Protección contra Universidad de Chile

La Serena, quince de noviembre de dos mil diez.

VISTOS:

A fojas 2 acciona de protección doña nombre reservado, abogado, domiciliada en domicilio reservado, por sí, en contra de la Universidad de Chile, persona jurídica del giro de su denominación, representada por su rector don nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado; en contra del FONDO SOLIDARIO DE CRÉDITO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE , persona jurídica del giro de su denominación, representado por don nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado y en contra de la Tesorería General de La Serena, representada por doña nombre reservado, ambas con domicilio en domicilio reservado, por haberla privado de su derecho de propiedad sobre la devolución de impuestos que legalmente le correspondería, acto que califica de ilegal y arbitrario, vulneratorio de la garantía constitucional del Nº 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Expresa que con fecha 30 de abril de 2010 presentó su declaración de renta por internet solicitando la devolución de impuestos por la suma de $1.054.991, pero el 18 de mayo de este mismo año, mediante carta aviso del Servicio de Impuestos Internos se le comunicó que dicha declaración había sido objetada por inconcurrencia a Fiscalización por operación renta de años anteriores. Agrega que al no obtener que se dejara sin efecto la retención y no obstante haber subsanado los reparos formulados, concurrió personalmente a la Tesorería Regional el 29 de junio de 2010, donde se le entregó un comprobante de egreso que indicaba que la devolución de impuestos correspondiente a la Operación Renta 2010, ascendente a la suma de $1.069.761, fue totalmente retenida, por una supuesta deuda de Crédito Universitario, ordenada por el Fondo de Crédito Solidario de la Universidad de Chile.

Reconoce que con fecha 11 de agosto de 1981, en circunstancias que cursaba el Segundo Semestre de Quinto Año de la carrera de Derecho en la Universidad de Chile, solicitó crédito universitario por la suma de $40.000. correspondiente a 19,7 U.T.M. firmando el pagaré Nº 48.805, de acuerdo a la normativa contenida en el D.L. 3.541 de 1980 y el D.F.L. Nº 4 de 1981, deuda que fue pagada por su marido a finales del año 1983, a quien se le otorgó el recibo pero no se hizo devolución del pagaré, de este modo no se siguió por el Servicio de Tesorería la correspondiente cobranza.

Explica que como la devolución de impuestos del período 2009 fue retenida parcialmente por inconsistencias en la declaración de retenedores, las que recién fueron subsanadas en junio de este año, se le nformó en esa época que había una orden de retener sus impuestos por una supuesta deuda de crédito universitario, emanada del Fondo Solidario de Crédito Universitario de la Universidad de Chile, pero como ella estaba completamente pagada, se comunicó vía internet con el referido Fondo Solidario, para que se corrigiera el error , recibiendo de respuesta que en sus bases de datos figuraba como deudora morosa por el crédito solicitado en 1981, ascendente a 51,85 U.T.M., el cual se encontraba en cobranza judicial con pagarés protestado, en la oficina de Cobranza HIDALGO y LECAROS, en domicilio reservado.

Señala que con la información que le suministró dicha oficina de Abogados, pudo comprobar que se trataba de una causa de citación a confesar deuda por la suma de $1.311.720, iniciada en el año 2004, que había sido archivada al estampar el Receptor Judicial encargado, búsquedas negativas, ya que no vivía en Santiago; a fin de no dejar pendiente dicho proceso, procedió a notificarse personalmente y al Fondo Solidario, y en la audiencia respectiva negó la deuda, ya que el pago de la misma se hizo en su totalidad en Tesorería , quien era el ente encargado de la cobranza de los créditos universitarios en dicha época; luego concurrió a las oficinas del Fondo Solidario y dejó copia de todo lo obrado ante el Noveno Juzgado Civil, explicando que no era efectiva su información de existir un juicio ejecutivo en su contra con pagaré protestado y alegando el pago total efectuado ante Tesorería, quedando dicho Fondo de pasar esos antecedentes al Departamento Jurídico para darle una solución a corto plazo, para eliminarla de la base de datos como deudora morosa; pero esa solución nunca llegó y con fecha 02 de noviembre de 2009, don nombre reservado, administrador del Fondo Solidario, le envió una carta, que no habría llegado a su poder sino que hasta hace unos días – se entiende a la fecha de interposición del recurso- mediante email, ya que fue enviada a su antiguo domicilio en Santiago, en donde se le informa, en relación con su situación de deuda morosa por concepto de crédito fiscal universitario, que asciende a 52,57 UTM, que la Tesorería General de la República comunicó vía oficio que no registra pagos efectuados en dicha entidad, debido a que la cobranza de la deuda se encontraba a cargo de la administración del Fondo Solidario. También se le informó que se autorizó el traspaso de la cobranza de la deuda al estudio jurídico Hidalgo, Lecaros y Cía.Ltda. a la Administración del Fondo Solidario, previo pago de los gastos de cobranza y que se le propone acordar un compromiso de pago para abonar a la deuda, que no la eximiría de la retención de la devolución de impuestos hasta su pago íntegro.

Reitera que no existe un juicio ejecutivo de cobro de pagaré protestado vigente al 21 de octubre de 2009; que el Servicio de Tesorería informó que no registraba deudas por concepto de crédito fiscal; que es falso que la cobranza de su crédito estuviera a cargo del Fondo Solidario , ya que a esa época aún no se había creado, sino que era resorte de Tesorería , quien inició un procedimiento, embargó bienes y recibió el pago de la deuda; que también sería falso que la Ley 19.989 sea aplicable a su caso y le faculte a retener su devolución de impuestos y que le afecte un protesto vigente derivado del pagaré.

Plantea que el Fondo Solidario basándose en hechos falsos ha ordenado, sin tener facultades para ello, a Tesorería que proceda a retener su devolución de impuestos, teniendo pleno conocimiento, por habérselo hecho saber y entregando personalmente las copias de la gestión preparatoria a una funcionaria de dicha entidad , sin que exista un juicio de cobranza, menos con pagaré protestado, y que el pagaré que firmara en el año 1981 al amparo de la Ley Nº 19.989, no le da acción acción civil en su contra, después de 29 años de haberlo suscrito, sin que exista ley que faculte la retención, al no detentar la calidad de “deudora de crédito universitario.

Explica que la Ley Nº 19.989, en su artículo 1º facultó a la Tesorería General de la República para retener de la devolución anual de impuestos a la renta, los montos adeudados por los deudores de crédito universitario, regulado por las ley 19.287 y sus modificaciones, según lo informado por la entidad acreedora, en la forma establecida por el Reglamento y para imputar dicho pago a la deuda morosa; pero el artículo segundo de la misma ley citada introdujo modificaciones a la ley 19.848, señalando en su parte final: “Son considerados deudores de créditos solidarios, todos aquellos que resulten de la aplicación de las leyes Nº 18.591, Nº 19.287 y Nº 19.848”, pero el pagaré que suscribió con la Universidad de Chile de 1981 lo hizo de conformidad con el D.L. 3.541 de 1980 y D.F.L. 4 del Ministerio de Educación de fecha 20 de enero de 1981, normativa que fue derogada por los artículos 70 y siguientes de la Ley Nº 18.591 de fecha 03 de enero de 1987 que creó el Fondo de Crédito Universitario, la que fue modificada por la Ley Nº 19.287 de 04 de febrero de 1994, en consecuencia, dicho pagaré no resultaría de la aplicación de ninguna de las tres leyes a que se refiere el artículo segundo de la Ley Nº 19.989, fundamento legal de la retención de la devolución de impuestos a la renta; y la facultad de retener devoluciones de impuestos que se le confieren a la Tesorería General de la República por la Ley 19.848, modificada por la Ley Nº 19.989, previenen que sólo se pueden aplicar a los deudores de la Ley Nº 19.287, la que no contendría normas transitorias de carácter retroactivo, facultando el artículo 1º Transitorio de la misma Ley a los deudores del antiguo régimen a acogerse o no a la nueva Ley.

Concluye que las tres leyes que cita – Nº 19.848, Nº 19.989 y Nº 19.287 no son aplicables a su caso por expresa disposición legal, y en consecuencia, la retención ordenada y practicada sobre la devolución de impuestos de la Operación Renta 2010, correspondiente al año Tributario 2009, infringe la garantía constitucional contemplada en el Nº 24 del art. 19 de la Constitución Política de la República, al privarla de la devolución de la suma de $1.069.761 que legalmente le correspondía, vulnerando su derecho de propiedad sobre dicha suma de dinero, ya que no estaban facultados legalmente para hacerlo. Agrega que las acciones cambiarias emanadas del pagaré en cuestión se encuentran prescritas de conformidad a lo establecido en el art. 98 de la Ley Nº 18.902, razón por la cual el Fondo Solidario ni su mandante la Universidad de Chile, han podido interponer ninguna acción legal para proceder a su cobro, intentando sólo una preparación de la vía ejecutiva mediante la citación a confesar deuda, que fue negada en sede judicial, por encontrarse pagada en su oportunidad, sin que tampoco resulte aplicable lo dispuesto en el art. 20 de la Ley Nº 19.287, pues no faculta al sucesor legal a exigir deudas que no estén vigentes. De esta forma tampoco las entidades antes mencionadas han podido legalmente proceder a compensar una deuda supuestamente morosa con la devolución obligaciones naturales, por no ser actualmente exigibles.

Precisa que el acto ilegal y arbitrario se habría cometido el día 26 de junio de 2010 al retenerse por la Tesorería Regional de La Serena, la totalidad de la devolución de sus impuestos a la renta , correspondiente a la Operación Renta 2010, y constaría del documento emanado de dicho Servicio de fecha 29 de junio de 2010.

Pide que se restablezca el imperio del derecho y en definitiva se ordene el reintegro de los fondos retenidos ascendentes a la suma de $1.069.761, con costas.

La recurrente acompaña en un otrosí del recurso una serie de documentos, cuya custodia se ordenó, y que se pasan a detallar:

1.- Fotocopia de cédula de identidad; 2.- Copia de certificado de declaración de renta correspondiente al año tributario 2010; 3.- Copia de de carta de aviso de S.I.I. de fecha 18 de mayo de 2010; 4.- Copia de consulta de estado de declaración de renta por internet de fecha 26 de mayo de 2010; 5.- Copia de atención emanado del Servicio de Impuestos Internos de La Serena, de 15 de junio de 2010; 6.- Copia de consulta general de renta por internet en que consta que con fecha 24 de junio de 2010 se ordenó la devolución total de los impuestos a la renta; 7.- Comprobante de egreso emitido por la Tesorería General de la República de 29 de junio de 2010, en que consta que fue retenido por dicho servicio la suma de $1.069.761, por orden la Universidad de Chile; 8.- fotocopia del pagarés suscrito a favor de la Universidad de Chile con fecha 11 de agosto de 1981; 9.- Copia del ordinario Nº 30921 folio 038854 de Tesorería Regional Metropolitana al Fondo Solidario de la Universidad de Chile; 10.- Copias autorizadas emandas del Noveno Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago; 11.- Copia de comunicación del Fondo Solidario enviada por e-mail a la recurrente, titulado “Respuesta a situación de deuda crédito fiscal, de fecha 14 de septiembre de 2009; 12.- Copia de carta enviada por don nombre reservado, Administrador del Fondo Solidario, de fecha 02 de noviembre de 2009; 13.- Copia de nombre reservado Rol Nº 425-2009, de la Corte de Apelaciones de Antofagasta y 14.- Página Nº 9 del Diario El Mercurio de fecha 03 de noviembre de 2009 en que se comenta el nombre reservado mencionado en el numeral 13 precedente.

A fojas 20, informa nombre reservado, Empleado Público, en su calidad de Director Regional del Servicio de Tesorerías de La Serena (s), planteando como cuestión previa la incompetencia del Tribunal que conoce del presente recurso, materia que ya ha sido zanjada en virtud de la resolución de fojas 46 mediante la cual esta Corte de Apelaciones aceptó la competencia.

En cuanto al fondo, la parte recurrida expresa que en cumplimiento de lo señalado en los artículo 9º inciso segundo de la ley 19.848, el artículo primero de la ley 19.989, el Decreto 297 que aprueba el reglamento que fija el procedimiento para retención de la devolución de impuesto a la renta por parte de la Tesorería General de la República, y la Circular Normativa Interna Nº 15 del año 2005 del Servicio de Tesorerías, la Tesorería General de la República, con fecha 26 de abril de 2010 por orden de la Universidad de Chile, procedió a retener la Devolución de Impuesto a la renta de doña nombre reservado Rut: RUT reservado por un monto de $1.069.761.- por la deuda de crédito universitario que mantenía con dicha universidad; agrega que el procedimiento para este tipo de actuaciones se encuentra normado en el Decreto 297 del año 2009 del Ministerio de Educación (D.O. 19-11-2009); precisa que al existir deuda con alguna de las Administradoras de Crédito Universitario, éstas deben elaborar una nómina de los deudores del crédito solidario universitario y de los montos de dicho crédito que se encontraban vencidos e impagos, debiendo constar la información de manera desagregada por cada deudor, debiendo los administradores notificar a los deudores respectivos que serán sujetos de retención de impuestos por las deudas vencidas e impagas del crédito solidario universitario, en el domicilio que haya señalado el deudor al Administrador por carta certificada, o en caso de no constar el domicilio, por medio de un aviso en un diario de publicación nacional.

Indica que el reglamento respectivo les otorga la posibilidad a aquellos deudores que figuren en la nómina de solicitar a la Administradora que aclare la situación del deudor en aquellos casos en que éste considere que, o bien ha operado algún modo de extinguir las obligaciones, o bien el monto que se consigna como adeudado no está correcto dentro del plazo de 10 días contados desde la notificación.

Aclara que es el Administrador de Fondo Solidario de Crédito Universitario respectivo el único responsable de enviar y mantener actualizada la información respecto de las deudas mencionadas en las nóminas, incluso debiendo modificarla en los sistemas y bases de datos de la Tesorería General de la República en los términos y condiciones que ésta les permita a cada uno de ellos, cada vez que exista un pago u otra circunstancia que altere o modifique el crédito a favor del o los deudores, la individualización de la persona de éstos, así como las condiciones y/o los montos que deban ser retenidos y pagados por la Tesorería General de la República.

Luego de una serie de citas legales destaca que con la promulgación de la ley 18.591 se efectuaron una serie de modificaciones a varios textos legales entre ellos, el D.F.L. Nº 4 de 1981, y en ese contexto, no obstante ser efectivo que por medio de esa ley se crea el Fondo Solidario de Crédito Universitario, la norma no sólo se limita a ello, sino que impone una serie de consecuencias legales entre la cuales (Artículo 71) está que el patrimonio inicial de cada fondo estará constituido por los recursos provenientes de crédito fiscal universitario adeudados por los estudiantes al Fisco con excepción de aquellos cuyos vencimientos sean anteriores a 1988, y que por el sólo ministerio de la ley, dichos créditos se entenderán traspasados por el Fisco a la institución de Educación Superior a través de la cual, cada deudor haya contraído la obligación”. Concluye, que con la aplicación de esta normativa legal, la actora pasó de ser deudora del Fisco a ser deudora de la Universidad de Chile por ser ésta la institución que contrajo la obligación. Ratificaría ese aserto, según el recurrido, lo señalado en el artículo 20 de la ley Nº 19.287 que dispone que para todos los efectos legales, los fondos solidarios de crédito universitario y sus respectivos administradores generales, son los sucesores y continuadores legales de los fondos de crédito universitario y sus administradores, tanto en el dominio de todos sus bienes como en los derechos y obligaciones derivados de todo acto o contrato que éstos últimos hubieren celebrado, y en consecuencia, por aplicación de este artículo, el Fondo Solidario de Crédito Universitario de la Universidad de Chile (Recurrido en autos) sería el organismo autorizado por la ley para proceder a la determinación y orden de cobro de la deuda por crédito universitario, siendo la recurrente deudora de crédito solidario universitario precisamente por aplicación del artículo 20 de la ley 19.287.

En cuanto a que el ex marido de la recurrente habría pagado la totalidad de la deuda, el recurrido señala que no se ha dado cumplimiento a lo señalado en el artículo 1698 del Código Civil, siendo de mucha utilidad que se probara la extinción de la obligación, situación que también se le permitiría al deudor en el marco del procedimiento de reclamación regulado en el artículo 12 del Reglamento.

Aclara que la acción de retener efectuada por el Servicio de Tesorerías no puede revestir ninguna de las cualidades de ilegalidad y arbitrariedad que la atora pretende imputar: no puede ser ilegal por cuanto sería una facultad que se encuentra establecida en el inciso segundo del artículo 9º de la ley Nº 19.989 que establece facultades para la Tesorería General de la República, normas que son aplicables al caso por expreso mandato de las normas contenidas en los artículos 71 de la Ley Nº 18.591, y artículo 20 de la Ley Nº 19.287, todas normas vigentes en nuestra legislación; ni arbitrario debido a que se originaría en un mandato de una institución ajena a quien la ley le ha entregado la facultad de administrar, determinar e informar la situación de los deudores de crédito Fiscal por estudios superiores en sus diversas formas.

Según el informante no sería el capricho el que ha motivado al Servicio de Tesorerías, sino que una nómina remitida por el Ministerio de Educación que se originó en conformidad a lo ordenado en el artículo 12 del Decreto Supremo 297 que fija el Reglamento que regula la ejecución de la ley Nº 19.989, y, además, la existencia de algún reproche de legalidad o arbitrariedad sólo podría efectuarse respecto de algún acto y omisión emanados de otra institución ajena al Servicio de Tesorerías, como en el caso sub lite e sería la Universidad de Chile, o el Fondo Solidario de Crédito Universitario de la Universidad de Chile, pero con las siguientes implicancias: el nombre reservado iniciado sería extemporáneo por cuanto el Administrador de Fondo Solidario notificó a la actora el hecho de proceder la retención en caso de no pagar por medio de carta certificada en el domicilio de domicilio reservado que dio origen al plazo señalado en el artículo 6 del Reglamento que regula la Ley 19.989 y la Corte de Apelaciones de La Serena carecería de Competencia para conocer de este Recurso de Protección.

Acompaña junto con su informe impresión de Pantalla de Consulta de Estado de Solicitud de Renta a Nombre de la recurrente de fecha 24 de junio de 2010, comprobante de egreso a nombre de la misma contribuyente que da cuenta que se retuvo la suma de $1.069.761.- e impresión de pantalla de rentenciones de Crédito Universitarios aplicadas a nombre de la recurrente.

A fojas 36, se prescindió de los informes requeridos a los recurridos Universidad de Chile y Fondo Solidario de Crédito Universitario Universidad de Chile, atendido el tiempo transcurrido desde que fueran notificados del recurso, y acto seguido se dispuso traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el nombre reservado, establecido en el art. 20 de la Constitución Política de la República, es propiamente una acción cautelar destinada a restablecer el imperio del derecho de manera rápida y eficaz, cuando se ha vulnerado, perturbado o amenazado, por acción u omisión arbitraria o ilegal, el ejercicio legítimo de las garantías señaladas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, que en el presente caso, según se expone por la recurrente, se hacen consistir en el numeral 24 de su artículo 19.

De lo anterior se sigue que el objeto principal de la acción de protección no es otro que el restablecimiento inmediato de los derechos eventualmente vulnerados, por actos u omisiones arbitrarios o ilegales de terceros mediante la adopción de las providencias que la respectiva Corte de Apelaciones ante quien se ocurre juzgue necesarias.

SEGUNDO: Que para la procedencia de la acción cautelar de protección, es necesaria la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

TERCERO: Que, en primer término, en cuanto a la extemporaneidad del recurso alegada por la única recurrida informante, lo cierto es que el acto que se denuncia como vulneratorio de las garantías constitucionales de la recurrente ha sido la retención de la devolución de impuestos practicada por el Servicio de Tesorería.

​Cabe anotar que conforme consta del documento denominado “Código de Atención” de fecha 15 de junio de 2010 emanado del Servicio de Impuestos Internos”, guardado en custodia, se informa a la recurrente la liberación total de la suma de $1.054.991, que anteriormente había sido retenida por inconsistencias y lo mismo se indica en documento “Consulta General de Renta” de fecha 24 de junio de 2010, pero en el Comprobante de egreso emanado de la Tesorería General de la República de 29 de junio de 2010 se señala que se ha retenido la antedicha suma de $1.069.761.- de modo que el nombre reservado ha sido deducido dentro del plazo de 30 días. ​ ​Y en cuanto a la incompetencia de esta Corte para conocer del presente recurso, tal como se indicó en lo expositivo, es una materia que ya ha sido zanjada en virtud de la resolución de fojas 46 mediante la cual se aceptó la competencia.

CUARTO: Que, conforme se puede advertir de la documentación acompañada por la recurrente, guardada bajo custodia, el pagaré fue suscrito en el año 1981, con motivo del otorgamiento de un crédito fiscal universitario, al amparo de las disposiciones D.L. 3541 de 1980 y D.F.L. 4 de 1981, cuestión que no resulta menor ya que en el caso de marras la actuación calificada de ilegal y arbitraria es precisamente el ejercicio por parte de la Tesorería Regional de La Serena de la facultad de retener de la devolución anual de impuestos a la renta los montos del crédito solidario universitario regulado por la ley Nº19.287 y sus modificaciones, conforme lo autoriza el art. 1º de la Ley Nº 19.989, con la sola información que le proporciona el Administrador del Fondo Solidario de Crédito Universitario respectivo.

Pues bien, la controversia, tal como la han planteado la recurrente y el Servicio de Tesorerías de La Serena, radica en determinar si el art. 1º de la Ley Nº 19.989, que contiene la facultad de retención cuestionada, puede ser aplicable a quien obtuvo un crédito fiscal universitario conforme a un régimen legal distinto que no contemplaba esa medida de apremio.

QUINTO: Que, si bien la Ley Nº 19.287, que modifica sustantivamente el sistema de crédito universitario, dispuso en su artículo 20 que, “toda referencia que hagan las leyes, decretos, reglamentos, circulares, contratos u otros instrumentos públicos o privados, a los fondos de crédito universitario o a sus administradores, deberá entenderse hecha, por el solo ministerio de la ley, a los fondos solidarios de crédito universitario o a sus administradores generales", lo cierto es que una ley posterior, la Nº 19.989 que, como ya se dijo, incorporó la retención de la devolución de impuestos como mecanismo de recaudación más efectivo en beneficio del Fondo Solidario, agregó al artículo 12 de la Ley Nº 19.848, un inciso final, precisando que “Son considerados deudores de los créditos solidarios todos aquellos que resulten de la aplicación de las leyes Nº 18.591, Nº 19.287 y Nº 19.848”.

Por su parte, el artículo 71 de la Ley 18.591, publicada el 03 de enero de 1987, dispuso que el activo del patrimonio inicial de cada fondo solidario estará constituido por recursos provenientes del crédito fiscal universitario adeudados por los estudiantes al Fisco, con excepción de aquéllos cuyos vencimientos sean anteriores a 1988.

Agrega esta norma que “Por el solo ministerio de esta ley, dichos créditos se entenderán traspasados por el Fisco a la Institución de Educación Superior, a través de la cual, cada deudor haya contraído la obligación.”

En consecuencia, en virtud de esta norma, no todos los créditos fiscales universitarios fueron traspasados del Fisco al Fondo Solidario de la respectiva Institución de Educación Superior, sino que sólo aquellos con vencimiento a partir del año 1988.

SEXTO: Que, es un hecho indiscutido y probado con la documentación acompañada al recurso, que el crédito concedido a la recurrente lo fue en 1981 con sujeción a las disposiciones del D.L. 3541 de 1980 y del D.F.L. 4 de 1981 y no bajo las Leyes Nº 18.591 y Nº 19.287, que es el cuerpo legal al que se refiere el artículo 1º de la Ley Nº 19.989., siendo su vencimiento anterior al año 1988, ya que aparece que el pagaré fue suscrito el 11 de agosto de 1981, estipulándose que el suscriptor se hacía responsable de cancelarlo “luego de dos años de haber egresado estando o no en posesión del título profesional o grado de licenciado” y que la fecha de su pago “se haría exigible al 31 de diciembre del año en que venzan los dos años de gracia antes indicados”, consignándose en el mismo instrumento que la recurrente cursaba quinto año de la carrera de Derecho, de modo que es posible concluir que se hizo exigible el 31 de diciembre de 1983, sin que al respecto exista antecedente en contrario que pudieran haber suministrado las recurridas.

SÉPTIMO: Que no está demás recalcar que los estudiantes universitarios que se obligaron con el Fisco con anterioridad a la dictación de las de leyes que regulan el Fondo Solidario (Leyes Nº 18.591, Nº 19.287, Nº 19.848 y Nº19.989), entre los cuales se encuentra la recurrente, lo hicieron bajo un estatuto jurídico determinado que no contemplaba una medida de apremio como la impugnada, que hace más gravosa la obligación contraída y con escasos mecanismos de defensa, ya que la norma del art. 1º de la Ley 19.989 sólo contempla la excepción de pago, sin que medie la intervención de los Tribunales de Justicia.

Lo anterior obliga a que la interpretación de los alcances de la norma recién citada se haga en términos restrictivos.

OCTAVO:

Que conforme al principio de legalidad de los actos de la administración, respecto del cual no está ajena la Tesorería Regional, los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella y garantizar el orden institucional de la República (inciso 1º del art. 6º de la Constitución), de modo que cualquier transgresión significa que sus actuaciones no son válidas, carecen de todo valor jurídico y, por ende, de ellas no nace derecho alguno.

Pues bien, el órgano dotado por la ley para ejercer una determinada facultad es precisamente el llamado a revisar la legalidad de sus propias actuaciones, no siendo excusa aducir que se detenta la calidad de ente meramente ejecutor en cumplimiento de una instrucción o mandato de otra institución pública o privada.

En este caso concreto, si la retención en cuestión no podía ser aplicada a aquellos deudores de crédito universitario regidos por un estatuto legal diferente, el órgano de la administración dotado de la facultad de apremio estaba impedido de practicarla.

NOVENO: Que, en consecuencia, los recurridos al requerir la retención y practicarla sobre la devolución de impuestos a la renta correspondientes al año tributario 2009, que debía percibir la recurrente, sin facultad legal para hacerlo, han incurrido en una actuación ilegal, que infringió la garantía constitucional contemplada en el numeral 24º del artículo 19 de la Constitución Política de la República, al privarla de la devolución que legalmente le correspondía, consistente en la cantidad de $1.069.761.- vulnerando su derecho de propiedad sobre dicho bien.

DÉCIMO: Que, cabe precisar que la declaración de ilegalidad de la retención en caso alguno significa emitir pronunciamiento acerca de la existencia, vigencia o extinción de la obligación que la recurrente reconoce haber contraído con el Fisco de Chile el año 1981 (Crédito Fiscal Universitario), cuando cursaba el último año de la carrera de Derecho en la Universidad de Chile, controversia que escapa absolutamente al objetivo de la acción de protección, quedando a salvo de quien en derecho corresponda la cobranza de ese crédito, oportunidad en que la recurrente podrá hacer valer sus derechos, planteando la concurrencia de algún modo de extinguir las obligaciones, si los hubiere.

Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara que SE ACOGE el nombre reservado deducido por doña nombre reservado, en contra de la Universidad de Chile, representada por su rector don nombre reservado; en contra del FONDO SOLIDARIO DE CRÉDITO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE, representado por don nombre reservado y en contra de la Tesorería General de La Serena, representada por doña nombre reservado, declarándose que debe reintegrarse a la recurrente los fondos retenidos y que corresponden a la devolución de impuestos de la operación renta del año Tributario 2009, sin costas.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Abogado Integrante señor Jorge Fonseca Dittus.

ROL N° 582-2010.- 16