nombre reservado con COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ
- Fecha
- 10 de junio de 2025
- Sala
- Primera Sala
- Resultado
- Acogida
- Cita
- Corte de Apelaciones de La Serena, Rol N° 567-2025, sentencia de 10 de junio de 2025
Resumen
Se acoge el recurso de protección y se ordena autorizar el pago de las licencias médicas rechazadas, por carecer el rechazo de sustento fáctico al no mediar antecedentes propios de las recurridas que desvirtuaran las recomendaciones médicas.
Texto íntegro
nombre reservado
Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Recurso de protección Rol N°567-2025.- La Serena, diez de junio dos mil veinticinco.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que comparece doña nombre reservado, deduciendo recurso de protección en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez y de la Superintendencia de Seguridad Social, señalando como acto ilegal y arbitrario el rechazo de las licencias médicas N°RUT reservado y N°RUT reservado.
Relata que aquellas habrían sido rechazadas por considerarse que el reposo sería injustificado. Sin embargo, menciona que no pudo allegar el informe médico dentro de plazo, por encontrarse su médico tratante de vacaciones. Por tales motivos, solicita se revise su caso, se evalúe la realización de posibles pericias y pago de las licencias médicas rechazadas.
Acompañó a folio N°3: 1. Comprobante licencias médicas electrónicas N°RUT reservado y N°RUT reservado; 2. Pronunciamiento sobre las licencias médicas emitido por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez; 3. Resolución Exenta N°R-01-S-07726-2025, de 20 de enero de 2025, de la Superintendencia de Seguridad Social; y 4. Resolución Exenta N°R-01-S-39324-2025, de 26 de marzo de 2025, de la Superintendencia de Seguridad Social.
SEGUNDO: Que a folio 6, comparece la recurrida Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Región de Coquimbo y alega la improcedencia de la acción de protección, por cuanto el asunto por el que se recurre dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, el que no se encuentra amparado por el recurso de protección.
Luego, en subsidio, en cuanto al fondo, solicita el rechazo del recurso intentado, mencionando que efectivamente las licencias médicas fueron rechazadas, por considerarse que no existe causa médica que justifique el reposo prolongado para la patología.
Cita la cartola médica de la recurrente respecto de cada una de las licencias médicas rechazadas, haciendo presente que en general los antecedentes no justifican la prolongación de reposo mayor al otorgado ni su rol terapéutico.
Expresa que con anterioridad a las licencias médicas cuyo rechazo por esta vía se impugna, la recurrente presentó un total de 5 licencias médicas por 141 días, todas con diagnósticos de salud mental.
Esgrime que los médicos contralores evaluaron los antecedentes clínicos de la recurrente, reflejados en la cartola médica, concluyendo que el reposo asociado a las licencias médicas no tenía justificación médico administrativa.
Argumenta que su actuar se ajustó al marco de sus facultades legales, con estricto apego a los criterios administrativos y médicos dispuestos para determinar el pronóstico, lo que excluye de plano que se esté en presencia de un acto arbitrario e ilegal, en tanto, la licencia médica es un derecho esencialmente temporal, cuya finalidad última es ayudar al trabajador afectado por una incapacidad temporal a recuperar su salud y reincorporarse a su actividad laboral.
Acompaña a su informe: 1. Resoluciones de rechazo licencias médicas por esta vía impugnadas; 2. Copia reposiciones y antecedentes presentados; 3. Resoluciones de rechazo reposiciones; y 4. Cartola médica de la recurrente.
TERCERO: Que a folio 9, evacuó informe la Superintendencia de Seguridad Social.
En primer lugar, alega la improcedencia de la acción de protección, en el mismo tenor que la otra recurrida.
En subsidio, informa en cuanto al fondo, solicitando el rechazo de la acción intentada, con costas.
Expone el marco regulatorio del derecho a licencia médica, enfatizando su carácter esencialmente temporal, añadiendo que se limitó a resolver la situación de la recurrente dentro del ámbito de su competencia, agregando que la pretensión de la actora desborda claramente los límites de aplicación de la acción de protección.
Luego, hace presente la interposición extemporánea del recurso de reposición. Sobre el particular, manifiesta que no acogió la pretensión de la actora, debido a que interpuso la reposición fuera de plazo legal. En efecto, señala que la recurrente solicitó el 20 de febrero de 2025, reconsideración de la Resolución Exenta N°R-01-S-07726-2025, de 20 de enero de 2025, que confirmó el rechazo de las licencias médicas N°RUT reservado y N°RUT reservado, extendidas por un total de 44 días, a contar del 26 de noviembre de 2024, por reposo no justificado, lo que se verificó una vez transcurrido el plazo de 5 días que contempla la Ley N°19.880 para recurrir por esa vía.
Niega, finalmente, que la recurrente tenga un derecho indubitado a gozar de licencia médica, así como haber incurrido en alguna actuación ilegal o arbitraria que haya afectado sus derechos fundamentales, haciendo presente que se limitó a resolver la situación al amparo de la normativa que regula la materia.
Acompaña a su informe expediente administrativo de la recurrente.
CUARTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.
QUINTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.
SEXTO: Que, en lo que respecta a la alegación de improcedencia del recurso de protección, planteada ambas recurridas, cabe señalar –como ya se ha fallado- que a lo que corresponde atender es a las prerrogativas constitucionales que se ven afectadas en el arbitrio objeto de este pronunciamiento, que en la especie son el derecho a la vida e integridad física y propiedad, de las que tratan los numerales 1, y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, expresamente contemplados bajo el ámbito de aplicabilidad y resguardo a que hace mención el artículo 20 del mismo cuerpo normativo, razón por la que se desestimará la defensa opuesta por las recurridas.
SÉPTIMO: Que, en relación al rechazo de las licencias médicas que por esta vía se reprocha, conviene indicar que el fundamento expuesto por la recurrida Comisión Medicina Preventiva e Invalidez en sus resoluciones fue el siguiente: “sin causa médica que justifique el reposo. Reposo prolongado para patología”. Por su parte, la Superintendencia de Seguridad Social, mediante Resolución Exenta N°R-01-S-07726-2025, de 20 de enero de 2025, concluyó “que el reposo prescrito por las licencias médicas N°RUT reservado y RUT reservado, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes evaluados entre los que se encuentra el maestro histórico de licencias médicas y el informe del médico tratante, no permiten establecer incapacidad temporal más allá del periodo ya autorizado, el cual alcanza a 141 días por la misma patología. El informe médico de fecha 3 de enero de 2025 no describe adecuadamente el compromiso funcional de los síntomas, su evolución ni los ajustes en el tratamiento que podrían justificar un rol terapéutico del reposo.” y, por Resolución Exenta N°R-01-S-39324-2025, de 26 de marzo de 2025, rechazó el recurso de reposición impetrado en contra del acto antes referido, por haberse presentado fuera del plazo legalmente establecido.
OCTAVO: Que el Decreto Supremo N°3 del Ministerio de Salud, dispone en el artículo 1 que “Para los efectos de este reglamento, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico cirujano, cirujano-dentista o matrona, en adelante "el o los profesionales", según corresponda, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, en adelante "Compin", de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, en adelante "Seremi", que corresponda o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio de incapacidad laboral con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo, o de la remuneración regular de su trabajo o de ambas en proporción que corresponda”.
NOVENO: Que, para los fines de solucionar la controversia planteada, es preciso traer a colación el artículo 16 del referido Decreto que, en lo pertinente, preceptúa: “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia”, como, asimismo, lo estatuido en el artículo 21, a saber, “Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas: a) Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas; b) Disponer que se visite al trabajador en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia, por el funcionario que se designe; c) Solicitar al empleador el envío de informes o antecedentes complementarios de carácter administrativo, laboral o previsional del trabajador; d) Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud del trabajador; e) Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica. Sin perjuicio de lo anterior la Compin, deberá requerir todos los demás antecedentes y exámenes que el Ministerio de Salud ordene solicitar, respecto de aquellas patologías específicas que éste señale, para que la licencia pueda ser visada por períodos superiores a los que esa Secretaría de Estado determine”.
DÉCIMO: Que, de lo anterior, fluye con prístina claridad, que el organismo a cargo de pronunciarse sobre las licencias médicas otorgadas a la trabajadora es quien debe asumir un rol activo en torno al análisis de la viabilidad de estas, sin poner de cargo del paciente, afectado por una enfermedad, que sea él quien procure la obtención de antecedentes que avalen el diagnóstico del médico tratante de éste.
Por otro lado, el artículo 11 de la Ley N°19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, consagra el principio de imparcialidad, prescribiendo que “…la Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte”, para lo cual ordena que los “hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio”, norma que es complementada por los artículos 40 inciso final y 41 inciso cuarto de la misma ley, los que disponen que una decisión de este tipo, debe ser fundada.
Así, la justificación racional y legal del acto administrativo es una condición de validez de este, en consecuencia, el órgano del Estado actuante debe fundamentar suficientemente su decisión, tanto en lo fáctico como en lo jurídico, explicando al administrado el porqué del acto, su sustento material y legal.
UNDÉCIMO: Que, con lo dicho, emana que la argumentación otorgada a la paciente por las recurridas, sin que se haya tomado previamente alguna de las medidas que permiten, según el Reglamento aplicable, fundamentar ese rechazo, carece del debido sustento, dejándola, además, en una situación compleja, que agrava aún más el cuadro médico de naturaleza mental que padece, razón suficiente para entender que, aunque aparezca, la fundamentación de rechazo de la licencia dada en este asunto, es carente de sustento fáctico, al no mediar antecedentes obtenidos por las propias instituciones y que echen por tierra las recomendaciones médicas que las precedieron.
DUODÉCIMO: Que, este actuar de las recurridas, atenta evidentemente contra las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 numerales 1 y 24; la primera, pues dificulta su vida e integridad física; y la segunda, porque, al no contar con el subsidio de incapacidad laboral, afecta su patrimonio, desde que el trabajador, que padece una patología, no cuenta con el dinero proveniente de este ítem, afectando aún más su debilitada salud mental, motivos por los que se acogerá el recurso conforme se dirá en lo resolutivo.
Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, se resuelve:
I.- Que, SE RECHAZAN, la alegaciones de improcedencia de la acción de protección planteadas por las recurridas.
III.- Que, SE ACOGE, el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado, en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez y de la Superintendencia de Seguridad Social, ordenando que deberán autorizar el pago de las licencias médicas N°RUT reservado y N°RUT reservado, dentro de quinto día desde que el presente fallo se encuentre ejecutoriado.
Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.
Rol N°567-2025 Protección.