Protección contra resolución que rechazó las licencias médicas individualizadas en este recurso

nombre reservado, nombre reservado

Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región de Coquimbo Recurso de protección Rol N° 564-2019.- La Serena, catorce de mayo de dos mil diecinueve.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que con fecha treinta de abril de dos mil diecinueve don Alonso Oyanedel Lanas, Abogado, C.I. RUT reservado, en representación de don nombre reservado, profesor, C.I. RUT reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, solicita se acoja la acción constitucional en todas sus partes declarando arbitrario e ilegal la resolución Nº1205 de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Región de Coquimbo, en adelante COMPIN, dejándola sin efecto, y declarando en su reemplazo que las licencias médicas números 4-RUT reservado, 4-RUT reservado, 4-RUT reservado, 4-RUT reservado, 4-RUT reservado, 4-RUT reservado, 4-RUT reservado y 4-RUT reservado, queden aceptadas debiendo la recurrida pagar el subsidio por incapacidad laboral correspondiente, o se adopten las medidas que se estimen pertinentes para restablecer el imperio del derecho, con costas del recurso.

Fundándolo, señala que su representado fue atendido por el Doctor nombre reservado, médico general, quien le diagnosticó depresión severa. Situación producida por acoso laboral en su trabajo, la que no fue atendida por su jefatura.

Reclama que la situación de acoso laboral, aún no resuelta, le causó un grave daño a su salud mental y relación conyugal, expresados en los diagnósticos del médico tratante considerados insuficientes por los organismos contralores, situación de salud que le impide reincorporarse a su trabajo como es su deseo.

Agrega que el 24 de abril de 2019 la COMPIN de la Región de Coquimbo, notifica a su representado resolución N°1205 de fecha 7 de marzo de 2019, al siguiente día de efectuado el peritaje -de 6 de marzo de 2019- en virtud del cual rechaza las siguientes licencias: N° 4-RUT reservado, extendida por 14 días a contar del 24/10/2018 al 06/11/ 2018; N°4-RUT reservado extendida por 14 días a contar del 7/11/2018 al 20/11/2018, N°4-RUT reservado extendida por 14 días a contar de 21/11/ 2018 al 04 de diciembre de 2018; N°4-RUT reservado extendida por 14 días a contar de 05/12/2018 al 18/12/2018, N° 4-RUT reservado extendida por 14 días a contar de 19 de diciembre de 2018 al 01 de enero de 2019, N° 4-RUT reservado extendida por 14 días a contar del 02/01/2018 de 2019 al 15/01/ 2019, N° 4-RUT reservado extendida por 14 días a contar del 16/01/2018 de 2019 al 29/01/2019, N° 4-RUT reservado extendida por 14 días a contar del 30/01/2019 al 12/02/2019, por el motivo “no amerita reposo según peritaje efectuado”. Luego, y de acuerdo a los fundamentos médicos y antecedentes administrativos presentados, rechaza el recurso de reposición por no ameritar reposo.

Estima que la resolución que se impugna es un acto administrativo ilegal porque es contrario a diversas disposiciones legales que señalan expresamente que los actos administrativos deben ser fundados y las expresiones contenidas en el acto recurrido como “no amerita reposo según peritaje efectuado”.

Indica que el acto reclamado no tiene ningún fundamento, dejando a su representado en la indefensión por no poder controvertir su contenido y argumentos jurídicos, y médicos, siendo legítimo cuestionarse cuáles son los fundamentos por los cuales se deniega el recurso de reposición y confirma la negativa en orden a la aceptación de licencia respectiva y el pago del subsidio por la incapacidad aparejado a ésta, en los casos señalados se acompañaron informes fundados de su médico tratante, de los cuales se deduce que el COMPIN no ha considerado suficientes los informes de un profesional médico autorizado para emitir licencias médicas, ni tampoco se toma el tiempo suficiente para mejor resolver atendiendo la gravedad de los síntomas reseñados en informe médico, pues le cita al peritaje del día 6 de marzo de 2019 y emite resolución rechazando la licencias médica el día 7 de marzo de 2019.

Adiciona que el médico tratante don nombre reservado estima que a la fecha de sus licencias médicas, objeto del presente recurso, padecía de “depresión severa”, destacándose en su informe de fecha 07 de febrero de 2019, “El informe señala que el recurrente se encuentra según la Escala de Evaluación de Actividad Global: 50, esto es Síntomas graves (por ej., ideación suicida o cualquier alteración grave de la actividad social, laboral o escolar (por ej., sin amigos, incapaz de mantenerse en un empleo)”.

Refiere que el informe antes referido y otros, han sido acompañados al recurrido al momento de interponer recurso de reposición, sin embargo, este no se hace cargo en forma alguna de los argumentos y conclusiones clínicas en ellos contenidos a esta parte quedando en la más absoluta indefensión. En efecto, el acto administrativo debe necesariamente ser inteligible para el ciudadano en orden a que este mediante la sola lectura pueda entender racionalmente los argumentos tanto fácticos, médicos y jurídicos que se esgrimen para fundar la decisión del órgano perteneciente a la administración del Estado, lo que evidentemente no se cumple con la expresión citada.

Puntualiza que el artículo 3 de la Ley N° 19.880 Sobre Procedimientos Administrativos, entiende por acto administrativo “las decisiones formales que emitan los órganos de la Administración del Estado en las cuales contienen declaraciones de voluntad, realizados en el ejercicio de una potestad pública” , y a su vez, procedimiento administrativo, “es una sucesión de actos trámite vinculados entre sí, emanados de la Administración y, en su caso, de particulares interesados, que tiene la finalidad de producir un acto administrativo terminal”. La resolución final debe tener el contenido que le exige y le impone el artículo 40 de la Ley, 19.880, que señala específicamente que “Las resoluciones contendrán la decisión, que será fundada. Expresarán, además, los recursos que contra la misma procedan, órgano administrativo o judicial ante el que hubiera que presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno”. En idéntico sentido el artículo 16 del DS N°3/1984 del Ministerio de Salud expresa que COMPÍN o la ISAPRE al momento de rechazar una determinada licencia médica “debe dejar constancia de los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida”, norma que debe ser también tenida en consideración para el recurrido, sin embargo, dicho precepto se ha omitido de plano.

Agrega que el destacado constitucionalista nombre reservado refiriéndose a la fundamentación del acto administrativo señala que ello es “la justificación normativa, fáctica y racional que da razón, que fundamenta la decisión, que la cuenta del “por qué” se emite la decisión, y que sustenta o sostiene su juricidad, su conformidad a Derecho” agregando a reglón seguido que “por ello es que la fundamentación como requisito de validez del acto administrativo que es, no se cumple con cualquier fórmula convencional, del cliché o banal. La fundamentación ha de ser “suficiente”, en cuanto debe dar razón y dar cuenta exacta del íter o camino lógico/racional que lleva al autor del decreto o resolución a adoptar la decisión, la cual significa dar solución efectiva y concreta a una necesidad pública específica que el legislador ha puesto a su cargo” terminando con expresar que: “de allí es que la “fundamentación” del acto administrativo constituye en el derecho fundamental al debido procedimiento racional y justo que la Constitución reconoce expresamente a toda persona”.

Alega que el acto recurrido es ilegal, en cuanto es contrario al ordenamiento jurídico porque vulnera e infringe los artículos ya citados y por el hecho de no haber sido adoptado con criterios que puedan estimarse racionales de acuerdo a los hechos, puntualizando que sobre esto último el profesor don nombre reservado señala expresamente que arbitrario: “es el acto o proceder contrario a la justicia o a la razón, infundado o desproporcionado en relación con los fines perseguidos para la consecución de un objetivo lícito y determinado”.

Finalmente expone que el acto recurrido infringe y conculca la garantía constitucional del derecho a la vida e integridad física y síquica contemplado en el artículo 19 N°1 de la Constitución Política de la República de Chile. Lo anterior, porque el pago del subsidio que va aparejado con cada licencia médica suple la remuneración del trabajador que se encuentra afectado por una determinada incapacidad laboral y que, en definitiva, su rechazo implica en la práctica que el trabajador dependiente que ha hecho uso de licencia médica no contará con los medios económicos para hacer frente a sus diarias necesidades, que van desde alimentarse hasta poder comprar los medicamentos prescritos de acuerdo a la patología que padece.

Igualmente estima que se ve afectado el artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República, en cuanto a la garantía del debido proceso, toda vez que el acto administrativo recurrido no ha sido legalmente tramitado, no se ha dado cumplimiento a las normas de fundamentación que debe necesariamente contener de acuerdo a los artículos 3 y 40 de la Ley N° 19.880.

Finalmente reclama la vulneración al derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 N°24 de la Carta Fundamental por cuanto el acto administrativo mantiene el rechazo de la licencias médicas ya referidas lo que se traduce en que su representado no reciba el subsidio por la enfermedad, y decanta en un perjuicio patrimonial.

Acompaña junto a su presentación los siguientes documentos: a) copia de resolución exenta Nº 1205 emitida por COMPIN Región de Coquimbo, de fecha 7 de Marzo de 2019; b) copia de notificación peritaje por acuerdo, emitido por la Encargada Unidad de Recurso reposición Fonasa, COMPIN Región de Coquimbo; c) Informe Médico mental de su representado, emitido por el médico tratante, Dr. nombre reservado, de fecha 7 de febrero de 2019, y; d) Copia del sobre por el cual el COMPIN notifica a su representado de la Resolución Exenta Nº 1205, el cual fue enviado con fecha 18 de Abril de 2019.

SEGUNDO: Que el diez de mayo de dos mil diecinueve informando el recurso comparece Sergio Ansieta Calderón, abogado, en representación de la Comisión de medicina preventiva e invalidez de la región de Coquimbo, solicitando de plano su rechazo con costas.

En primer término indica que se reclama un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que no se encuentra amparado por la acción constitucional.

En segundo lugar, refiere que el rechazo debe fundarse en la inexistencia de un derecho indubitado, presupuesto base para la procedencia del recurso de protección.

En subsidio de lo anterior, solicita el rechazo por existir fundamentos médico-administrativos que amparan el rechazo de las licencias cuyo pago se reclaman en estos antecedentes.

En virtud de la última alegación indica que se desprende del D.S. Nº3/84, que define lo que debe entenderse por licencia médica, que el reposo debe ser de carácter temporal, que supone la posibilidad cierta y real de recuperar la capacidad de trabajo, en condiciones de reincorporación al puesto de empleo, agregando que conforme al artículo 14 del cuerpo legal citado la COMPIN o ISAPRE en su caso, tienen el control técnico que les permite aprobar, rechazar, reducir o ampliar el periodo de reposo, con los fundamentos del caso.

Sostiene que la decisión de rechazo de las ocho licencias médicas del recurrente se fundamenta en el peritaje realizado al recurrente por la médico psiquiatra de la Contraloría de la COMPIN nombre reservado, quien luego de entrevistar y evaluar al recurrente y sus antecedentes médicos, concluyó que después de casi cuatro años de licencias médicas continuas, la condición de su salud no ameritaba seguir haciendo uso del derecho, dado que el reposo asociado a sus últimas licencias no se encontraba justificado.

Alega que la opinión de la especialista prima por sobre la del médico general nombre reservado, tratante del recurrente, pues éste último como médico general no tiene las competencias técnicas ni la experiencia para controvertir el dictamen de un médico especialista con más de 20 años de experiencia.

Agrega que del peritaje consta que el recurrente reconoció haber dejado los medicamentos, porque no quería seguir medicándose. Lo que a su juicio torna ineficaz y fútil cualquier tratamiento y quita valor al diagnóstico y pronóstico consignado en el informe de nombre reservado.

Finalizando, manifiesta que ha sido la Corte Suprema quien ha reconocido que el estándar de fundamentación exigido en los actos administrativos del COMPIN no requiere la transcripción íntegra del informe médico, por lo que queda de manifiesto que la resolución impugnada se encuentra ajustada a derecho, no procedía el pago de las licencias médicas atendido el mérito de las conclusiones del peritaje médico psiquiátrico realizado por Clara Frintd el seis de marzo de los corrientes.

Acompaña con su informe: a) resolución exenta Nº1205 emitida por su representada con fecha 7 de marzo de 2019; b) formulario de recurso de reposición por rechazo de licencia médica de fecha 08 de febrero de 2019; c) resoluciones de rechazo de las licencias médicas reclamadas; d) peritaje médico psiquiátrico de nombre reservado de fecha 06 de marzo de 2019, y; e) lista maestra de licencias médicas de 2017 a 2019.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que en cuanto a la alegación de la recurrida, en orden a que el recurso de protección incide en un aspecto específico del derecho a la seguridad social, garantizado en el numeral 18 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, derecho que no se encuentra contemplado dentro del catálogo del artículo 20 de dicho texto constitucional, por lo que no está amparado por la acción constitucional, debe tenerse en consideración que el numeral 2° del referido Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección previene que es preciso examinar el recurso deducido a fin de determinar si se mencionan hechos que podrían constituir vulneración de alguna de las garantías indicadas en el artículo 20 de nuestra Carta Fundamental. Pues bien, en la especie, de la lectura del libelo recursivo, es posible concluir que el accionante reclama a través del presente arbitrio la decisión contenida en la resolución N°1205 de fecha 07 de marzo de del presente año, en virtud de la cual la COMPIN desestimó la reposición en contra de la resolución que rechazó las licencias médicas individualizadas en este recurso, por lo tanto, la argumentación sostenida por la recurrida en este aspecto, carece de sustento.

SEXTO: Que de los antecedentes a los que alude la resolución N°1205 que se reclama en estos antecedentes, en especial el peritaje psiquiátrico practicado por la médico psiquiatra nombre reservado, dan cuenta que el reposo decretado en licencias médicas 4-RUT reservado, 4-RUT reservado, 4-RUT reservado, 4-RUT reservado, 4-RUT reservado, 4-RUT reservado, 4-RUT reservado y 4-RUT reservado , no se encontraba justificado por la causal “reposo prolongado”, agregando la especialista que don nombre reservado manifiesta en la entrevista clínica que dejó de tomar los medicamentos que le recetó su médico tratante nombre reservado, mismo profesional que emitió las licencias médicas cuyo rechazo nos convoca, motivo por el cual los antecedentes considerados por la recurrida resultan ser suficientes para arribar a la decisión que adoptaron y, en consecuencia, mal podría estimarse que su actuar, en cuanto fundamentalmente desestimó los reclamos de la actora, sea arbitrario por carecer de motivación.

Así tampoco se podría considerar que la actuación de la recurrida es ilegal, por cuanto procedió dentro de las esferas de sus respectivas competencias y en ejercicio de sus facultades legales que le reconoce el Decreto Supremo N° 3 del Ministerio de Salud, publicado en el Diario Oficial de fecha 28 de mayo de 1984, que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional; como, además y según se indicó, con mérito para resolver el rechazo de las licencias de que trata el presente recurso.

SÉPTIMO: Que, por consiguiente, la inexistencia de comportamiento antijurídico por parte de la recurrida, conduce necesariamente a la desestimación del recurso de protección.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado, en contra de la Comisión de medicina preventiva e invalidez de la región de Coquimbo, sin costas.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 564-2019.

Pronunciado por la Primera Sala de la Ilma. Corte de Apelaciones de La Serena integrada por los Ministros titulares señor nombre reservado, señor nombre reservado y el abogado integrante señor Raúl Pelén Baldi.

En La Serena, a catorce de mayo de dos mil diecinueve, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.