nombre reservado con ASOCIACIÓN GREMIAL COQUIMBO 013-4

nombre reservado y otros Asociación Gremial Lisanco 013-4 y otros Recurso de Protección Rol 606-2020.- La Serena, veintitrés de julio de dos mil veinte.-.

VISTO Y CONSIDERANDO:

1° Que, comparece nombre reservado, Senador de la República, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, El Sindicato inter empresa Lisanco N°2, representado por nombre reservado y el sindicato de Conductores Aseadores y Otros Lincosur N°3, representado por nombre reservado, todos con domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana, quien deduce acción de protección en contra de la Intendencia de la Región de Coquimbo, representada por nombre reservado; la Secretaría Regional Ministerial de Salud Coquimbo, representada por nombre reservado; el Jefe de Zona de la Región de Coquimbo, nombre reservado; la Asociación Gremial Lincosur Nº 0401, Rut RUT reservado, representante legal don nombre reservado, y la Asociación Gremial Lisanco Nº 013-4, Rut: RUT reservado, representante legal don nombre reservado, en favor 16 personas que individualiza en el recurso y cuya identidad pide que se reserve, dirigentes de las empresas señaladas y en favor de todos los conductores de empresa de transporte público de la Región de Coquimbo y sus familiares, por atentar en contra de los derechos garantizados en el artículo 19 N° 1 y 2 de la Constitución Política de la República.

Primeramente, se refiere a la crisis sanitaria mundial por la pandemia de Coronavirus e indica que las empresas recurridas son dueñas aproximadamente de 500 buses o máquinas y en ellas laboran cerca de 800 conductores, que hoy ven mermados sus ingresos y también ven con temor un posible contagio. Destaca que se ha solicitado a distintas entidades públicas, en especial a la Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, sanitizar las maquinas, recibiendo a la fecha sólo algunos bidones con cloro por intermedio de la SEREMITT de la Región. Agrega que nada han hecho las autoridades del transporte por la situación de precariedad laboral de los conductores.

Afirma que no se cumple con la normativa de sanitización como corresponde, pues los trabajadores han denunciado que están sanitizando sólo las pisaderas de los microbuses y que además no se les ha provisto de mascarillas ni guantes en algunas líneas. Expone que entre ellos se encuentran personas con problemas de salud, como diabetes e hipertensión y adultos mayores, quienes requieren de medidas eficaces, a efectos de resguardar su indemnidad, tales como overoles plásticos, mascarillas de respiración, guantes, máscaras de mica, y una correcta y completa sanitización de los microbuses.

Sostiene que las empresas recurridas debieron haber otorgado medidas preventivas e inclusive haber paralizado su funcionamiento y añade que el Intendente, el Jefe de la Defensa Nacional, o los respectivos SEREMI de Salud o Transportes y Telecomunicaciones, no han ordenado el cumplimiento de ninguna medida preventiva para el transporte público, ni su fiscalización, pese a ser un sector crucial de contagio. Invoca como garantías vulneradas el derecho a la vida e integridad física, junto con el derecho a igualdad ante la ley de los trabajadores y alude al artículo 184 bis del Código del Trabajo, afirmando que las empresas no han tomado las medidas necesarias y que no ha existido fiscalización suficiente por parte de la Seremi de Transportes y la Inspección del Trabajo. Afirma que las omisiones denunciadas tiene el carácter de ilegales y arbitrarias.

Pide se restablezca el imperio del derecho ordenando que las empresas recurridas entreguen a todos los choferes, en cantidades suficientes, mascarillas, guantes plásticos, máscaras de mica, overoles y alcohol gel suficiente para prevenir el contagio por manejo de monedas y billetes como medida de prevención del coronavirus; que dispongan de todas las medidas de seguridad e higiene que permitan el aislamiento absoluto de los conductores respecto a los pasajeros, esto, creando una separación dentro de los buses por medio de algún plástico transparente o tela especial; igualmente pide que el Intendente, el Jefe de la Defensa Nacional y la SEREMI de Salud, todos de la Región de Coquimbo, ordenen la entrega de los implementos de protección ya referidos a las empresas recurridas, y en caso de que estas manifiesten la carencia de recursos para adquirirlos, sean estas autoridades, coordinadamente, las que provean de los mismos; asimismo pide que el Jefe de la Defensa Nacional, y la SEREMI de Salud de la misma Región, apliquen efectivamente el Plan de Sanitización Química de manera adecuada y completa, no sólo en las partes exteriores de los vehículos de transporte público y que las mismas autoridades fiscalicen el cumplimiento de las medidas, junto con cualquier otra medida que se estime pertinente.

2° Que, evacuando informe con fecha 06 de mayo de 2020, comparece nombre reservado, Jefe de la Defensa Nacional de la Región de Coquimbo, alega la improcedencia del recurso atendido que las pretensiones del recurrente exceden el ámbito de acción del recurso de protección, no siendo la vía para pedir la adopción de determinadas medidas propias de políticas públicas, citando jurisprudencia en las cuales se declararon inadmisibles recursos por tales fundamentos.

Señala que no es posible afirmar por el recurrente la existencia de un derecho indiscutido y preexistente. Añade que la forma en que el recurrente plantea su acción se asemeja a una acción popular, característica que le es ajena, debiendo ser interpuesta en pos de personas específicas y determinadas. Se refiere a la necesidad de un control deferente en la gestión de la crisis sanitaria, siendo las medidas altamente dinámicas, basadas en datos recopilados diariamente y con evaluaciones epidemiológicas constantes, tratándose así de un escenario dinámico, multivariable y dependiente del análisis epidemiológico diario.

Añade que los hechos señalados por el recurrente son constitutivos de vulneración de derechos fundamentales de los trabajadores, al interior de una relación laboral, por lo cual deben ser conocidos por el Juez de Letras del Trabajo competente, para lo cual existe un procedimiento especial regulado en los artículo 486 y siguientes del Código del Trabajo.

Sostiene la inexistencia de una omisión arbitraria e ilegal, no existiendo una afectación a los derechos invocados, toda vez que ha sujetado su actuación a las normas constitucionales y legales que regulan sus potestades en estado de excepción constitucional de catástrofe y se han adoptado medidas que tienen por objeto controlar la propagación del COVID-19, protegiendo la vida y salud de la población de la mejor manera posible, según los protocolos establecidos al efecto.

Se refiere al marco jurídico aplicable, aludiendo al Decreto Supremo N° 104 de 2020 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, a los artículos 41 y 43 de la Constitución Política, a la Ley N° 18.415 en su artículo 7 y sostiene que ha actuado permanentemente acorde a sus facultades constitucionales y legales, añadiendo que dentro de sus competencias adoptó y/o cumplió, previas instrucciones y directrices expresas del Ministerio de Salud o Secretaria Regional Ministerial de Salud de Coquimbo, diversas medidas con miras a dar protección sanitaria a la población.

Expone sobre las medidas adoptadas, entre ellas destaca Resolución N° 2 de 20 de marzo de 2020 que dispone la instalación de aduana sanitaria terrestre en el ingreso a la Región de Coquimbo; Resolución N°3 de misma fecha que ordena el cierre de cines, teatros, pubs, discoteques, gimnasios, entre otras; Resolución N°4 de 22 de marzo de 2020 complementada por Resolución N° 6 de 23 de marzo de 2020, referido al toque de queda sanitario; Resolución N° 18 de 17 de abril de 2020 que dispuso, entre otros medidas, que todas las personas que utilicen el transporte público o el transporte privado sujeto a pago, deberán usar mascarilla, medidas que alcanzan a los que operan dichos medios de transporte y las que trabajan en ellos, medidas que, señala, tienen como propósito dar protección sanitaria a la población, siguiendo los lineamientos técnicos de los organismos sectoriales de salud, Ministerio de Salud y Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de Coquimbo, dando protección a la garantía del derecho a la vida e integridad física, sin que se verifique actuación ilegal ni arbitraria, considerando que de manera alguna se han afectado los derechos y garantías que el recurrente estima vulnerados.

Pide el rechazo de la acción de protección en su totalidad. Acompaña copia de todas las resoluciones que han emanado de dicho mando y que se detallan en el punto quinto de su informe.

3° Que, al evacuar el informe respectivo la Intendencia Regional de Coquimbo, quien sostiene el rechazo del recurso intentado por los siguientes fundamentos.

Expone en primer lugar la improcedencia de la acción constitucional de autos, por no ser esta la vía idónea para pedir la adopción de determinadas medidas propias de políticas públicas. Agrega que igualmente es improcedente la acción de marras por no ser la acción de protección de derechos constitucionales una acción popular.

Afirma por otro lado, que no concurre una conducta, por acción u omisión, ilegal o arbitraria por parte de la Intendencia Regional de Coquimbo.

Relata, a través de una indicación precisa y detallada de todas las medidas sanitarias adoptadas desde febrero de los corrientes hasta la fecha del informe, que demuestran que se han adoptado por la autoridad pública, en el ámbito propia de su competencia, las medidas que se han estimado necesarias y aptas para evitar y mantener bajo control la propagación en el territorio nacional de la pandemia por COVID-19, y por cierto, el adecuado funcionamiento del transporte público a nivel país y regional, las cuales, han sido debidamente implementadas y fiscalizadas por los organismos técnicos respectivos, no existiendo en consecuencia ninguna conducta, por acción u omisión, ilegal o arbitraria, imputable a la Intendencia Regional de Coquimbo que, prive perturbe o amenace los derechos constitucionales de los recurrentes.

Acompaña a su informe: a) Resolución Exenta N° 349, de 17 de marzo de 2020, de esta Intendencia Regional de Coquimbo, que declaró nombre reservado por evento de pandemia para la región de Coquimbo y b) Resolución Exenta Nº 282, de 16 de abril de 2020, del Ministerio de Salud, que dispone el uso obligatorio de mascarillas en lugares y circunstancias que indica.

4° Que, luego evacua informe el Ministerio de Salud, quien sostiene que el recurso de protección no es un medio idóneo para solicitar lo que se reclama en autos y que el recurrente intenta traspasar a los Tribunales una decisión que corresponde a quienes ejercen la Administración y tienen bajo su responsabilidad diversas políticas públicas vinculadas con la salud de la población, citando abundante jurisprudencia en tal sentido. Refiere que en la especie, los hechos descritos y las peticiones que se formulan, exceden las materias que deben ser conocidas por el presente recurso atendida su naturaleza cautelar.

Sostiene que no existe acto u omisión de los servicios públicos recurridos, cuyos efectos pudieran manifestarse en una vulneración al derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de los recurridos, ni menos una vulneración al derecho a igualdad ante la ley y que cosa distinta es alegar una omisión de cumplimiento de las normas de sanidad por parte de las empresas de transporte recurridas, indicando que la autoridad sanitaria ha reaccionado, a fin de proteger los derechos de la población y de los trabajadores de la salud.

Alude a una serie medidas adoptadas por la autoridad sanitaria, entre ellas destaca “26) Resolución Exenta N° 282, de 16.03.2020, del Ministerio de Salud, desde el 17 de abril se dispone el uso obligatorio de mascarillas en lugares y circunstancias tales que reúnan 10 o más personas en un mismo espacio, incluyendo establecimientos comerciales de libre acceso al público y de salud tanto públicos como privados; espacios cerrados en que se fabriquen, procesen, depositen o manipulen productos, medicamentos y alimentos; lugares cerrados de trabajo y residencias de adultos mayores entre otros”

Y particularmente en la Región de Coquimbo ilustra las medidas adoptadas, entre ellas: a) Resolución Exenta Nº 244, de 06 de abril de 2020 de la Subsecretaría de Salud Pública, del Ministerio de Salud, dispone que todas las personas que utilicen el transporte público o el transporte privado a pago deban utilizar mascarillas. Esta medida alcanza también a aquellos que operan los diversos vehículos objetos de esta disposición, así como aquellas personas que trabajan en ellos; b) Resolución Exenta Nº 282, de 16 de abril de 2020 del Ministerio de Salud, dispone que todas las personas que utilicen el transporte público o el transporte privado a pago deban utilizar mascarillas. Asimismo, quienes utilicen los ascensores o funiculares deberán ocupar mascarillas, independiente del carácter público o privado de estos y de la cantidad de personas que los estén utilizando. Esta medida alcanza también a aquellos que operan los diversos medios de transportes objetos de esta disposición, así como aquellas personas que trabajan en ellos.

Sostiene se ha instruido que se tomen todas las medidas para prevenir el contagio de los conductores y de los usuarios, y asimismo se ha fiscalizado el cumplimiento de estas instrucciones, por ello, no existe ninguna acción u omisión que pueda ser calificada de arbitraria o ilegal por parte de la autoridad sanitaria.

En relación a las garantías que se alegan vulneradas, afirma que se han tomado todos los resguardos para que tanto los conductores del transporte público como los usuarios no se vean afectados por la pandemia, desplegando las acciones pertinentes para garantizar y prevenir la integridad física y/o psíquica de las personas, agregando que no es efectivo un atentado al artículo 19 N° 2 de la Constitución, pues las medidas adoptadas resguardan suficientemente la garantía que se alega infringida. Finalmente indica que no es la autoridad sanitaria u otra repartición pública la llamada a dar cumplimiento al artículo 184 bis del Código del Trabajo, en términos que es cada empresa de transporte quien debe proveer a sus trabajadores las medidas de seguridad instruidas, correspondiéndole a su repartición la fiscalización, obligación que ha llevado a cabo íntegramente.

Pide se decrete el íntegro y total rechazo del recurso.

Acompaña al informe una serie de resoluciones y ordinarios que han sido dictados desde que se decretó el estado de emergencia sanitario, las cuales se detallan en el primer otrosí del informe.

5° Que, debidamente apercibidos según resolución que consta a folio 25, se prescinde de los informes solicitados a los recurridos Asociación Gremial Lincosur N°0401 y a la Asociación Gremial Lisanco N°013-4, ordenando traer los autos en relación.

6° Que, el artículo 20 de la Constitución Política concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad significa carencia de razonabilidad en el actuar u omitir.

7° Que, sea que se denomine recurso o acción el arbitrio intentado, cabe tener presente que es “un proceso de protección de derechos fundamentales, o bien, un proceso sumario especial, que permite dar efectividad urgente, aunque con un carácter provisional, a los derechos fundamentales” (Bordalí Salamanca, Andrés. El Proceso de Protección; Revista de Derecho (Valdivia), dic. 1999, vol.10, no.1, p.43-58.), o sea, un procedimiento de urgencia destinado a restablecer el imperio del derecho.

8° Que, la alegación planteada en estrado por la letrada que concurrió en cuanto a que debe rechazarse este recurso por desprenderse, de su formulación, que se trata de una acción popular cabe tener en consideración que si bien se comparte lo manifestado por nuestro máximo tribunal sobre el punto en tanto que “No es posible dar al recurso de protección el significado de una acción popular en beneficio de personas o entes indeterminados, pues el arbitrio está destinado a proteger lesionados específicos y concretos, lo que descarta la posibilidad de que alguien pueda accionar en nombre de un sector de la sociedad o en nombre de miles de personas supuestamente afectadas pues ni las unas ni las otras son titulares de la acción y, en consecuencia, no es concebible que una persona pueda ocurrir en su nombre” (Excma. Corte Suprema, 15 enero 2001, R.D.J., t. 98, sec. 7a., pág. 48), no es menos cierto que en este caso aquello no sucede pues el recurso se plantea en favor de personas determinadas e individualizadas en el respectivo líbelo, de tal manera que esta alegación será desechada.

9° Que, de lo expuesto en el líbelo recursivo, se colige que lo reclamado radica en que ante la emergencia sanitaria generada atendida la pandemia virus COVID-19, las recurridas habrían adoptado un rol inactivo, cuestión que importaría una conducta omisiva que de forma ilegal y arbitraria, atentaría en contra de la vida, integridad y protección de la salud de los conductores de transporte público de la Región, en los términos expuestos por el recurrente, pretendiéndose que mediante esta vía cautelar, se adopten medidas tales como que se entregue a los choferes implementos como medida de prevención, que las empresas recurridas dispongan de todas las medidas de seguridad e higiene que permitan el aislamiento absoluto de los conductores respecto a los pasajeros, y se aplique efectivamente el “Plan de Sanitización Química” de manera adecuada y completa, no sólo en las partes exteriores de los vehículos de transporte público y que las mismas autoridades fiscalicen el cumplimiento de las medidas, a fin que todo lo anterior contribuya a evitar o disminuir la propagación de contagios de la enfermedad.

10° Que, a fin de resolver la discusión de marras, útil resulta traer a colación que mediante Decreto N° 104 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, de dieciocho de marzo recién pasado, se declaró estado constitucional de excepción de catástrofe por calamidad pública en el territorio chileno por un plazo de 90 días desde la publicación del presente decreto en el Diario Oficial, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 8º de la ley N° 18.415, designándose como Jefe de la Defensa Nacional en la región de Coquimbo a don nombre reservado, General de Brigada del Ejército.

A su vez, en los artículos 3 y 4 del Decreto aludido, se indican entre las funciones de tal cargo las de: Asumir el mando de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública que se encuentren en la zona declarada en estado de catástrofe, para los efectos de velar por el orden público y de reparar o precaver el daño o peligro para la seguridad nacional que haya dado origen a dicho estado, debiendo observar las facultades administrativas de las autoridades institucionales colocadas bajo su jurisdicción, dictar las directrices e instrucciones necesarias para el mantenimiento del orden en la zona, las demás que le otorguen las leyes en su calidad de tal y, se menciona además, que en virtud del principio de coordinación, los Jefes de la Defensa Nacional deberán tomar en consideración las medidas sanitarias dispuestas para evitar la propagación del COVID-19, en actos administrativos dictados por el Ministro de Salud, en el ejercicio de las facultades previstas en el artículo precedente.

11° Que, de lo anterior, se desprende que las medidas pretendidas por el recurrente si bien se condicen armónicamente con las disposiciones normativas atingentes, que ante la actual situación sanitaria dan cuenta que la orgánica pertinente evidencia que las decisiones de salubridad pública obedecen a un procedimiento basado en consideraciones técnico científicas, guiadas, asumidas y ejecutadas por la autoridad pertinente, conforme los protocolos y sistemas de actuación propios de las políticas públicas que se asumen ante la actual contingencia, éstas han sido debidamente adoptadas, no habiéndose aportado por el recurrente antecedentes que hagan suponer una omisión que vulnere las garantías constitucionales aludidas, por lo que forzoso resulta desestimar la acción pretendida.

Asimismo, tampoco resulta sostenible el arbitrio intentado, desde que del mérito de los informes y antecedentes de autos, se advierte que ante la situación sanitaria actual, se han adoptado medidas protectoras y/o de resguardo, de lo cual se evidencia, que las recurridas han asumido una actitud activa mediante las acciones que hasta el momento ha estimado conformes, a velar por la salubridad pública, de tal manera que nada justifica, en estos momentos, intervenir por esta vía en el proceder de las autoridades recurridas.

Por último, lo que solicita el recurrente es, en definitiva, que esta Corte a través de su decisión se inmiscuya en facultades propias de la autoridad administrativa algo cuestionable y sin justificación, en este caso y por ahora, toda vez que dicen relación con la adopción de políticas públicas para enfrentar la contingencia sanitaria, materias propias de la Administración, excediendo los fines propios de esta excepcional acción cautelar.

12° Que, atendido lo anterior, en cuanto a que no existe un acto ilegal o arbitrario por parte de las recurridas la presente acción constitucional será desestimada, siendo innecesario verificar la existencia de privación, perturbación o amenaza de los derechos y garantías fundamentales que el recurrente detalla en su líbelo.

Y visto, además, lo establecido en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA, con costas, la acción constitucional de protección presentada en contra de la Intendencia de la Región de Coquimbo, la Secretaría Regional Ministerial de Salud Coquimbo, el Jefe de Zona de la Región de Coquimbo, nombre reservado; la Asociación Gremial Lincosur Nº 0401, y la Asociación Gremial Lisanco Nº 013-4.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad, archívese.

Redacción del Ministro señor Le-Cerf Raby.-.

Rol Corte N° 606-2020.-. Protección.-.

Pronunciado por la Segunda Sala de esta Corte de Apelaciones, integrada por los Ministros titulares señora nombre reservado, señor nombre reservado Le-Cerf Raby y señora nombre reservado.

En La Serena, a veintitrés de julio de dos mil veinte, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.