Protección contra SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

nombre reservado

Servicio Nacional de Migraciones Recurso de protección Rol Nº570-2026 La Serena, ocho de abril de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece Junior Daza Vargas, abogado, interponiendo recurso de protección en beneficio de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, dirigido en contra del SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES, por el acto arbitrario e ilegal de dictar la Resolución Exenta NUM000 de 2 de diciembre de 2025, decisión posteriormente ratificada mediante Oficio Ordinario NUM001 de 3 de marzo de 2026, que resuelve archivar la solicitud de reconocimiento de condición de refugiado, lo que señala vulnerar las garantías constitucionales del artículo 19 números 1, 2, 3 inciso quinto y 7 de la Constitución Política de la República.

Expone que, el recurrente es ciudadano venezolano, ingresó al país huyendo de la grave crisis política, social, humanitaria y de derechos humanos que afecta a su país de origen, solicitando oportunamente el reconocimiento de la condición de refugiado conforme a la Ley N°20.430, su reglamento y los tratados internacionales ratificados por el Estado de Chile. Indica que, en el marco de dicho procedimiento administrativo, el Servicio sostiene haber citado al recurrente a una entrevista de elegibilidad mediante carta certificada enviada a su domicilio, pero señala que nunca recibió aquella comunicación, la cual fue devuelta al Servicio tras intentos fallidos de entrega. Hace presente que, Correos de Chile no dejó aviso alguno en el domicilio del recurrente respecto de una eventual visita fallida o de la existencia de correspondencia pendiente, lo que refuerza la falta absoluta de conocimiento real del acto.

Refiere que, durante toda la tramitación del procedimiento de refugio, el Servicio Nacional de Migraciones mantuvo comunicación con el recurrente a través de su correo electrónico personal, el cual fue expresamente indicado como medio de contacto y utilizado regularmente por la propia autoridad para notificaciones previas, no obstante, y sin justificación alguna, el Servicio se apartó de dicho mecanismo habitual, omitiendo remitir la citación a entrevista por dicha vía, privando al recurrente de conocer oportunamente la diligencia.

Alega que pesa a la falta de notificación efectiva, la autoridad estimó igualmente válida la citación y, fundándose en la supuesta inasistencia del recurrente, procedió a declarar el abandono del procedimiento y disponer el archivo de su solicitud de refugio mediante Resolución Exenta NUM000 de 2 de diciembre de 2025. Indica que posteriormente solicitó el desarchivo de su solicitud a fin de explicar las razones de su inasistencia, pero el Servicio rechazó su petición mediante Oficio Ordinario NUM001 de 3 de marzo de 2026, ratificando el archivo decretado sin ponderar la falta de conocimiento efectivo de la citación.

Señala que, los actos recurridos han generado una situación de incertidumbre jurídica y de amenaza a la libertad personal y seguridad individual del recurrente, al impedirle acceder efectivamente al procedimiento de refugio y exponerlo a un eventual retorno forzado a su país de origen, en contravención al principio de no devolución, eje central del sistema internacional de protección de refugiados y plenamente vinculante para el Estado de Chile.

Afirma que el acto recurrido resulta ilegal, por fundarse en una notificación defectuosa e ineficaz, y arbitrario, al prescindir de toda ponderación razonable de la situación personal, familiar y migratoria del recurrente, así como del estándar reforzado de protección aplicable en materia de refugio, vulnerando sus garantías constitucionales, señalando el derecho a la vida e integridad física y psíquica, pues los efectos del archivo dispuesto por la recurrida expone al recurrente a un riesgo cierto de retorno forzado a su país de origen, donde persiste una grave crisis humanitaria, comprometiendo su vida e integridad, al impedir que su solicitud sea conocida en el fondo. Luego señala vulnerada la igualdad ante la ley, pues la recurrida aplica una interpretación estrictamente formal del abandono del procedimiento, sin considerar que el recurrente no fue notificado efectivamente, y se aparta de la notificación electrónica, medio previamente utilizado generando un trato desigual e inconsistente. En cuanto a la infracción del debido proceso, indica que el proceso se encuentra viciado desde su origen, al fundarse en una notificación inexistente en términos reales, privando al recurrente de comparecer, ser oído y ejercer su defensa, lo que configura una infracción grave a las garantías mínimas del procedimiento administrativo. Prosigue con el derecho a la libertad personal y seguridad individual, pues indica que, como consecuencia del archivo de su solicitud de refugio, el recurrente queda sujeto a las normas generales de extranjería, expuesto al riesgo de expulsión, configurándose una amenaza actual e inminente a su libertad personal. Y, por último, señala vulnerado el derecho a la protección de la familia y del interés superior del niño, pues el acto afecta gravemente la vida familiar del recurrente, quien es padre de un niño de nacionalidad chilena, con quien mantiene vínculo directo. La decisión administrativa impugnada lo expone a una eventual expulsión, lo que implicaría una separación forzada de su hijo o la afectación directa de su derecho a vivir en su país de nacionalidad.

Se refiere al principio de no devolución del derecho internacional, destacando que este principio no solo opera frente a decisiones expulsivas formales, sino también respecto de actos administrativos que, por su efecto práctico, colocan al solicitante en una situación de exposición real al riesgo de retorno forzado, ya sea mediante la privación de su estatus migratorio, la imposibilidad de regularización o la exclusión del procedimiento de protección internacional, y en el caso de autos, el archivo de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado de don nombre reservado, dispuesto sin que su caso haya sido conocido ni evaluado por la autoridad competente en el fondo, constituye una infracción directa y sustancial a este principio.

Por lo anterior, solicita acoger la acción interpuesta, y dejar sin efecto la referida resolución y todos los actos administrativos posteriores que la confirman o ejecutan, ordenando al Servicio Nacional de Migraciones reabrir el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado del recurrente, retrotrayendo el procedimiento al estado de citar válidamente a entrevista de elegibilidad, y disponer que dicha citación sea notificada de manera efectiva e idónea, especialmente a través del correo electrónico registrado por el recurrente ante el Servicio.

SEGUNDO: Que, a folio 4 comparece la recurrida SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES, informando al tenor del recurso, y solicitando el rechazo de la acción.

Expone que, el recurrente el 29 de junio de 2023 solicitó formalización de refugio ante su Servicio, dándose inicio al procedimiento administrativo, así el 15 de enero de 2024 se le otorgó visa de residencia temporaria para solicitantes de refugio por un plazo de 8 meses, manteniéndose vigente hasta el 18 de septiembre de 2024, luego se le otorgan dos prórrogas de la misma, la última vigente hasta el 18 de enero de 2026.

Refiere que el 8 de julio de 2025 el recurrente mediante oficio NUM002 fue notificado en su domicilio su próxima citación a entrevista de elegibilidad para el 22 de septiembre de 2025, indicándose en la misma la forma y plazo para justificar su inasistencia y que, de no comparecer se podría declarar abandonada su solicitud y disponer su archivo. Continúa indicando que el recurrente no concurrió ni justificó su inasistencia, por lo que se dictó la Resolución Exenta NUM000 de 2 de diciembre de 2025, mediante la cual se procedió al archivo de su solicitud de reconocimiento de condición de refugiado, por abandono del procedimiento.

Señala que el 17 de diciembre de 2025 el recurrente pidió el desarchivo de su solicitud, y que el Servicio rechazó su solicitud el 3 de marzo de 2026 por medio del oficio ordinario NUM001, y luego transcribe los fundamentos que tuvo en cuenta para rechazar el desarchivo. Añade que es obligación del extranjero tener actualizada la información de contacto, para efectos de notificación, así lo dispone el artículo 33 N°6 de la Ley N°20.430.

Afirma que, atendidos los antecedentes expuestos en su informe, no es procedente por parte del recurrente alegar la falta de notificación, puesto que señala haber realizado las notificaciones pertinentes en la dirección de correo electrónico que constan en sus registros. Sumado a lo antes expuesto, indica que el artículo 5 de la ley 21.325, dispone que "El extranjero deberá mantener actualizada la dirección de su estadía o dirección de correo electrónico, e informar al Servicio sobre cualquier cambio dentro del plazo de treinta días corridos desde que se haya producido" Sobre el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, india que el 20 de febrero de 2024 entró en vigencia la Ley 21.655 la que modifica la Ley 20.430, realizando importantes modificaciones a la tramitación del procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado y estableció nuevos requisitos para la admisibilidad y formalización de una solicitud de refugio. Indica que, en virtud de la Ley 20.430, toda persona se encuentra habilitada para solicitar en Chile el reconocimiento de la condición de refugiado, con independencia de su condición migratoria, siempre y cuando se encuentre en territorio nacional, debe solicitarlo ante el Servicio Nacional de Migraciones, a través de carta certificada o de forma presencial, en los términos del artículo 36 bis del Reglamento de la Ley 20.430.

Sin perjuicio de lo anterior, para que un extranjero sea considerado como solicitante de refugio, su solicitud debe haber sido declarada admisible y formalizada con arreglo a los articules 2, 6, 26 y 28 de la Ley N°20.430, y a los artículos 8, 35 y 37 de su Reglamento, así indica cuales son los requisitos para la formalización de una solicitud de refugio, que haya manifestado su intención de solicitar refugio ante autoridad competente y dentro del plazo legal establecido por el artículo 26 de la Ley 20.430; que haya cumplido los requisitos establecidos para solicitantes de refugio que ingresaron por paso no habilitado y/o que ostenta condición migratoria irregular; que la solicitud contenga mencione mínimas exigidas por el artículo 28 de la Ley 20.430; y que esta solicitud sea declarada admisible con arreglo al artículo 2 y 28 bis de la Ley 20.430.

Alega que lo pretendido por medio de la presente acción es que se le reconozca al extranjero la calidad de refugiado por la vía judicial, materia que la propia Ley 20.430 determina como órgano competente a la Secretaria Técnica, previa observancia de una serie de requisitos de forma y fondo, que claramente no son cumplidos por el recurrente.

Concluye solicitando el rechazo del recurso de protección en todas sus partes, con condena en costas.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, por la presente acción constitucional, se recurre en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por declarar abandonada la solicitud de reconocimiento de condición de refugiado del recurrente, y ordenar su archivo, alegando que no fue debidamente notificado de la resolución que lo citada a la entrevista de elegibilidad, pues no recibió carta certificada y no se usó su dirección de correo electrónico como medio de notificación, por lo que solicita ordenar al Servicio continuar con la tramitación de su solicitud.

Por su parte, la recurrida ha señalado que la resolución que citaba al recurrente fue debidamente notificada, y que, se le apercibió que no de concurrir se declararía abandonada la solicitud y se dispondría su archivo, lo que en definitiva hizo el Servicio.

SEXTO: Que, para la resolución del asunto, es oportuno tener presente que el artículo 45 de la Ley N°19.880, previene en sus incisos 1° y 2° lo siguiente: “Los actos administrativos de efectos individuales, deberán ser notificados a los interesados conteniendo su texto íntegro.

Las notificaciones deberán practicarse, a más tardar, en los cinco días siguientes a aquél en que ha quedado totalmente tramitado el acto administrativo”.

Que, a su turno, el artículo 46 del mismo cuerpo legal prescribe en lo pertinente: “Procedimiento. Las notificaciones se practicarán por medios electrónicos en base a la información contenida en un registro único dependiente del Servicio de Registro Civil e Identificación, sobre el cual se configurarán domicilios digitales únicos, cuyas características y operatividad será regulada mediante reglamento dictado conjuntamente por el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Dichas notificaciones tendrán el carácter de personal.

Quienes carezcan de los medios tecnológicos, no tengan acceso a medios electrónicos o sólo actuaren excepcionalmente a través de ellos, podrán solicitar por medio de un formulario, ante el órgano respectivo o ante el encargado del registro señalado en el inciso anterior, que la notificación se practique mediante forma diversa, quien deberá pronunciarse dentro del tercer día, según lo establezca el reglamento, y deberá hacerlo de manera fundada en caso de denegar la solicitud. La notificación se realizará en la forma solicitada si fuere posible o mediante carta certificada dirigida al domicilio que debiere designar al presentar esta solicitud. En caso de notificaciones por carta certificada, éstas se entenderán practicadas a contar del tercer día siguiente a su recepción en la oficina de correos que corresponda.

Asimismo, las notificaciones podrán hacerse en las dependencias de la Administración, si el interesado se apersonare a recibirla, dejándose constancia de ello en el expediente electrónico, consignándose la fecha y hora de la misma. Si el interesado requiriere copia del acto o resolución que se le notifica se le dará, sin más trámite, en el mismo momento, en el formato que se tramite el procedimiento”.

SÉPTIMO: Que, de esta manera, la regla general de notificación en materia de procedimientos administrativos, corresponde a la notificación electrónica, siendo además un hecho conocido, que la tramitación de las solicitudes relativas a residencia ante el Servicio Nacional de Migraciones, se practica en forma digital, y que los interesados son notificados a través del correo electrónico registrado. En el mismo sentido, el actor ha señalado que las comunicaciones remitidas por el Servicio de manera previa al archivo de su solicitud, le fueron notificadas a su casilla de correo electrónico, circunstancia que tampoco fue controvertida por la recurrida.

OCTAVO: Que, de la revisión de la resolución que rechaza la solicitud de desarchivo del recurrente presentada ante el Servicio el 17 de diciembre de 2025, se advierte que en cuanto a la notificación de la citación realizada por carta certificada se indica: “Que, consta en información de Correos de Chile, a partir del número de seguimiento NUM003, que la carta certificada referida en el punto anterior fue recibida en la sucursal de la comuna de Coquimbo el día 11 de agosto de 2025, y que tras los intentos fallidos de entrega y cumplimiento de permanencia, el sobre fue devuelto a esta autoridad.” (sic)

Y en cuanto a la notificación vía correo electrónico, la referida resolución refiere que: “De acuerdo con lo establecido en el artículo 46 de la Ley N°19.880, que fija las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, las notificaciones se practicarán por escrito mediante carta certificada enviada al domicilio designado por el interesado.

Esto aplica en los casos en que el Servicio Nacional de Migraciones no tenga acceso a los domicilios digitales únicos registrados en el Servicio de Registro Civil e Identificación o cuando el extranjero carezca de los medios tecnológicos necesarios, no tenga acceso a medios electrónicos o utilice dichos medios solo de manera excepcional.” (sic); lo anterior, sin aseverar el Servicio haber utilizado aquella forma de notificación, lo que sí alega en el informe presentado en esta sede, sin acreditar su envío a la dirección electrónica informada por el recurrente, dirección que era conocida por el Servicio, toda vez que, es indicada en el oficio conductor de la Resolución del 2 de diciembre de 2025, que por este acto se recurre.

Que, en consecuencia, no habiendo acreditado la recurrida la debida notificación de la citación a entrevista del actor, es que se verifica una infracción a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley N°19.880, en cuanto establece el deber de los órganos administrativos de notificar el contenido íntegro de sus resoluciones al respectivo interesado. Dicho vicio, además, en este caso ha impedido a al actor tomar conocimiento de la respectiva citación a entrevista y, luego, concurrir a aquella para dar continuidad a la tramitación de su solicitud de refugio.

NOVENO: Que, en las referidas condiciones, se constata una vulneración al derecho a la igualdad ante la ley del recurrente, consagrado en el artículo 19 N°2 de la Carta Fundamental, en la medida que se impide al afectado continuar la tramitación de su solicitud de refugio, con respecto a otros interesados quienes sí fueron debidamente notificados de la citación a entrevista de elegibilidad, motivo por el cual el recurso será acogido, en la forma que se dirá en lo resolutivo.

A mayor abundamiento, habiendo el recurrente hecho presente a la autoridad migratoria la falta de notificación de su citación, la recurrida mantuvo su postura, incluyendo en su resolución que la carta certificada fue devuelta al Servicio, lo que afirma más aún la falta de conocimiento del actor de la citación dispuesta por el Servicio.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, SE ACOGE, sin costas, la acción de protección deducida en favor de nombre reservado en contra del Servicio Nacional de Migraciones, sólo en cuanto se deja sin efecto la Resolución Exenta NUM000 de 2 de diciembre de 2025, que dispuso el archivo de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado y, en su lugar, se dispone que el Servicio Nacional de Migraciones deberá reabrir el procedimiento, disponiendo una nueva fecha para efectuar la entrevista de elegibilidad, debiendo notificarse la respectiva citación al correo electrónico aportado ante el Servicio por el interesado.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol 570-2026 Protección