nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES Y OTROS

nombre reservado

Ministerio del Interior y otro Recurso de protección Rol Nº58-2026 La Serena, cinco de febrero de dos mil veintiséis.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece don nombre reservado, interponiendo recurso de protección en beneficio de don nombre reservado, dirigido en contra del Servicio Nacional de Migraciones, del Ministerio del Interior y Subsecretaria del Interior, fundado en la Resolución Exenta N° 25.029 de 25 de julio de 2025, mediante la cual se rechazó su solicitud de otorgamiento de permiso de residencia temporal excepcional, presentada conforme al artículo 155 N° 8 de la Ley N° 21.325.

Expone que, debido a la grave crisis socioeconómica, política e institucional de su país de origen, se vio forzado a abandonar dicho territorio e ingresar a Chile por paso no habilitado, en búsqueda de protección y estabilidad para él y su familia. Menciona que es médico cirujano especialista, actualmente funcionario del Hospital de Ovalle, padre de una hija de nacionalidad chilena y cónyuge de residente en el país, conformando un núcleo familiar plenamente arraigado en Chile.

Indica que, con el objeto de regularizar su situación migratoria, en noviembre de 2020 solicitó la condición de refugiado, la que fue admitida a tramitación, otorgándosele cédula de identidad temporaria, manteniendo así una situación migratoria regular durante dicho período.

Posteriormente, el 27 de noviembre de 2024, el recurrente presentó solicitud de regularización extraordinaria conforme al artículo 155 N° 8 de la Ley N° 21.325, acreditando arraigo familiar, laboral y social, destacando su vínculo con hija chilena, su cónyuge residente, su desempeño profesional como médico en el sistema público de salud y la existencia de bienes raíces en el territorio nacional. No obstante, lo anterior, el 09 de enero de 2025 fue notificado del rechazo de dicha solicitud mediante la resolución impugnada, decisión que estima desproporcionada y arbitraria, considerando que mantuvo previamente situación migratoria regular, actuó diligentemente dentro de los plazos legales y no registra antecedentes penales ni prohibiciones legales.

Sostiene que la autoridad administrativa no ponderó adecuadamente los antecedentes aportados, pese a encontrarse plenamente acreditados los presupuestos exigidos por la normativa vigente para el otorgamiento de residencia temporal, generándole un grave estado de incertidumbre jurídica y migratoria.

Agrega que la resolución recurrida vulnera el derecho a la igualdad ante la ley, afecta gravemente su vida familiar y su derecho al trabajo, destacando además que no mantiene orden de abandono ni expulsión vigente y que se encuentra amparado por el principio de no devolución, por lo que una eventual expulsión afectaría de manera directa su libertad personal, su núcleo familiar y su proyecto de vida en Chile.

Por lo anterior, solicita acoger la acción interpuesta, dejando sin efecto la resolución recurrida, y se ordene a la autoridad administrativa dictar un nuevo acto debidamente fundado, en el cual se ponderen de manera íntegra, razonada y proporcional los antecedentes de arraigo familiar, laboral y social del recurrente en el país.

SEGUNDO: Que, a folio 4 comparece el Servicio Nacional de Migraciones, informando que carece de competencia para pronunciarse sobre el fondo del acto reclamado, atendido que la decisión corresponde exclusivamente a la Subsecretaría del Interior, razón por la cual solicita que el recurso sea rechazado en todas sus partes, por no existir acto u omisión ilegal o arbitraria que prive, perturbe o amenace las garantías constitucionales invocadas.

Agrega que, conforme a la normativa vigente, específicamente la Ley N° 21.325 de Migración y Extranjería, corresponde a la Subsecretaría del Interior establecer mecanismos de regularización y disponer, en casos excepcionales, el otorgamiento de permisos de residencia temporal, tratándose de una facultad discrecional y excepcional de la autoridad, particularmente regulada en el artículo 155 N° 8 y 9 del referido cuerpo legal.

TERCERO: Que, a folio 6 del expediente, se evacuó informe por el Ministerio del Interior y la Subsecretaría del Interior, solicitando el rechazo del recurso, con condena en costas.

Señala que la regularización migratoria se enmarca en las concesiones cuyo otorgamiento es una facultad de la autoridad, no una obligación para la misma, la que sólo accederá a la solicitud, siempre que se cumplan los requisitos y estándares que se han establecido internamente.

Refiere que la normativa de la Ley N°21.325 regula dos tipos de regularizaciones migratorias: una de carácter general, cuyos criterios y procedimientos son dispuestos por el Subsecretario del Interior, pero ejecutados por el Servicio Nacional de Migraciones; y otra de carácter excepcional, de aplicación particular, por casos calificados o motivos humanitarios, sujeta a un procedimiento desformalizado que resuelve el Subsecretario del Interior.

Precisa que en la actualidad no existen procedimientos de regularización vigentes de aplicación general. Por lo que, cualquier solicitud que se realice sobre esta materia sólo puede tramitarse como solicitud de otorgamiento excepcional por casos calificados o humanitarios, de acuerdo con lo establecido en el artículo 155 N°9 de la Ley N°21.325.

Luego, refiere que la vía del recurso de protección, de naturaleza cautelar y emergencia, no es la pertinente para declarar derechos nuevos ni tutelar meras expectativas, lo que desnaturaliza su finalidad.

Por otra parte, afirma que resulta improcedente que la jurisdicción califique la idoneidad de las medidas adoptadas por la autoridad administrativa en materias de migración y extranjería, toda vez que la misma se encuentra regida por el principio de juridicidad y legalidad, sin perjuicio de lo cual siempre se concede un margen de apreciación para sus facultades, por cuanto se trata de potestades de carácter discrecional, cuya aplicación debe sujetarse a un análisis de oportunidad, necesidad, eficacia e idoneidad.

En el caso concreto, señala que la autoridad ponderó debidamente los antecedentes aportados por la parte recurrente, en virtud de lo cual consideró que, a su respecto, no se configura un caso excepcional, calificado ni humanitario.

Finalmente, solicita el rechazo del recurso, por cuanto no se configura actuación ilegal ni arbitraria, ni afectación actual o directa de derechos fundamentales, señalando que el actor pretende utilizar la acción de protección como una instancia revisora de mérito administrativo, lo que excede el objeto de este arbitrio constitucional.

CUARTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

QUINTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

SEXTO: Que, por la presente acción constitucional, se recurre en contra del Servicio de Migraciones, Ministerio del Interior y de la Subsecretaría del Interior, por el rechazo de la solicitud de regularización migratoria presentada, lo cual califica la actora de ilegal y arbitrario, señalando que vulnera su garantía fundamental contemplada en el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

SÉPTIMO: Que, en primer término, es dable consignar que el recurso se intenta en contra del Servicio Nacional de Migraciones y de Ministerio y Subsecretaría del Interior.

Lo cierto es que el procedimiento de regularización extraordinaria iniciado por el actor, basado en los numerales 8 o 9 del artículo 155 de la Ley N°21.325, considera que únicamente la competencia la detenta la autoridad administrativa y no la de migraciones, motivo por el que se rechazará el libelo en relación con el primero de los recurridos mencionados.

OCTAVO: Que para resolver es relevante indicar que, como hechos acreditados a la luz del mérito de los antecedentes aportados, consta que el actor hizo ingreso irregular a nuestro país, que presentó requerimiento de refugio -el que fue rechazado- y luego inició este procedimiento excepcional, basado en las mejores condiciones que Chile le brinda en comparación a su país de origen, sin que aquellos argumentos resultaran suficientes para que la autoridad administrativa entienda configuradas las hipótesis “calificada y por razones humanitarias”, como mandata el numeral 9 del artículo 155 de la Ley N°21.325.

Al respecto, el procedimiento de regularización extraordinaria constituye una facultad que la ley confiere a la autoridad administrativa para que, de forma masiva o puntual, resuelva la situación de personas en condición de movilidad y, con ello, formalice su permanencia en nuestro país.

Como la autoridad bien precisa en su informe, no consta que a la fecha de la presentación del requerimiento se encontrase vigente un llamamiento masivo a regulaciones, de forma que no resulta aplicable el numeral 8 de la norma citada, sino que el 9, es decir, la autoridad debe analizar casos puntuales o individuales y aquello cuando se entienda que resultan ser “casos calificados o por motivos humanitarios”, lo que fue descartado.

En efecto, la decisión aparece revestida de fundamentos que, por lo demás, esta Corte comparte, en especial, la situación de privilegio a la que pretende optar el recurrente que, en comparación a otras personas en similares características, resuelva su situación migratoria fuera del marco legal.

Descartada la arbitrariedad del acto, al constar con argumentos suficientes que explican los motivos del rechazo, como asimismo la ilegalidad, desde que emana de la autoridad en el marco de sus competencias, solo cabe desechar el libelo.

NOVENO: A mayor abundamiento, el recurso fue interpuesto el 12 de enero de 2026 y se dirige en contra de la resolución emanada de la autoridad administrativa el 25 de julio de 2025, esto es, latamente transcurrido el plazo de 30 días que fija el Auto Acordado del máximo tribunal, sin que el actor haya demostrado la fecha en que tomó conocimiento de este.

DÉCIMO: Por todos los motivos ya referidos, el recurso no podrá prosperar, al descartarse que estemos en presencia de un acto arbitrario o ilegal.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de don nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, el Ministerio del Interior y Subsecretaria del interior.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°58-2026 (Protección).