nombre reservado con COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ, SUB COMISIÓN VIÑA DEL MAR

nombre reservado

Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, Subcomisión Viña del Mar (COMPIN)

Recurso de Protección Rol N° 574-2025.- La Serena, trece de agosto de dos mil veinticinco.

Visto y Teniendo Presente:

PRIMERO: Que a folio 1, comparece doña nombre reservado, trabajadora en reposo médico, domiciliada en domicilio reservado, y deduce recurso de protección en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) Subcomisión Viña del Mar, representada por la doctora Meili Lay Cordero.

Señala que la recurrente sufrió un accidente laboral de trayecto con fecha 15 de enero de 2018, que le ocasionó fractura de vértebras L4 y L5; que desde 2020 cursa depresión severa, agudizada en 2021 con el fallecimiento de su madre, manteniendo tratamiento farmacológico y controles de salud mental.

Agrega que todos los antecedentes médicos, fueron presentados al COMPIN, y que dan cuenta de esa patología, de su depresión grave, y recomienda realizar, además trámite de pensión de invalidez, y se le prescribe tratamiento farmacológico, a la recurrente, reflejado en recetas médicas asociadas a ésta enfermedad: Quetiapina, Clonazepan, Fluoxetina, y dilosedan.

Indica que fue extendida la licencia médica folio N°115236902-2, otorgada por el médico nombre reservado, por 30 días de reposo a contar del 2 de marzo de 2025, bajo diagnóstico de trastorno mixto de ansiedad y depresión/trastorno de adaptación; y que por Resolución de la COMPIN de 13 de marzo de 2025 se rechazó su pago, bajo la causal “Patología crónica, cuyo reposo no cumple rol terapéutico”.

Alega que el rechazo carece de fundamentación suficiente, en tanto existen informes clínicos que sostienen la incapacidad laboral temporal: del psiquiatra nombre reservado, de 12 de junio de 2024 que indica que La paciente mantiene el mismo diagnóstico de salud mental, y desde al punto de vista de su vida diaria y laboral, se hace imposible se reintegración, debido a su dependencia a su tratamiento farmacológico, y alto riesgo postraumático.” Informe del psiquiatra nombre reservado, de 4 de enero de 2025 que indica “RECUPERACIÓN SERÁ MUY COMPLEJA, SI LOGRA RECUPERARSE FUNCIONALMENTE SERÁ EN UN TIEMPO PROLONGADO DEPENDIENDO DE FACTORES BIOPSICOSOCIALES Y ADHERENCIA A TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO Y PSICOTERAPÉUTICO” y del médico tratante nombre reservado, de 19 de agosto de 2024, que señala que “La Paciente presenta síntomas físicos y psíquicos, que le impiden retomar su actividad laboral normal”. – Arguye que su reposo médico está plenamente justificado, lo que se ve reflejado en otros recursos de protección que han sido interpuestos por su parte, que han sido acogidos.

Luego, cita los artículos 16, 21 y 22 del Reglamento de Autorización de licencias médicas por las que se rige la COMPIN e instituciones de salud previsional.

Afirma que el rechazo de la COMPIN de pagar las licencias médicas es arbitrario, por cuanto se funda en una afirmación falsa, carente de realidad, y es a su vez ilegal, por cuanto el rechazo debe obedecer a un fundamento legal verídico y racional, siendo en este caso infundado o carente de fundamentos.

Sostiene que la conducta del órgano recurrido constituye una perturbación y amenaza el derecho a la vida e integridad física de la actora, el que se encuentra garantizado en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República, pues su obrar le priva de ejercer el derecho que significa gozar de licencia médica, o sea, de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, para restablecer su salud, causándole angustia y padecimientos de orden psicológico.

Asimismo, dicho proceder afecta y lesiona el derecho de propiedad de la recurrente, consagrado en el numeral 24 del artículo 19 de la Carta Política, toda vez que el actuar de la recurrida le priva de gozar, durante la vigencia de la licencia médica rechazada, del respectivo subsidio de incapacidad laboral.

Por tales fundamentos, y previas citas de derecho, solicita acoger la acción en todas sus partes, restableciendo el imperio del derecho y asegurando la debida protección de los derechos y garantías transgredidas, declarando que derechamente se autorice por la recurrida el pago de la licencia médica folios N°115236902-2, con costas.

SEGUNDO: Que la recurrida no evacuó el informe dentro del plazo conferido para tal efecto, por lo que se prescindió de éste.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto. En otras palabras, el actuar u omitir es ilegal cuando, fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio de cualquier manera; o bien arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que se alcanza; y que, enseguida, provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

CUARTO: Que la recurrente impugna la resolución de la COMPIN Subcomisión Viña del Mar de fecha 13 de marzo de 2025, que rechazó la licencia médica folio N°115236902-2, extendida por 30 días a contar del 2 de marzo de 2025.

QUINTO: Que, para resolver el asunto sometido al conocimiento de esta Corte, por vía de la presente acción cautelar, cabe señalar que el artículo 16 del Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, contenido en el Decreto Supremo Nº 3, del Ministerio de Salud, de 1984, señala que “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia.”

Por otro lado, el artículo 11 de la Ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, consagra el principio de imparcialidad que rige los procedimientos administrativos, prescribiendo que “la Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte”, para lo cual ordena que los “hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio”, norma que es complementada por los artículos 40 inciso final y 41 inciso cuarto de la misma ley, los que disponen que una decisión de este tipo, debe ser fundada.

Así, la justificación racional y legal del acto administrativo es una condición de validez de este. En consecuencia, el órgano del Estado actuante debe fundamentar suficientemente su decisión, tanto en lo fáctico como en lo jurídico, explicando al administrado el porqué del acto, su sustento material y juridicidad.

SEXTO: Que, además es necesario tener presente que el artículo 21 del Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional prescribe que “Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la ISAPRE correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas:

a) Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas;

b) Disponer que se visite al trabajador en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia, por el funcionario que se designe;

c) Solicitar al empleador el envío de informes o antecedentes complementarios de carácter administrativo, laboral o previsional del trabajador;

d) Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud del trabajador;

e) Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica.

Sin perjuicio de lo anterior la Compin, deberá requerir todos los demás antecedentes y exámenes que el Ministerio de Salud ordene solicitar, respecto de aquellas patologías específicas que éste señale, para que la licencia pueda ser visada por períodos superiores a los que esa Secretaría de Estado determine.”

SÉPTIMO: Que, en conformidad a las normas legales precedentemente referidas, aparece que la resolución recurrida dictada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, Subcomisión Viña del Mar, carece de la fundamentación exigida por el ordenamiento jurídico. Que, en consecuencia, de los antecedentes recopilados aparece que el acto administrativo que se reclama se limita a consignar una causal genérica, sin individualizar los elementos clínicos concretos en que se sustenta, omitiendo ponderar los informes médicos acompañados y los tratamientos en curso, impidiendo a la destinataria conocer las razones específicas del rechazo, lo que la deja en situación de indefensión frente a los actos de la autoridad administrativa.

OCTAVO: Que, en estas circunstancias, el actuar de la recurrida es arbitrario, ya que la falta de la necesaria fundamentación de su resolución de rechazo de la licencia médica transforma su decisión en caprichosa y carente de razones e injustificada, y este acto vulnera el derecho de propiedad de la recurrente, protegido en el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, pues, como es obvio, dice directa relación con su patrimonio que se ve mermado por la referida decisión que le impide acceder al subsidio por enfermedad, todo lo cual conduce a conceder la protección impetrada del modo que se dirá.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política del Estado y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara que se ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, Subcomisión Viña del Mar, con declaración que ésta deberá encargar un nuevo informe médico acerca de la dolencia que da cuenta el recurso, a fin de que con dichos resultados proceda –o no- al pago de las licencias médicas, según corresponda y determine la autoridad competente, todo ello dentro de un plazo de treinta días hábiles administrativos, determinándose desde ya que de no cumplir con lo ordenado dentro del plazo indicado, debe proceder la emplazada a autorizar el pago de las referidas licencias, de plano y sin más trámites dentro de cinco días corridos.

Notifíquese, regístrese y archívese.

Rol N°574-2025. Protección.-