Protección contra POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE

nombre reservado

PDI Remuneraciones Recurso de Protección Rol N° 590-2020.- La Serena, uno de julio de dos mil veinte.

VISTOS:

Comparece don nombre reservado, habilitado de derecho, en nombre de nombre reservado, oficial policial profesional de la Policía de Investigaciones de Chile, Subcomisario grado 9°, de la dotación de la nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE, por haber conculcado garantías constitucionales básicas, a saber, las establecidas en los numerales 1° y 2° del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Refiere que el día 17 de marzo del año en curso, mediante acta de notificación de la nombre reservado, firmada por nombre reservado, Jefe de la Brigada, se informa al recurrente que su licencia médica fue rechazada por el médico jefe del Departamento Contralor de Salud de Santiago, Prefecto de Sanidad Dr. nombre reservado, argumentando que la decisión fue tomada, en atención a que el Subcomisario nombre reservado no justifica con elementos técnicos dicha licencia, decisión contenida en el acto administrativo denominado Radiograma N° 919, de 16 de marzo de 2020. Explica que las licencias médicas de tipo psiquiátrico, tienen en la Policía de Investigaciones un tratamiento especial, conforme a la Orden General N° 1487, de 5 de febrero de 1997, que aprueba el “Reglamento de Licencias Médicas, Permisos y Feriados del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile” el que en su artículo 25 señala “En los casos en que facultativos particulares otorguen licencias a funcionarios por más de 15 días, por enfermedad de carácter psíquico o psiquiátrico el médico jefe del departamento de sanidad estará obligado a hacer examinar al enfermo por un médico institucional de la especialidad”, lo que en la especie no hizo el Dr. nombre reservado, omitiendo tal mandato, en circunstancias que en el caso particular, precisamente, se trataba de una licencia médica extendida por un profesional de la salud psiquiátrica particular y por más de 30 días a un funcionario policial.

Agrega que el artículo 7° del reglamento antes referido, indica que “Las licencias médicas que se otorguen al personal de la Policía de Investigaciones de Chile, no estarán sujetas al trámite de autorización por el servicio médico nacional de empleados, sino a la visación del médico jefe del departamento de sanidad de la institución”. Precisa que la “visación” le correspondía al Dr. nombre reservado, pero que no puede rechazar o restringir la licencia médica, sólo tiene facultades para visarla (según la RAE verbo transitivo Autorizar un documento para que tenga validez, concordante con el artículo 20 del Código Civil, en relación que las palabras de la ley se han de entenderse en su sentido natural y obvio). Añadió que el propio reglamento señala en su artículo 13°, que solo una comisión médica es la llamada a restringir una licencia médica prolongada, pero para ello deben concurrir requisitos copulativos, tales como, estar dentro de un período calificatorio, que sea prolongada o que se presuma injustificada, precisando que de esta manera la actuación del Dr. nombre reservado se torna en ilegal, agregando que su actuación resulta arbitraria e ilegal, cuando inventa un requisito que no está en la ley para rechazar la licencia médica, a saber que el recurrente “no otorga mayores antecedentes técnicos”, lo que obedece a su mero capricho y no a antecedentes dictados por la razón, la lógica o la ley, añadiendo que está fuera de sus atribuciones, careciendo así de fundamento jurídico el acto administrativo consistente en el Radiograma N° 919.

Por último, señala que con tal actuar la recurrida ha conculcado garantías básicas de nombre reservado, como su derecho a la integridad física y psíquica, al privarlo de su legítimo derecho a descanso para la recuperación de su salud en razón de la patología psiquiátrica que lo afecta, en atención a que se negó de forma ilegal y arbitraria al derecho a gozar de licencia médica. Agregó que también vulnera la garantía del N° 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, al actuar en forma desigual, sometiéndolo a una mayor exigencia frente a otras personas, al presentar una licencia médica de tipo psiquiátrica.

Finalmente solicita que se acoja el recurso y se ordene al jefe de salud a hacer examinar al enfermo, dejando sin efecto el acto administrativo Radiograma N° 919, de fecha 16 de marzo de 2020, notificado el 17 de marzo del mismo año, dándole protección al afectado en su derecho a la licencia médica, esto es, al descanso prescrito.

Para fundar sus alegaciones, acompaña la licencia médica referida en su presentación.

Evacuando el informe la recurrida señala que el recurrente fue citado a una reunión clínica del equipo de Salud Mental, integrado por sicológos y psiquiatras, concluyendo el equipo colegiado que su patología carece de características de enfermedad profesional y que no podía portar armas ni conducir vehículos motorizados.

Refiere que mediante Informe Técnico N° 59, de 07 de febrero de 2019, la Comisión Médica de la Policía de Investigaciones de Chile, determinó que no era apto para continuar en servicio por salud incompatible, patología de origen común no invalidante, agregando que con fecha 23 de marzo de 2020. el Director General, mediante Oficio N° 128, solicitó al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, declarar la vacancia del cargo de nombre reservado, por presentar salud irrecuperable, a contar del 18 de marzo de 2020. Añadió que el artículo 146 del Estatuto Administrativo dispone “Si se hubiere declarado irrecuperable la salud de un funcionario, éste deberá retirarse de la administración dentro del plazo de seis meses, contados desde la fecha en que se le notifique la resolución por la cual se declare su irrecuperabilidad. Si transcurrido este plazo el empleado no se retirase, procederá la declaración de vacancia del cargo…”, precisando que este plazo que para el caso de autos finalizó el 18 de marzo de 2020. Agrega que el recurrente presenta una licencia médica cuyo periodo excede de aquel en que se encuentra el supuesto legal señalado, teniendo en cuenta, además, que la naturaleza jurídica de la licencia médica dice relación con el derecho del trabajador a ausentarse, total o parcialmente de su trabajo, por un determinado periodo a efecto de atender el restablecimiento de su salud, argumentando que la licencia que presenta el recurrente está siendo mal utilizada pues ésta supone que el funcionario se recupere y retome a sus labores habituales, lo que no ocurre en el presente caso, ya que el mismo estaba en pleno conocimiento de su desvinculación institucional.

Por otra parte, expresa, que en cuanto al alcance de la palabra “visar” a que hace referencia el D.F.L. N° 1 de 1980, Estatuto del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile, el Órgano de Control, mediante el Dictamen N° 8.581, de 13 de marzo de 2017, ha determinado su alcance en el siguiente sentido: ”En este contexto, se debe añadir que en el artículo 10, letra b), de la Orden General N° 2.480, de 2016, de la Dirección General de la PDI, Reglamento Interno de la Jefatura Nacional de Salud, se estableció que al Médico Contralor –que corresponde al Oficial de Sanidad mayor grado- le corresponde visar las licencias médicas de los funcionarios, entendiéndose que podrá rechazar, aprobar, reducir o ampliar el periodo de reposo”.

Acompaña para fundar sus alegaciones: Copia de la licencia médica, Radiograma que la rechaza, Carta de Servicio y Registro de licencias médicas del recurrente de los últimos cinco años.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, jurídicamente constituye una acción de naturaleza cautelar, que tiene por objeto amparar a personas naturales o jurídicas en el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en la misma disposición, y que por actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufran privación, perturbación o amenaza de tales garantías, pretendiendo que mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto de tal naturaleza, se restablezca el imperio del derecho.

Que, de lo antes expresado, aparece como requisito indispensable para el ejercicio de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a la ley, o arbitrario, producto de mero capricho de quien incurre en él, que afecte una o más de las garantías protegidas.

Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

SEGUNDO: Que en la especie ha acudido a sede jurisdiccional por la presente vía, don nombre reservado en nombre de nombre reservado, en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, en razón de que la recurrida ha rechazado la licencia médica de tipo psiquiátrica, que fuera extendida al recurrente por un plazo de treinta días, argumentando que no se justifica con elementos técnicos dicha licencia, ello mediante Radiograma N° 919, de fecha 16 de marzo de 2020, que le fue notificado el 17 de marzo del mismo año.

TERCERO: Que el actor ha pedido que se declare arbitraria e ilegal la actuación impugnada, toda vez que no se ajusta a la normativa especial contenida en el “Reglamento de Licencias Médicas, Permisos y Feriados del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile”, Orden General N° 1.487, de 05 de febrero de 1997, el cual en su artículo 25, obliga al médico jefe del departamento de sanidad, frente a licencias médicas como la de la especie, a hacer examinar al enfermo por un médico institucional de la especialidad y, en los supuestos de su artículo 7°, que sólo lo faculta a visar la licencia médica, pero en ningún caso a rechazarla sin fundamentación, como ocurrió en el presente caso, sosteniendo que los hechos expuestos han afectado las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 números 1 y 2 de la Constitución Política de la República.

CUARTO: Que la recurrida al informar el recurso señaló que la presente acción no puede prosperar, pues la licencia médica que presenta el recurrente está siendo mal utilizada, desde que la misma supone que la persona se recupere y retome sus labores habituales, lo que no acontece en el caso de autos, al tener pleno conocimiento el recurrente de su desvinculación institucional a contar del 18 de marzo de 2020, por haberse declarado su salud irrecuperable, mediante Informe Técnico N° 59, de 7 de febrero de 2019, excediendo así dicha licencia el plazo establecido en el artículo 146 del Estatuto Administrativo.

QUINTO: Que atendido lo expuesto por el recurrente y la recurrida y los antecedentes que se han aportado a esta Corte, se han logrado establecer los siguientes hechos:

a) Que, con fecha 24 de febrero de 2020, el recurrente presentó Licencia Médica Folio N° 037198272, de tipo siquiátrico, por un plazo de treinta días, documento en que se consiga: Tipo de Licencia: Enfermedad Profesional; Recuperabilidad Laboral: Sí; Características del Reposo: Laboral Total; Lugar de Reposo: su domicilio, la que fue extendida por el médico psiquiatra don nombre reservado.

b) Que, con fecha 17 de marzo de 2020, se notificó al recurrente que la licencia médica había sido rechazada por el médico Jefe del Departamento Contralor de Salud de la Policía de Investigaciones de Chile, Prefecto Mohamed Danilla Herrera, “por no justificar con elementos técnicos”, según se consigna en resolución contenida en Radiograma, de 16 de marzo de 2020.

c) Que, con fecha 26 de marzo de 2020, mediante Carta de Servicio N° 172-R, emanada de nombre reservado, Prefecto Inspector Jefe Nacional de Administración y Gestión de las Personas, se informó a las reparticiones que se indican en dicho documento, que por Oficio R N° 128, de 23 de marzo de 2020, de la Dirección General, se había solicitado al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, declarar la vacancia del cargo de nombre reservado, Subcomisario de la nombre reservado, a contar del 18 de marzo de 2020, por presentar salud irrecuperable en el desempeño del cargo.

SEXTO: Que, la alegación formulada por el recurrente, referente a que el recurrido no tenía facultades para rechazar la licencia médica, ya que la visación no comprendía el rechazo, será desestimada por improcedente, teniendo presente lo que al efecto se indica en el Informe del recurrido donde se señala, en cuanto al alcance de la palabra “visar” a que hace referencia el DFL N° 1 de 1980 del Ministerio de Hacienda, Estatuto del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile y el Organo de Control, mediante Dictamen N° 8581, de 13 de marzo de 2017, se ha determinado el alcance de esta palabra en el sentido que el artículo 10, letra b) de la Orden General N° 2480, de 09 de diciembre de 2016, de la Dirección General de la Policía de Investigaciones de Chile, Reglamento Interno de la Jefatura Nacional de Salud, se estableció que al Médico Contralor -que corresponde al Oficial de Sanidad de mayor grado- le corresponde visar las licencias médicas de los funcionarios, entendiéndose que podrá rechazar, aprobar, reducir o ampliar el período de reposo.

SEPTIMO: Que en relación a la solicitud efectuada por el recurrente consistente en que se obligue al Jefe de Salud a hacer examinar al enfermo por un médico institucional de la especialidad, es necesario tener presente que el artículo 25 de la Orden General N° 1.487, de 05 de febrero de 1997, que aprueba el Reglamento de Licencias Médicas Permisos y Feriados del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile, dispone lo siguiente:

“En los casos en que facultativos particulares otorguen licencias a funcionarios por más de 15 días por enfermedades de carácter psíquico o psiquiátrico, el médico jefe del Departamento Contralor de Salud estará obligado a hacer examinar al enfermo por un médico institucional de la especialidad, pudiendo citarlo a controles periódicos y de esta forma resolver si el caso pasa a conocimiento de la Comisión Médica, la que se pronunciará sobre la aptitud del funcionario para continuar en servicio”.

OCTAVO: Que según se desprende del análisis de la norma antes citada, el examen a que se refiere dicha disposición es para ver si el funcionario continúa o no en el servicio, lo que no corresponde al mérito de autos, ya que el recurrente tiene la baja del servicio, siendo desvinculado de la institución a contar del 18 de marzo de 2020, por lo que se rechazara la petición formulada en el sentido de obligar al Jefe de Salud a hacer examinar al enfermo por un médico institucional de la especialidad.

NOVENO: Que, el presente arbitrio constitucional dice relación con el rechazo de una licencia médica por lo que corresponde traer a colación que ésta es “el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico-cirujano, cirujano-dentista o matrona, según corresponda, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, de la Secretaría Regional Ministerial de Salud o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio de incapacidad laboral con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo, o de la remuneración regular de su trabajo o de ambas en la proporción que corresponda, y además, que “es un acto médico administrativo en el que intervienen el trabajador, el profesional que certifica, la Compin o ISAPRE competente, el empleador y la entidad previsional o la Caja de Compensación de Asignación Familiar, en su caso”.

Por su parte, el artículo 3° del Reglamento de Licencias Médicas, Permisos y Feriados del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile, Orden General N° 1.487, de 05 de febrero de 1997, señala que “Licencia Médica es el derecho que tiene el funcionario de ausentarse o reducir su jornada de trabajo durante un determinado lapso, con el fin de atender el restablecimiento de su salud, en cumplimiento de una prescripción profesional certificada por un médico cirujano, cirujano dentista o matrona, según corresponda y sujeta a la visación del médico Jefe del Departamento Contralor de Salud de la institución”.

A su vez el artículo 7, dispone que “las licencias médicas que se otorguen al personal de la Policía de Investigaciones de Chile, no estarán sujetas al trámite de autorización por el Servicio Médico Nacional de Empleados, sino a la visación del médico jefe del Departamento Contralor de Salud, entendiendo que podrá rechazar, aprobar, reducir o ampliar el período de reposo, contenido en la licencia médica”.

DECIMO: Que, el acto impugnado es el acto administrativo denominado Radiograma N° 919, de fecha 16 de marzo de 2020, emanado del Jefe del Departamento Contralor de Salud de la Policía de Investigaciones de Chile, Prefecto Mohamed Danilla Herrera, por la cual se rechazó la licencia médica Folio N° 037198272, a nombre de nombre reservado, emitida el 24 de febrero de 2020 por 30 días, con fecha de inicio del reposo el 24 de febrero de 2020, por no justificarla con elementos técnicos.

UNDECIMO: Que, el acto impugnado es un acto administrativo pues es una decisión formal emitida por Jefe del Departamento Contralor de Salud de la Policía de Investigaciones de Chile, Prefecto don nombre reservado, que contiene una declaración de voluntad, realizada en el ejercicio de una potestad pública, en concreto es una resolución. (Artículo 3 Ley 19.880).

DECIMOSEGUNDO: Que, en consecuencia, debe cumplir con los requisitos de un acto administrativo, entre ellos, el principio de imparcialidad contenido en el artículo 11 de la Ley 19.880, el cual en su inciso segundo dispone que “Los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos administrativos”.

Por su parte, el inciso cuarto del artículo 41 de la misma Ley dispone: “Las resoluciones contendrán la decisión, que será fundada. Expresarán, además, los recursos que contra la misma procedan, órgano administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno”.

DÉCIMO TERCERO: Que, es un requisito de todo acto administrativo su fundamentación, la que debe abarcar los hechos y el derecho, y aquello está íntimamente ligado con la posibilidad de control del proceder del órgano contralor y la comprensión de su actuar por los administrados, por lo que esta fundamentación debe explicitarse y contenerse en el respectivo acto administrativo.

DÉCIMO CUARTO: Que, en la especie, de un análisis de la resolución impugnada contenida en Radiograma N° 919, de fecha 16 de marzo de 2020, emanado del Jefe del Departamento Contralor de Salud de la Policía de Investigaciones de Chile, Prefecto Mohamed Danilla Herrera, es posible verificar que rechaza la licencia médica presentada por el recurrente por no justificarla con elementos técnicos, decisión adoptada sin apoyarse en ningún elemento de convicción que la avale, soslayando hacer mención a otros factores objetivos que corroboren el dictamen a que arribó, carencias que la privan de contenido, sin que sea dable discernir que aquella se basta a sí misma si no ofrece los elementos de juicio necesarios que permitan comprenderla y entender la razón por la cual se le niega el derecho al reposo prescrito. Además, lo informado por el recurrido para el rechazo no se aviene con aquello que se consignó para su impugnación, no hay correspondencia, lo que merece un decidido cuestionamiento en cuanto al cumplimiento, efectivo y no meramente formal, de la obligación de fundamentar que le impone la Ley 19.880.

DÉCIMO QUINTO: Que, lo antes expuesto deja sin sustento, la decisión de la resolución objetada, ya que no se contiene la razón de la decisión adoptada, no siendo posible entender cumplido el requisito legal de expresar los fundamentos de hecho y de derecho que la justifiquen, todo lo que hace imposible comprender la resolución impugnada e imposibilita su debido control. En efecto, una medida como la que se analiza, en los términos descritos, no permite entender la decisión que contiene por la falta de motivación y no explicitar las razones que la sustentan en el caso concreto.

DÉCIMO SEXTO: Que, a partir de lo expuesto en los motivos precedentes es dable colegir que la recurrida ha actuado en forma ilegal al no respetar en su obrar una norma general y obligatoria de su ámbito de acción como lo son las normas legales y reglamentarias citadas en los motivos previos puesto que la resolución reseñada precedentemente carece de fundamentos, o sea, no es fundada.

A su vez, dicho actuar de la reclamada, esto es, dictar la resolución en los términos en que lo hizo, resulta arbitrario al carecer dicha decisión de motivos o razones que la sustenten.

DÉCIMO SEPTIMO: Que, la conducta de la recurrida constituye una perturbación y amenaza al derecho a la vida e integridad física del recurrente, el que se encuentra garantizado en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República, ya que su obrar le priva de ejercer el derecho que significa gozar de licencia médica, o sea, de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso, para restablecer su salud.

DÉCIMO OCTAVO: Que, por ende, habiéndose acreditado que por la institución recurrida se cometió un acto ilegal y arbitrario que perturba, amenaza y vulnera garantías fundamentales del recurrente, corresponde acoger el recurso de protección intentado, haciendo presente que el período de licencia solo será hasta el 18 de marzo de 2020, puesto que el Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, mediante Oficio N° 128, de 23 de marzo de 2010, solicitó al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que declarara la vacancia del cargo del recurrente, por presentar salud irrecuperable, a contar de la fecha antes señalada.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado, en representación de don nombre reservado, en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, y en consecuencia, se declara que se deja sin efecto la decisión materializada en el Radiograma N° 919, de 16 de marzo de 2020, emanada del Jefe del Departamento Contralor de Salud, Prefecto don nombre reservado, donde se rechazó la licencia médica Folio N° 037198272, a nombre de nombre reservado, emitida el 24 de febrero de 2020, y, por ende, se dispone que dicho organismo deberá autorizar dicha licencia médica solo hasta el 18 de marzo de 2020, disponiendo, si correspondiere, su pago y demás efectos legales.

Regístrese, notifíquese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del ministro suplente, don Jorge Corrales Sinsay.

Rol N° 590-2020 Protección.