenta de la liquidación concursal de su empleador Servicios de Seguridad nombre reservado E.I.R.L., RUT N° RUT reservado, aportando información de contacto del nombre reservado. En el mismo sentido, y ante la situación de insolvencia y cierre de la empresa señalada, se consignó como empleador al liquidador, siendo citado personalmente a comparecer a la audiencia de conciliación de 11 de febrero de 2022, cursándose la correspondiente multa cuando éste no se presentó a la citación.

Afirma que no existe error de hecho en la individualización de la empresa, especialmente si se considera que se consignó como contraparte del reclamo administrativo a la única persona con facultades legales para representar a la empresa en insolvencia, el nombre reservado Sr. nombre reservado. El Sr. nombre reservado cometió, de forma personalísima, la infracción de no concurrir a la audiencia de febrero de este año, instancia en la que pudo haber aclarado personalmente la naturaleza de su vínculo con Servicios de Seguridad nombre reservado E.I.R.L.

En cuanto a la procedencia del recurso de protección, expresa que la actuación de la Dirección del Trabajo al ingresar un reclamo administrativo en contra del nombre reservado y de sancionarlo luego ante su incomparecencia personal, no constituye ilegalidad alguna, ajustándose en definitiva a las atribuciones legales que permiten a este Servicio conciliar en el marco del término de las relaciones laborales.

Asimismo, las actuaciones de la Inspección Provincial del Trabajo de La Serena tampoco son arbitrarias, ya que la determinación de citar al nombre reservado y de sancionarlo de forma personal por no presentarse a la audiencia referida, resultan completamente fundadas en los términos ya expresados.

La Dirección del Trabajo no ha conculcado el ejercicio de garantías constitucionales.

Este Servicio no ha vulnerado ninguna de las garantías constitucionales señaladas. En efecto, respecto de la igualdad ante la ley, se menciona otra sanción cursada por la Inspección Provincial del Trabajo de La Serena que habría sido aplicada directamente en contra de la empresa de seguridad señalada, sin embargo el recurrente no se hace cargo de las circunstancias que justifican que en el caso sub-lite se hubiera sancionado a su persona: se trata de un reclamo administrativo, por término de la relación laboral, respecto del cual fue la propia trabajadora reclamante la que identificó al nombre reservado como empleador y luego éste, personalmente, no concurrió a la citación a la audiencia de conciliación.

En cuanto al derecho a la libre actividad económica, la circunstancia de que el liquidador ejerza una actividad económica lícita no conllevará que no pueda ser sancionado por los incumplimientos normativos que cometa, tal como ha sucedido en el caso analizado. La garantía del artículo 19 N° 21 de la Constitución, incluso ante oficios tan específicos como el de nombre reservado, no impide sancionar aquellas contravenciones que se cometan y que impliquen la responsabilidad personal, tal como se ha descrito anteriormente.

Finalmente, respecto del derecho de propiedad, señala que las consecuencias económicas del incumplimiento de la normativa laboral no constituyen una vulneración a dicha garantía, toda vez que el pago de las sanciones es la consecuencia final del incumplimiento a la normativa vigente. El incumplimiento del nombre reservado por no comparecer ha sido personal, y en tal sentido su patrimonio necesariamente resultará afectado por su actuar.

Finalmente solicita rechazarlo en todas sus partes, con expresa condena costas.

Acompaña expediente íntegro del reclamo administrativo N° 0401.2022.55.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, en lo que se refiere a la alegación de extemporaneidad, cabe señalar que del propio tenor del recurso se desprende que la recurrente, de acuerdo con sus propios dichos, tomó conocimiento del acto que motiva la interposición de la acción constitucional el día 08 de marzo de 2022, oportunidad en que llegó a la oficina del recurrente, ubicada en Jorge Washington Oficina N°42, Edificio Panamá N°2311, la resolución de multa Nº6056/22/7, razón por la cual, a la fecha de interposición del presente recurso, esto es, el 30 de agosto del presente año, el plazo de 30 días corridos que indica el numeral 1° del Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema que rige la materia, se encontraba vencido, con creces, por lo que el recurso será rechazado por extemporáneo.

SEXTO: Que, sin perjuicio de lo razonado precedentemente, cuyo solo mérito bastaría para desestimar la acción constitucional que se analiza, y a fin de agotar el examen del recurso deducido en estos antecedentes, en cuanto al fondo, cabe además consignar que, tal como se ha indicado en los motivos anteriores, el acto arbitrario que se imputa a la recurrida habría consistido en haber aplicado una sanción de multa por no haber comparecido a la audiencia de conciliación de fecha 11 de febrero de 2022, por lo que puede inferirse de ello que resulta a lo menos temerario afirmar que dicho acto, sin entrar a analizar su ilegalidad o arbitrariedad, pudiese significar algún tipo de amenaza, perturbación o atentado a las garantías constitucionales que estima vulneradas la recurrente.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, se RECHAZA, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado en contra de la INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO DE LA SERENA, sin costas, por estimar que tuvo motivo plausible para accionar.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°6071-2022 Protección.-