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Derecho público chileno

ProtecciónRol N° 592-202614 may 2026
Fecha
14 de mayo de 2026
Corte
Corte de Apelaciones de La Serena
Resultado
Rechazada
Cita
Corte de Apelaciones de La Serena, Rol N° 592-2026, sentencia de 14 de mayo de 2026

Resumen

Se rechaza la protección: la exclusión del curso proviene de autoridad competente con causal normativa y las anotaciones disciplinarias no estaban eliminadas; su eliminación ya fue resuelta.

Texto íntegro

nombre reservado, nombre reservado

Policía de Investigaciones de Chile Recurso de protección Rol N°592-2026 La Serena, catorce de mayo de dos mil veintiséis.

VISTO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, comparece nombre reservado, Comisario de la Policía de Investigaciones de Chile, grado 8°, interponiendo acción constitucional de protección en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, por haber resuelto su exclusión del “Curso de Oficial Graduado en Investigación Criminalística”, promoción 2027, esgrimiendo para ello medidas disciplinarias cuya eliminación de su hoja de vida fue solicitada en el mes de mayo del año 2025 sin que a la fecha conste resolución respecto de aquella petición. Como garantías vulneradas indica aquellas contenidas en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que ingresó la Policía de Investigaciones de Chile el 01 de febrero de 2004, contando a la fecha con 22 años de servicio ininterrumpido, y que en virtud de proceso dispuesto mediante Radiograma N 27 de 15 de abril de 2025 de la Jefatura Nacional de Administración y Gestión de la Personas, el 05 de mayo de 2025 solicitó formalmente la eliminación de sus medidas disciplinarias antiguas, sin que a la fecha cuente con un pronunciamiento de término respecto de aquella petición.

Por otra parte señala que el 2 de febrero pasado fue convocado a participar en el proceso de selección para el Curso de Oficial Graduado en Investigación Criminalística, Promoción 2027 y que el 03 de marzo se le notifica que la Comisión Evaluadora decidió excluirlo del proceso en atención a que registra 3 medidas disciplinarias de los años 2008, 2009 y 2017, respecto de las cuales solicitó su eliminación. Indica que el 4 de marzo interpuso recurso de reclamación, el que fue desechado mediante resolución de 26 de marzo en el que se omite todo pronunciamiento respecto al hecho de que en oportunidades anteriores la Comisión Evaluadora le ha permitido continuar con el proceso de selección a pesar de registrar medidas disciplinarias.

Arguye que los hechos constituyen un actuar ilegal y arbitrario en la medida que el acto administrativo no se encuentra suficientemente motivado y no se toma en consideración que si el funcionario registra sanciones a la fecha es por la falta de decisión de la propia institución respecto a la solicitud de eliminación formulada durante el año 2025. Sostiene que los hechos descritos, además, vulneran su garantía de igualdad ante la ley y su derecho de propiedad en la medida que se le deja en una situación desfavorable respecto a otros funcionarios que han podido obtener un pronunciamiento oportuno respecto a su solicitud de eliminación de antecedentes y que han podido postular al curso avanzando en su carrera funcionaria.

Previa citas de derecho solicita “1. Que se deje sin efecto y se invalide la resolución de exclusión dictada por la Comisión de Reclamación, notificada al suscrito con fecha 26 de marzo de 2026. 2. Que, en virtud de la Orden General N° 2.674, y atendido el avance cronológico del certamen, se declare que la exclusión sufrida constituye una causa sobreviniente no imputable al recurrente, y se ordene a la recurrida que NO se compute la actual convocatoria del año 2026 como una oportunidad de postulación utilizada, manteniendo mi derecho intacto para el período siguiente. 3. Que se ordene a la Institución, en virtud de lo dispuesto en la Orden General N° 1.942, emitir un pronunciamiento categórico, formal e inmediato respecto a la solicitud de eliminación de medidas disciplinarias interpuesta con fecha 05 de mayo de 2025 (originada en el Radiograma N° 27), debiendo ser esta acogida en su totalidad al cumplir el suscrito con todos los presupuestos reglamentarios; saneando definitivamente mi hoja de vida y poniendo fin a la omisión ilegal que sirvió de base para mi exclusión”, todo ello con costas.

SEGUNDO: Que, evacuó informe la recurrida solicitando el rechazo de la acción deducida.

Alega, en primer término, que el recurso de protección no constituye una nueva instancia administrativa que permita revisar el mérito de la decisión adoptada por la autoridad respectiva, resultando improcedente que está Corte se aboque al examen de antecedentes reglamentarios, ponderación de la hoja de vida, criterios de evaluación y determinación de efectos estatutarios.

Enseguida, detalla el marco normativo aplicable al proceso de selección para el Curso de Oficial Graduado en Investigación Criminalística, conforme al cual existe una Comisión Evaluadora que se encuentra impedida de aprobar la continuidad de un funcionario que registre medidas disciplinarias de las cuales se desprenda una conducta considerada de importancia, tales como aquellas que atenten gravemente contra los derechos humanos, la ética, la probidad administrativa, el régimen disciplinario institucional y, en especial, la imagen o prestigio de la institución. Puntualiza que las medidas que registra el actor son las siguientes: “ a) Dos días de permanencia en el cuartel, aplicada mediante resolución (R) N° 346 de 24.feb.09, de la IV Región Policial de Coquimbo, por no haber actuado con la diligencia, responsabilidad y celeridad propias de un Oficial Policial en el cumplimiento de sus funciones como encargado de guardia, dilatando injustificadamente la atención de un denunciante y su hijo; por incurrir en falta de acuciosidad en la redacción del parte denuncia, consignando antecedentes de testigos inexistentes; y por desobedecer la orden verbal impartida en dos ocasiones por un Oficial Policial más antiguo destinada a corregir dicha conducta impropia.

b) Un día de permanencia en el cuartel, aplicada mediante Resolución (R) PRI N° 160-2008, de 29.JUL.08, de la Brigada de Investigación Criminal Ovalle, por desobediencia a una orden expresa de un Oficial superior y diversas conductas negligentes en el cumplimiento de tramitaciones documentales relativas a oficios de extranjería y a un radiograma urgente proveniente de la BH Concepción.

c) Amonestación simple, aplicada mediante Resolución (R) N° 1, de 16.ENE.017, de la V Región Policial Valparaíso, por no haber observado lo establecido en la Orden General N° 2.207, de 28.OCT.008, que regula el ejercicio de cualquier profesión u oficio de manera independiente o dependiente fuera de la jornada laboral, manteniendo el recurrente una iniciación de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos sin haber dado cuenta formal a su jefe directo.”

Luego, manifiesta que el pasado 19 de marzo de 2026 la Dirección General dictó Resolución Exenta N°187 por la cual se acogió parcialmente la solicitud de eliminación de medidas disciplinarias del actor ordenando exclusivamente eliminar aquella asignada con la letra b), manteniendo en cambio vigentes las restantes.

Por otro lado, indica que el recurrente interpuso el 20 de abril un recurso extraordinario de revisión con la finalidad de que se eliminen todas las medidas disciplinarias de su hoja de vida encontrándose dicho arbitrio pendiente de resolución en sede administrativa.

En otro apartado del informe, expone que no existe ilegalidad o arbitrariedad en la decisión de excluir al recurrente del proceso de selección pues esta se fundamenta en la normativa vigente sin que la eliminación de una de las sanciones que registraba el actor sea apta para modificar la determinación adoptada por el órgano competente.

Finalmente alega que el actor no detenta un derecho de carácter indubitado que pueda ser resguardado en esta sede pues se encuentra pendiente de resolución su recurso administrativo de invalidación.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1 del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, el recurrente discute en su libelo dos cuestiones diversas, a saber: la falta de resolución respecto a su petición de eliminación de antecedentes disciplinarios y, en segundo, lugar la exclusión del Curso de Oficial Graduado en Investigación Criminalística”, promoción 2027, debido a la existencia de anotaciones en su hoja de vida funcionaria.

SEXTO: Que, en cuanto al primer asunto debatido por el recurrente, cabe consignar que según ha referido la recurrida en su informe la petición de eliminación de antecedentes ya ha sido resuelta mediante Resolución Exenta N°18 de 19 de marzo de 2026 por la que se acogió parcialmente lo pretendido por el actor.

De esta manera, en ese extremo el recurso ha perdido oportunidad, pues el actor ya ha obtenido una decisión referente a su pretensión, a lo que se agrega que la recurrida ha dado cuenta de que se ha interpuesto con posterioridad un recurso extraordinario de revisión que se encuentra dentro de los plazos legales para su resolución.

SÉPTIMO: Que, en lo que mira al segundo apartado del recurso, considera esta Corte que no existe un proceder ilegal o arbitrario en la decisión de excluir al actor del “Curso de Oficial Graduado en Investigación Criminalística”, pues ella emana de autoridad competente y se fundamenta en una causal prevista en la normativa institucional vigente.

Además, a la fecha de adoptarse la determinación que se impugna los antecedentes disciplinarios del actor no habían sido suprimidos de su hija de vida, de forma tal que ellos podían legítimamente ser tenidos en consideración por la recurrida, descartándose, en consecuencia, ilegalidad o arbitrariedad en esa medida.

Por lo demás, en último término, la petición de eliminación de antecedentes del actor solo fue acogida en forma parcial, de manera que no es posible concluir que éste no hubiera sido excluido del curso al que postula de haber existido un pronunciamiento de término respecto a esa pretensión, lo que reafirma la decisión de rechazar el presente arbitro.

Por estas consideraciones y, visto, además, lo prescrito en el artículo 20 de la Constitución Política de la República SE RECHAZA sin costas el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado y en contra de la Policía de Investigaciones de Chile Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol N°592-2026 (Protección).-