nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

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Servicio Nacional de Migraciones Recurso de Protección Rol N° 6006-2022 La Serena, catorce de septiembre de dos mil veintidós.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, con fecha diecinueve de agosto de dos mil veintidós se interpone recurso de protección en favor de don nombre reservado, de nacionalidad china, en contra del Servicio Nacional de Migraciones dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile, por la omisión ilegal y arbitraria en emisión de resolución exenta que pone fin al procedimiento administrativo aprobando o rechazando solicitud de residencia definitiva, solicitada por la recurrente con fecha 29 de abril de 2021, por impedir dicha omisión el principio de igualdad ante la ley, conforme lo preceptuado en el artículo 19 número 2 de la Constitución Política de la República, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 27 de Ley 19.880.

Expone que don nombre reservado, de nacionalidad china, ingresó al país en calidad de turista, con el propósito de establecerse y desarrollar su proyecto de vida en el país. Su última visa temporaria tuvo duración desde el 28 de julio de 2020 hasta el 28 de julio de 2021. Con fecha 29 de abril de 2021 solicitó el beneficio de permanencia definitiva, según consta en solicitud número 21885691. Hace presente que la orden de pago del beneficio migratorio no ha sido puesta a disposición del recurrente, siendo este un prerrequisito para que el recurrido se pronuncie sobre la solicitud realizada. Por otro lado, la página de trámites de extranjería señala que el trámite tiene un avance del 40%, y esto se ha mantenido así durante meses, lo que es sumamente angustiante, tomando en cuenta que han transcurrido 18 meses desde la presentación y que ha sobrepasado el retraso comprensible de un trámite de la relevancia que tiene la permanencia definitiva, y que no poseer una cédula de identidad vigente y la permanencia definitiva retrasa los planes en este país, sobre todo debido a que no se tiene confiabilidad bancaria, permanentemente le cierran las puertas para conseguir financiamientos que le permitan iniciar actividades empresariales, tampoco puedo obtener cuentas corrientes y otros problemas que detalla.

Señala que esta omisión tan prolongada en el tiempo por parte del Servicio Nacional de Migraciones, continuador legal del Departamento de Extranjería y Migración, representa un gran perjuicio para el recurrente, debido a todas las limitaciones que les genera, impidiéndoles tener igual condición de legalidad y accesibilidad a un mundo normal de gestiones, siendo que, para los efectos del Registro Civil, el carnet de identidad del recurrente sigue en un estatus de “no vigente”, así como también lo es en cualquier trámite que implique una consulta electrónica del RUN y más específicamente del número de documento o número de serie, tales como: adquirir un plan de telefonía celular, solicitar tarjetas de crédito, créditos hipotecarios, acceder a beneficios del gobierno, incursionar en proyectos inmobiliarios, trabajar en el sector público, obtener documentos notariales, tramitar la licencia de conducir, acceder a la educación, y en general, cualquier trámite físico o virtual que requiera la verificación de la cédula de identidad.

Agrega que el recurrente posee un manejo básico del idioma español, por tanto, hace imposible su defensa cuando instituciones públicas y privadas no aceptan su cédula de identidad vencida acompañada del formulario de tramitación para poder realizar diferentes trámites, lo que ha frustrado su desarrollo íntegro en este país.

Arguye que los recursos de protección están a disposición de las personas que vean vulneradas sus garantías constitucionales y derechos fundamentales, y todas tienen el mismo derecho de poder presentarlos sin necesidad incluso de tener representación de un abogado, por tanto es un acto en donde se expresa la genuina necesidad de restituir el imperio del derecho para cualquier persona que así lo considere, analizando el marco legal vigente, ya que, en este caso, las acciones ilegales y arbitrarias de un servicio público, están dañando la posibilidad de llevar adelante una vida apegada a la constitución, teniendo esta Corte que considerar, que se ha cumplido con todo el marco legal para poseer la permanencia definitiva, y junto con ello un carnet de identidad vigente que permita hacer gozo de todos los derechos. Esto, anteriormente expuesto, se considera igualdad ante la ley, la posibilidad de que cualquier persona libremente y tomando en cuenta su realidad y cómo afecta la dilatación del trámite dentro de su vida cotidiana, pueda hacer uso del recurso respectivo, para que se le devuelva el integro gozo de sus derechos constitucionales cuando acciones de terceros hayan perturbado esta garantía.

Manifiesta que, por otro lado, hay documentos que el Servicio Nacional de Migraciones entrega para demostrar que se continua en trámite, estos no son igualmente válidos que la cédula de identidad para extranjeros con permanencia definitiva, y esto queda totalmente claro al considerar que si esto fuera cierto se podría acceder libremente a la banca, servicios crediticios, beneficios estatales, compra y venta de vehículos, compra y venta de empresas y sociedades ante notarios públicos sin ser cuestionados por la contraparte o quien hace de Ministro de Fe, obtener la licencia de conducir, salidas y entradas al país, entendiendo que el documento puede asegurar la salida, pero no así mismo la entrada, ya que se está vulnerable a que la solicitud se resuelva negativamente mientras uno se encuentra fuera del país, lo que no haría posible el reingreso de un nacional de la República Popular China, ni siquiera bajo un turismo simple, ya que necesitamos visto consular para poder ingresar como turistas, lo que es muy difícil de conseguir. Por tanto es un riesgo permanente que reduce nuestra posibilidad de hacer viajes de negocios o de visita a nuestras familias, y que se transforma en un motivo para ver totalmente vulnerada nuestra libertad personal, ya que debido a la dilatación en la respuesta de los procesos no podemos tomar decisiones libremente y siempre están sometidas a nuestra condición migratoria que nos pone en una situación de vulnerabilidad, que daña nuestro desarrollo personal, económico y afectivo, debido a que debemos postergar las relaciones familiares por tiempos prolongados.

Puntualiza que en relación a la pandemia que vivió el mundo, esto no significó que las instituciones dejaran de trabajar, no se observan retrasos en Tesorería, ni en el Registro Civil, tampoco en el Servicio de Impuestos Internos, ni en ninguna institución que preste un servicio público, todo se adecuó y continuó funcionando, y así lo fue en el sector público y privado, por tanto, seguir señalando que esta situación sanitaria es la que ha dilatado la respuesta no es más que una mera justificación. Así mismo, puede quedar demostrado, que la cantidad de extranjeros que tramitan visas y permanencias definitivas desde el año 2019, y avanzando hacia el año 2020, 2021 y 2022 ha ido disminuyendo considerablemente, por tanto, en toda lógica los tiempos de espera también se deberían haber reducidos, lo que ha ocurrido a la inversa, se han ido extendiendo haciéndolo insostenible, y es el recurso de protección, el que por definición debe restituir esta vulneración ilegal y arbitraria cuando una persona se está viendo afectada y recurre con el objetivo de salvaguardar su desarrollo personal apegado a la constitución y el derecho al pleno gozo de sus derechos fundamentales.

Hace presente que el actual marco normativo, exige que un extranjero posea la permanencia definitiva para poder optar a la reunificación familiar, por tanto la permanente espera de la resolución que ponga término al trámite de permanencia definitiva no permite poder ni siquiera comenzar con este proceso y al menos soñar con reunificar a su núcleo familiar, para conseguir así que familiares directos como, padre, madre, hijo, hija, esposa o esposo, puedan conseguir una visa y gozar de la unidad familiar. Una persona China, no puede visitar Chile con un turismo simple, necesita de un visto consular, que es muy difícil de conseguir, existiendo una alta tasa de rechazos. Por tanto, la situación migratoria sin resolver, es una grave vulneración a la posibilidad de ver reunida a su familia, ya sea pudiendo ir libremente y sin temores justificados a visitarla, o bien pudiendo hacer uso de las visas de la nueva legislación migratoria para que estos puedan venir a vivir juntos en Chile, por tanto, la dilatación del proceso de permanencia definitiva dilata también los planes familiares y se ven duramente perjudicados.

Expresa que la seguridad individual se puede entender como “la ausencia de medidas que pueden afectar la libertad personal en los grados de amenaza, perturbación o privación de ella, en otras palabras, consiste en la tranquilidad producida por la ausencia de toda forma de arbitrariedad y de abuso de poder o desviación de poder que afecte la autodeterminación de la persona”. En esta presentación, se mencionan hechos concretos que atentan contra la seguridad individual, que son arbitrariedades cometidas por el Servicio Nacional de Migraciones y que afectan mi autodeterminación y mi tranquilidad, existiendo un factor permanente que no permite el pleno uso de mi voluntad, debido a que me encuentro en una situación de vulnerabilidad a raíz de que tengo una residencia incierta, que no está resuelta y puede cambiar de un momento a otro, aun cumpliendo con todos los aspectos legales para recibir el beneficio de la permanencia definitiva en Chile. Se debe considerar, además, que ha sobrepasado el plazo legal para ser resuelta, que es lo que provoca un menoscabo en mi desarrollo personal, en los ámbitos familiares, económicos, en el de las ideas y en el de los bienes materiales, ya que, teniendo capacidad para recibir un crédito hipotecario, con una residencia incierta como la que poseo actualmente, ninguna entidad bancaria me va a favorecer con esta posibilidad, y así otras situaciones descritas en el recurso presentado.

Aduce que el Servicio Nacional de Migraciones ignora las normas sobre los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del Estado, en especial, lo relacionado con el principio de celeridad que rige todos los actos de los órganos de la administración pública. Que, las garantías y derechos constitucionales que resultan afectados lo son por la omisión arbitraria e ilegal por parte del recurrido en el excesivo tiempo de tramitación en dar respuesta de solicitud de permanencia definitiva, esto es desde la solicitud hecha con fecha 29 de abril de 2021 hasta la presente fecha han transcurrido más de 15 meses, sin que la autoridad administrativa se haya pronunciado sobre la solicitud formulada por el recurrente, esto es el doble de tiempo del cual cuenta el recurrido para entregar una resolución respecto de la solicitud, por tanto excede un retraso aceptable y comprensible, y se debe considerar además que en el transcurso de la tramitación de este recurso de protección el tiempo de espera se seguirá extendiendo.

Destaca lo dispuesto en los artículos 4, 7, 9 y 27 de Ley N°19.880 que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, debiendo destacarse el artículo 7 y 27, al consagrar el Principio de Celeridad, esto es, que el procedimiento sometido al criterio de celeridad, se impulsará de oficio en todos sus trámites. Añade dicha norma, que las autoridades y funcionarios de los órganos de la Administración del Estado deberán actuar por propia iniciativa en la iniciación del procedimiento de que se trate y en su prosecución, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión.

Solicita por tanto acoger el recurso interpuesto ordenando al recurrido que se pronuncie sobre las mismas en un plazo no superior a 30 días corridos, o el que se estime conforme al mérito de autos, y en general adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho, todo lo anterior con expresa condena en costas.

Acompaña los siguientes documentos: 1. Comprobante de envío de solicitud de permanencia definitiva. 2. Cédula de identidad para extranjeros del recurrente. 3. Evidencia del sistema de trámites de extranjería indicando que el trámite se encuentra en un 40%.

SEGUNDO: Que, con fecha 05 de septiembre de 2022 evacuó informe Roberto Ignacio Castillo Toro, abogado del Servicio Nacional de Migraciones.

Señala que, con fecha 27 de agosto de 2017, don nombre reservado, de nacionalidad china, ingresa por primera vez al país, por motivos de trabajo, por el paso fronterizo Aeropuerto nombre reservado. Con fecha 19 de junio de 2018, la recurrente obtiene visa temporaria, otorgada por la Gobernación Provincial de Elqui, por el plazo de un año, la cual mantuvo su vigencia hasta el 04 de julio de 2019. Con fecha 25 de marzo de 2020, la recurrente obtiene visa temporaria, otorgada por la Gobernación Provincial de Elqui, por el plazo de un año, la cual mantuvo su vigencia hasta el 28 de julio de 2021. Que, con fecha 29 de abril de 2021, la recurrente solicita ante el Servicio Nacional de Migraciones, el beneficio migratorio de Permanencia Definitiva. Finalmente, con fecha 10 de enero del 2022, se dicta Resolución Exenta N°22065249, que indica el estado de su solicitud del beneficio migratorio de permanencia definitiva: evaluación intermedia.

Puntualiza que el recurrente mantiene situación migratoria regular en el territorio nacional, pudiendo hacer ingreso y egreso del país sin limitaciones y transitar libremente por éste. En consecuencia, esta autoridad entiende que no existe actualmente una conducta que genere vulneración, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de los derechos protegidos por la acción de protección y que la libertad personal de los recurrentes no se encuentran en lo absoluto amenazada, restringida o conculcada por alguna acción u omisión de este Servicio.

Agrega que el plazo establecido en el artículo 27 de la Ley N° 19.880 es un plazo que entra en la categoría de “no fatales”, debido a que la ley no declara expresamente que tenga dicha naturaleza, como tampoco existe alguna sanción de caducidad asociada al transcurso del plazo. En consecuencia, es impone como un plazo no fatal, esto es, un plazo referencial para la administración, no perentorio y posible de ser prorrogado.

Señala que el hecho de que el plazo del artículo 27 de la Ley N° 19.880 no sea fatal para dar término a los procedimientos administrativos, refuerza el hecho de encontrarse ajustado a derecho el actuar de la autoridad administrativa. Máxime cuando es pacífico que se le ha dado tramitación legal a la solicitud de regularización, sustanciando la tramitación y dándole curso progresivo, y poniendo a disposición de la recurrente el respectivo comprobante que acredita su residencia regular en el país.

Además, entiende que la vía idónea para que los órganos de la administración del Estado dicten un acto administrativo final en un procedimiento que ha demorado en su tramitación más allá del plazo no fatal establecido en el artículo 27 de la Ley N° 19.880 no es la interposición de una acción de protección, sino el mecanismo especial del silencio administrativo, establecido en los artículos 64 y 65 del mismo cuerpo normativo.

Argumenta que la consecuencia directa de la interposición de recursos respecto de aquellos extranjeros que han elegido esta vía, es la urgencia aplicada a este reducido universo de casos en cumplir los requerimientos judiciales, dando prioridad a esos recurrentes en desmedro de las más de 500.000 solicitudes de residencia que tramita la autoridad migratoria en la actualidad. En perspectiva, es un grupo reducido, pero que a la vez se ha constituido en un grupo privilegiado en cuanto a la resolución de sus solicitudes, circunstancia que pugna con la garantía de la igualdad ante la ley.

Por consiguiente, solicita el rechazo de la acción deducida, por no existir acción u omisión ilegal o arbitraria por parte de esta autoridad que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de alguno de los derechos enumerados por el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Acompaña: 1. Copia de escritura pública de mandato judicial Repertorio N°1361/2022, otorgada ante la Notaría de Coquimbo, de don nombre reservado. 2. Publicación de Resolución Exenta N°50.422, de fecha 9 de junio de 2022, del Director Nacional del Servicio nacional de Migraciones en el Diario Oficial del día 22 de junio de 2022. 3. Circular N° 12 del Servicio Nacional de Migraciones, de fecha 24 de noviembre de 2021. 4. Resolución Exenta N°22065249, de fecha 10 de enero de 2022 del Servicio Nacional de Migraciones.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, por la presente acción constitucional, se recurre en contra del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por la dilación injustificada en dar respuesta a la solicitud presentada, lo cual califica la parte recurrente de ilegal y arbitrario, señalando que vulnera, entre otras, su garantía fundamental contemplada en el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

SEXTO: Que, para resolver el asunto en examen, se debe acudir a lo estatuido en la Ley N° 19.880. En este sentido resulta útil destacar el principio de celeridad, previsto en su artículo 7, conforme al cual la autoridad debe impulsar de oficio, en todos sus trámites, el procedimiento administrativo, debiendo actuar por propia iniciativa, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión. Lo anterior, resulta congruente con el principio conclusivo, consagrado en el artículo 8, que determina la necesidad de término del procedimiento con un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo, así como con el principio de economía procedimental, del artículo 9, que manda a la Administración responder con eficacia, evitando trámites dilatorios.

Por último, el artículo 14 define el principio de inexcusabilidad señalando que la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera que sea su forma de iniciación.

SEPTIMO: Que, de acuerdo a los antecedentes que constan en la tramitación de la presente causa, queda en evidencia el incumplimiento de la normativa que regula la actividad de la Administración, toda vez que la autoridad respectiva ha desconocido la aplicación de los principios de celeridad, conclusivo, de economía procedimental e inexcusabilidad, en tanto ha dilatado la decisión respecto de la solicitud, excediendo el plazo establecido en el artículo 27 de la mencionada Ley N° 19.880 (SCS Rol N° 24.827-2020).

OCTAVO: Que, por tanto, la dilación de la recurrida en el pronunciamiento sobre la mentada solicitud, en este caso particular, debe ser calificada de ilegal y arbitraria porque vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental, en tanto importa una discriminación en contra de la recurrente en relación con el trato dispensado a otros interesados que, en situación jurídica equivalente, han podido tramitar debidamente sus solicitudes, obteniendo una respuesta formal en la que se contengan las razones conforme a las cuales la autoridad ha adoptado la decisión terminal pertinente.

A mayor abundamiento, la duración del procedimiento, que se generó a propósito de la solicitud es evidentemente excesivo, toda vez que si bien es de público conocimiento que numerosos trámites administrativos se han visto dilatados por la emergencia sanitaria que atravesamos como humanidad, es preciso constatar que por lo menos durante el año 2021 la situación sanitaria se ha ido normalizando y los servicios estatales han desarrollado sus funciones cada vez con menores restricciones, de forma tal que no aparece justificado la extensión que ha tenido la tramitación de la solicitud del actor, todo lo que transforma en arbitrario el proceder de la recurrida.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE ACOGE, con costas, el recurso de protección interpuesto en favor de don nombre reservado en contra del Servicio Nacional de Migraciones dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile y en consecuencia se dispone que la recurrida deberá emitir el pronunciamiento que en derecho corresponda respecto de la solicitud de permanencia definitiva presentada ante ella por la recurrente, dentro del plazo de treinta (30) días corridos, contados desde la notificación de esta sentencia.

Se previene que la abogada integrante Sra. Badilla fue del parecer de otorgar a la recurrida un plazo de sesenta (60) días corridos.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 6006-2022 (Protección).-