nombre reservado con nombre reservado

nombre reservado

nombre reservado

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Rol N° 6029-2022.

La Serena, siete de diciembre de dos mil veintidós.

PRIMERO: Que a folio 1, comparece don nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, y deduce nombre reservado, en contra de nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado.

Denuncia como acto ilegal y arbitrario que el recurrido hace quince días atrás, y hasta la actualidad, cerró un camino que permite el tránsito entre su propiedad minera y el camino principal que va a Santiago, conforme a una servidumbre que tiene legalmente concedida por el antiguo dueño de la propiedad, haciendo presente que es propietario de la Mina denominada “Huasita Escondida 1 al 2”, con una superficie de diez hectáreas ubicadas en las coordenadas UTM Norte 6.546.515,00 metros y Este 305.257,00, la cual se encuentra debidamente inscrita. Señala que la mensura se encuentra inscrita a fojas174 N° 36, del Registro de Propiedad y Minas de Combarbalá correspondiente al año 2013 y que el camino que cerró el recurrida se encuentra emplazado dentro de la propiedad minera mensurada de la cual se encontraba haciendo uso a contar del año 2013.

Afirma que el recurrido nombre reservado, está perturbando gravemente sus derechos de servidumbre de paso de la que hacía uso desde hace más de nueve años, a la fecha, indicando que es un pequeño minero y que dicha mina la explota en forma absolutamente artesanal y le sirve de sustento para mantener a su familia, por ello, denuncia como lesionados los derechos constitucionales contemplados en el artículo 19 N° 3, inciso 5° y 7° y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Añade que el recurrido sabiendas de la existencia de su propiedad minera, justificó su actuar en una supuesta Regularización de Títulos que efectuó transgrediendo sus derechos y a sabiendas de la existencia de su propiedad minera y del camino de ingreso y salida de ella, en donde además prácticamente día a día vive, indicando que en dicho lugar tiene instalada una pequeña mediagua y que inclusive el Municipio de Combarbalá le provee de agua potable, mediante camión aljibe.

Señala que el recurrido, no obstante, haberle demostrado sus títulos, cerró con un portón de fierro la entrada al camino que va desde la denominada Carretera a Santiago y además destruyó una parte de este con plantaciones arbóreas en el medio de este, agregando que el cierre del único acceso, lo efectuó con violencia y amenazas verbales, aduciendo solamente como motivo que dicha propiedad le pertenecía y que era el su único dueño, privándolo de trabajar como pequeño minero.

Indica que el actuar del recurrido es un ejercicio de autotutela, pues por vías de hecho obstaculizó el libre acceso a la servidumbre, transgrediendo sus derechos.

Por lo expuesto pide que se ordene la eliminación de cualquier obstáculo o dificultad que impida o dificulte la libre circulación por la servidumbre de tránsito, removiendo los obstáculos, entregando las llaves del portón instalado o retirándolo lo que deberá cumplir dentro de un plazo no superior a tres días e informarlo al Ilustrísimo Tribunal y que se le advierta que debe cesar en forma inmediata de cualquier acto que perturbe o amenace los derechos de mí persona.

Acompaña los siguientes documentos: 1. Certificado de dominio vigente de la propiedad minera. 2. Copia de la Sentencia Constitutiva de la Mensura inscrita. 3. Comprobante de pago de patente. 4. Seis fotos del lugar de los hechos que prueban el cierre y plantación que efectuó el recurrido para destruir el camino de servidumbre e impedirle el paso.

SEGUNDO: Que a folio 17 evacua informe PAOLA ANDREA BOTTO MAHAN, abogada, en representación de nombre reservado, solicitando el rechazo de la acción.

Señala que el recurrentes es propietario por adjudicación del inmueble denominado HIJUELA LA TOTORA LOTE A, que forma parte de la Hijuela La Totora, sector Pama Arriba de la Comuna de Combarbalá, conforme al plano de subdivisión archivado bajo el N°42 al final del Registro de Propiedad a cargo del Conservador de Bienes Raíces de Combarbalá, correspondiente al año 2021, según el cual, la propiedad tiene una superficie de 72,19 hectáreas. El título de dominio se encuentra inscrito a fojas 324 vuelta N°424 del Registro de Propiedad del año 2021, a cargo del Conservador de Bienes Raíces de Combarbalá.

Agrega que el dominio anterior rola a fojas 101 vuelta N° 129 del referido Registro de Propiedad del año 2005, correspondiente al contrato de transacción por el cual mi representado y Sociedad Durand y Compañía Limitada se constituyeron en dueños en proporción de uno y dos tercios, respectivamente, de la Hijuela La Totora, sector Pama Arriba de la Comuna de Combarbalá y que, en consecuencia, el recurrido es dueño del inmueble, a lo menos, desde el año 2005 a la fecha, primero en régimen de comunidad y luego como propietario exclusivo del lote A resultante de la subdivisión de la referida hijuela.

Señala que el cierre del camino no es una acto ilegal y arbitrario, que cierre con portón de fierro y candado obedeció a que el anterior, constituido por postación de madera, era desmantelado y robado constantemente, quedando la propiedad del recurrido con libre acceso al público, lo cual trajo consigo que personas la destinaran como una suerte de sitio eriazo para botar basura.

Sostiene que el recurrido desconocía la explotación de las pertenecías mineras sin que le diera mayor importancia al letrero que dan cuenta las fotografías del actor.

Afirma que la mediagua que el actor refiere en su presentación y su acceso se encuentra ubicada en un terreno colindante, conforme a una imagen satelital que acompaña.

Respecto de la alegación del recurrente en orden a que tiene el dominio de pertenencias mineras, señala que el relato del recurrente es del todo antojadizo y ajeno a la realidad de los hechos, pues sus pertenencias se constituyeron el año 2013, aduciendo contar con una servidumbre “legalmente constituida” por el anterior dueño del predio superficial; no obstante, atendida la normativa establecida en el artículo 120 y siguientes del Código de Minería, se advierte que el lote A no se encuentra gravado con ninguna servidumbre minera inscrita en los registros conservatorios y que, siendo su representado propietario del inmueble en referencia desde el año 2005, mal podría haberse constituido una servidumbre por el dueño anterior, dada la data de constitución de la concesión de explotación del recurrente, por lo que el recurrente no ha acreditado su alegaciones, pues no acompaña escritura pública o resolución que dé cuenta de la servidumbre “legalmente constituida”.

Por lo expuesto su parte niega la existencia de una situación de hecho previa que se viera alterada por un supuesto acto de autotutela ilegal y arbitrario de su representado, más aun teniendo en especial consideración que no resulta indubitado el supuesto derecho de servidumbre y a la explotación de las pertenencias del recurrente – pues, más allá de acreditar el dominio de estas, no se prueba el cumplimiento de la normativa atingente para ejecutar la faena -, lo que trae aparejado que el conflicto sometido al conocimiento del Tribunal escape al alcance de la acción de protección, atendida su naturaleza y objetivo cautelar, agregando que el recurrido sólo ejerce las facultades inherentes al dominio.

De otro lado sostiene que en el predio del recurrido existen Quillayes, Guayacanes, especies florales nativas, cuya calidad se encuentra expresamente reconocida por Decreto Supremo N° 68 del Ministerio de Agricultura, correspondiente al año 2009, de conformidad a la definición de especie nativa o autóctona dada por el artículo 2 N° 13 de la Ley 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal y que conforme al artículo 60 de la Ley N° 20.283, la corta, destrucción o descepado requieren un plan de trabajo previamente aprobado.

Sostiene que de lo expuesto se infiere que la actividad minera que pretende realizar el recurrente requiere necesariamente de un plan de trabajo, según lo prescrito por el citado artículo 60, pues es indudable que el ejercicio de tal rubro traerá consecuencias adversas para la flora autóctona en cuestión, dado el tránsito y la ocupación que muy probablemente acontecería; plan de trabajo con el que en la actualidad no contaría.

Indica que las alegaciones efectuadas se coligen que la acción de protección debe necesariamente ser desestimada, pues en caso contrario ampararía una situación de hecho irregular que sí vulneraría los derechos fundamentales de su representado, siendo el más significativo el de propiedad; sin considerar que atentaría contra normas de orden público como las citadas recientemente.

Solicita el rechazo del nombre reservado con costas.

Acompaña los siguientes documentos: 1.- Copia autorizada de la inscripción de fojas 324 vuelta N° 424 del Registro de Propiedad a cargo del Conservador de Bienes Raíces de Combarbalá, correspondiente al año 2021; 2.- Certificado de dominio vigente respecto a la inscripción anterior; 3.-Copia autorizada de la inscripción de fojas 101 vuelta N° 129 del Registro de Propiedad a cargo del Conservador de Bienes Raíces de Combarbalá, correspondiente al año 2005; 4.- Certificado de Gravámenes y Prohibiciones respecto a la inscripción de fojas 324 vuelta N° 424 del Registro de Propiedad a cargo del Conservador de Bienes Raíces de Combarbalá, correspondiente al año 2021; 5.- Imagen satelital del ex Fundo Pama y el Lote A de la Hijuela La Totora de la Comuna de Combarbalá.

TERCERO: Que a través del presente arbitrio se denuncia el hecho de que la recurrida habría cerrado con un portón metálico de un camino amparado en una servidumbre de paso, que es utilizada por el actor desde el año 2013 para concurrir a la faena minera respecto de la cual tiene un derecho de explotación legalmente constituido.

Que el recurrido por su parte, indica que respecto de su predio, el que individualiza como inmueble denominado HIJUELA LA TOTORA LOTE A, que forma parte de la Hijuela La Totora, sector Pama Arriba de la Comuna de Combarbalá, no se encuentra sujeto a ninguna servidumbre que ceda en favor del recurrente, acompañando al respecto un certificado de hipotecas y gravámenes de fecha 28 de noviembre de 2022, hay que dar cuenta de que la mencionada propiedad no se encuentra afecta a hipotecas y gravámenes.

CUARTO: Que, preliminarmente es preciso consignar que el nombre reservado de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye, jurídicamente, una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Como surge de lo transcrito, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

Asimismo, se ha sostenido que la acción de protección no constituye una instancia por la que se persiga una suerte de debate respecto de la procedencia o improcedencia de un derecho, sino que su real objeto está constituido por la cautela de un derecho indubitado.

QUINTO: Que de esta manera, atendido los argumentos expuestos por las partes, es preciso desentrañar cuál es el acto arbitrario e ilegal ejecutado por la recurrida y que motiva la interposición de la acción cautelar, en el presente caso, a saber, el cierre de un camino de servidumbre, cuya existencia es controvertida por el recurrido y sin que el actor haya acompañado documento alguno que dé cuenta de su existencia, más allá de acreditar que existe un concesión minera de explotación jurídicamente constituida.

SEXTO: Que, en consecuencia, y teniendo presente los antecedentes que se exponen es evidente que el derecho que se invoca no tiene el carácter de indubitado, supuesto esencial del recurso deducido, toda vez que la recurrida ha cuestionado los hechos afirmados por la recurrente, de donde surge como conclusión necesaria que al respecto existe una controversia que no puede ser resuelta por la presente vía.

Así cualquier decisión de esta Corte a ese respecto excede el objetivo y naturaleza de esta vía cautelar, pues importa decidir sobre una cuestión de derecho que se encuentra controvertida, lo que debe ser decidido en las instancia jurisdiccional correspondiente.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve que, SE RECHAZA, sin costas, el nombre reservado interpuesto en favor de nombre reservado, en contra de nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol N° 6029-2022.-