nombre reservado con DEPARTAMENTO DE EXTRANJERÍA Y MIGRACIÓN DEL MINISTERIO SUBSECRETARIA DE INTERIOR

nombre reservado.

Servicio Nacional de Migraciones.

Recurso de Protección Rol N°5643-2022.- La Serena, veinticinco de agosto de dos mil veintidós.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, con fecha 29 de julio de 2022, comparece Carol Melissa Bolaño Gutiérrez, abogado, en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, C.I. para extranjeros N° RUT reservado, deduciendo acción de protección en contra del SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES, dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por la omisión ilegal y arbitraria en que ha incurrido al no pronunciarse sobre la solicitud de residencia temporaria realizada el 09 de enero de 2020, al transgredir dicha omisión el derecho a la igualdad ante la ley, la libertad de trabajo y su protección y el derecho a desarrollar cualquier actividad económica, conforme a lo preceptuado en el artículo 19 N° 2, 16 y 21 de la Constitución Política de la República.

Refiere que el recurrente fue titular de visa de residencia temporaria, la cual fue aprobada a través de Resolución Exenta N° 8537/27-12-2018, válida para permanecer en Chile desde el mes de enero de 2019 al mes de enero de 2020. Posteriormente, solicitó una prórroga de su visado a través de la Gobernación Provincial de Limarí, acompañando a la solicitud todos los documentos necesarios para postular.

Habiéndose acogido la solicitud a trámite y efectuado el pago de los derechos respectivos, y no obstante el tiempo transcurrido, a la fecha no ha recibido ninguna comunicación oficial por parte de la recurrida, pudiendo observar a través de la página web del servicio que, al parecer, esta habría sido otorgada, pero sin poder descargar la resolución exenta o la notificación que indique la aprobación de su solicitud, con lo cual tampoco se ha habilitado el estampado electrónico de visa, siendo este el único documento que lo habilita para renovar su cédula de identidad.

Sostiene que los hechos denunciados lo mantienen en una situación de preocupación e incertidumbre constante ante un trámite por demás demorado.

Destaca que cobra relevancia lo dispuesto en los artículos 4, 7, 9 y 27 de la Ley 19.880, que consagra el principio de celeridad, añadiendo que los funcionarios de los Órganos de la Administración del Estado deben actuar por propia iniciativa en la iniciación del procedimiento y en su prosecución, haciendo expeditos los trámites, por lo que su actuar deviene en ilegal, al contravenir dichas disposiciones y, asimismo, en arbitraria, toda vez que el principio de economía procedimental establece que la Administración debe evitar trámites dilatorios, y en el presente caso no se ha pronunciado de la solicitud en un plazo razonable, es decir, en el término de los 6 meses desde su iniciación, lo cual conculca el legítimo ejercicio del derecho de igualdad ante la ley, puesto que se le ha otorgado un trato discriminatorio en relación a otras personas que, en igualdad de condiciones, sí han obtenido la resolución de sus solicitudes en un plazo razonable, así como a su libertad de trabajo y derecho a desarrollar cualquier actividad económica, por no tener acceso al estampado electrónico que da cuenta del otorgamiento de su visa temporal.

Por tanto, solicita tener por interpuesto recurso de protección en contra de la recurrida y ordenarle que se pronuncie sin más trámite sobre la solicitud de residencia temporaria, adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho.

Acompaña: 1. Pasaporte de identidad. 2. Cédula de identidad. 3. Estampado de primera visa temporaria N° 840.885. 4. Solicitud de residencia por Correo Postal N° 69 Código: 3034518. 5. Certificado de Ampliación de Visa en Trámite. 6. Formulario 10 de la Tesorería General de la República y comprobante de pago.

SEGUNDO: Que el 22 de agosto de 2022 comparece Roberto Ignacio Castillo Toro, abogado, en representación del Servicio Nacional de Migraciones, evacuando informe y solicitando el rechazo de la acción.

Manifiesta que el extranjero solicitó prórroga de su visa temporaria el 28 de enero de 2020; y que, por Resolución Exenta N° 644, de 04 de enero de 2022, se prorrogó la visa temporaria solicitada, válida desde el 24 de noviembre de 2021 hasta el 24 de noviembre de 2022.

Agrega que la mentada resolución señala que una vez notificada, el recurrente dispone de un plazo de 60 días para proceder al estampado electrónico del permiso de residencia otorgado. En el caso, hace presente que el recurrente registra dos domicilios distintos en el sistema. Por tanto, lo que debe realizar, para poder obtener su estampado electrónico, es solicitar la ratificación de plazos de prórroga vencidos, luego de lo cual recibirá la respuesta para descargar el estampado electrónico y, finalmente, podrá así obtener la cédula de identidad en el Servicio de Registro Civil e Identificación.

Por todo lo anterior, solicita el rechazo de la acción deducida, en el entendido que esta ha perdido oportunidad.

Acompaña a su informe copia de Resolución Exenta N° 644, de fecha 04 de enero de 2022, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, por la presente acción constitucional, se recurre en contra del Servicio Nacional de Migraciones por la dilación injustificada en dar respuesta a la solicitud de prórroga de visa temporal presentada por quien recurre en el mes de enero de 2020, lo cual califica de ilegal y arbitrario, señalando que vulnera sus garantías fundamentales contemplada en el artículo 19 N° 2, 16 y 21 de la Constitución Política de la República.

Solicita que se ordene a la recurrida pronunciarse sin más demora de su solicitud, o bien, adoptar las medidas que se estimen apropiadas para resguardar y restablecer el imperio del derecho, con expresa condena en costas.

SEXTO: Que la recurrida, en tanto, señala que el recurso ha perdido oportunidad, al haberse concedido al recurrente la prórroga de visado solicitada en el mes de enero del año en curso, encontrándose pendiente la notificación de la misma en atención a los diversos domicilios que quien recurre registra en el sistema, indicando en su informe los pasos que debe seguir este para obtener el estampado electrónico de su visado, cuya vigencia se extiende hasta el mes de noviembre de 2022.

Luego, por escrito del 22 de agosto de 2022, señala a esta Corte que la Resolución Exenta fue notificada por correo electrónico al recurrente, y que si bien la resolución acompañada a su informe no corresponde a la persona del recurrente, de todos modos, si este no ha sido notificado de la visa prorrogada, la solución es que el extranjero solicite la ampliación de plazos al Clasificador 8, correo Central de Santiago.

SÉPTIMO: Que, de acuerdo a los antecedentes que constan en la tramitación de la presente causa, y en especial de la Resolución Exenta N° 644, de fecha 04 de enero de 2022, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, queda en evidencia que la solicitud presentada por el recurrente no ha sido resuelta por la autoridad migratoria, indicándose por la recurrida la forma en que el recurrente puede obtenerla, pero sin acompañar mayores antecedentes respecto a la supuesta resolución que habría concedido la prórroga del visado solicitada y si esta se encontraría vigente, con lo cual los presupuestos y la vulneración de garantías constitucionales que llevó al actor a interponer la presente acción se mantienen a la fecha.

Lo anterior, lleva a desestimar la alegación de pérdida de oportunidad realizada por el Servicio, como se dirá en lo resolutivo.

OCTAVO: Que, en cuanto al fondo, se debe acudir a lo estatuido en la Ley 19.880. En este sentido resulta útil destacar el principio de celeridad, previsto en su artículo 7, conforme al cual la autoridad debe impulsar de oficio, en todos sus trámites, el procedimiento administrativo, debiendo actuar por propia iniciativa, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión. Lo anterior, resulta congruente con el principio conclusivo, consagrado en el artículo 8, que determina la necesidad de término del procedimiento con un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo, así como con el principio de economía procedimental, del artículo 9, que manda a la Administración responder con eficacia, evitando trámites dilatorios.

Por último, el artículo 14 define el principio de inexcusabilidad señalando que la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera que sea su forma de iniciación.

NOVENO: Que, de acuerdo a los antecedentes que constan en la tramitación de la presente causa, queda en evidencia el incumplimiento de la normativa que regula la actividad de la Administración respecto de aquel, toda vez que la autoridad respectiva ha desconocido la aplicación de los principios de celeridad, conclusivo, de economía procedimental e inexcusabilidad, en tanto ha dilatado la decisión respecto de sus solicitudes, excediendo con creces el plazo establecido en el artículo 27 de la mencionada Ley 19.880 (SCS Rol N° 24.827-2020).

DÉCIMO: Que, por tanto, la dilación de la recurrida en el pronunciamiento sobre la referida solicitud, en este caso particular, debe ser calificada de ilegal y arbitraria porque vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental, en tanto importa una discriminación en contra de quien recurre, en relación con el trato dispensado a otros interesados que, en situación jurídica equivalente, han podido tramitar debidamente sus solicitudes, obteniendo una respuesta formal en la que se contengan las razones conforme a las cuales la autoridad ha adoptado la decisión terminal pertinente.

A mayor abundamiento, la duración del procedimiento, que se generó a propósito de la solicitud de autos ha superado los dos años de tramitación, tiempo que a juicio de estos sentenciadores es evidentemente excesivo, toda vez que, si bien es de público conocimiento que muchos trámites administrativos se han visto dilatados por la emergencia sanitaria que atravesamos como humanidad, por lo menos durante los años 2021 y 2022 la situación sanitaria se ha ido normalizando y los servicios estatales han desarrollado sus funciones cada vez con menos restricciones, de forma tal que no aparece justificado la extensión que ha tenido la tramitación de las solicitudes, todo lo que transforma en arbitrario el proceder de la recurrida.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, se declara:

1° Que SE RECHAZA la alegación de pérdida de oportunidad del recurso.

2° Que SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones y, en consecuencia, se dispone que la recurrida deberá emitir el pronunciamiento que en derecho corresponda respecto de la solicitud de prórroga de visa temporal presentada ante ella por quien recurre, lo anterior, dentro del plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, a contar de la fecha de notificación de la presente resolución.

Acordada la eximición de costas con el voto en contra del Ministro Sr. Pulgar, quien estuvo por condenar a la recurrida a pagarlas, atendida la extensión del tiempo en dar respuesta al requerimiento que motiva la acción.

Asimismo, la decisión de fondo se acuerda desechada la prevención del Ministro Sr. Pulgar, quien fue de parecer de entender que el plazo de días conferido es de días corridos, por ser esta la regla en materia de plazos judiciales.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°5643-2022 Protección.