nombre reservado con FISCO

nombre reservado, nombre reservado

Fisco de Chile Recurso de protección Rol Nº585-2023.- La Serena, treinta y uno de julio de dos mil veintitrés.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que, el dieciocho de abril del año en curso compareció don nombre reservadoöller nombre reservado, RUT RUT reservado, Periodista, con domicilio en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección en contra del FISCO DE CHILE, representado por el Consejo de Defensa del Estado, representado por el Abogado Procurador Fiscal de dicha institución, don nombre reservado, todos con domicilio en domicilio reservado, por el acto que estima como arbitrario e ilegal, consistente en haber efectuado, por sí y ante sí, la compensación de una deuda por concepto de crédito con aval del Estado en el pago de un avenimiento arribado en la causa RIT T-88-2022 del Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena, acto que vulnera su derecho a ser juzgado por un juez natural del artículo 19 Nº3, y su derecho de propiedad del artículo 19 Nº24, ambos de la Constitución Política.

Expone que en la causa RIT T-88-2022 seguida en el Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena, ambas partes llegaron a un avenimiento que fue aprobado por el tribunal con fecha 28 de diciembre de 2022, en virtud del cual el Fisco se obligó a pagar al recurrente la suma de $13.600.000.- Una vez ejecutoriada la resolución, se remitieron los antecedentes al Ministerio de Justicia, a objeto de procesar el pago de lo acordado, conforme lo establece el artículo 752 del Código de Procedimiento Civil, dictando el Ministerio de Justicia la Resolución Exenta Nº544, de 15 de marzo de 2023, que dispone que la Tesorería Regional de Coquimbo proceda al pago de la suma acordada al recurrente.

No obstante, explica que el Fisco incumplió materialmente lo acordado, toda vez que la Tesorería Regional de Coquimbo procedió a descontar, por sí y ante sí, la suma de $12.064.677, de modo que solamente pagó $1.535.323, sin que se hubiere contemplado algún tipo de descuento en el avenimiento. En consecuencia, sostiene que Tesorería actuó transgrediendo la Resolución de Cumplimiento de Sentencia (Resolución 544, de 15 de marzo de 2023), emanada del Ministerio de Justicia.

Argumenta que, si bien se puede entender que el Tesorero General se encuentra habilitado para compensar deudas por el ministerio de la ley, de acuerdo con el artículo 1656 del Código Civil, ello no lo habilita para transgredir acuerdos vigentes con el Fisco, emanados de un avenimiento o transacción que tiene valor de sentencia definitiva.

Agrega, que dicho obrar ha impedido a su parte ejercer en contra del FISCO las defensas o excepciones que pudieron caber en su favor, relativas a la prescripción, objeción de liquidación, etcétera, del señalado crédito CAE.

En cuanto a los derechos vulnerados, refiere como afectado su derecho a ser juzgado por un juez natural, del artículo 19 Nº3 de la Carta Fundamental, así como su derecho de propiedad sobre el monto de dinero retenido o descontado ($12.064.677), asegurado en el numeral 24 del mismo artículo.

Por lo anterior, solicita que se acoja la acción de protección, y se declare ilegal y arbitrario el descuento aludido, y se ordene al FISCO DE CHILE disponer que la Tesorería Regional de Coquimbo gire a su favor la suma de $12.064.677, que se le adeuda, en cumplimiento del avenimiento laboral descrito en su presentación.

Acompañó a su presentación: 1. Avenimiento o transacción arribada en la causa laboral RIT T-88-2022 del Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena. 2. Resolución de 28 de diciembre de 2022, del mismo tribunal, que aprueba el avenimiento que antecede. 3. Certificado de 5 de enero de 2023, estampara en el mismo expediente, que acredita la ejecutoria de la resolución antedicha. 4. Resolución Exenta Nº544, de 15 de marzo de 2023, del Ministerio de Justicia.

Segundo: Que evacuó informe don nombre reservado, Procurador Fiscal de La Serena, en representación del Fisco, solicitando el rechazo del recurso de protección.

En primer lugar, explica el sistema de financiamiento de educación superior establecido en la Ley 20.027, para luego señalar que el recurrente obtuvo el beneficio del Crédito con Garantía Estatal en el año 2010, para financiar sus estudios superiores de Hoteles y Restaurantes, en el Centro de Formación Técnica Inacap.

Refiere que el artículo 6 de la Ley Nº20.027 establece que la Garantía Estatal se hará efectiva en los casos que el beneficiario del crédito, habiendo egresado de la carrera, deje de cumplir con la obligación de pago de éste. Luego, de acuerdo a lo informado por la Comisión Ingresa, habiendo incumplido el deudor y recurrente de autos con su obligación de pago del crédito, las instituciones financieras administradoras del crédito iniciaron las gestiones para obtener el pago de la Garantía Estatal.

Agrega que la Comisión es el servicio público llamado por la normativa a verificar el incumplimiento del deudor, a través de la constatación del inicio de las acciones judiciales destinadas al cobro de la deuda.

Luego, verificado el incumplimiento de la obligación de pago del Crédito con Garantía Estatal, la Comisión remitió a la Tesorería General de la República los formularios de cobro del crédito, registrando en la Cuenta Única Tributaria del recurrente, una deuda total de 193,39 UTM, equivalente a $8.978.669.-, la cual al día de la compensación ascendía a la suma de $12.064.922.-(correspondiente al reajuste de la UTM).

Seguidamente, sostiene que no es efectivo que la compensación efectuada por Tesorería sobre el crédito del recurrente sea ilegal o arbitraria, por cuanto la obligación de pago de los créditos por parte de los alumnos nace a partir del día 5 del décimo noveno mes contado desde la fecha de término del plan de estudios, y el incumplimiento de la obligación de pago del Crédito con Garantía Estatal del actor se produjo en mayo y junio del año 2017, de manera que la Comisión Ingresa remitió a la Tesorería General de la República los formularios 34 de cobro del crédito, por la suma de 193,39 UTM.

De esta manera, arguye que el pago de la suma única y total de $13.600.000.- por concepto de la transacción celebrada en la causa RIT T-88-2022, del Juzgado del Trabajo de La Serena, ordenada en la Resolución Exenta N° 544, del 2023, no se verificó en su totalidad, por cuanto operó una compensación entre deudas reciprocas del recurrente y del Fisco.

Al momento de verificarse el pago, la Tesorería General de la República, en uso de sus facultades legales, procedió a compensar la suma de $12.064.922.- (correspondiente al reajuste de la UTM), correspondiente a la deuda del actor con el Fisco, conforme dan cuenta los formularios 34, folios 102883 y 102416, por concepto de deuda de crédito con aval del Estado.

Luego, argumenta que no existe actuar ilegal o arbitrario, toda vez que la facultad que asiste a Tesorería para compensar deudas de contribuyentes con créditos de éstos contra el Fisco está contemplada en el artículo 6° del D.F.L. N° 1, de 1994, del Ministerio de Hacienda, que contiene el Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías; lo que debe relacionarse a lo dispuesto en los artículos 1656 del Código Civil, respecto a los requisitos para que opere la compensación legal.

Asimismo, indica que el numeral 2 del artículo 2 del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 1994, del Ministerio de Hacienda, que contiene el Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías, indica que corresponde a esta institución efectuar la cobranza coactiva sea judicial, extrajudicial o administrativa de impuestos fiscales y de multas aplicadas por autoridades administrativas –entre otros créditos fiscales-. Complementa al estatuto orgánico del Servicio de Tesorerías, el artículo 35 del Decreto Ley N° 1.263, de 1975, Ley Orgánica Constitucional de Administración Financiera del Estado.

En cuanto a los derechos fundamentales que se dicen vulnerados, señala que el recurso de protección sólo garantiza el derecho del inciso 5º del numeral 3 del artículo 19, lo que no concuerda con el actuar de Tesorería, que sólo ha actuado en su carácter de ente administrativo, procediendo a utilizar un modo de extinguir obligaciones que establece la ley. Por otra parte, señala que no se distingue de qué manera pueda existir una ilegítima perturbación de su derecho de propiedad, toda vez que una de las causas por las cuales legalmente se puede alterar esa garantía, es precisamente, el cumplimiento de obligaciones legítimamente contraídas.

Por lo señalado, solicitó el rechazo del recurso de protección.

Tercero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, jurídicamente constituye una acción de naturaleza cautelar, que tiene por objeto amparar a personas naturales o jurídicas en el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en la misma disposición, y que por actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufran privación, perturbación o amenaza de tales garantías, pretendiendo que mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto de tal naturaleza, se restablezca el imperio del derecho.

Que, de lo antes expresado, aparece como requisito indispensable para el ejercicio de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a la ley, o arbitrario, producto de mero capricho de quien incurre en él, que afecte una o más de las garantías protegidas.

Cuarto: Que, como surge de lo transcrito, es requisito indispensable de la acción constitucional de protección la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria, y que provoque alguna de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

Quinto: Que la recurrida ha reconocido la efectividad de los hechos que se le atribuyen en la acción materia de autos, en cuanto efectivamente Tesorería Regional de Coquimbo procedió a descontar de la suma ordenada pagar, en virtud de avenimiento alcanzado ante el Juzgado de Letras del Trabajo de esta ciudad, la cantidad de $12.064.677, que correspondería al valor actualizado de la deuda que el recurrente mantendría con el Fisco, por concepto de crédito con garantía estatal otorgado para el financiamiento de sus estudios superiores. En consecuencia, no habiendo disputa en lo que mira a los hechos materia del recurso, la controversia se ve limitada a establecer si el obrar de Tesorería puede ser calificado de ilegal o arbitrario, como lo afirma el actor, o si, por el contrario, corresponde al ejercicio racional de las facultades que el propio Legislador ha entregado a la institución recurrida para el resguardo del interés fiscal.

Sexto: Que útil es recordar que la compensación es un modo de extinguir las obligaciones, que opera por el solo ministerio de la ley, incluso sin el conocimiento de quienes son recíprocamente deudores, siempre que se cumplan los requisitos previstos en el artículo 1656 y siguiente del Código Civil. Se trata, por lo tanto, de una institución que en principio no requiere de un pronunciamiento jurisdiccional para producir sus efectos, lo que explica además la existencia de la norma que autoriza al Tesorero General de la República para compensar deudas de contribuyentes con créditos de éstos contra el Fisco, contenida en el artículo 6 del DFL 1 del Ministerio de Hacienda, del año 1994, que fija el texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado del Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías, en el que pretende ampararse el Fisco recurrido para justificar la acción que se le reprocha.

Sin embargo, debe hacerse notar que una vez requerida la intervención de la judicatura para el cobro de una deuda, como ocurre en el caso de autos, en que se planteó una demanda en contra del Fisco para el cobro de determinadas prestaciones laborales, será el órgano jurisdiccional el llamado a determinar la concurrencia de los requisitos que hacen procedente la compensación, que pasa a tener entonces el carácter de excepción perentoria, quedando sustraída de la aplicación directa por parte de los interesados. Es por lo mismo que la facultad para compensar deudas de que goza Tesorería en la norma citada, tiene requisitos que claramente no concurrían en el caso de autos, a saber, debe tratarse en primer lugar de deudas de contribuyentes, lo que refuerza que se trata de obligaciones tributarias incumplidas, lo que no se condice con la obligación de pago de un préstamo estudiantil, y los documentos respectivos deben encontrarse en Tesorería, lo que excluye la posibilidad de que una de las deudas tenga su fuente en el cumplimiento de una resolución judicial.

Séptimo: Que, por otro lado, la Ley 20.027, que establece normas para el financiamiento de estudios de educación superior, contiene un estatuto especial para el cobro de las obligaciones derivadas de los créditos otorgados con aval del Estado, regulado en su título V, que establece de manera precisa cuáles son las vías autorizadas para la obtención del pago de los créditos garantizados, detallando además en los artículos 17 y 18 bis las atribuciones de la Tesorería General de la República en la materia, dentro de las cuales no se contempla la posibilidad de compensar créditos en la manera en que se ha procedido en el caso de autos, razón adicional para concluir que la actuación del órgano administrativo ha excedido el marco legal que lo regula.

Octavo: Que debe tenerse igualmente en consideración que la causa seguida ante el Juzgado de Letras del Trabajo se encuentra ya en etapa de cumplimiento, de modo que las posibilidades de alegar exitosamente una compensación de la deuda se encontraban notoriamente reducidas, si se tiene en consideración que dicho modo de extinguir las obligaciones no se encuentra dentro de aquellos mencionados en el artículo 470 del Código del Trabajo, y que en el caso del artículo 234 del Código de Procedimiento Civil, se encuentra restringido a las obligaciones generadas a partir de hechos posteriores a la sentencia que se pretende cumplir, lo que permite considerar que el accionar de Tesorería, de manera arbitraria, ha devenido en un acto de autotutela, vulnerando la garantía contenida en el artículo 19 N°3 de la Constitución Política de la República En efecto y a partir de la naturaleza y fines de esta acción constitucional, es dable colegir que la Tesorería recurrida, por una decisión unilateral carente de justificación, ha pretendido obtener la satisfacción de un crédito al margen de los mecanismos que la Ley ha puesto a su disposición, erigiéndose en juez y parte, y conculcando la garantía prevista en el artículo 19 N°3 inciso 5° de la Constitución Política de la República: “Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho”, pues ha resuelto una situación jurídicamente relevante sin poseer facultades para ello, lo que se enmendará acogiendo este recurso de protección.

Y teniendo en cuenta las normas legales citadas y lo previsto en los artículos 19 N°3 inciso 5° y artículo 20 de la Constitución Política de la República, y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se decide:

Que SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservadoöller nombre reservado y, en consecuencia, se ordena al FISCO DE CHILE disponer que la Tesorería Regional de Coquimbo gire a su favor la suma de $12.064.677, que le fuera indebidamente descontada, en cumplimiento del avenimiento laboral descrito en su presentación, lo que deberá cumplir en el plazo de treinta días hábiles desde que el presente fallo quede ejecutoriado.

Acordado con el voto en contra del ministro Sr. Troncoso, quien estuvo por rechazar el recurso, estimando que la controversia ya se encuentra sujeta al imperio del derecho, contando la judicatura laboral con las herramientas suficientes para hacer cumplir conforme a derecho los términos del avenimiento invocado por el recurrente, tornando innecesario y excesivo el recurso a esta vía cautelar de urgencia, la que no está contemplada como una alternativa al ejercicio de las incidencias y recursos que pudieren ser pertinentes ante el juez que ya se encuentra conociendo del juicio, y que incluso pudiera devenir en una intromisión indebida en un proceso vigente.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redactado por el Ministro Señor Sergio Troncoso Espinoza.

Rol N° 585-2023 Protección.