nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

nombre reservado

Superintendencia de Seguridad Social Recurso de Protección Rol N°5781-2022.- La Serena, catorce de septiembre de dos mil veintidós.

VISTO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, con fecha 04 de agosto de 2022, comparece nombre reservado y Lillo, abogado de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región de Valparaíso, Consultorio Jurídico de Segunda Instancia de La Serena, en favor de doña nombre reservado, auxiliar de aseo, domiciliada en domicilio reservado, quien interpone acción de protección en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL (SUSESO) por haber dictado la Resolución Exenta N° R-01-UME-94799-2022, de fecha 18 de julio de 2022, rechazó reclamo deducido por la recurrente, calificando como de origen común la patología presentada con diagnóstico de “Síndrome del túnel del carpo bilateral, epicondilitis y epitrocleitis codo bilateral”, por lo que no procedería otorgar cobertura del Seguro Social de la Ley N° 16.744.

Expone que la recurrente es una mujer de 62 años de edad, que a la época que se desencadenan los hechos refiere se desempeñaba como auxiliar de aseo para la empresa Central de Restaurantes Aramark Multiservicios Limitada. En el desempeño de sus labores de aseo ha prestado servicios en entidades como el Banco de Crédito e Inversiones, Coquimbo; Banco Santander Chile, Coquimbo; Aguas del Valle; Universidad Católica del Norte y, últimamente, Banco de Chile, Coquimbo. Es el caso que, con fecha 18 de julio de 2022, la recurrida dictó la Resolución Exenta N° R-01-UME-94799-2022, pronunciándose sobre el reclamo deducido en contra de la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción, quién mediante resolución de calificación Nº 4739638 del 08 de abril de 2022 calificó como de origen común la patología presentada con diagnóstico de “Síndrome del túnel del carpo bilateral, epicondilitis y epitrocleitis codo bilateral”, por lo que no procede otorgar cobertura del Seguro Social de la Ley N° 16.744. La recurrida rechazó el reclamo presentado por la Sra. nombre reservado y confirmó la conclusión que el diagnóstico referido es de origen común, por lo que no procede otorgar cobertura del Seguro Social de la Ley N° 16.744.

Agrega la resolución recurrida que los profesionales médicos de dicho organismo analizaron los antecedentes clínicos y laborales disponibles, concluyendo que el diagnóstico es de origen común, “toda vez que no es posible establecer una relación de causa directa, como lo exige la Ley Nº 16.744, entre el trabajo que desempeña y el cuadro clínico que presenta. En efecto, los exámenes médicos indican que las afecciones de extremidades superiores que presenta corresponden a alteraciones de carácter degenerativo”.

A fin de contextualizar los hechos, hace presente que la Sra. nombre reservado, siempre se ha dedicado, por más de 40 años, a realizar labores de auxiliar de aseo, cumpliendo jornadas de 45 horas semanales, distribuidas de lunes a viernes, en distintos tipos de dependencia, debiendo no sólo realizar su labor de aseo, sino que además, cargar y trasladar mobiliario y materiales para realizar de manera correcta su tarea de aseo. Todo este esfuerzo físico, como la repetición de sus movimientos durante estos más de 40 años, sin que su último empleador tomara medidas de protección a la salud de sus trabajadores, repercutió en la salud de doña nombre reservado, quién comenzó a presentar un fuerte dolor en ambos brazos, que se fue agudizando con el transcurso del tiempo, al punto que en el mes de octubre de 2021, se volvió insostenible e incapacitante. Que, ante esta situación de salud la Sra. nombre reservado concurrió al médico traumatólogo Sr. nombre reservado, quién luego de realizar varios exámenes y tratamiento kinésico arribó a la conclusión que el dolor a nivel de ambas muñecas y manos con parestesias e hipotesias de 1, 2, 3 y parte del 4 dedo, además de cara palmar de ambas manos, asociado a dolor en ambos codos a la extensión de la muñeca y manos, corresponde a los diagnósticos de síndrome túnel carpiano bilateral por atrapamiento del nervio mediano de carácter moderado y epicondilitis lateral por tendinitis-entesopatía de los extensores codo derecho y leve izquierdo, debiendo ser derivada a neurocirugía para resolución quirúrgica de cuadro de compresión neurológica.

Manifiesta que sin ningún motivo o nuevo antecedente médico, la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción por Resolución de Calificación Nº 4739638, de fecha 08 de abril de 2022, determinó que las patologías presentadas por doña nombre reservado era de origen común y no estaba cubierta por el Seguro Obligatorio contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, establecido por la Ley Nº 16.744. Dicha Resolución confirma el diagnostico que adolece la Sra. nombre reservado, pero la misma no contiene ningún antecedente que permita concluir el origen de la enfermedad. Lisa y llanamente, sin antecedente alguno, señala que es enfermedad común.

Refiere que contra dicha resolución doña nombre reservado recurrió ante la Superintendencia de Seguridad Social a fin que este organismo pusiera remedio a la errónea calificación de su diagnóstico por parte de la Mutual de Seguridad, solicitando además que se declarara que su dolencia tiene el carácter de enfermedad de origen laboral, y de esa manera poder acceder a los beneficios contenidos en la Ley N° 16.744. Sin embargo, dicha solicitud fue desestimada mediante Resolución Exenta Nº R-01-UME-94799-2022, de fecha 18 de julio de 2022, en contra de la cual se deduce el presente recurso de protección.

Expresa que según lo resuelto por la SUSESO, la enfermedad que adolece la recurrente es de origen común, “toda vez que no es posible establecer una relación directa, como lo exige la Ley Nº 16.744, entre el trabajo que desempeña y el cuadro clínico que presenta. En efecto, los exámenes médicos indican que las afecciones de extremidades superiores que presentan corresponden a alteraciones de carácter degenerativo”. La misma no se hace cargo de las actividades que efectúa la Sra. nombre reservado como auxiliar de aseo por más de 40 años, no hace ningún análisis a los factores de riesgo condicionantes de la afección en comento. La Resolución no menciona ningún antecedentes médico objetivo y específico en que su fundamente su decisión.

Arguye que a diferencia de lo que ha resuelto la SUSESO, resulta razonable sostener que después de 40 años realizando labores de aseo para diferentes empresas, cumpliendo jornadas de 45 horas semanales, que sus dolencias son causa directa de dicha labor, teniendo un origen de carácter laboral.

Señala que, en cuanto a la normativa legal y reglamentaria aplicable en la especie, la Ley N° 16.744 y su Reglamento, nada señalan respecto del contenido de las resoluciones que dicte la Superintendencia de Seguridad Social al momento de resolver las apelaciones que el trabajador deduzca en contra de las resoluciones que se pronuncien sobre la declaración de existencia de la enfermedad profesional, por lo que, en la materia, corresponde entonces aplicar supletoriamente las normas de la Ley N° 19.880. Por su parte, en cuanto a necesidad de que los actos y resoluciones emanados de los órganos que forman parte de la administración del Estado, ha de tenerse presente que la jurisprudencia emanada de la Excelentísima Corte Suprema ha venido sosteniendo de manera consistente y uniforme esta exigencia, consagrando una serie de estándares que materializan de manera concreta el mandato del artículo 8° de la Constitución y los artículos 11, inciso 2° y 41° inciso 4° de la Ley de Bases del Procedimiento Administrativo.

En efecto, en años recientes, el máximo Tribunal ha sostenido que la motivación del acto administrativo es un elemento esencial del mismo. Así, se trata de “un requisito indispensable que debe encontrarse siempre presente” (Rol N° 27.467-2014); “revestido de mérito suficiente” (Rol N° 58.971-2016) y si el acto aparece “desmotivado” o con “razones justificativas vagas, imprecisas y que no se avienen al caso concreto”, carece de un elemento esencial (Rol N° 27.467-2014). Asimismo, sostuvo que la motivación sobre la base de fundamentos “meramente formales” implica arbitrariedad e ilegalidad (Rol N° 27.467-2014). Finalmente, destaca que la motivación del acto administrativo obliga a toda autoridad administrativa a “fundarlo debidamente en todos los antecedentes y circunstancias que el caso exige” (Rol N° 58.971-2016).

Agrega que en el caso de marras, tal estándar de motivación no se cumple, no hay un señalamiento real de antecedentes que, previo análisis pormenorizado, permitan entender las razones que llevaron al ente administrativo a concluir que la patología que presenta doña nombre reservado es de origen común, e incluso no señala que antecedente médico en específico tiene la virtud de desvirtuar lo certificado por el médico especialista tratante quién es del parecer que la enfermedad de que adolece la Sra. nombre reservado es de origen laboral, como tampoco se hace cargo o analiza condiciones particulares de sus labores como condicionantes de su enfermedad, ya sea para confirmarla o descartarla. Por ende, al no contener motivos la decisión del ente administrativo, se incumplen los estándares que la propia Constitución señala para tales actuaciones, infringiéndose asimismo la normativa contemplada en el artículo 41 de la Ley N° 19.880, deviniendo el acto administrativo en ilegal y, por lo mismo, arbitrario, pues al carecer de motivación, obedece más bien al mero capricho del organismo del cual emana.

Aduce que la decisión del ente recurrido, es ilegal, carente de fundamento legal y de toda racionalidad, constituyendo su actuar, una vulneración al derecho a la vida, y a la integridad física y psíquica de doña nombre reservado, garantía contemplada en el artículo 19 N° 1 de La Constitución Política de la República; vulnera asimismo, el derecho consagrado en el artículo 19 número 24 de la Constitución Política de la República, ya que al declarar la enfermedad de doña nombre reservado como de origen común y no laboral, le priva de una serie de beneficios y prestaciones contemplados en la Ley N° 16.744, tendientes a tratar su enfermedad y a cubrir los gastos inherentes a ella, incluyendo eventuales indemnizaciones.

Puntualiza que de acuerdo a lo establecido en el artículo 1° del texto constitucional, el Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, contribuyendo a crear las condiciones sociales que permitan a los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización material y espiritual posible, con pleno respeto de los derechos y garantías constitucionales, evitando toda forma de discriminación entre ellos; adicionalmente, es deber del Estado, proteger a la población. A su vez, el artículo 5° de la misma Carta Fundamental, reitera que es deber de los órganos del Estado respetar y promover los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, los que constituyen una limitación al ejercicio de la soberanía y que se encuentran garantizados por la Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Asimismo, el artículo 19 de la Constitución Política de la República, asegura a todas las personas, en su número 9° El derecho a la protección de la salud, en el sentido que el Estado protege el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación del individuo. Si bien, esta última garantía, del número 9° en la parte transcrita, no se encuentra amparada expresamente por el recurso de protección según lo establece el artículo 20, sí constituye un derecho garantizado a todas las personas por la Carta Primera, por lo que no es posible desentenderse de su existencia para una adecuada administración de justicia.

Finaliza señalando que tales garantías fundamentales se han visto conculcadas respecto de doña nombre reservado, por los hechos indicados, por lo que se hace imprescindible adoptar las medidas necesarias para resguardar sus derechos como ser humano.

Solicita por tanto acoger el recurso y ordene ordenando a la recurrida acoger el reclamo y decretar que deberá emitir una nueva resolución, disponiendo que doña nombre reservado sea sometida a una pericia médica acorde con las patologías que presenta, como asimismo todos los exámenes que sean necesarios para verificar el origen de la enfermedad que le afecta y su posible origen laboral, como también cualquier otra medida que este Ilustrísimo Tribunal considere necesario para restablecer el imperio del derecho y asegurar el debido resguardo y respeto a las garantías fundamentales de la recurrente Acompaña: 1.- Resolución Exenta Nº R-01-UME-94799-2022, de fecha 18 de junio de 2022, emitida por la Superintendencia de Seguridad Social. 2.- Copia del examen economografía de partes blandas de codo izquierdo. 3.- Copia del examen ecotomografías partes blandas (ambas muñecas). 4.- Copia del examen ecotomografía de partes blandas de muñeca derecha. 5.- Copia del examen ecotomografía de partes blandas de codo derecho. 6.- Copia del examen ecotomografías partes blandas (ambos codos). 7.- Copia del examen electromiografía. 8.- Certificado de médico tratante. 9.- 2 Informes kinésico. 10.- Copia de contrato de trabajo.

SEGUNDO: Que se evacúa informe por la Superintendencia de Seguridad Social, quien alega improcedencia del recurso, y en subsidio informa sobre el fondo, solicitando su rechazo, con costas.

En cuanto a la alegación de improcedencia de la acción, sostiene que la materia sobre la que versa el presente recurso dice relación con un aspecto específico del Sistema Chileno de Seguridad Social, a saber, el Subsistema correspondiente al Seguro Social contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales y puntualmente, con la calificación del origen común o laboral de una enfermedad y la determinación del porcentaje de incapacidad asociada a esta. En efecto, la calificación de una enfermedad como de etiología común o laboral, corresponde al procedimiento de reclamos o apelaciones contempladas en los artículos 77 y 77 bis de la Ley N° 16.744, materias que sin duda alguna pertenecen al campo de la Seguridad Social, y, por lo tanto, se encuentran expresamente excluidas por el constituyente, del ámbito de la acción de protección. De tal forma, el asunto del cual versa la presente Acción de Protección incide en un aspecto específico del derecho a la seguridad social, reconocido y garantizado a todas las personas en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política del Estado, que no está contemplado en la numeración taxativa que realiza el artículo 20 de la Carta Fundamental y, por lo tanto, no está amparado por esta especial acción cautelar.

Puntualiza que la Acción de Protección es de carácter excepcional y, por lo mismo, sólo procede su aplicación en aquellos casos relativos a determinadas materias, en las que una persona hubiera sido víctima de un acto u omisión arbitrario o ilegal, que le cause una privación, perturbación o amenaza, en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados en la Constitución Política de la República. Debido a dicho carácter, debe dársele una aplicación restringida únicamente para aquellos casos de violación flagrante de los derechos constitucionales, que por su naturaleza y características requieren un pronunciamiento judicial especialmente rápido, que ponga pronto remedio a “actos u omisiones arbitrarios o ilegales”.

Lo argumentado ha sido respaldado por diversos fallos de los Tribunales Superiores de Justicia los que en esta materia han sentado jurisprudencia. A modo ejemplar cita fallos en causa Rol N° 5090-2011 de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago; Rol N° 4341-2011 de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, confirmada por la Excelentísima Corte Suprema; Rol N° 52-2015 de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago.

Por tanto, atendida las anteriores consideraciones de hecho, solicita se rechace la Acción de Protección, por haber sido ejercida improcedentemente en virtud del derecho a la seguridad social, con costas.

En subsidio de las alegaciones anteriores, informa en cuanto al fondo del asunto que motiva la acción constitucional de autos.

Refiere que consta en el expediente administrativo que se acompaña a su informe, que la Sra. nombre reservado, con fecha 18 de abril de 2022, ha recurrido a la Superintendencia reclamando en contra de Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción, quien, mediante Resolución N° 4739638, calificó como de origen común la patología presentada con diagnósticos de "Síndrome del túnel del carpo bilateral, epicondilitis y epitrocleitis codo bilateral", de lo cual discrepa. En razón de lo señalado, los profesionales médicos de este Organismo procedieron al análisis de los antecedentes clínicos y laborales disponibles, tales como presentación escrita y fundada, historia y exámenes clínicos, estudio de puesto de trabajo, resolución de calificación (RECA), entre otros, concluyendo que la afección de la trabajadora por los diagnósticos de "Síndrome del túnel del carpo bilateral, epicondilitis y epitrocleitis codo bilateral" son de origen común, toda vez que no es posible establecer una relación de causa directa, como lo exige la Ley N° 16.744, entre el trabajo que desempeña y el cuadro clínico que presenta. En efecto, los exámenes médicos indican que las afecciones de extremidades superiores que presenta corresponden a alteraciones de carácter degenerativo, dictamen y fundamentos contenidos en Resolución Exenta N° R-01-UME-94799-2022, de fecha 18 de julio de 2022.

Expone que en lo que respecta a la materia de la presente acción, que la Ley Nº 16.744, publicada en el Diario Oficial el 1º de febrero de 1968, creó el Seguro Social Obligatorio contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. Las contingencias cubiertas por este Seguro Social de carácter obligatorio son los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales, en los términos que están definidos por el legislador en los artículos 5º y 7º, respectivamente de la Ley Nº 16.744. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5º de la Ley 16.744, se entiende por accidente del trabajo “toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión del trabajo, y que le produzca incapacidad o muerte.”. Según lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley N° 16.744, las enfermedades profesionales son las “causadas de manera directa por el ejercicio de la profesión o el trabajo que realice una persona y que le produce incapacidad o muerte”. Por su parte, el artículo 16 del D.S. N° 109, de 1968, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, en complemento del precepto legal antedicho dispone que, para que “una enfermedad se considere profesional es indispensable que haya tenido su origen en los trabajos que entrañan el riesgo respectivo, aun cuando éstos no se estén desempeñando a la época del diagnóstico”. Por su parte, las personas protegidas por este Seguro Social están señaladas, principalmente, en los artículos 2º y 3º de dicho cuerpo legal, contemplando, entre otros, a todos los trabajadores por cuenta ajena o dependientes.

Manifiesta que en cuanto a las prestaciones que se contemplan en la Ley N° 16.744, se distinguen las médicas y las económicas o pecuniarias. Las prestaciones médicas son las contempladas en el artículo 29 del cuerpo legal en comento, las que incluyen atención médica, quirúrgica, y dental en forma ambulatoria o hospitalaria, fármacos, prótesis, aparatos ortopédicos, rehabilitación física y reeducación profesional y gastos en traslado. Las prestaciones económicas, por su parte se otorgan, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley N° 16.744, según el grado de incapacidad laboral y clase (temporal o permanente) que el accidente del trabajo o la enfermedad profesional causen, y están contempladas a partir del artículo 30 del cuerpo legal ya citado. Adicionalmente, y relacionado directamente a los antecedentes que informan la acción de protección interpuesta en autos, el artículo 77 de la Ley N° 16.744, dispone que: “Los afiliados o sus derecho-habientes, así como también los organismos administradores podrán reclamar dentro del plazo de 90 días hábiles ante la Comisión Médica de Reclamos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, de las decisiones de los Servicios de Salud o de las Mutualidades en su caso recaídas en cuestiones de hecho que se refieran a materias de orden médico. Las resoluciones de la Comisión serán apelables, en todo caso, ante la Superintendencia de Seguridad Social dentro del plazo de 30 días hábiles, la que resolverá con competencia exclusiva y sin ulterior recurso”. Sobre la materia, el mismo artículo señala lo siguiente: “Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos precedentes, en contra de las demás resoluciones de los organismos administradores podrá reclamarse, dentro del plazo de 90 días hábiles, directamente a la Superintendencia de Seguridad Social”.

Arguye que como se desprende de la relación que se ha realizado en este escrito, la actuación de esta Superintendencia, se ajusta rigurosamente a las normas constitucionales, legales y reglamentarias que establecen sus atribuciones y facultades fiscalizadoras. Que, a la Superintendencia de Seguridad Social le corresponde cumplir el mandato constitucional impuesto al Estado, en orden de supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social. Lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso cuarto del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. A su vez, el artículo 3º de la Ley N° 16.395, que regula su funcionamiento orgánico, dispone que “La Superintendencia de Seguridad Social será la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, dentro del ámbito de su competencia”. El inc. 2º del mismo artículo indica que: “La supervigilancia de la Superintendencia comprenderá los órdenes médico-social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo, así como también la calidad y oportunidad de las prestaciones”.

Hace presente que la pretensión de la recurrente, en orden a dejar sin efecto la resolución impugnada en autos, fuera de no tener fundamento legal de acuerdo con los antecedentes y preceptos legales que se han expuesto, ciertamente, desborda claramente los límites de aplicación de la Acción de Protección, la que fue pensada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos indubitados, preexistentes, tal como se colige claramente de la expresión utilizada por el mismo, al disponer en el artículo 20 que ésta es procedente cuando una persona, por un acto ilegal o arbitrario “…sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19…”.

Por su parte, tal como no existe acto ilegal o arbitrario de parte de la Superintendencia de Seguridad Social, pues su representada se limitó a resolver la situación de la Sra. nombre reservado dentro del ámbito de su competencia, tampoco ha existido, en la especie, vulneración o amenaza del derecho a la vida e integridad física y psíquica, menos aún, del derecho a la protección de la salud, reconocidos a todas las personas en el artículo 19 N°s 1 y 9 de nuestra Constitución Política, como tampoco ningún otro derecho garantizado por nuestra Carta Fundamental.

Por último, atendido las consideraciones expuestas, se descarta cualquier actuar arbitrario e ilegal por parte de su defendida, ya que, en el dictamen aludido, se exponen detalladamente las razones por las cuales se llegó a la conclusión que se ha indicado. No se trata pues, de un acto carente de un fundamento racional o nacido del sólo capricho irracional de la autoridad técnica, sino que del estudio y ponderación de los elementos que se han señalado, en concordancia con criterios normativos y jurisprudenciales vigentes en este Organismo de Control.

Por tanto, solicita el rechazo de la acción, con costas.

Acompaña a su informe copia del expediente administrativo, relativo al caso de la recurrente de autos.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, jurídicamente constituye una acción de naturaleza cautelar, que tiene por objeto amparar a personas naturales o jurídicas en el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en la misma disposición, y que por actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufran privación, perturbación o amenaza de tales garantías, pretendiendo que mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto de tal naturaleza, se restablezca el imperio del derecho.

CUARTO: Que como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que en cuanto a la alegación de la recurrida, en orden a que el recurso de protección incide en un aspecto específico del derecho a la seguridad social, garantizado en el numeral 18 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, derecho que no se encuentra contemplado dentro del catálogo del artículo 20 de dicho texto constitucional, por lo que no está amparado por la acción constitucional, debe tenerse en consideración que el numeral 2° del referido Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección previene que es preciso examinar el recurso deducido a fin de determinar si se mencionan hechos que podrían constituir vulneración de alguna de las garantías indicadas en el artículo 20 de nuestra Carta Fundamental. Pues bien, en la especie, de la simple lectura del libelo recursivo es posible constatar que la accionante reclama a través del presente arbitrio la decisión contenida en Resolución Exenta Nº R-01-UME-94799-2022, de fecha 18 de julio de 2022, en virtud de la cual la SUSESO rechazó recurso contra Resolución de Calificación Nº 4739638 de la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción, de fecha 08 de abril de 2022, que determinó que las patologías presentadas por doña nombre reservado era de origen común y no estaba cubierta por el Seguro Obligatorio contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, establecido por la Ley Nº 16.744, estimando que dicho acto le ha causado privación y perturbación a los derechos y garantías consagradas en los números 1° y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por lo que corresponde a esta Corte discernir si los actos reprochados podrían constituir una transgresión al derecho a la vida e integridad física de la accionante y al derecho de propiedad, o bien si tales actos pueden ser constitutivos de vulneración de otra garantía de aquellas protegidas por el recurso; por lo tanto, la argumentación sostenida por la recurrida en este aspecto, carece de sustento.

SEXTO: Que, mediante el presente arbitrio constitucional la accionante ha reclamado, en definitiva, como ilegal y arbitraria la resolución contenida en la Resolución Exenta Nº R-01-UME-94799-2022, de fecha 18 de julio de 2022, en virtud de la cual la SUSESO rechazó recurso contra Resolución de Calificación Nº 4739638 de la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción, de fecha 08 de abril de 2022, que, como se ha dicho, declaró como de origen común la afección de salud que presentaba la recurrente de “Síndrome del túnel del carpo bilateral, epicondilitis y epitrocleitis codo bilateral”.

SÉPTIMO: Que, a fin de resolver sobre la procedencia del recurso de protección deducido, útil resulta recordar que por la naturaleza de esta acción constitucional, la eventual vulneración de las garantías respecto de las cuales se reclama protección, debe ser evidente, siendo necesario que de la sola lectura de los antecedentes allegados aparezca una manifiesta privación de un derecho indubitado garantizado por la Constitución Política de la República, y que por ello requiere ser amparado mediante la adopción de medidas de resguardo destinadas a restablecer el imperio del derecho; y, enseguida, asimismo, conveniente es dejar establecido que el recurso de protección está destinado a resolver situaciones inequívocas, de fácil y rápida comprobación, dentro de un procedimiento breve y sumarísimo.

OCTAVO: Que, en el caso sub judice, del mérito de lo expuesto por la accionante y la recurrida y del contenido de la instrumental allegada a los autos, es posible constatar que el conflicto que se ha suscitado se refiere a la existencia de diferencias relacionadas con la naturaleza de la enfermedad de que padece la recurrente, esto es, si se trata de una afección de origen profesional, como afirma la recurrente, o bien de origen común como ha establecido la autoridad administrativa, debate que, entonces, atendida su complejidad, no es procedente dilucidar por medio de este recurso constitucional.

NOVENO: Que, no obstante lo expuesto en el considerando anterior, siendo palmario que constan en los antecedentes acompañados por el recurrente, en particular Certificado médico del doctor nombre reservado, así como informe kinésico de Kinesiólogos nombre reservado y nombre reservado, que dan cuenta del seguimiento y la baja respuesta al tratamiento realizado, en contraposición al informe médico en que se basa la resolución dictada por la recurrente, el que sin realizar un examen personal, seguimiento y análisis acabado de la situación de salud de la recurrente, manifiesta sin fundamentación pormenorizada, la calidad de degenerativa de la afección padecida, y por tanto, de origen común, es que la resolución impugnada deviene en arbitraria e ilegal, produciéndose con su dictación una afectación de las garantías señaladas por la actora, lo que lleva a acoger la presente acción, en la forma que se dirá en lo resolutivo de la presente sentencia.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

1° Que SE RECHAZA la alegación de improcedencia del recurso formulada por la recurrida.

2° Que SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado y en contra de Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), debiendo la recurrida disponer la práctica de una pericia médica acorde con la patología de “Síndrome del túnel del carpo bilateral, epicondilitis y epitrocleitis codo bilateral” que padece la actora y todos los exámenes necesarios para verificar la fecha probable de aparición de la enfermedad como su evolución, a fin de determinar carácter común o laboral de la patología, a realizarse por un organismo distinto de la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 5781-2022 Protección.-