nombre reservado con INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO DE LA SERENA

nombre reservado

Inspección Provincial del Trabajo de La Serena Recurso de Protección Rol N°6045-2022.- La Serena, veintinueve de septiembre de dos mil veintidós.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

1°) Que comparece nombre reservado, contador y nombre reservado, C.I.: RUT reservado, domiciliado para todos los efectos en domicilio reservado y cuidad de Antofagasta, quien interpone acción constitucional de protección de garantías constitucionales en contra de la INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO DE LA SERENA, RUT: RUT reservado, representada por nombre reservado, ambos con domicilio para éstos efectos en MANUEL A. MATTA N.º 461, OFICINA N.º. 200, en la región de Coquimbo.

Expone que con ocasión de las labores que desempeña en su calidad de nombre reservado, investido por la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, asumió la liquidación voluntaria de empresa deudora “Servicio de Seguridad Sergio Eduardo Galleguillos Venegas E.I.R.L”. Rol Único Tributario 76.906.537-7, según consta por resolución de fecha 25 de noviembre del año 2021, en Causa Rol C-1898-2021, seguida ante el Primer Juzgado de Letras de La Serena.

Agrega que con fecha 08 de marzo de 2022 llegó a su oficina ubicada en Jorge Washington OF.42, edificio Panamá 2311, la resolución de multa N.º 6056/22/7 de fecha 11 de febrero de 2022, aplicada por el hecho de no comparecer en calidad de “Empleador” a la audiencia de conciliación a realizarse con fecha 11 de febrero de 2022 a las 11:20 horas.

Explica que frente a dicha resolución interpuso una solicitud de reconsideración la cual fue entregada personalmente a la Inspección Provincial del Trabajo con fecha 25 de mayo de 2022, mediante una carta simple, debido a que a través del portal habilitado para efectuar este tipo de reclamos no fue posible visualizar la multa.

Sin embargo, el reclamo presentado por su parte fue rechazado por la Inspección Provincial del Trabajo, teniendo como fundamento de rechazo que la reconsideración no fue presentada dentro del plazo de 30 días hábiles desde la notificación de dicha multa. El rechazo fue notificado vía correo con fecha 03 de agosto de 2022.

Afirma que el conjunto de medidas tomada por la entidad recurrida, son absolutamente ilegales y arbitrarias, toda vez que no existe norma dentro de nuestro ordenamiento jurídico que haga responsable al nombre reservado por las multas cursadas por la Dirección del Trabajo. Más aún, cabe recordar que dicha representación se asumió con ocasión a la Resolución de Liquidación y, a sus labores propias de nombre reservado. Vale decir, si bien detenta la representación judicial y extrajudicial de la empresa, no tiene la obligación legal de responder con su patrimonio propio por la multa impuestas por la Dirección del Trabajo. Por ende, se está haciendo responsable a la persona natural nombre reservado en calidad de “EMPLEADOR”, calidad que no detenta. Por ende, estamos frente a una confusión jurídica, ya que el hecho de ser representante legal con ocasión a la resolución de liquidación no implica que respondo con mi patrimonio personal. Lo anterior Toda vez que no existe título alguno para ser sujeto de cobro, al no tener la calidad de aval, fiador y codeudor solidario. Por ende, es un error manifiesto sostener que el Liquidador deba responder con su patrimonio personal, ya que tal como antes señalado no existe norma jurídica alguna que vincule el patrimonio de este con el de la empresa en liquidación en tal calidad, y por consiguiente el único patrimonio que debiese verse afectado es el de la empresa en liquidación más no el de la persona natural.

Además, invoca el atentado contra las garantías constitucionales señaladas en los artículos 19 N.º 2, 19 N.º 21 y 19 N.º 24 de la Constitución Política de la República.

Finalmente pide acoger la acción, ordenando como medidas para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, que: se ordene a la recurrida, rectificar la multa N.º 6056/2022/7 de fecha 11 de febrero de 2022 aplicada en contra de mi persona o debiendo ser para estos efectos respecto de “Servicio de Seguridad Sergio Eduardo Galleguillos Venegas E.I.R.L”; y se condene en costas a la recurrida.

Acompaña: Copia de resolución de Liquidación dictada con fecha 25 de noviembre del año 2021 en la causa rol C-1898-2021 seguida ante el Primer Juzgado de Letras de La Serena, publicada en boletín concursal con fecha 05 de octubre de 2021.

Copia de la resolución de multa cursada por la Inspección Provincial del Trabajo de La Serena N.º 6056/2022/7 de fecha 11 de febrero de 2022. Copia de la resolución de multa cursada por la Inspección Provincial del Trabajo de La Serena N.º 1293/22/4. Copia de resolución exenta N.º 173 de fecha 11 de julio de 2022.

2°) Que, comparece nombre reservado, RUT N° RUT reservado, funcionaria pública, Inspectora Provincial del Trabajo de La Serena, domiciliada en domicilio reservado, informando que la resolución de multa se dictó en el marco del reclamo administrativo N° 0401.2022.55, ingresado con fecha 14.01.2022.

En efecto, en dicha oportunidad la trabajadora Sra. nombre reservado interpuso un reclamo administrativo en relación con el término de la relación laboral que se habría producido con fecha 25.11.2021, respecto del vínculo que la unía con la empresa Servicios de Seguridad Sergio Eduardo Galleguillos E.I.R.L., RUT N° RUT reservadoEn tal sentido, encontrándose esta empresa en liquidación concursal, en el ingreso del reclamo se consignó como empleador a don nombre reservado, RUT N° RUT reservado, nombre reservado.

En este orden de cosas, el Sr. nombre reservado fue citado a la audiencia de conciliación efectuada con fecha 11.02.2022, y al no comparecer, se cursó la sanción correspondiente. La multa fue notificada por carta certificada despachada al domicilio domicilio reservado.

Posteriormente, con fecha 27.05.2022 el liquidador sancionado presentó un recurso de reconsideración administrativa, el cual fue desestimado por extemporáneo mediante la Resolución Exenta N° 173 de 11.07.2022 pronunciada por la Inspección Provincial del Trabajo de La Serena.

Como cuestión previa sostiene que, del tenor del libelo consta que el acto impugnado es la resolución de multa N° 6056/2022/7 de 11.02.2022, notificada con fecha 08.03.2022. En efecto, la petición concreta del recurso señala “se ordena a la recurrida rectificar la multa N° 6056.2022.7 de 11.02.2022”.

Así las cosas, el presente recurso ha sido interpuesto fuera del plazo previsto en el texto refundido del Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales.

Hace presente que si bien el recurso de protección resulta oportuno si el plazo se computa desde la notificación de la Resolución Exenta N° 173 de 11.07.2022, éste no constituye el acto impugnado. De hecho, en el libelo este acto sólo se menciona, sin que exista ninguna referencia a la eventual ilegalidad o arbitrariedad del mismo.

Sin perjuicio de la extemporaneidad del presente recurso de protección, hace presente que el ordenamiento jurídico reconoce expresamente acciones judiciales concretas, de lato conocimiento, que pueden ejercerse en contra de las sanciones cursadas por la Dirección del Trabajo.

En efecto, la norma del art. 503 del Código del Trabajo regula la reclamación judicial de multas, dirigida directamente en contra de las sanciones y que debe presentarse ante el Juzgado de Letras del Trabajo competente dentro del plazo de 15 días hábiles contados desde la notificación de la multa. Dada la extensión de esta acción, el Tribunal competente podrá pronunciarse ampliamente sobre la sanción, sus fundamentos, el monto y cualquier otro elemento que resulte pertinente.

Asimismo, el art. 512 del Código del Trabajo reconoce otra acción, la reclamación judicial de las resoluciones que la Dirección del Trabajo emita conociendo los recursos administrativos deducidos en contra de las multas cursadas por el Servicio. Dicha acción también deberá interponerse en el plazo de 15 días hábiles contados desde la notificación de la resolución respectiva, ante el Juzgado de Letras del Trabajo competente, aunque la competencia de éste resultará más acotada por cuanto sólo podrá examinar la legalidad del acto administrativo emitido por la Dirección del Trabajo. Este procedimiento pudo ejercerse por la recurrente respecto de la resolución que declaró inadmisible su recurso de reconsideración.

Y al efecto, explica que la recurrente no ejerció ninguna de estas acciones, intentando sanear por la vía de un remedio extraordinario, el recurso de protección, el no ejercicio oportuno de las acciones judiciales específicas que la normativa reconoce ante las circunstancias que denuncia.

En cuanto al fondo del acto impugnado, indica que, al momento de ingresar el reclamo administrativo, fue la propia trabajadora reclamante la que dio cuenta de la liquidación concursal de su empleador Servicios de Seguridad Sergio Eduardo Galleguillos E.I.R.L., RUT N° RUT reservado, aportando información de contacto del nombre reservado. En el mismo sentido, y ante la situación de insolvencia y cierre de la empresa señalada, se consignó como empleador al liquidador, siendo citado personalmente a comparecer a la audiencia de conciliación de 11.02.2022, cursándose la correspondiente multa cuando éste no se presentó a la citación.

Así las cosas, no existe error de hecho en la individualización de la empresa, especialmente si se considera que se consignó como contraparte del reclamo administrativo a la única persona con facultades legales para representar a la empresa en insolvencia, el nombre reservado Sr. nombre reservado. El Sr. nombre reservado cometió, de forma personalísima, la infracción de no concurrir a la audiencia de 11.02.2022, instancia en la que pudo haber aclarado personalmente la naturaleza de su vínculo con Servicios de Seguridad Sergio Eduardo Galleguillos E.I.R.L.

Concluye que la actuación de la Dirección del Trabajo al ingresar un reclamo administrativo en contra del nombre reservado y de sancionarlo luego ante su incomparecencia personal, no constituye ilegalidad alguna, ajustándose en definitiva a las atribuciones legales que permiten a este Servicio conciliar en el marco del término de las relaciones laborales.

Asimismo, las actuaciones de la Inspección Provincial del Trabajo de La Serena tampoco son arbitrarias, ya que la determinación de citar al nombre reservado y de sancionarlo de forma personal por no presentarse a la audiencia de 11.02.2022, resultan completamente fundadas en los términos ya expresados.

En definitiva, sostiene que la Dirección del Trabajo no ha conculcado el ejercicio de garantías constitucionales, por lo que pide rechazarlo en todas sus partes, con expresa condena costas.

Acompaña: Expediente íntegro del reclamo administrativo N° 0401.2022.55.

3°) Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

4°) Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

5°) Que, asimismo, y conforme lo dispone el número 1 del Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre tramitación del Recurso de Protección, es necesario que la acción constitucional que se analiza sea deducida oportunamente, esto es, dentro de los 30 días corridos contados desde la ocurrencia del hecho que lo motiva, o desde la fecha en que la parte recurrente haya tomado conocimiento de la ocurrencia de dicho hecho.

6°) Que, en lo que se refiere a la alegación de extemporaneidad, cabe señalar que del propio tenor del recurso se desprende que la recurrente, de acuerdo con sus propios dichos, tomó conocimiento del acto que motiva la interposición de la acción constitucional el día 08 de marzo de 2022, oportunidad en que llegó a la oficina del recurrente, ubicada en Jorge Washington Oficina N°42, Edificio Panamá N°2311, la resolución de multa Nº6056/22/7, razón por la cual, a la fecha de interposición del presente recurso, esto es, el 26 de agosto del presente año, el plazo de 30 días corridos que indica el numeral 1° del Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema que rige la materia, se encontraba vencido, con creces, por lo que el recurso será rechazado por extemporáneo.

7°) Que, sin perjuicio de lo razonado precedentemente, cuyo solo mérito bastaría para desestimar la acción constitucional que se analiza, y a fin de agotar el examen del recurso deducido en estos antecedentes, en cuanto al fondo, cabe además consignar que, tal como se ha indicado en los motivos anteriores, el acto arbitrario que se imputa a la recurrida habría consistido en haber aplicado una sanción de multa por no haber comparecido a la audiencia de conciliación de fecha 11 de febrero de 2022, por lo que puede inferirse de ello que resulta a lo menos temerario afirmar que dicho acto, sin entrar a analizar su ilegalidad o arbitrariedad, pudiese significar algún tipo de amenaza, perturbación o atentado a las garantías constitucionales que estima vulneradas la recurrente.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, se RECHAZA el recurso de protección interpuesto por nombre reservado en contra de la INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO DE LA SERENA, sin costas, por estimar que tuvo motivo plausible para accionar.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°6045-2022 Protección.-