nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN REGIONAL DE COQUIMBO

nombre reservado nombre reservado

Colegio Seminario Conciliar de La Serena y otro Recurso de protección Rol N° 604-2026.- La Serena, treinta de abril de dos mil veintiséis.

Visto y considerando.

Primero: Que nombre reservado, en representación de su hijo, de nombre Martín, recurre de protección contra el Colegio Seminario Conciliar de La Serena y la Superintendencia de Educación Regional de Coquimbo, denunciando vulneración de sus derechos constitucionales.

Expone que su hijo es estudiante de educación media del Colegio recurrido, al ingresó en séptimo básico, sin problemas académicos ni de conducta.

Expone que, el 10 de diciembre de 2025, fue citada para ser notificada de la repitencia de su hijo, alegando que fue informada de esta situación intempestivamente, sin darle tiempo a realizar el proceso de postulación a colegios en octubre de cada año, donde tampoco pudo ser oído, ni se aplicaron medidas administrativas de apoyo, desconociendo delicada situación emocional, o tomar en cuenta el daño correlativo que esto causaría, atribuyendo esta situación a dos profesores que incorporaron dos notas erróneas y que otra profesora perdió un trabajo.

Asimismo, precisa que, el 22 de diciembre 2025, recibió correo por parte del Colegio para matricular a su hijo nuevamente en segundo medio, alegando presiones para hacerlo en ese nivel.

Hace presente que estos hechos dieron lugar a desregulaciones emocionales de su hijo en el colegio, sin que el recurrido activara algún protocolo, incluso se le hizo presente que el colegio no tiene atención psicológica, contando solamente con una profesional, enfocada en lo pedagógico.

Da cuenta de que, junto a esta desregulación, presentó un dolor en las rodillas y tórax, con diagnóstico desconocido, destacando que, por motivos económicos, tampoco podía acceder a tratamiento psicológico particular.

Sostiene que la comunicación de la repitencia atenta contra lo previsto en el Reglamente de Evaluación y de Convivencia, en cuanto el colegio cuenta con promociones especiales, alegando que el DS 67 del MINEDUC de 2018, indica que, además, que debe tener en cuenta y a la vista la visión del alumno y su apoderado, lo que no ocurrió.

Como antecedentes adicionales al diagnóstico de su hijo, indica que, en inicios de 2025, sufrió un problema debido a una bacteria ocular, perdiendo la visión total de su ojo derecho, lo que alega como detonante de su inestabilidad emocional, junto con otras complicaciones físicas, donde no puede leer de forma normal, sufre de constantes y fuertes dolores de cabeza, incluso no puede enfocar bien las distancias para cruzar la calle, incidiendo en la baja de sus calificaciones.

Añade que arrastra una depresión desde 2023, por una causa de violencia intrafamiliar, debiendo salir del hogar común con el agresor, sin que haya podido recuperarse.

Refiere, en este contexto, que su hijo es alumno prioritario, lo que implica que no paga mensualidad ni matrícula, lo que será imposible en otro colegio, perteneciendo, además, al Programa de Integración Escolar, estando diagnosticado con trastorno por déficit de atención con hiperactividad y dificultades específicas de aprendizaje.

Explica que el Reglamento Interno de Evaluación y leyes complementarias previenen que el análisis del alumno deberá ser de carácter deliberativo, basado en información recogida en distintos momentos y obtenida de diversas fuentes y considerando la visión del o la estudiante, su padre, madre o apoderado, debiendo contar con un informe elaborado por la coordinación pedagógica, en colaboración con el profesor jefe, otros profesionales de la educación, y profesionales del establecimiento.

Invoca, igualmente, disposiciones del reglamento vinculadas con la proscripción de toda forma de discriminación, alegando que ninguno de sus requerimientos, ante el Colegio o autoridades, fueron atendidos.

Precisa que los hechos descritos atentan contra el derecho constitucional a la educación de su hijo, respecto de su promoción a tercer año medio, sin haber sido aplicado ninguno de los protocolos mencionados, desconociendo su complejo estado de salud, y ejercer presión para matricular a su hijo en el mismo curso, y dejarlos sin matricula, entregando el cupo a otros estudiantes, alegando infracción a los artículos 14 y 41 de la Ley 19.880 por parte de la Superintendencia de Educación, y la Secretaría Regional Ministerial de Educación, al no acudir con la celeridad que la ley establece.

Invoca, asimismo, el derecho a la vida e integridad física y psíquica de su hijo, a la igualdad ante la ley, el derecho a ser oído, y a la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos; así como las garantías cauteladas por la Ley 21.430, donde el Reglamento dispone de factores de la promoción, sin que se hayan elaborado los informes que la norma mandata.

Por lo expuesto, haciendo presente que su hijo lleva, a la fecha de interposición del recurso, un mes sin poder acceder a la educación, su reintegro de forma inmediata a su colegio, Seminario Conciliar de La Serena, en el curso que le corresponde, tercero medio C.

Segundo: Que, en primer lugar, informa Ricardo Alberto Hidalgo Gajardo, abogado de la Fundación Educacional Seminario Conciliar, quien pide el rechazo de la acción.

Alega la extemporaneidad del recurso, en cuanto la decisión de repitencia fue adoptada el 12 de diciembre de 2025, transcurriendo más de cien días a la fecha de su interposición.

En el mismo sentido, sostiene que, de considerar el plazo desde la comunicación respecto a proceso de matrícula, el 22 de diciembre de 2025, y la consiguiente liberación del cupo al no haber concurrido al 23 de diciembre, igualmente el plazo se encuentra superado.

En subsidio, sobre el fondo, arguye la plena legalidad y fundamento del proceso de repitencia del estudiante, así como la pérdida de su matrícula por el hecho de que la apoderada no se presentó a matricular en las fechas establecidas por su negativa a aceptar la repitencia de su hijo.

Da cuenta de que, como antecedentes académicos del protegido, presentó un porcentaje de asistencia anual de 71,6%, cifra que no satisface el requisito mínimo legal de 85%, donde la eventual promoción del estudiante habría requerido una resolución excepcional de rectoría, previa consulta al Consejo de Profesores, alternativa que fue evaluada y descartada fundadamente, reprobando dos asignaturas fundamentales -matemática y ciencias naturales-, presentando un rendimiento deficitario, con dificultades importantes para enfrentar el siguiente nivel educativo.

Indica que, como causales objetivas de repitencia, conforme al Decreto Exento 67 de 2018, los requisitos copulativos de promoción son el haber aprobado todas las asignaturas, o habiéndose reprobado dos, obtener un promedio general final mínimo de 5,0 incluyendo las asignaturas reprobadas; y en cuanto a la asistencia, tener un porcentaje igual o superior al 85%.

Explica que el estudiante incumplió ambos requisitos de manera simultánea e independiente, reprobando dos asignaturas con un promedio general final de 4,9, inferior al mínimo de 5,0, con asistencia anual de 71,6%.

Hace presente que el informe invocado en el recurso fue elaborado, el que analizó el progreso del estudiante durante el año, concluyendo que presentó un progreso irregular a lo largo del año escolar, altamente condicionado por sus ausencias reiteradas y la discontinuidad en su asistencia, lo que afectó su continuidad en el proceso educativo e impidió la consolidación de aprendizajes esenciales; y establece que existe una brecha de aprendizaje relevante, derivada de que el estudiante no asistió a buena parte del año escolar, situación que repercutió directamente en su desempeño y le impidió apropiarse de los aprendizajes mínimos exigidos para la continuidad pedagógica en el nivel siguiente. Se determinó que la promoción podría profundizar esa brecha y dificultar significativamente su desempeño en el curso superior.

Asimismo, da cuenta de que el informe concluye que la promoción del estudiante podría resultar perjudicial para su proceso formativo, dado que aumentaría su brecha académica y dificultaría aún más el logro de aprendizajes en el nivel siguiente. Por el contrario, repetir el nivel le permitiría reforzar aprendizajes fundamentales, particularmente en matemática y ciencias naturales, favoreciendo su estabilidad académica y su desarrollo integral, con constancia expresa de que la apoderada manifestó no estar de acuerdo con la repitencia, recogiendo así su visión en los términos exigidos por el artículo 11 del Decreto 67.

Argumenta que el establecimiento cumplió con el procedimiento del artículo 11, ya citado, invocando el informe de 28 de noviembre de 2025, destacando que su representada desplegó un proceso de acompañamiento, monitoreo y comunicación con la familia que se extendió durante todo el año escolar 2025, con una intensidad y frecuencia que excede con creces los estándares mínimos exigidos por la normativa, individualizando las medidas adoptadas.

Razona que, respecto de la infracción al artículo 11 del Decreto 67, que regula el análisis especial de repitencia, la decisión reprochada fue precedida de dos Consejos Pedagógicos, contó con entrevistas de la coordinación pedagógica, del inspector general, del equipo PIE, de docentes de asignatura y de la rectoría, todas documentadas en el expediente y distribuidas a lo largo de todo el año escolar; la apoderada participó en al menos seis entrevistas formales a lo largo del año, en las cuales expuso reiteradamente la situación de su hijo, expresó su posición y fue escuchada; reitera la elaboración de un informe técnico pedagógico de 28 de noviembre de 2025y se evaluó la posibilidad de autorizar la promoción con asistencia inferior al 85%, lo que fue descartado, por cuanto las inasistencias carecieron de justificación oportuna y, según lo reconocido por la propia apoderada, obedecieron en muchos casos a la falta de voluntad del estudiante para concurrir al establecimiento.

Niega los hechos que sostienen el recurso, en particular, en que se haya omitido aplicar medidas de apoyo y que haya presionado a la apoderada para matricular al estudiante en segundo medio, donde el correo de 22 de diciembre informó del plazo del proceso de regularización de matrículas, destacando que la apoderada no concurrió a matricular al estudiante en las fechas establecidas Como alegación de forma, arguye que el recurso de protección no es la vía idónea para impugnar decisiones de repitencia, adoptadas en cumplimiento del Decreto 67, más cuando corresponden al ejercicio de potestades técnico-pedagógicas reconocidas por el ordenamiento.

Da cuenta de que la recurrente ha planteado las mismas controversias ante la Superintendencia de Educación -requerimiento CAS-137782-D8V1X8- ingresado el 12 de enero del presente año, organismo que, conforme al artículo 49 de la Ley 20.529, tiene competencia exclusiva para fiscalizar el cumplimiento de la normativa educacional; y que, asimismo, la propia familia del recurrente reconoce haber interpuesto una medida de protección ante el Tribunal de Familia de La Serena -causa P-493-2026-, con declaración de incompetencia, encontrándose la Oficina Local de la Niñez interviniendo el caso.

Concluye de lo expuesto que el derecho a la educación no es sinónimo del derecho a ser promovido de curso ni implica que el establecimiento educacional esté obligado a promover a un estudiante que objetivamente no ha alcanzado los aprendizajes mínimos establecidos por el currículum nacional, requiriendo el rechazo de la acción en todas sus partes.

Tercero: Que, finalmente informa Paulina Román Ramos, abogada de la Superintendencia de Educación, quien pide el rechazo del recurso.

Expone que, en cuanto a actuaciones de su representada, la actora fue atendida el 23 de diciembre de 2025, realizando varias consultas, pero sin ingresar denuncia en contra del establecimiento educacional, la que fue presentada el 12 de enero de 2026, alegando notas mal ingresadas y falta de acompañamiento en su situación particular conforme certificado médico.

Indica que, el 26 de enero de 2026, la Unidad de Protección de Derechos Educacionales envió correo electrónico a la Directora del Establecimiento Educacional, solicitando antecedentes correspondientes a la denuncia CAS-137782, con respuesta al 6 de febrero del presente año, y, advirtiendo la interposición del recurso, fueron derivados los antecedentes desde la Unidad de Protección de Derechos Educacionales a la Unidad de Fiscalización de la Dirección Regional.

Relata que, el 9 de abril pasado, se realizó visita de fiscalización al establecimiento educacional, evidenciando inasistencia al Aula de Recursos, en su condición de estudiantes con necesidades especiales; entrevistas a equipo directivo, y distintas entrevistas a la apoderada, reiterando antecedentes académicos respecto a las calificaciones del estudiante.

Concluye que el establecimiento aplicó correctamente su Reglamento de Evaluación, y que el estudiante no cumple con los requisitos establecidos para la promoción, tanto en relación con el promedio mínimo exigido como con el porcentaje de asistencia requerido.

Sobre las alegaciones de la recurrente, sostiene que no existe un acto ilegal o arbitrario por parte de la Superintendencia de Educación, argumentando que la denuncia fue ingresada y que las gestiones realizadas por la requirente en diciembre de 2025 se llevaron a cabo ante la Secretaría Ministerial de Educación y no ante su representada, y que el correo remitido el 22 de diciembre no da cuenta de ninguna petición a la Superintedencia, y que la denuncia se tramitó en tiempos normales, acelerándose el procedimiento solamente para dar respuesta al informe solicitado en el contexto de la acción de protección, descartando un actuar ilegal o arbitrario, reiterando que la actuaciones realizadas se circunscriben al marco legal y en la esfera de sus competencias.

Cuarto Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, resulta requisito indispensable de la acción de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario –o sea, producto del mero capricho de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

Quinto: Que, en relación con el acto ilegal o arbitrario que la recurrente imputa al establecimiento educacional, esta Corte comparte la argumentación de la extemporaneidad opuesta por la entidad educativa, considerando para ello, que el achaque proviene de la intervención del colegio provocada en diciembre del año 2025 y el recurso de protección se intenta latamente transcurrido el término de 30 días que fija el auto acordado del máximo tribunal al ser interpuesto el 30 de marzo del año en curso, por lo que el recurso será desechado en lo que a esto respecta Sexto: Que, en relación con la Superintendencia de Educación, si bien los actos son posteriores, lo cierto es que, a juicio de esta Corte, la intervención que la recurrente pretendía de la entidad escapa con creces a los márgenes de sus facultades, de forma tal que imponerle un deber del que carece sería contrariar lo dispuesto en la carta fundamental en los artículos 6 y 7, de esta forma no existiendo acto ilegal ni arbitrario emanado de la Superintendencia el recurso también será rechazado en lo que a ella corresponda.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en favor de su hijo, en contra del Colegio Seminario Conciliar de La Serena y la Superintendencia de Educación.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

Rol N°604-2026 Protección.-