nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES

nombre reservado

Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes Recurso de protección Rol N°6003-2022.

La Serena, tres de noviembre de dos mil veintidós.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Primero: Que a folio 1, comparece don VICENTE RAMIRO MOYA SUAREZ, abogado, en representación de don nombre reservado, ingeniero de minas y deduce recurso de protección en contra de la CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES, representada legalmente por su Gerente don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, Región Metropolitana, solicitando se ordene restablecer el imperio del derecho y que la recurrida cese el descuentos que efectúa en las remuneraciones del actor y que percibe de la empresa BESALCO MAQUINARIAS S.A.

Indica que el 15 de octubre de 2013, don nombre reservado obtuvo un crédito con la recurrida por un monto de $20.067.832.-, el que debía ser pagado en 60 cuotas con una tasa de interés del 1,740% siendo el monto de cada cuota la cantidad de $541.549.- venciendo la primera cuota el 31 de enero de 2014, las cuales se descontarían de la remuneración del actor que en aquella época percibía de la Compañía Minera Pelambres, pagando sólo las 23 primeras cuotas debido a que fue desvinculado de su trabajo.

Agrega que el 31 de marzo de 2015, el actor obtuvo de la recurrida otro crédito por $4.115.083.- pagaderos en 60 cuotas con una tasa de interés del 28,68. Indica que cada cuota tenía un valor de $247.026.- Sostiene que el 02 de diciembre de 2016, la recurrida, haciendo uso de la cláusula de aceleración, inició un juicio ejecutivo de cobro de pagare ante el Séptimo Juzgado Civil de Santiago, en los autos Rol C-29.748-2016, por un monto de $12.375.163, la que en la actualidad se encuentra archivada.

Señala que en el año 2019 la recurrida efectuó descuentos en sus remuneraciones, motivo por el cual se dedujo un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de La Serena, ingreso corte rol Protección-814-2019, deducido por su representado don nombre reservado, en el cual se decretó que la recurrida CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES, “en el cobro de los créditos sociales, no podrá deducir de las remuneraciones del recurrente sumas superiores a los límites establecidos en las normas administrativas dictadas por la autoridad competente, fallo que fue comunicado al empleador del actor BESALCO MAQUINARIAS S.A., Sostiene que, en la actualidad, en sus liquidaciones de sueldo de los meses de marzo a julio del año 2022, han figurado dos descuentos bajo la nomenclatura; “Crédito Personal Caja Los Andes”, los cuales ascienden a un total de $4.472.958 y que la recurrida después de 7 y 8 años respectivamente pretende cobrar extrajudicialmente a través de descuentos ilegales, directos, sin aviso o notificación previa dichos créditos a pesar a existir una sentencia a favor acogida por la Corte de Apelaciones de La Serena y una revocación del mandato otorgado a la Caja de Compensación de Los Andes del pagaré firmado.

Hace presente que dicha deuda corresponde a una deuda, que en todo caso se encuentra prescrita, habiéndose iniciado el cobro judicial en la causa Rol C-29.748-2016, por un monto de $12.375.163, seguida ante el Séptimo Juzgado Civil de Santiago, demanda respecto de la cual nunca ha sido notificado.

Sostiene que la Caja de Compensación Los Andes al no contar con un título ejecutivo y al no ejercer ninguna otra acción ordinaria, ha optado por actuar, a su conveniencia, presuntamente amparada en la ley de cajas de compensación, y ordenar a BESALCO MAQUINARIAS S.A. a un descuento mensual “por planilla”, sin fundamento legal.

Afirma que el actuar de la recurrida vulnera las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 N°3 en atención a que, para obtener la solución de un crédito, se debe demandar en los tribunales ordinarios el pago de la deuda y que, en el presente caso, en este caso la recurrida ha puesto en una situación desigual al actor frente a otros deudores civiles al ampararse en una norma de la Ley de Cajas de Compensación.

Sostienen que también se vulnera el derecho de igualdad ante la ley consagrado en el artículo 19 número 24 de la Constitución Política de la República, señalando, en síntesis, que a través del acto de la recurrida se priva al actor del legítimo derecho de propiedad a percibir su remuneración íntegra.

Indica que el proceder extemporáneo y sorpresivo de las Cajas de Compensación sobre los descuentos de los meses de marzo, abril, mayo, junio y julio del año 2022 no aparece revestido de la necesaria racionalidad y fundamento, pues no se ha informado ni acreditado los antecedentes judiciales formales que puedan sostener un descuento de una deuda de hace 8 y 7 años respectivamente.

Por lo e expuesto solicita que se ordene a recurrida el reintegro y devolución de todas y cada una de las sumas descontadas de las remuneraciones del recurrente, con los intereses que legalmente correspondan y debidamente reajustadas hasta el momento de dicha devolución y que se ordene que se abstenga de realizar por sí y/u ordenar que se realicen por terceros, especialmente por parte de “BESALCO MAQUINARIAS S.A.”, o por cualquier otro empleador que tenga o tuviere en el futuro, u otro organismo público o privado.

Acompaña los siguientes documentos: 1. Liquidaciones de remuneraciones del actor correspondiente al periodo de marzo a julio del año 2022; 2. Copia de demanda causa Rol C-29.748-2016 del Séptimo Juzgado Civil de Santiago; 3. Copia de Recurso de Protección rol 814-2019, Ilustre Corte de Apelación de La Serena; 4. Comunicación de la revocación de mandato al jefe General de Relaciones Humanas, don nombre reservado, en su calidad de representante del empleador BESALCO MAQUINARIAS S.A; 5. Carta enviada por don nombre reservado a don nombre reservado, sobre sentencia Ilustre Corte de Apelaciones de La Serena.

Segundo: Que a folio 8, informa Matías Amigo García, abogado, en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes solicitando el rechazo del recurso.

Señala que el 11 de octubre 2013 se otorgó al recurrente un crédito por un capital inicial de $20.067.832.-, con una tasa de Interés de 1.74%, pagadero en un plazo de 60 cuotas por la suma de $553.999, cuyo primer vencimiento correspondió el 31 de enero 2014. Sostiene que a la fecha dicha operación se encuentra en mora respecto del pago de las cuotas que van de mayo 2016 a diciembre 2018, cuotas N° 29 a la N° 60.

Sostiene que el 31 de marzo del 2015 se otorgó a don nombre reservado un crédito por la suma de $4.124.461, pagadero en 60 cuotas de $132.675, cuyo primer vencimiento correspondió al 30 De abril del 2015 y dicho crédito se encuentra moroso respecto de las cuotas que van desde julio del 2017 a marzo del 2020, cuotas número 28 al número 60.

Afirma que no existe una actuación ilegal o arbitraria por parte de la recurrida, ya que los descuentos para el pago de las cuotas del crédito social son informados al empleador del deudor de acuerdo al mecanismo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N°18.833 y que la acción de cobro no ha sido declarada prescrita, haciendo presente que mientras no exista un pronunciamiento judicial emanado del tribunal competente en la materia, la obligación de pagar la suma de dinero recibida en préstamo por el actor existe y es plenamente exigible.

Agrega que, no obstante, y sin reconocer la extinción de la deuda ni los hechos ni fundamentos de derecho que esgrime el recurrente en su recurso de protección, la Caja de Compensación ha dispuesto el cese definitivo de los descuentos del crédito otorgado al recurrente y dispondrá la restitución de aquellas sumas que hayan sido recibidas en caso de que se hayan reanudado los cobros.

Hace presente, que las planillas de descuento son generadas los días 25 del mes anterior a aquel en que se hacen efectivos los descuentos, pero que, no obstante, su representada dispondrá la devolución de toda suma que sea recibida en el intertanto.

Por lo expuesto solicita el rechazo de la acción de protección, por haber perdido oportunidad toda vez que su representada ha accedido voluntariamente al cese de los descuentos y restitución solicitados.

Tercero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Cuarto: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

Quinto: Que, sin perjuicio de lo informado por la recurrida en cuanto a haber dispuesto el cese definitivo de los descuentos, así como la devolución de los montos descontados, a la fecha no consta que se haya materializado lo que lleva al rechazo de la alegación de pérdida de oportunidad planteada por la recurrida.

Sexto: Que, en la especie, se verifica una vulneración y amenaza del derecho de propiedad del recurrente, por cuanto el actor ha visto disminuidas sus remuneraciones, derivado de un acto arbitrario de la recurrida, en atención a que si bien ambas partes no discuten la existencia de las deudas que dan origen al descuento por planillas, si puede discutirse la vigencia de estas, en tanto se trata de obligaciones que se hicieron exigibles en los años 2016 y 2017.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado, en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, debiendo la recurrida cesar de inmediato con los descuentos por planilla efectuados sobre las remuneraciones del recurrente y proceder a la devolución de todos los dineros descontados por dicho concepto, sin perjuicio de otros derechos.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 6003-2022 Protección.