Protección contra Superintendencia de Seguridad Social

nombre reservado

Superintendencia de Seguridad Social Recurso de Protección Rol N° 6028-2022.- La Serena, siete de octubre de dos mil veintidós.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que con fecha 25 de agosto de este año comparece el abogado don Luis Eusebio Gálvez Peña y Lillo, quien interpone recurso de protección en favor de doña nombre reservado y en contra de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO).

Refiere antecedentes previos de la recurrente, indicando que tiene 44 años, es casada, madre de 3 hijos y que se desempeñaba como radio operadora desde el año 2016. Agrega antecedentes de vida como el suicidio de su madre a los 11 meses de vida, tratamiento por depresión por 5 años (1995 a 2000), luego fallecimiento de abuela y abuelo paterno en el año 2012, fallecimiento de suegro el 2013.

Indica que a fines del año 2019 colapso su estado emocional, comenzando tratamientos, que mantiene hasta hoy con el doctor nombre reservado, presentando trastorno afectivo bipolar y trastorno depresivo recurrente.

Señala que todas las licencias médicas otorgadas a la Sra. nombre reservado fueron aceptadas sin observación, hasta la otorgada en agosto de 2021. Las siguientes 3 licencias médicas, materia del presente recurso de protección extendidas a partir del 13 de septiembre de 2021 fueron rechazadas según peritaje realizado a la Sra. nombre reservado con fecha 08 de septiembre de 2021, realizado por la Sra.

nombre reservado quien concluye que: "Paciente que lleva más de 1 año con LM. Actualmente vista sólo por Médico General. Debe ser evaluada y vista por especialista. Requiere ajuste de tratamiento. Está completamente estancada en su vida actualmente y no parece incomodarle, sólo relata cómo está o se siente.

Autorizar sólo LM en curso. Tratamiento debe ser ajustado por especialista. Si no mejora debe iniciar trámite de invalidez." Las licencias médicas reclamadas en la presente acción de protección, N° NUM000, NUM001 y NUM002, extendidas por un total de 90 días de reposo, a contar del 13 de septiembre de 2021.

Contra las resoluciones de rechazos de las tres licencias médicas dictaminadas por la COMPIN, la Sra. nombre reservado recurrió ante la SUSESO que por Resolución Exenta N.º NUM003, de fecha 21 de marzo de 2022, confirmo su rechazo estimando que no se encontraba justificado.

En contra de dicha resolución, la Sra. nombre reservado presentó recurso de reconsideración para ante la misma SUSESO que, con fecha 28 de julio de 2022, por Resolución Exenta N.º NUM004, resolvió confirmar el rechazo de las licencias médicas, por la causal "REPOSO JUSTIFICADO".

La Superintendencia agrega en su resolución, ahora en mérito de nuevas argumentaciones, diversas a las contenidas en la Resolución anterior, señala: "Esta conclusión se basa en que los antecedentes evaluados entre los que se encuentra el maestro histórico de licencias médicas y los informes del médico tratante, no permiten establecer incapacidad temporal más allá del periodo ya autorizado, el cual alcanza a 504 días de la misma patología." El rechazo de las licencias médicas obedece a la simple apreciación de un funcionario de la SUSESO, que por lo demás, jamás se ha entrevistado con el paciente, quién por si y ante sí, sin ningún antecedente médico objetivo, decide rechazar la autorización de las licencias médicas reclamadas. A su juicio, la actuación del ente administrativo no obedece a los parámetros de razonabilidad y motivación, que debe observar los actos administrativos.

Agrega que el rechazo de las licencias médicas carece de fundamentación que explica los motivos de su rechazo, por lo que la decisión recurrida deviene en arbitraria porque se ha fundamentado en el capricho o la sola voluntad del ente recurrido. La arbitrariedad denunciada en estos autos consistente en que todos los antecedentes médicos que informa el expediente administrativo de doña nombre reservado, dan cuenta que su afección está clínicamente justificada.

Indica que en definitiva, se torna del todo arbitrario el actuar de la SUSESO que ha desestimado un permiso médico concedido por un facultativo sin ningún motivo adicional suministrado por la entidad recurrida, simplemente por el sólo transcurso del tiempo, sin un elemento de juicio complementario de contraste para disipar, frente al paciente y terceros interesados, cualquier duda, en especial, sometiéndola a evaluaciones médicas accesorias.

Refiere que la conducta del órgano recurrido constituye una perturbación y amenaza al derecho a la vida e integridad física de doña nombre reservado, el que se encuentra garantizado en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República, pues su obrar le priva de ejercer el derecho que significa gozar de licencia médica, o sea, de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, para restablecer su salud.

Asimismo, indica que dicho proceder afecta y lesiona el derecho de propiedad de doña nombre reservado, consagrado en el numeral 24 del artículo 19 de la Carta Magna que nos rige, toda vez que el actuar de la recurrida le priva de gozar, durante la vigencia de las licencias médicas rechazadas, del respectivo subsidio de incapacidad laboral o de la remuneración regular de su trabajo, según fuere el caso.

Solicita, en definitiva, que se ordene dejar sin efecto la resolución que rechazó las licencias médicas materia del presente recurso de protección y, en definitiva, resolver que se deberán autorizar dichas licencias médicas, disponiendo su pago.

SEGUNDO: Que informando la recurrida Superintendencia de Seguridad Social, alegó en primer término la extemporaneidad del presente recurso, señala que como consta de la copia del expediente administrativo código NUM005, el 16 de noviembre de 2021, la interesada recurrió a la Superintendencia de Seguridad Social, reclamando por cuanto la COMPIN REGIÓN DE COQUIMBO confirmó el rechazo de las licencias médicas N° s NUM000, NUM001 y NUM002, extendidas por un total de 90 días a contar del 13 de septiembre de 2021, por reposo no justificado. por haberse creado artificiosamente la actora un nuevo plazo para interponerlo. Que mediante la Resolución Exenta Nº NUM003, de 21 de marzo de 20212, previa solicitud de informe y del estudio de los antecedentes del caso, concluyó que: "...el reposo prescrito por las licencias médicas N° s NUM000, NUM001, NUM002, no se encontraba justificado. Agrega que luego la recurrente el 9 de mayo de 2022 recurrió nuevamente a la Superintendencia de Seguridad Social, solicitando la reconsideración del dictamen N° NUM003, de fecha 21 de marzo de 2022, por medio de la Resolución Exenta Nº NUM003, de 28 de julio de 20212, concluyó que: "...el reposo prescrito por las licencias médicas N° s NUM000, NUM001, NUM002, no se encontraba justificado. Por lo tanto, la Sra. nombre reservado tenía conocimiento cierto del rechazo de las citadas licencias médicas, por medio de la Resolución señalada, Cinco meses antes de interponer la presente Acción de Protección el día 28 de agosto de 20222.

Agrega que acción constitucional de autos, contrariando su naturaleza y finalidad con la que fue creada por el constituyente, se utiliza como una última instancia de reclamación para obtener la autorización de licencias médicas, las que, por razones médicas, fueron rechazadas en todas las instancias administrativas, y que hecho de haber reclamado ante la Superintendencia no significa que el plazo para recurrir a la acción de protección se suspenda de modo alguno. Solicita se rechace la acción de protección de autos, por haber sido ejercida de forma extemporánea, con costas.

En subsidio, alega la improcedencia de la acción de protección, por cuanto la materia sobre la que realmente versa dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos. En efecto, la autorización, rechazo o modificación de una licencia médica son materias que sin duda alguna pertenecen al campo de la Seguridad Social, y por lo tanto, se encuentran expresamente excluidas por el constituyente, del ámbito de la acción de protección.

Solicita se declare la improcedencia de ésta, en atención a que el asunto debatido se encuentra relacionado con una garantía constitucional (artículo 19, Nº 18, derecho a la seguridad social), que no se encuentra protegido por la acción interpuesta por la parte recurrente, con costas.

En subsidio informa en cuanto al fondo, indica que en el sistema de seguridad social existe cobertura para atender riesgos o contingencias sociales que ponen a los trabajadores en estado de necesidad, y que tratándose de la pérdida de la capacidad de ganancia o incapacidad laboral por motivos de salud, ella puede ser permanente o transitoria. Para el caso de las dolencias que causan incapacidades laborales permanentes, nuestro sistema de seguridad social contempla las pensiones de invalidez. Respecto de incapacidades laborales temporales, es decir, aquellas que suspenden transitoriamente la capacidad de ganancia del trabajador, existe el beneficio denominado LICENCIA MÉDICA.

En relación a la presente Acción de Protección el día 8 de septiembre de 2021, el Servicio de Salud Coquimbo realizó un Peritaje Psiquiátrico de Salud Mental a la Sra. nombre reservado, el que transcribe, también transcribe informe de 21 de marzo de 2022 de profesional de la Superintendencia de Seguridad Socia y de 25 de julio de 2022, "Fundamentos de la resolución: Conclusiones: Comentarios: Médico no especialista Mujer de 44 años, trabaja como administrativa. Con permiso autorizado por 504 días con diagnóstico de F33 - Trastorno depresivo recurrente, F41.2 - Trastorno mixto de ansiedad y depresión. En IMT no describe síntomas de gravedad o incapacitantes que le impidan trabajar, no describe elementos clínicos sugerentes de refractariedad ni explica otros tratamientos realizados en este extenso periodo. Sin plan de reintegro laboral. LM NUM006 sin pronunciamiento; resto se rechaza". Conforme a lo anterior, los reposos reclamados impresionan como no justificados por ser reposos prolongados y sin claro rol terapéutico.

Agrega que cualquier diagnóstico de enfermedad mental siempre debe ser otorgada por médico psiquiatra y hace presente que el médico tratante de la interesada Dr. nombre reservado, no registra la especialidad de médico psiquiatra conforme a la consulta realizada en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud (médico cirujano).

Concluye que, de los antecedentes médicos citados, es posible establecer que el reposo otorgado por las licencias médicas N° s. NUM000, NUM001 y NUM002, no se encuentra médicamente justificado, por lo que es procedente su rechazo.

Luego refiere las facultades de la Superintendencia de Seguridad Social en esta materia, su actuación se ajusta a las normas constitucionales y legales que establecen sus atribuciones y facultades fiscalizadoras.

Añade la ausencia de ilegalidad y arbitrariedad, los pronunciamientos que en materia de licencias médicas emite la superintendencia de Seguridad Social se hacen en su calidad de autoridad técnica de control de las instituciones de previsión, teniendo como funciones esenciales la de "supervigilar y juzgar la gestión administrativa de las instituciones de previsión social y la de calificar la legalidad de los ingresos, así como la oportunidad y finalidad de los egresos e inversiones de los fondos de las instituciones de previsión y de los beneficios que se otorguen a los imponentes".

Sostiene que la interposición del presente recurso desborda claramente los límites de aplicación de la Acción de Protección, la que fue creada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos indubitados, preexistentes. En el caso de la Sra. nombre reservado, claramente su "derecho a licencia médica" no reúne la condición de un derecho preexistente, indubitado, por el contrario, tras las sucesivas instancias de revisión y estudio se llegó a la conclusión que no era procedente la autorización de las licencias médicas reclamadas.

Luego alega la ausencia de derechos vulnerados, no existe acto ilegal o arbitrario de parte de la Superintendencia de Seguridad Social, pues se limitó a resolver la situación de la Sra. nombre reservado, dentro del ámbito de sus competencias, tampoco ha existido vulneración y ni siquiera amenaza del derecho a la vida, a la integridad física y psíquica y a la protección de la salud, ni se ha vulnerado el derecho de propiedad de la recurrente.

Solicita, tener por evacuado el informe solicitado respecto de la acción de protección interpuesta por doña nombre reservado, y con su mérito rechazarlo en todas sus partes, con costas.

TERCERO: Que conforme es unánimemente aceptado tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Como surge de lo transcrito, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

Asimismo, se ha sostenido que la acción de protección no constituye una instancia por la que se persiga una suerte de debate respecto de la procedencia o improcedencia de un derecho, sino que su real objeto está constituido por la cautela de un derecho indubitado.

CUARTO: Que, en cuanto a la alegación de extemporaneidad, el recurso en rigor se dirige contra la decisión de la recurrida Superintendencia de Seguridad Social que confirmó el rechazo de las licencias médicas decidido por la propia institución, y esa determinación se adoptó por Resolución Exenta N° NUM004, de fecha 28 de julio en curso, con la que se puso término al procedimiento en sede administrativa.

Pues bien, en tanto el recurso se interpuso el 25 de agosto de este año, aparece evidentemente deducido dentro del término que prevé el N° 1 del Auto Acordado de la Corte Suprema que regula la materia y, por consiguiente, la pretendida extemporaneidad debe ser desestimada.

Este Tribunal no desconoce que la referida resolución exenta contra la que se recurre sólo vino a desestimar la reconsideración deducida contra la decisión de mantener el rechazo de las licencias resuelto por la recurrida, mas, sin embargo, resulta razonable que el plazo para recurrir se contabilice a partir de la resolución final de la Superintendencia, desde que ella marca, como se dijo, el término definitivo de la vía administrativa, que deja como único camino para procurar revertir la decisión que se estima arbitraria e ilegal la del recurso de protección de garantías constitucionales.

QUINTO: Que, en cuanto a la alegación de improcedencia de la acción en materias de seguridad social, si bien el artículo 20 de la Carta Fundamental no establece dentro del catálogo taxativo de garantías constitucionales protegidas, aquella prevista por el numeral 18 del artículo 19 de la Carta Magna, lo cierto es que aquella alcanza a que por este acápite no podrá, si correspondiere, ser acogido el presente recurso.

Sin embargo, el recurso denuncia la infracción de otras garantías que sí resultan expresamente protegidas por esa vía constitucional y, además, esta Corte se encuentra facultada de extender su decisión a derechos que incluso no hayan sido declarados como infringidos, pues lo que pretende esta instancia es paralizar vulneraciones de garantías por actuaciones arbitrarias e ilegales. De esta forma, esta alegación será desechada.

SÉXTO: Que, es relevante tener presente que este recurso se erige en contra de la Resolución Exenta Nº N.º NUM004, de fecha 28 de julio de 2022, por la cual la Superintendencia de Seguridad Social rechaza la solicitud de reconsideración impetrada por la actora respecto de la Resolución Exenta N° NUM003, de fecha 21 de marzo de 2022, mediante el cual se confirmó el rechazo de las licencias médicas reclamadas en la presente acción de protección, Nº s NUM000, NUM001 y NUM002, extendidas por un total de 90 días de reposo, a contar del 13 de septiembre de 2021, por reposo no justificado.

En torno al argumento vertido por la SUSESO, organismo recurrido, al mantener la decisión de rechazar la licencia médica referida previamente, aquella gira en torno a la siguiente idea: "Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N° s NUM000, NUM001, NUM002, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes evaluados entre los que se encuentra el maestro histórico de licencias médicas y los informes del médico tratante, no permiten establecer incapacidad temporal más allá del periodo ya autorizado, el cual alcanza a 504 días por la misma patología.

RESUELVO: Esta Superintendencia confirma el rechazo de las licencias médicas N° s NUM000, NUM001, NUM002, de acuerdo a lo anteriormente expuesto".

SÉPTIMO: Que, del mérito de los antecedentes expuestos, no cabe duda de que la argumentación otorgada por la recurrida tiene un carácter genérico, resultando el mismo aplicable a un sinnúmero de otros casos de similar naturaleza, no cumpliéndose por tanto con el estándar de fundamentación que impone la ley a los actos administrativo en esta materia.

En efecto, el Decreto Supremo N° 3 del Ministerio de Salud sostiene que "Para los efectos de este reglamento, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico- cirujano, cirujano-dentista o matrona, en adelante "el o los profesionales", según corresponda, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, en adelante "Compin", de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, en adelante "Seremi", que corresponda o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio de incapacidad laboral con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo, o de la remuneración regular de su trabajo o de ambas en proporción que corresponda." (Artículo 1).

Por otro lado, el artículo 11 de la Ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, consagra el principio de imparcialidad que rige los procedimientos administrativos, prescribiendo que "la Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte", para lo cual ordena que los "hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio", norma que es complementada por los artículos 40 inciso final y 41 inciso cuarto de la misma ley, los que disponen que una decisión de este tipo, debe ser fundada.

Así, la justificación racional y legal del acto administrativo es una condición de validez del mismo. En consecuencia, el órgano del Estado actuante debe fundamentar suficientemente su decisión, tanto en lo fáctico como en lo jurídico, explicando al administrado el porqué del acto, su sustento material y juridicidad.

OCTAVO: Que, con lo dicho, emana que la argumentación otorgada al paciente por la recurrida escapa a los márgenes de sus facultades y al expreso mandato legal, dejando al paciente en una situación compleja, razón suficiente para entender que, aunque aparezca, la fundamentación de rechazo de las licencias dada en este asunto es carente de sustento.

En efecto, conforme dan cuenta los antecedentes de autos, la decisión adoptada por la recurrida no se apoya en ningún elemento de convicción que la avale, más allá de la referencia genérica que esgrime en su informe, sin explicitar razones o factores objetivos que corroboren el dictamen al que arribó, en cuanto a la capacidad del paciente para trabajar, lo que, por tanto, impide que la decisión sea suficiente, completo o íntegro por sí misma.

A mayor abundamiento, es preciso recordar que el acto impugnado es uno de naturaleza administrativa, pues es una decisión escrita adoptada por un órgano de la Administración del Estado que contiene una declaración de voluntad, realizada en el ejercicio de una potestad pública.

En concreto es una resolución. (Artículo 3 Ley 19.880).

A propósito de su naturaleza, debe cumplir con los requisitos de un acto administrativo, entre ellos, el principio de imparcialidad contenido en el artículo 11 de la Ley 19.880, el cual en su inciso segundo dispone que: "Los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos administrativos".

Por su parte, el inciso cuarto del artículo 41 de la misma Ley dice: "Las resoluciones contendrán la decisión, que será fundada. Expresarán, además, los recursos que contra la misma procedan, órgano administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno".

Esta fundamentación, si bien puede ser somera, debe explicitarse y contenerse en el respectivo acto de tal manera que éste ha de ser completo y bastarse a sí mismo, o sea, autosuficiente.

NOVENO: Que, este actuar de la recurrida atenta evidentemente con las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 numerales 1 y 24; la primera, pues dificulta su vida e integridad física; la segunda porque, al no contar con el subsidio de incapacidad laboral, afecta el patrimonio de la recurrente, desde que el trabajador, que padece una patología, no cuenta con el dinero proveniente de este ítem, afectando aún más su debilitada salud mental.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve:

I.- Que se rechazan las alegaciones de extemporaneidad e improcedencia por los motivos expuestos en lo considerativo II.- Que se acoge, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, dejándose sin efecto la Resolución Exenta Nº N.º NUM004, de fecha 28 de julio de 2022 y disponiendo que la recurrida deberá proceder al pago de las licencias médicas Nº s NUM000, NUM001 y NUM002, extendidas por un total de 90 días de reposo, a contar del 13 de septiembre de 2021.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol N° 6028-2022 Protección.-