COMERCIANTES MAYORISTAS DE LA SERENA S.A. con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA SERENA

Comerciantes Mayoristas de La Serena S.A.

I. Municipalidad de La Serena Recurso de protección Rol Nº595-2025 La Serena, veintinueve de mayo de dos mil veinticinco.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, comparece Eugenio Cortés Caroca, abogado en representación de la Sociedad Comerciantes Mayoristas de La Serena, sociedad del giro de su denominación, Rut. RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, Ruta 5 Norte, sin número, comuna de La Serena, Región de Coquimbo, deduciendo recurso de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de La Serena, representada legalmente por su alcaldesa doña Daniela Norambuena Borgheresi, ambas domiciliadas en domicilio reservado, Región de Coquimbo.

Expone que, su representada es propietaria del recinto comercial denominado Terminal Agropecuario La Palmera, ubicado al costado oriente de la Ruta 5 Norte, al norte del Río Elqui, sector Las Compañías, comuna de La Serena, donde se dedican principalmente a la venta de insumos agropecuarios, contando con múltiples bodegas donde sus accionistas almacenan y comercializan sus productos, operando regularmente los siete días a la semana, cumpliendo con las regulaciones legales y municipales, como la emisión de boletas, el pago de patentes comerciales y el cumplimiento de obligaciones tributarias.

Indica que, en las inmediaciones externas del Terminal, particularmente durante el último tiempo, se han instalado numerosos comerciantes ambulantes de forma ilegal, perjudicando gravemente la actividad económica de los comerciantes establecidos al interior del recinto, lo cual viola lo establecido en la Ordenanza Municipal N°2 de 13 de enero de 1993 de la Ilustre Municipalidad de La Serena, que prohíbe expresamente en su artículo 6 el comercio ambulante en áreas ubicadas a menos de cinco cuadras de ferias libres, en todo el trayecto de la Avenida del Mar con sus calles colindantes en la Ruta 5 dentro de sus límites comunales.

Señala que, la omisión de fiscalización y control por parte de la recurrida ha permitido la proliferación descontrolada del comercio ilegal, generando un evidente perjuicio a los comerciantes establecidos legalmente, además de propiciar graves incivilidades, tales como, personas orinando y defecando en la vía pública, acumulación y arrojo constante de basura, venta de productos robados o adulterados, venta irregular de alimentos sin autorización sanitaria, incumplimientos tributarios y creación de focos permanentes de inseguridad y delincuencia que afectan tanto a comerciantes como a clientes.

Alega que, la recurrida sabiendo de la problemática y detentando atribuciones para intervenir no ha actuado con la debida diligencia ni continuidad necesaria, lo que configura una omisión claramente ilegal y arbitraria que vulnera directamente los derechos constitucionales de sus representados.

Refiere que, esta omisión de la recurrida es ilegal y arbitraria, pues debe considerarse lo señalado por la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, la que prescribe en el Párrafo 2° sobre funciones y atribuciones de las Municipalidades, en artículo 3° letra f), que les corresponderá, en el ámbito de su territorio “El aseo y ornato de la comuna”; a su turno el artículo 4° literal b), dispone que podrán desarrollar directamente o en conjunto con otros órganos de la Administración del Estado: “La salud pública y la protección del medio ambiente.", y por su lado, el artículo 5°, estatuye como atribuciones esenciales, en su letra I) “Elaborar, aprobar, ejecutar y evaluar el plan de seguridad pública”; Y en su inciso antepenúltimo: “Sin perjuicio de las funciones y atribuciones de otros organismos públicos, las municipalidades podrán colaborar en la fiscalización y en el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes a la protección del medio ambiente, dentro de los limites comunales." Luego agrega que, el artículo 22 del mismo cuerpo legal, establece, como función específica de la Unidad de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad: “c) Proponer y ejecutar, dentro de su ámbito y cuando corresponda, medidas tendientes a materializar acciones relacionadas con la salud pública, protección del medio ambiente..” y en tanto, el artículo 25, dispone, que corresponde a la Unidad encargada de la función de medio ambiente, aseo y ornato, de la Municipalidad, entre otras, el velar por: “a) El aseo de las vías públicas, parques, plazas, jardines y, en general, de los bienes nacionales de uso público existentes en la comuna; b) El servicio de extracción de basura. (...)”. Prosigue indicando que el artículo 36, establece: “Los bienes municipales o nacionales de uso público, incluido su subsuelo, que administre la municipalidad, podrán ser objeto de concesiones y permisos. Los permisos serán esencialmente precarios y podrán ser modificados o dejados sin efecto, sin derecho a Indemnización. Las concesiones darán derecho al uso preferente del bien concedido en las condiciones que fije la municipalidad. Sin embargo, ésta podrá darles término en cualquier momento, cuando sobrevenga un menoscabo o detrimento grave al uso común o cuando concurran otras razones de interés público.(..)". Y por último se refiere al artículo 63, el que fija, como atribuciones de los alcaldes: “g) Otorgar, renovar y poner término a permisos municipales.”

Prosiguen refiriéndose a la Ley N°21.246, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que, sobre comercio ilegal, dispuso en su artículo 5°: “Las municipalidades deberán establecer en sus respectivas ordenanzas los lugares donde se podrá ejercer el comercio ambulante, las que deberán contener a lo menos, un sistema único de identificación personal, con registro fotográfico de la persona autorizada para ejercer dicho comercio." Señala que, en este sentido, encontramos la Ordenanza N°2, de 1993, de la Ilustre Municipalidad de La Serena, denominada “Ordenanza de Comercio en la Vía Pública”, la cual de manera pormenorizada regula las normas para el comercio ambulante en bienes nacionales de uso público, indicando al respecto a su artículo 6° que el ejercicio del comercio en la vía pública tendrá un área restringida comprendida entre los siguientes límites: a) Calle Almagro; b) Calles Pedro Pablo Muñoz y El Santo; c) Calle Huanhualí; e) Calles Infante, V. Zorrilla, M. Rodríguez, Esmeralda, Amunátegui y Cisternas; a 5 cuadras de las Ferias Libres, en todo el trayecto de la Avenida del Mar con sus calles colindantes en la Ruta 5 dentro de sus límites comunales. Por lo que indica, que esta ordenanza determina en detalle la regulación del comercio en la vía pública, ejercicio de los distintos giros comerciales, su forma, lugar específico destinado para la instalación, encargado, obligaciones, prohibiciones, sanciones, entre otras.

Arguye que de la normativa reseñada, queda claro que la recurrida está plenamente facultada para fiscalizar el comercio ambulante, verificando especialmente si cuenta con autorización municipal, para lo cual puede ejercer directamente sus atribuciones o coordinarlas con otras instituciones como Carabineros, asegurando así el orden público, el cumplimiento de medidas sanitarias, el respeto al medio ambiente y evitando entorpecer tanto la libre circulación por las calles como la actividad del comercio establecido. Además, indica que, se encuentra obligada a efectuar la labor de aseo v ornato de las calles, con el retiro de las basuras y desechos eliminados por dicho comercio.

Refiere que estas acciones deberían ejecutarse de forma regular v constante, acorde con la gravedad de la situación, con el objetivo de impedir el uso indebido de espacios no autorizados para comercio, evitando así que proliferen actividades comerciales contrarias al marco legal vigente, las que generan perjuicios al comercio establecido que sí cumple con las normas municipales y sus obligaciones tributarias. Por lo cual indica que existe una omisión ilegal de parte de la Ilustre Municipalidad de La Serena, omisión que por lo demás, también es arbitraria.

Indica que la omisión es arbitraría, por cuanto la recurrida, estando plenamente facultada para ejercer acciones de fiscalización y control del comercio ambulante ilegal establecido fuera del Terminal Agropecuario La Palmera, no ha cumplido de forma efectiva y constante dicha obligación, permitiendo que esta actividad ilegal se prolongue en el tiempo y se agrave día tras día. Además, esta omisión refiere que, contradice explícitamente lo estipulado por su propia Ordenanza Municipal N°2, de 1993, que establece claramente las zonas permitidas para dicho comercio, excluyendo de manera específica aquellas que se encuentran dentro de un radio de 5 cuadras desde ferias libres, en todo el trayecto de la Avenida del Mar con sus calles colindantes en la Ruta 5 dentro de sus límites comunales, como es precisamente el caso del Terminal Agropecuario La Palmera.

Así alude que, el actuar omisivo de la Municipalidad resulta absolutamente arbitrario por cuanto ignora intencionalmente la normativa aplicable, generando un trato desigual e injustificado respecto de los comerciantes que sí cumplen rigurosamente con la ley, pagan patentes comerciales, cumplen exigencias tributarias y sanitarias, y se sujetan estrictamente a la reglamentación local.

Relata que, la recurrente y sus accionistas, han visto severamente afectado su legítimo derecho a desarrollar libremente sus actividades económicas, debiendo competir en desiguales condiciones contra comerciantes que operan en abierta ilegalidad, lo que inevitablemente ha mermado sus ingresos y deteriorado la actividad comercial lícita que realizan.

Sobre los derechos constitucionales conculcados, indica que se afecta el derecho de igualdad ante la ley, contemplado en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, pues la falta de control y fiscalización efectiva del comercio ilegal por parte de la Municipalidad genera una situación profundamente discriminatoria y arbitraria, infringiendo el principio constitucional de igualdad ante la ley. Los comerciantes establecidos en el Terminal Agropecuario La Palmera han sido obligados a cumplir estrictas normativas, pagar impuestos y patentes municipales, así como acatar disposiciones sanitarias específicas, en contraste, los comerciantes ambulantes ilegales, al no estar sometidos a ninguna exigencia o regulación municipal efectiva, operan sin incurrir en costos administrativos o regulatorios. Este doble estándar impuesto por la inacción de la autoridad municipal constituye una evidente vulneración del derecho a la igualdad ante la ley, ya que impone cargas desproporcionadas y desiguales a quienes actúan legalmente frente a quienes realizan actividades ilícitas, frente a lo cual la recurrida teniendo pleno conocimiento de los hechos, ha mantenido una postura de absoluta pasividad e indiferencia, permitiendo que una situación irregular se consolide y se mantenga en el tiempo.

En segundo lugar, señala vulnerado el trato igualitario que el estado debe dar en materia económica, contemplado en el artículo 19 N°22 de la Constitución Política, pues nada justifica que en materia económica y frente a una misma actividad el Estado tenga por un lado una actitud de exigencia normativa y, por otro lado, una actitud laxa respecto al cumplimiento normativo.

En tercer lugar, señala que se afecta el derecho de propiedad, contemplado en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política, pues la pasividad ilegal y arbitraria de la Municipalidad afecta gravemente el derecho de propiedad de sus representados, en tanto les impide disfrutar y disponer plenamente del valor económico y comercial de sus instalaciones y negocios. La proliferación del comercio ambulante ilegal en las inmediaciones del Terminal Agropecuario ha provocado una notoria y sostenida disminución en el flujo de clientes, quienes prefieren acceder a productos ofrecidos en la vía pública bajo condiciones desleales y fuera del marco legal, perjudicando directamente la rentabilidad y valorización de los locales comerciales legítimamente establecidos. En este sentido, la inacción municipal constituye una omisión ilegítima, indirecta pero efectiva, que priva a los recurrentes del uso pacífico y fructífero de sus propiedades, generando un evidente daño patrimonial, disminuyendo el valor económico de sus inversiones, afectando la continuidad de su giro comercial, e imponiéndoles costos adicionales derivados del contexto de inseguridad, insalubridad y competencia desleal tolerado por la autoridad municipal.

Concluye solicitando que, se acoja el recurso y se ordene a la recurrida ejecutar de forma inmediata y permanente todas las acciones necesarias para: a) Mantener el orden, aseo e higiene del sector aledaño al Terminal Agropecuario La Palmera; b) Fiscalizar y sancionar conforme a la Ordenanza N°2, de 1993, el comercio ambulante ilegal instalado en las inmediaciones; c) Adoptar medidas de emergencia que cesen la perturbación de los derechos fundamentales invocados; d) Establecer un plan de fiscalización permanente, en coordinación con Carabineros u otras instituciones competentes; y e) Conformar una mesa de trabajo con representantes de la Municipalidad y de COMERCIANTES MAYORISTAS DE LA SERENA S.A., a fin de coordinar, supervisar, dar seguimiento, reportar y evaluar el cumplimiento efectivo de las medidas ordenadas, asegurando su continuidad y eficacia, todo lo anterior, con condena en costas.

Acompaña a su recurso y a folio 3: Set de fotografías de la instalación del comercio ambulante e ilegal en las afueras del terminal agropecuario; imagen de Google Earth, donde se aprecia la ubicación del terminal agropecuario en la ciudad de La Serena; escritura pública de constitución de la sociedad COMERCIANTES MAYORISTAS DE LA SERENA S.A; Ordenanza Municipal N°2 de 13 de enero de 1993 de la Ilustre Municipalidad de La Serena; Set de fotografías del acceso al Terminal Agropecuario La Palmera; Certificado de Vigencia de la sociedad “Comerciantes Mayoristas de La Serena S.A”; Certificado de Dominio Vigente del Lote A y B del sector Las Compañías; Set de fotografías que muestran la basura en el acceso al Terminal Agropecuario La Palmera; Listado de accionistas de la sociedad Comerciantes Mayoristas La Serena S.A.

SEGUNDO: Que, a folio 13, comparece el abogado Fernando Nazer Castro, en representación de la Ilustre Municipalidad de La Serena, evacuando el informe ordenado, solicitando su rechazo, con costas.

Hace presente, que no consta la propiedad que señala ostentar la parte recurrente, toda vez que el certificado de dominio vigente acompañado fue emitido en el año 2019, teniendo valor durante 30 días; además que, la cita de la normativa comunal es errónea, puesto que a la fecha de interposición del recurso de protección la vigente es la Ordenanza N°13 sobre Comercio en la Vía Pública, de 31 de diciembre de 2024.

En relación al comercio en la vía pública, señala que la Ilustre Municipalidad de la Serena ha ejercido constante y permanente un control sobre este tipo de actividades, y no sólo respecto de aquellos contribuyentes que lo realizan de forma ilegal, sino que también respecto de aquellos que cuentan con las autorizaciones para ello, puesto que se trata del cumplimiento permanente de las obligaciones que el ordenamiento jurídico impone, lo que consta en otros procedimientos de protección radicados ante esta Corte en los que su representada ha debido informar ante el requerimiento de dichos comerciantes.

Niega que exista pasividad y falta de constancia en la fiscalización del comercio informal en el sector donde se emplaza el recinto en el que funciona la recurrente, ni en ningún otro lugar de la comuna, haciendo presente que el municipio debe velar por todo el territorio de la comuna que corresponde una superficie de 1.901,48 km2, y no sólo las inmediaciones del terminal agropecuario La Palmera. Añade que, desde la entrada en vigencia de la ley N°21.426 sobre comercio ilegal, su representada en conjunto con la Delegación Presidencial inició una serie de acciones en el año 2022 para controlar el comercio ambulante no autorizado, fiscalizando igualmente como se adelantó a las personas autorizadas. Estas acciones permitieron erradicar casi totalmente el comercio ilegal desde el sector céntrico y casco histórico de la comuna, y ampliar la fiscalización hacia otros como las inmediaciones del recinto de la recurrente, a través de la Dirección de Seguridad Ciudadana que ejecutó estas labores en coordinación con la Dirección de Obras Municipales y la Sección de Patentes Comerciales, satisfaciendo el interés común en la comuna, especialmente en relación con la sensación de seguridad.

Agrega que, su representada se encuentra en un proceso de restructuración para realizar un uso eficiente de sus recursos, lo que ha permitido dar más visibilidad a la labor de inspectores municipales como en el borde costero durante la época estival, por ejemplo, sin dejar de lado las labores permanentes en el resto de la comuna, contando con un total de 27 inspectores municipales.

Señala que debe considerarse, que las fiscalizaciones efectuadas por la Dirección de Seguridad Ciudadana no sólo se coordinan con otras unidades municipales, sino que ante la necesidad también intersectorialmente lo hace con otras instituciones del Estado que cuentan con otros recursos y facultades, tales como la Subsecretaría de Transporte, el Servicio de Impuestos Internos (SII), el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones (PDI). En estos casos las actuaciones se dirigen especialmente por el Coordinador Regional de la Región de Coquimbo. Y que, estas fiscalizaciones interinstitucionales se focalizan en sectores críticos o prioritarios previamente identificados por la autoridad comunal, y en otras áreas determinadas en respuesta a requerimientos ciudadanos o denuncias vecinales específicas. Relata las funciones operativas que desempeña el equipo de inspectores en terreno, las que incluyen: fiscalización del comercio informal, despeje de vías públicas, control de tránsito local, patrullaje en motocicleta, atención de denuncias ciudadanas, operativos en ferias libres de lunes a domingo y fiscalizaciones nocturnas diarias por cuadrantes definidos según denuncias.

Indica que, si bien la sensación de la recurrente es de pasividad por parte del municipio, una de las causas de ello es que en sí las actividades infractoras que ha detectado el municipio ha ido en aumento desde el mes de enero de 2025, la Dirección de Seguridad Ciudadana mantiene un registro de los casos detectados, y muestra un gráfico de ello. Indica que por ello el municipio ha instado por la cooperación interinstitutional para abordar los desafíos que no son menores, y señala que, llama la atención que la recurrente habiendo identificado que la solución de sus problemas recae en más de una institución, por las aristas de seguridad pública y medio ambiente, ha dirigido la acción constitucional únicamente en contra de la Municipalidad.

Alega que, la Ilustre Municipalidad de La Serena no ha sido pasiva frente a las situaciones de comercio ilegal en la comuna, ha actuado diligentemente, y que, tampoco es posible imputarle omisión en el uso de las facultades legales, entre ellas las otorgadas por la ley N°21.426, ley N°18.695, decreto ley N°3.063, y la normativa comunal, por ejemplo.

Refiere que, a propósito del presente recurso, su representada solicitó a la Dirección de Seguridad Ciudadana informar sobre las situaciones expuestas en la acción de protección, especialmente sobre la pasividad del municipio frente a lo que califica la contraria como una proliferación descontrolada del comercio ambulante ilegal e incivilidades en las inmediaciones del terminal agropecuario La Palmera, y que al respecto, señala existir un programa de fiscalización sistemático y periódico orientado a la identificación, supervisión y eventual sanción de las actividades comerciales informales detectadas en el sector Terminal Agropecuario Las Palmeras, especialmente desde el mes de enero de 2024 a la fecha, cuyos objetivos principales son: a) Control del ejercicio del comercio ambulante no autorizado, b) Verificación del uso indebido del espacio público, c) Control de permisos municipales y patentes comerciales, y d) Levantamiento de evidencia documental y gráfica.

Añade que de la fiscalización que se ha realizado desde el año 2024 en el sector implica no sólo la presencia de inspectores municipales in situ, también por ejemplo el uso de herramientas como entrevistas dirigidas y registros fotográficos en coordinación con fuerzas del orden como Carabineros de Chile, y se refiere a la cantidad de fiscalizaciones, con la infracción a la normativa respectiva. Además, indica que, se cursaron reiteradamente infracciones por ejercer la actividad de comercio en la vía pública sin patente comercial municipal vigente, y por la instalación de estructuras provisorias no autorizadas como carritos, toldos, bandejas móviles, etcétera.

Por lo expuesto, alega que mal podría afirmarse en estos autos que la Ilustre Municipalidad no ha ejercido las facultades de fiscalización en miras a erradicar de la comuna de La Serena el comercio ilegal, y especialmente del sector en que se emplaza el recinto de la recurrente, así como de las incivilidades que señala en su recurso.

En relación a que su representada ha incumplido sus deberes en torno al aseo y ornato de la comuna, así como el cuidado del medio ambiente, señala que se han cumplido con sus funciones; así en cuanto a labores de aseo y ornato, se debe contemplar la recolección de residuos sólidos, la limpieza de calles y espacios públicos, la gestión de residuos voluminosos, y la mantención de áreas verdes; además, indica que la municipalidad debe velar por el buen estado de los bienes públicos y la higiene en general, y que, aquellas labores se realizan especialmente por la Municipalidad a través de la Dirección de Servicios a la Comunidad (DISERCO), unidad que efectúa la limpieza de la comuna y mantención de áreas verdes, especialmente en las áreas no concesionadas. Es del caso que, en el sector donde se emplaza el recinto de la parte recurrente estos operativos se realizan de forma periódica y constante, no solo de seguridad, también de limpieza, pero que es difícil que se efectúe diariamente como pretende la parte recurrente, toda vez que la Municipalidad debe atender las necesidades de toda la comuna, no sólo del Terminal Agropecuario La Palmera.

Expone que, actualmente la Municipalidad ha adjudicado una línea de la licitación pública de mantención de áreas verdes, proceso de adquisición que en total abarca 1.222.564,7 m2, y en lo no adjudicado seguirá realizando el aseo y ornato de las áreas verdes por medio de las unidades municipales señaladas. Hace presente que, área verde es toda aquella superficie destinada al esparcimiento, convivencia y recreación, definida a través de la conformación de paseos peatonales, veredas, aceras y calzadas circundantes, escalas de acceso, pavimentos sueltos y duros, jardineras, mobiliario urbano (escaños, juegos infantiles, letreros, basureros, piletas de agua, etc.), jardines que consideren césped, especies arbustivas, florales, cubre suelos y todo aquel elemento que forme parte del diseño paisajístico contratado y que definen íntegramente el área del contrato. Sobre el servicio de recolección de basura, indica que, también existe una concesión durante 6 años para parte de las necesidades de la comuna, adjudicado en la licitación pública ID 4395-9-LR19, el que contempla: a) Recolección y transporte de residuos sólidos domiciliarios urbanos; b) Recolección y transporte de residuos sólidos domiciliarios rurales; c) El servicio de recolección de voluminosos; d) Recolección y transporte de residuos sólidos generados por sobre generadores; e) Los servicios detallados anteriormente incluyen las labores de recolección puerta a puerta de los RSD de la comuna, por medio de un servicio con carga posterior tradicional, tanto urbano como rural, así como también, el carguío y transporte de micro basurales urbanos y rurales; y su transporte a un lugar de disposición final autorizado por la autoridad; y que, este servicio ha sido aumentado contractualmente en razón de las necesidades de la comuna que se han incrementado.

En cuanto al medio ambiente, indica que, en el municipio existe un Departamento de Protección del Patrimonio, que se encuentra inserto en la Dirección de Turismo y Patrimonio, y entre sus funciones principales se encuentran la de desarrollar programas de educación ambiental, sustentabilidad hídrica y energética, y promover la protección de los ecosistemas, realizando constantes tareas con la comunidad. Además, la Ilustre Municipalidad de La Serena tiene un convenio de cooperación vigente con la Corporación Sistema de Gestión Envases y Embalajes, RESIMPLE, en el marco de la ley N°20.920.

Por lo anterior, arguye que su representada realiza efectivamente y cumple con las funciones encomendadas de aseo y ornato en la comuna, así como aquellas medioambientales, no sólo en la comuna, sino que también en el entorno del Terminal Agropecuario La Palmera, sólo que atendido a la naturaleza de las necesidades no es posible coordinar el retiro diario de basura en el sector, en desmedro de otros incluso más densamente habitados.

En relación con la vulneración de garantías constitucionales, indica que la infracción no es tal, pues debe considerarse que los requisitos para ejercer una actividad económica están sancionados por ley y no dispuestos según el parecer de su representada, y que, la Municipalidad no realiza ninguna discriminación entre los vecinos de la comuna, el cumplimiento de las exigencias para el ejercicio de una actividad comercial es por igual a todos, y que, la diferencia está en las consecuencias, aquellos que siendo fiscalizados cumplen pueden seguir desarrollando su actividad comercial; sin embargo, aquellos que infrinjan la normativa o no cumplan sus requisitos están expuestos a que se cursen las infracciones correspondientes y el retiro de sus mercaderías.

Alega que, sobre las acusaciones de venta de bienes robados, adulterados, falsos, la recurrente debiese entregar los antecedentes para que además de las medidas administrativas se pueda iniciar la persecución penal de dichos actos, pues su representada realiza el control y fiscalización del comercio desarrollado en la vía pública, en toda la comuna y especialmente en las inmediaciones del recinto de la parte recurrente, cursando los partes y ejerciendo sus facultades, coordinando su accionar con Carabineros de Chile y otras instituciones, por lo que la pasividad e inacción que se acusa ante este tipo de comercio ilegal no existe.

Y sobre la afectación de la garantía constitucional del derecho de propiedad, alega que tampoco es tal, partiendo porque el hecho fundante para ello en el recurso es la supuesta inactividad del gobierno comunal en el control y fiscalización que no es tal, la Dirección de Seguridad Ciudadana realiza dichas acciones en el sector, en coordinación no sólo con unidades municipales sino también con otras instituciones, como Carabineros de Chile, por ejemplo, además señala, que existe una falta de antecedentes para mantener la hipótesis de afectación planteada por el recurrente, especialmente sobre la merma de la actividad comercial al interior del terminal agropecuario.

Finaliza indicando, que el recurso debe ser desestimado, ya que no existen actos u omisiones ilegales o arbitrarias imputables a la Municipalidad ni una afectación de derechos constitucionales, por lo que solicita su rechazo, con costas.

Acompaña a su informe: Ordenanza Municipal N°13, de 2024; Informe de la Dirección de Seguridad Ciudadana; Decreto Alcaldicio N°2224, de 2023, y convenio que lo aprueba.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, del mérito de autos, se desprende que el actuar recurrido es uno de carácter omisivo, esto es, la falta de fiscalización en que, a juicio de la recurrente, habría incurrido la entidad edilicia para controlar la presencia de comerciantes ambulantes en las inmediaciones del sector del Terminal Agropecuario La Palmera.

Al respecto, y como sostuvo el abogado que representó los intereses del recurrente, el quid del asunto radica en determinar si la autoridad “ha ejercicio o no sus facultades de fiscalización” en los alrededores del Terminal Agropecuario señalado y que esta omisión deviene en ilegal y/o arbitraria.

De los antecedentes arribados al recurso, se constata que la recurrente ha acompañado fotografías que según señala darían cuenta del ejercicio del comercio ambulante a las afueras del Terminal, como la basura que también yace en el lugar, de las cuales a simple vista se puede determinar que no se evidencian de forma indubitada las alegaciones sobre la omisión que se le reprocha a la recurrida.

SEXTO: Que, tal como se desprende del libelo, dentro de los roles del municipio recurrido, la presente acción pretende controlar los actos de la administración que, en lo que importa al recurso, aparezcan actos concretos para ejecutar sus labores, sin que esta Corte detente facultades para analizar si dichas facultades son o no bien ejercidas, desde que son justamente facultades, por lo que, lo solicitado se estrella con el contenido de fondo de políticas públicas de control del aumento creciente del comercio ambulante, como advierte al actor.

Se debe tener presente, además, que ya la Excma. Corte Suprema a resuelto que el recurso de protección no puede extenderse a aquellos tópicos. En efecto, en autos Rol N°150.495-20, el máximo tribunal indicó que “Los requisitos constitucionales que permiten interponer la acción de protección, los cuales hace también suyos el autoacordado respectivo dictado por esta Corte, demandan que se trate de un acto u omisión ilegal o arbitrario que cause afectación de garantías constitucionales. En consecuencia, no procede utilizar el referido instrumento para objetar el mérito de las decisiones de la autoridad cuando éste no sea compartido por quien acude a estrados”, posición reiterada en autos Rol N°18.469-20 de la Corte de Apelaciones de Concepción, entre otros.

Prueba de ello es que, dentro de lo pedido, se exige que esta Corte ordene a la autoridad la conformación de mesas de trabajo para revertir los efectos dañosos que relata. Nada más alejado de los limites excepcionales de esta acción constitucional.

SÉPTIMO: Que, por lo anteriormente razonado, es fácil constatar que el libelo constitucional en análisis importa cuestionar los actos de la entidad edilicia en el ámbito de sus facultades. Y al respecto debemos recordar que la Ley N°21.426 exige que “Las municipalidades deberán establecer en sus respectivas ordenanzas los lugares donde se podrá ejercer el comercio ambulante, las que deberán contener, a lo menos, un sistema único de identificación personal, con registro fotográfico de la persona autorizada para ejercer dicho comercio”, lo que la autoridad cumple mediante la Ordenanza N°13 de 31 de diciembre pasado y, conforme el mérito del informe, aparecen diversas medidas adoptadas.

Si ellas no son suficientes, a juicio de quien recurre, será resorte de un interesante análisis que debe darse en otro contexto y no por la vía excepcional intentada, la que exige un acto u omisión arbitrario o ilegal. En este caso no se advierte cómo el actuar -o su falta, según sostiene quien recurre- haya afectado los derechos o garantías del actor y no de otras personas; con ello se descarta la afectación de las garantías consagradas en los numerales 2 y 22 del artículo 19 de la Carta Fundamental. Y en cuanto al derecho de propiedad, es imposible adjudicar su supuesta vulneración a la entidad recurrida, desde que quienes afectarían sus ventas serían los comerciantes ambulantes, según sus propios dichos.

Todo lo anterior lleva, necesariamente, al rechazo del libelo.

Sin perjuicio de lo anterior, parece razonable acoger la generación y mantención de instancias de coordinación con los vecinos, a fin de recoger sus sugerencias y solicitudes, aunque aquello no pueda ser algo ordenado en este contexto.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se RECHAZA el recurso de protección interpuesto a favor de SOCIEDAD COMERCIANTES MAYORISTAS DE LA SERENA, en contra de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA SERENA.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°595-2025 (Protección).

Documentos con Validez Legal Ley N° 19799. Certificado por E-Sign S.A.

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