nombre reservado con SECRETARIA MINISTERIAL DE SALUD COQUIMBO

nombre reservado y otros Secretaria Ministerial de Salud Coquimbo Recurso de protección Rol N°573-2025 La Serena, doce de mayo de dos mil veinticinco.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, a folio 1, comparece don Renán Luis Ahumada Castro, abogado, en representación de tres médicos cirujanos: don nombre reservado, don nombre reservado y don nombre reservado, quien interpone acción constitucional de protección en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Salud Coquimbo, representada por nombre reservado.

Señala que los recurrentes, médicos cirujanos que ejercen su profesión en consultas privadas, acudieron en marzo de 2025 a la Oficina de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) de La Serena para adquirir seis talonarios de recetas cheques, cantidad que regularmente obtenían para prescribir medicamentos como Fentermina y Anfepramona. Sin embargo, se les informó que, por instrucciones superiores, la venta estaba limitada a solo dos talonarios mensuales por facultativo.

Indica que estos medicamentos, sustancias psicotrópicas pertenecientes a la lista II del Reglamento de Psicotrópicos aprobado por el D.S. N°405/83, son fundamentales para el tratamiento de pacientes con obesidad crónica, pues reducen el apetito y estimulan la saciedad. La obesidad se presenta como una enfermedad con múltiples comorbilidades, incluyendo diabetes tipo 2, hipertensión arterial y enfermedades cardiovasculares.

Añade que, durante al menos 15 años, los recurrentes podían adquirir 6 talonarios cada dos o tres semanas, lo que les permitía atender eficazmente a sus pacientes. Los doctores nombre reservado y nombre reservado atienden aproximadamente 300 pacientes mensuales con problemas de obesidad, mientras que el doctor nombre reservado atiende unos 120 pacientes. Tras la restricción impuesta, se han visto imposibilitados de proporcionar tratamientos adecuados, eficaces y oportunos.

Menciona que cada talonario contiene 50 recetas y cuesta $23.300. La disminución de 500 a 100 recetas disponibles afecta gravemente el desempeño profesional de los médicos y la continuidad de los tratamientos de sus pacientes.

Menciona que, ante esta situación, los médicos presentaron reclamos formales. El doctor nombre reservado lo hizo ante la Intendencia de Fondos y Seguros Previsionales de Salud el 11 de marzo, mientras que los doctores nombre reservado el 14 de marzo y nombre reservado el 19 de marzo lo hicieron directamente ante la SEREMI de Salud Coquimbo.

Indica que las respuestas obtenidas fueron idénticas, indicando que la restricción se debía al "ajuste presupuestario establecido en la ley N°21.722, sobre presupuesto del sector público para el año 2025" y que la medida era temporal hasta que se liberara dicha restricción presupuestaria.

Argumenta que estas resoluciones constituyen un acto arbitrario por la ausencia de fundamentos y motivaciones racionales que contrarresten la vulneración de derechos fundamentales. Se critica que se trata de un "formato tipo de decisión", sin fundamentación técnica u objetiva.

Cita jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en Rol 976-2009 que establece que los derechos sociales no son simples declaraciones sujetas a disponibilidades presupuestarias, rechazando la idea de que la Constitución pueda ser "desactivada" por imposibilidades económicas del Estado.

Indica como vulnerados los siguientes derechos:

1. Derecho a la Libertad de Trabajo (Art. 19 N°16 CPR): Citando jurisprudencia del Tribunal Constitucional que establece que este derecho no se limita a la elección y contratación laboral, sino que se extiende al trabajo mismo, respetando la dignidad del trabajador. La restricción impuesta obstaculiza la posibilidad de ejercer eficazmente la profesión médica y limita la capacidad de prescribir tratamientos necesarios, interfiriendo con el ámbito de decisión profesional sobre qué tratamiento es idóneo para cada paciente.

2. Derecho a la Igualdad ante la Ley (Art. 19 N°2 CPR): Alega también vulneración del derecho a la igualdad ante la ley. Conforme a la jurisprudencia citada, aunque este derecho admite diferenciaciones razonables, éstas no pueden ser arbitrarias ni indebidas, debiendo fundamentarse en presupuestos razonables y objetivos.

Menciona que, al limitar la recurrida la cantidad de talonarios sin aviso previo ni fundamentación razonable, incurre en una discriminación arbitraria hacia un determinado grupo de profesionales de la salud, con consecuencias desproporcionadas para los pacientes con obesidad.

Solicita, tener por interpuesto el recurso de protección, admitirlo a tramitación para restablecer el imperio del derecho; ordenar dejar sin efecto la restricción en la cantidad de talonarios de recetas cheques. Resolver que se autorice la venta de los seis talonarios a cada recurrente, en la misma modalidad, cantidad y periodicidad que tenían antes de las limitaciones.

Acompaña, reclamo presentado ante la Superintendencia de Salud por don nombre reservado, de fecha 11 de marzo de 2025. Resolución IF/ N°11193, de fecha 13 de marzo de 2025, emitida por la Intendencia de Fondos y Seguros Previsionales de Salud de la Superintendencia de Salud a don nombre reservado. Comprobante de reclamo de don nombre reservado ingresado al sistema OIRS con fecha 12 de marzo de 2025, código de atención 2726740 y resolución de respuesta otorgada por la Secretaria Regional Ministerial de Salud Coquimbo de fecha 18 de marzo de 2025. Comprobante de reclamo de don nombre reservado ingresado al sistema OIRS con fecha 14 de marzo de 2025, código de atención 2729487 y resolución de respuesta otorgada por la Secretaria Regional Ministerial de Salud Coquimbo de fecha 18 de marzo de 2025. Comprobante de reclamo de don nombre reservado ingresado al sistema OIRS con fecha 19 de marzo de 2025, código de atención 2735397 y resolución de respuesta otorgada por la Secretaria Regional Ministerial de Salud Coquimbo de fecha 02 de abril de 2025.

SEGUNDO: Que, informando la recurrida Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de Coquimbo.

Argumenta que no existe acto alguno susceptible de calificarse como ilegal y arbitrario, fundamentando en que: a) Las respuestas entregadas vía OIRS (folios 2726740, 2729487, 2734694, 2735397) no constituyen actos administrativos según la definición del artículo 3° de la Ley 19.880 sobre Procedimientos Administrativos. Las respuestas no son decisiones formales que emanan de órganos de la Administración del Estado, sino meras explicaciones ante reclamos. b) Estas respuestas no tienen carácter de actos decisorios y no cumplen con la formalidad de materializarse por resolución o decreto, por lo que no pueden catalogarse como "acto de la autoridad que ocasione privación, perturbación o amenaza de derechos fundamentales", condición necesaria para la procedencia del recurso.

Explica que, como órgano desconcentrado, según artículo 30 del D.S. 136/04, está sujeta a la coordinación y superioridad jerárquica de la Subsecretaría de Salud Pública, quien asigna su presupuesto. Para el año 2025, se realizó un recorte presupuestario del 26% en comparación con 2024, generando un déficit de M$360.646 en los subtítulos 21 y 22.

Añade que este recorte ha afectado diversos gastos, incluyendo la compra de talonarios de recetas cheques. Ante la exigua cantidad disponible para venta, se tomó la decisión de vender menos cantidad a cada facultativo para lograr un acceso más equitativo.

Argumenta que la restricción busca prevenir un problema de salud pública mayor. Según la información de la Unidad de Prestadores de Salud y Políticas Farmacéuticas, el local de venta de La Serena vendía en 2024 un promedio de seis talonarios diarios, 25 semanales. Actualmente cuenta con solo 67 talonarios, por lo que, sin la restricción, el stock no superaría los 11 días.

Adicionalmente, indican que existen 180 talonarios en las oficinas centrales para distribuir a las comunales, debiendo reservarse 40 para Ovalle e Illapel. Aunque la Casa de Moneda programó la entrega de 200 talonarios para mediados de mayo, no hay recursos para adquirirlos debido al recorte presupuestario.

Sostiene que no existe vulneración a los derechos constitucionales invocados: a) Respecto a la libertad de trabajo (artículo 19 N°16): La restricción temporal no impide ni limita el ejercicio de la profesión médica, ya que no afecta la habilitación ni el derecho de los facultativos a ejercer libremente. La medida responde a una situación presupuestaria objetiva y no constituye una afectación esencial al derecho. b) Respecto a la igualdad ante la ley (artículo 19 N°2): La medida se aplicó de forma general y no discriminatoria a todos los médicos de la región, con el propósito de evitar el agotamiento del stock y asegurar el acceso universal a los talonarios. No se ha acreditado trato desigual o privilegiado a otros profesionales. c) Inexistencia de acto administrativo ilegal o arbitrario: Las respuestas OIRS no constituyen actos administrativos según el artículo 3° de la Ley 19.880, por lo que no pueden privar, perturbar o amenazar derechos fundamentales.

Solicita, tener por evacuado el informe solicitado, rechazar la acción de protección interpuesta, por no existir conculcación de derechos fundamentales.

Acompaña a su presentación, informe de venta, talonarios recetas, cheque [cuenta reservada], elaborado por la Unidad de Prestadores de Salud y Políticas Farmacéuticas e informe presupuestario 2025, elaborado por el Departamento de Administración y Finanzas.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Que, de lo antes expresado, aparece como requisito indispensable para el ejercicio de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a la ley, o arbitrario, producto de mero capricho de quien incurre en él, que afecte una o más de las garantías protegidas.

Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

CUARTO: Que, en primer término, cabe pronunciarse en relación con la alegación de improcedencia enarbolada por la entidad recurrida. Al respecto debemos sostener que, si bien el acto no presenta las características de uno final o administrativo, sino ser simplemente una respuesta de la oficina de consultas, lo cierto es que la limitación de venta de talonarios, hecho que discuten los recurrentes, está reconocido, de forma que este extremo será rechazado.

QUINTO: Que, en cuanto al fondo, es posible concluir que la recurrida justifica la limitación en una política pública regional destinada a enfrentar la escasez de recursos que se ha extendido, como sostuvo en su alegación oral, desde el año 2022 y que ha provocado reducir costos como aquellos que requiere la adquisición de talonarios cheque para la emisión de recetas médicas. De hecho, consultada por la sala, la profesional de la recurrida indicó que durante el año 2024 se adquirieron app 650 talonarios y este año solo 150 app.

El quid del asunto radica, entonces, en determinar si por la vía constitucional iniciada pueden analizarse, corregirse o intervenir en políticas públicas de estamentos gubernamentales.

Al respecto nuestro máximo tribunal ha sostenido que “[L] los requisitos constitucionales que permiten interponer la acción de protección, los cuales hace también suyos el auto acordado respectivo dictado por esta Corte, demandan que se trate de un acto u omisión ilegal o arbitrario que cause afectación de garantías constitucionales. En consecuencia, no procede utilizar el referido instrumento para objetar el mérito de las decisiones de la autoridad cuando éste no sea compartido por quien acude a estrados.” (Rol 150.495-20)

Por lo anterior, la restricción es parte de las facultades de la institución, a la luz del Decreto Ley N°27 de julio de 2021, por lo que no constituye un acto ilegal ni arbitrario, sin que se advierta, tampoco, la afectación a las garantías constitucionales referidas en el texto, motivo suficiente para desechar este libelo.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve:

I. – Que SE RECHAZA la alegación de improcedencia opuesta por la recurrida.

II. – Que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto en representación de nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Salud Coquimbo.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol N°573-2025.