nombre reservado con UNIVERSIDAD DE CHILE

nombre reservado

Universidad de Chile Recurso de Protección Rol N°576-2025 La Serena, a cinco de junio de dos mil veinticinco.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

Que, a folio 1 de la carpeta digital de esta Corte, el diez de abril de dos mil veinticinco, comparece doña Patricia Paola Martínez Soto, abogada, y recurre de protección en favor de nombre reservado, técnico laboratorista, en contra de la Universidad de Chile, por el acto que estima arbitrario e ilegal consistente en la terminación anticipada de su contrata, alegando vulneración de sus garantías constitucionales de los números 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política.

Expone que el protegido ingresó a prestar servicios para la Universidad de Chile, en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, el año 2016, en su sede de Ovalle y posteriormente en Coquimbo, ejerciendo una labor técnica de tomas de muestras en faenas mineras, con nombramiento a contrata, que se ha prorrogado anualmente, siendo la última extensión, de enero a diciembre de 2025.

Relata que en junio de 2023 sufrió un accidente, en el cual su rodilla izquierda quedó con rotura ligamentaria, y fue operado en julio de 2023, manteniéndose con licencias médicas hasta fines de enero de 2024, retornado a sus funciones en febrero del mismo año, habiéndose prorrogado su contrata por todo el año 2025.

Hace presente que el 27 de marzo del año en curso, cuando se encontraba de descanso de turno, le informa verbalmente su jefe que no se presente a trabajar, por cuanto fue despedido, sin informarle razón alguna.

Agrega que se le informa, posteriormente, que su despido obedece a estar con más de seis meses de licencia médica, remitiéndosele sólo una carta simple con un domicilio en Santiago, en el que se le pone en conocimiento la total tramitación por parte de la Contraloría General de la República del Decreto TRA No.309/224/2024 tomado de razón el 25 de febrero de 2025, el que habría dispuesto la vacancia del cargo conforme a la Resolución 18186872 de 22 de enero de 2024 de COMPIN, por haber hecho uso de licencias médicas continuas o discontinuas por un lapso superior a seis meses en los últimos dos años sin mediar declaración de salud irrecuperable.

Afirma que su representado se encuentra desde el 27 de marzo alejado de su trabajo, sin recibir carta certificada alguna que lo notifique de la resolución que declara la vacancia del cargo y que le fue pagada completa su remuneración de marzo de este año, por $1.256.485.

Sostiene que el acto de separación es arbitrario e ilegal, en cuanto el actor prestaba servicios en el IDIEM, Desarrollo e Innovación de Estructuras y Materiales, y no corresponde a una prestación asociada a un servicio público, por lo que no se justifica el término del cargo por uso de licencias médicas.

Agrega que los organismos públicos no pueden terminar la relación laboral en forma verbal, lo que, de producirse, implica la nulidad de la separación del trabajador, en caso de que la relación laboral se rigiera por el Código del Trabajo, debiendo aplicarse una indemnización como sanción, más cuando el Estatuto Administrativo dispone que las relaciones laborales se terminan por actos formales, decretos o resoluciones, no cartas o comunicaciones verbales, como ocurre en la especie, las que, además, se deben notificar por carta certificada al funcionario.

Invoca lo dispuesto en el artículo 146 del Estatuto Administrativo, en cuanto dispone que el funcionario puede cesar en el cargo por declaración de vacancia, la que procede por salud irrecuperable o incompatible con el desempeño del cargo, sin que se materialice un decreto de vacancia, el que, de existir, tampoco le fue notificado por carta certificada, por lo que el despido es nulo.

Hace presente que el domicilio registrado por el actor corresponde a Ovalle, y en ningún caso al referido en la carta fechada el 5 de marzo de 2025, que indica Neptuno 1096, Cerro Navia.

Arguye, igualmente, que el despido vulnera sus derechos fundamentales, en cuanto invoca las licencias médicas por más de seis meses, lo que no habilita al jefe superior del Servicio para determinar que la salud de su representado es incompatible con el cargo, conforme lo dispuesto en la Ley 21.050, que modificó el artículo 151 de la Ley 18.834, agregando un tercer inciso que introdujo la obligatoriedad de requerir un informe previo de la COMPIN, lo que importa la revisión y estudio de los antecedentes médicos del funcionario, que en la especie, da cuenta de que su salud es recuperable, conforme indica la carta en referencia, respecto a la Resolución de Evaluación folio 18186872 de 22 noviembre de 2024, resultando improcedente aplicar la causal del artículo 151 del Estatuto.

Menciona que la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema ha resuelto que “la supuesta incompatibilidad con las labores, debe fundarse en antecedentes técnicos que determina que necesariamente la COMPIN debió evaluar tal circunstancia, lo cierto es que la sola declaración de recuperabilidad de la salud sin evaluación de compatibilidad con el cargo determina al interdicción de ejercicio de la facultad concedida al Jefe de Servicio para declarar la vacancia del cargo” (sic). En base a lo anterior hace concluir al recurrente que el sólo transcurso del plazo establecido para que el Jefe respectivo haga uso de su facultad no es fundamento suficiente para declarar vacante el cargo, puesto que la misma Ley establece una condición, como es la irrecuperabilidad de la salud del funcionario evaluado y que ésta no le permita desempeñar el cargo respectivo, lo que no ocurre en la especie.

Agrega que nunca fue citado a una evaluación de compatibilidad con el cargo, y que la Asociación Chilena de Seguridad emitió su certificado de salud laboral, estableciendo que su salud laboral es apta, compatible con el cargo, y lo valida por un año hasta noviembre de 2025.

Concluye que lo obrado importa un ejercicio excesivo de las facultades otorgadas al jefe del Servicio, puesto que el organismo técnico se pronunció en sentido diverso, en cuanto declaró recuperable su salud, más cuando no fue considerado el informe de salud que cada año practica la ACHS necesario para ejercer su función de faena minera, ni mucho menos sus calificaciones o trayectoria laboral.

Junto con invocar afectación a sus garantías constitucionales de igualdad ante la ley y de propiedad, pide que se deje sin efecto la separación del trabajador, por haber sido ésta sin formalidad alguna o, en subsidio, se deje sin efecto la Resolución o Decreto que declaró la vacancia, emitida por la Universidad de Chile, debiendo la recurrida reincorporarlo a sus mismas funciones y cargo, con el pago de todas las remuneraciones y estipendios correspondientes, debidamente reajustados entre la fecha de la separación y la de su efectivo reingreso.

Acompañó a su recurso los siguientes documentos: 1.- Certificado de residencia nombre reservado abril de 2025. 2.-Nombramiento contrata 2025. 3.-Licencia médica julio 2023 donde consta el domicilio. 4.- Certificado emitido por doctor operación rodilla enero de 2024. 5.- Registro curricular IDIEM del funcionario nombre reservado. 6.- Evaluación ACHS salud laboral 2025 nombre reservado. 7.- Informe COMPIN Médico. 8. imagen WhatsApp 27 de marzo 2025. 9.-Carta vicerrectora marzo de 2025 donde se hace menciona vacancia cargo. 10.- Liquidación marzo 2025.

Que, a folio 7 de la carpeta virtual de esta Corte, el catorce de mayo del presente año, figura informe requerido evacuado por doña nombre reservado, directora jurídica de la Universidad de Chile, quien pide el rechazo de la acción.

Junto con exponer los antecedentes laborales del funcionario, en cuanto ingresó al Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación de Estructuras y Materiales el 6 de abril de 2016, y que cesó en su cargo el 24 de marzo del 2025, producto de la declaración de vacancia del mismo, conforme Decreto TRA No. 309/224/2024, de 6 de diciembre del 2024, afirma que el acto impugnado obedece a que el actor hizo uso de licencias médicas de manera reiterada por 255 días, superando los seis meses que establece el artículo 151 del Estatuto Administrativo.

Agrega que, mediante Oficio FCFM 0228, de agosto del 2024, se requirió al presidente de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez su resolución respecto del estado de salud del funcionario, evacuándose el informe el 21 de noviembre del 2024, Folio No. 18186872, resolviendo que el funcionario presenta “un estado de salud recuperable”, declarándose la vacancia de cargo mediante Decreto TRA No. 309/224/2024, el cual fue tomado de razón el 25 de febrero del 2025.

Destaca que la vacancia del cargo se hizo efectiva a contar del 24 de marzo del 2025, pagándose la totalidad de las remuneraciones que al efecto le correspondían.

En cuanto a la notificación del acto, precisa que la misma se realizó mediante carta certificada expedida por Correos de Chile, de 19 de marzo del 2025, al domicilio registrado por el actor en sus licencias médicas y en todas las gestiones realizadas ante la COMPIN, indicando que hubo una notificación previa del decreto que dispuso la vacancia, expedida por carta certificada el 10 de marzo del 2025 al domicilio que el funcionario tenia registrado en el sistema SISPER, la que fue dejada sin efecto, en consideración al domicilio diferente que el funcionario registró en sus licencias médicas.

Invoca el marco normativo previsto en el Estatuto Administrativo, arguyendo que, al haber hecho uso el recurrente de licencias médicas de manera continua por más de seis meses durante los últimos dos años y, no mediando pronunciamiento del COMPIN que haya declarado la irrecuperabilidad de su estado de salud, se configuró la hipótesis de salud incompatible con el cargo de acuerdo con lo establecido en el artículo 151, al no mediar declaración de salud irrecuperable, más cunado el Decreto TRA No. 309/224/2024 se encuentra ajustado a derecho al ser tomado de razón por la Contraloría General de la República.

Refiere las normas que resultan aplicables al ejercicio de sus funciones por parte de su representada, haciendo presente que la declaración de salud incompatible tiene por objeto mantener la continuidad del servicio, para evitar que este se vea afectado al mantener en el mismo a funcionarios que han hecho un uso prolongado de licencias médicas, citando jurisprudencia administrativa de la Contraloría al efecto y concluyendo que un informe de la COMPIN que declare una salud recuperable no limita, por sí solo, la facultad del jefe de servicio para declarar la salud incompatible de un funcionario, la que responde a la necesidad de asegurar la continuidad del servicio público y el resguardo del interés público.

Alega, asimismo, que la materia objeto del recurso excede el fin cautelar del mismo, siendo igualmente improcedente, en cuanto no se materializa una arbitrariedad o ilegalidad, toda vez que el acto que dispone la vacancia del cargo se encuentra debidamente fundamentado y apegado a la normativa especial del ramo, mediando informe de la COMPIN, lo que da cuenta de haberse cumplido con el requisito legal, el que arguye es, además, facultativo.

Sostiene que no existe, tampoco, infracción al deber de motivación del acto, citando el decreto que declara la vacancia del cargo, afirmando que cumple con el estándar previsto en el artículo 11 de la Ley 19.880, descartando, también, la vulneración de las garantías invocadas por el actor, en cuanto reitera que la declaración de salud recuperable de un funcionario es una facultad privativa del jefe de servicio.

Respecto a la supuesta vulneración del derecho de igualdad ante la ley, argumenta que no existe actuación discriminatoria alguna, toda vez que a todos los funcionarios de la institución se les aplican las mismas disposiciones legales y reglamentarias. La medida adoptada se encuentra plenamente justificada en causas objetivas y razonables, cumpliendo con el estándar de razonabilidad exigido por la jurisprudencia constitucional.

En cuanto a la alegada vulneración del derecho de propiedad, sostiene que el recurrente carecía de tal derecho sobre su empleo, considerando que se desempeñaba en un cargo a contrata de carácter transitorio. La doctrina administrativa es conteste en reconocer que los funcionarios a contrata no poseen derecho de propiedad sobre su función ni sobre sus remuneraciones, existiendo únicamente una mera expectativa de continuidad en la medida que el cargo no expire o concluya conforme a las causales legalmente establecidas.

Argumenta que el recurso carece de fundamento al no concurrir los requisitos copulativos exigidos por la jurisprudencia para el éxito de la acción constitucional. Específicamente, sostiene que no se configura acción u omisión ilegal o arbitraria, toda vez que el Decreto de vacancia se encuentra debidamente fundamentado y ajustado a la normativa especial aplicable. El acto administrativo cuestionado expresa clara y fundadamente los hechos y consideraciones jurídicas que motivaron la decisión, cumpliendo con las exigencias de motivación establecidas en el artículo 11 de la Ley N°19.880 sobre procedimientos administrativos.

Solicita el rechazo del recurso de protección en todas sus partes.

Acompaña como antecedentes documentales: 1. Decreto con Fuerza de ley N°3, de 10 de marzo de 2006, del Ministerio de Educación Publicado en el Diario Oficial el 2 de octubre de 2006, que establece los Estatutos de la Universidad de Chile. 2. Decreto TRA N°309/224/2024, de fecha 06 de diciembre de 2024, de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. 3. Resolución Folio N°18186872 de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez. 4. Oficio (O) N°43/2025, de la Dirección Económica y Administrativa, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. 5. Oficio IDIEM SDG N°2258/2024, de 25 de noviembre de 2024. 6. Oficio N°0280, de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. 7. Listado licencias médicas del funcionario nombre reservado. 8. Boleta por servicio Carta Certificada de la empresa Correos de Chile, de 19 de marzo de 2025. 9. Carta de notificación, de 18 de marzo de 2025, remitida por la Sra. nombre reservado, Vicedecana de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, al Sr. nombre reservado.

El recurso fue declarado admisible y se ordenaron traer los autos en relación procediéndose a su vista en la audiencia del miércoles veintiocho de mayo pasado, oportunidad en que se anunció para alegar y lo hizo, de forma telemática, vía plataforma Zoom, el abogado don Luis Gajardo Guerrero, por 15 minutos, contra el recurso.

OÍDOS LOS INTERVINIENTES Y CONSIDERANDO:

1° Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

2° Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera, cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

3° De la misma forma fluye de lo transcrito, que es requisito indispensable de la acción constitucional de protección la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria, y que provoque alguna de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

4° Que, de igual forma se ha sostenido por los comentaristas, así como nuestro máximo tribunal, que la acción de protección como acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes indicados en la carta fundamental, no constituye una instancia por la que se persiga una suerte de debate respecto de la procedencia o improcedencia de un derecho, sino que su real objeto está constituido por la cautela de un derecho “indubitado”.

5° Que, en el caso sub-iudice, del escrito que contiene el arbitrio constitucional intentado, se desprende que lo reprochado de ilegal y arbitrario -y que sirve de sustento a la presente acción constitucional de protección deducido en contra de la recurrida, Universidad de Chile- es el Decreto TRA No. 309/224/2024, de 6 de diciembre del 2024, conforme a la Resolución 18186872 de 22 de enero de 2024 de la COMPIN, que declaró la vacancia del cargo desempeñado por el recurrente, fundada en haber hecho uso de licencias médicas continuas o discontinuas por un lapso superior a seis meses en los últimos dos años, lo que tornaba su salud incompatible con el cargo, agregándo, además, que el cese de sus funciones no le fue notificado de forma legal, sino simplemente de manera verbal y vía mensajería de whatsApp.

6° Que, a juicio del recurrente tal acto resultaría ser arbitrario e ilegal por cuanto, por un lado, no le fue intimado de forma legal y, por otro, si bien es cierto que estubo haciendo uso de licencia médica por mas de seis meses durante un período de dos años, la COMPIN, mediante Resolución 18186872 de 22 de enero de 2024 declaró como recuperable la salud del recurrente.

7° Que, en lo que respecta a la primera alegación, esta será desestimada, por cuanto consta de los antecedentes agregados a esta causa que, efectivamente, la recurrida notificó, mediante carta certificada, en el domicilio señalado por el propio recurrente en el mes de marzo, de manera que no existe irregularidad alguna, en este extremo que tiña de ilegal o arbitrario el acto impugnado.

8° Que, en lo que respecta a la segunda alegación, es conveniente hacer algunas precisiones previo a la resolución de la controvercia planteada por la recurrente. En efecto, debe recordarse, primeramente, que el artículo 63 de la Ley N°21.050, agregó un inciso tercero al artículo 151 del Estatuto Administrativo que es del siguiente tenor: “El jefe superior del servicio, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo”.

Ahora bien, antes de la entrada en vigencia de la Ley N°21.050, uno de los reproches que se formulaba a la legislación vigente, radicaba en que la calificación de la salud del funcionario, como irrecuperable o incompatible para el cargo, era realizada por el Jefe Superior del Servicio, esto es, una persona no experta en salud ocupacional.

Por este motivo, el Ejecutivo propuso modificar el artículo 151 de la Ley N°21.050, en orden a que tal incompatibilidad fuese declarada por la COMPIN respectiva, esto es, por un órgano técnico cuya función consiste en desarrollar prestaciones médico-administrativas para constatar, evaluar, declarar o certificar el estado de salud, la capacidad de trabajo o recuperabilidad de los estados patológicos permanentes o transitorios de los trabajadores, con el objetivo de permitir la obtención de beneficios estatutarios y laborales.

Que, por las razones expuestas es que en el mensaje presidencial que inició la tramitación del proyecto que se convertiría en la Ley Nº21.050, se expresa que uno de sus propósitos es “contribuir al fortalecimiento de la función pública, mejorando las condiciones de empleo y comprometiéndose con un Estado al servicio de los ciudadanos y del interés general del país”.

9° Que, conforme a lo que se viene razonando, se puede afirmar que la intención legislativa, al momento de establecerse la obligatoriedad del informe previo de la COMPIN, fue que un organismo técnico estudiara los antecedentes del funcionario, a fin de determinar si su salud resulta o no recuperable y si le permite o no desempeñar el cargo, pronunciamiento que, al emanar del órgano administrativo competente al efecto, resulta vinculante para el servicio público. Que, como lo ha afirmado nuestro más alto tribunal, esta es la única interpretación que materializa la intención del legislador, puesto que -de otra forma- aun cuando el organismo técnico hubiere emitido un pronunciamiento, se permitiría que la autoridad administrativa no especializada resolviera en contrario, dejando desprovisto de todo fundamento el establecimiento de un informe obligatorio en relación a la irrecuperabilidad de la salud del funcionario.

10° Es en este contexto que, a juicio de esta Corte, más allá que efectivamente la supuesta incompatibilidad con las labores debe fundarse en antecedentes técnicos, que determinan que necesariamente la COMPIN debió evaluar además tal circunstancia, lo cierto es que la sola declaración de recuperabilidad de la salud sin evaluación previa de la compatibilidad con el cargo, determina el impedimento del ejercicio de la facultad concedida al jefe de servicio para declarar la vacancia del cargo.

11° Aclarado lo anterior y yendo al fondo de la controversia, no es un hecho controvertido que la COMPIN sólo se pronunció respecto a la declaración de salud del recurrente, concluyendo que ésta era “RECUPERABLE”, sin embargo no efectúa una declaración acerca de que si dicha recuperabilidad le permitiría o no continuar con el desempeño del cargo del recurrente, esto es, si dicha recuperabilidad es o no compatible con el cargo que estaba ostentando conforme al informe agregado a folio 7 anexo 4 según el cual expresa: “Se resuelve que presenta un estado de salud recuperable, lo que se deja establecido para los fines estatutarios correspondientes”, de lo cual se desprende que este fue del todo incompleto al carecer del pronunciamiento indicado.

12° Que, conforme a lo expuesto en el basamento anterior, la recurrida procedió a dictar el acto administrativo impugnado en base al informe evacuado por la COMPIN en los términos expuestos, sin contar con un pronunciamiento previo del órgano técnico -COMPIN- acerca de si el estado de salud del recurrente era o no compatible para seguir desempeñando el cargo que ejercía antes de la declaración de vacancia.

13° Que, al haber procedido la recurrida de la manera referida en el motivo precedente, máxime existiendo un pronunciamiento de la ACHS contenido en el informe agregado a folio 1, anexo 6, que indica “No evidencia alteración de salud para ejecutar la tarea”, ha teñido de ilegal el acto impugnado, desde que la decisión contenida en el acto impugnado -Decreto TRA No. 309/224/2024, de 6 de diciembre del 2024- que resuelve la declaración de vacancia del cargo del recurrente, se sustenta en un informe del órgano técnico COMPIN -Resolución 18186872 de 22 de enero de 2024 de la COMPIN- sin que haya mediado un pronunciamiento de salud irrecuperable muy por el contrario se indicó por el órgano especializado que la salud era recuperable, no existiendo antecedente o declaración que dicha enfermedad, declarada como recuperable, no es compatible con las labores para las cuales fue contratado, privando a dicho acto de fundamento, lo que permite a esta Corte hacer uso de las facultades de que se encuentra investida con el objeto de adoptar las medidas necesarias para corregir dicha irregularidad, por lo que se acogerá el arbitrio constitucional de la manera que se dirá en lo resolutivo del presente fallo.

Por todas estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se decide:

I.- Que se ACOGE, el recurso de protección interpuesto por la abogada doña Patricia Paola Martínez Soto, en favor de nombre reservado, en contra del Decreto TRA No. 309/224/2024, de 6 de diciembre del 2024, conforme a la Resolución 18186872 de 22 de enero de 2024 de la COMPIN, dictado por la recurrida, Universidad de Chile, representada por doña nombre reservado, que dispuso la Vacancia del cargo del recurrente y en su lugar dispone que se deja sin efecto el referido decreto disponiéndose que el recurrido debe reincorporar a la actora a sus funciones y proceder al pago de todas las remuneraciones y estipendios correspondientes, debidamente reajustados, entre la fecha de la separación y la de su efectivo reingreso.

II.- Que se no condena a la recurrida al pago de las costas de esta instancia.

Redacción del Abogado Integrante señor Gabriel Alfonso Gallardo Verdugo.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

ROL I.C. N°576-2025Protección.-