RENDIC HERMANOS S.A con INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO DE COQUIMBO

Rendic Hermanos S.A.

Inspección Provincial del Trabajo de Coquimbo Recurso de Protección Rol N° 5606-2022.- La Serena, doce de septiembre de dos mil veintidós.

VISTO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, comparece Rodrigo Donoso Baraona, abogado, interponiendo acción constitucional de protección en favor de Rendic Hermanos S.A., empresa del giro supermercadista, RUT N°RUT reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, y en contra de Inspección Provincial del Trabajo de Coquimbo, representada por nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, por el acto consistente en la dictación de la Resolución de Multa N°7423/22/16, de 29 de junio 2022. Como garantías vulneradas indica aquellas contenidas en los numerales 2, 21, 22, y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que mediante Ordinario N°503 de 30 de marzo de 2022, suscrito por el Jefe del Departamento Jurídico y Fiscal de la Dirección Del Trabajo, la recurrida habría contestado una solicitud formulada por la Federación Nacional de Sindicatos Unimarc, y habría resuelto en relación al cargo de ‘operador de tienda’ que este “da cuenta de labores que no comparten la misma naturaleza, desde que el trabajador se obliga a prestar servicios en atención de clientes, reposición de mercadería, preparar pedidos e incluso en bodegas, entre otras, que de tal modo, resultan ser muy variadas para entender la existencia de funciones específicas a desarrollar, aun cuando éstas se encuentren explicitadas una a una en el contrato de trabajo” y en consecuencia concluye que “no se ajusta a derecho el cargo denominado “Operador de tienda”, conforme al contenido expuesto en el presente informe, al no otorgar un mínimo de certeza a los trabajadores acerca de las labores a realizar en los supermercados.”. Indica que, en virtud de esta interpretación, la recurrida ha iniciado a la fecha mas de 160 procesos de fiscalización respecto a la sociedad recurrente, entre los cuales se encuentra el procedimiento que origina la resolución de multa que se cuestiona en esta sede.

Expresa que la resolución de multa por la cual se recurre, aplicando la doctrina contenida en el Ordinario N°503 de 30 de marzo de 2022, impone multa de 60 UTM a beneficio fiscal por la forma en que se encuentra definido el cargo de “operador de tienda” en los contratos de un grupo de trabajadores, y sostiene el acto administrativo impugnado es ilegal y arbitrario toda vez que adolece de falta de motivación. Reprocha a la recurrida, además, exceder el marco de atribuciones que el ordenamiento jurídico le otorga al abocarse a la interpretación de cláusulas contractuales, y afirma que la resolución cuestionada conculca el derecho a la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos en relación con el debido proceso, en tanto la recurrida se habría erigido en una comisión especial. Agrega que, además, se ha amagado el derecho desarrollar cualquier actividad económica, la igualdad ante la ley, la no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica, y el derecho de propiedad.

Previas citas de derecho, solicita acoger la acción intentada y, en definitiva, dejar sin efecto la Resolución de Multa N°7423/22/16, de 29 de junio 2022, con costas.

Acompaña al recurso a) Copia de la Resolución de Multa (S) N°7423/22/16, de 29 de junio 2022, suscrita por la Inspección Provincial del Trabajo de Coquimbo. b) Copia de correo electrónico remitido con fecha 30 de junio de 2022, por la Inspección Provincial del Trabajo, al correo electrónico correo reservado. c) Copia del Ordinario Nº503, de 30 de marzo de 2022, del Jefe del Departamento Jurídico y Fiscal de la Dirección del Trabajo.

SEGUNDO: Que, evacuó informe por la recurrida la abofada nombre reservado, solicitando el rechazo del recurso con costas.

Alega, en primer lugar, que el recurso de protección no es el camino idóneo para reclamar contra multas impuestas por la autoridad administrativa de orden laboral puesto que no fue concebido como un sustituto procesal de acciones y procedimientos existentes en nuestra legislación. Detalla que el recurrente, además de interponer la presente acción de protección, interpuso reclamo judicial contra la misma resolución ante el Juzgado de Letras del Trabajo de la Serena, el que se sustancia bajo el RIT I-48-2022. Refiere que, por su parte, el mentado Ordinario N°503 en que se fundamentan las sanciones impuestas, fue impugnado ante el 1°Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, desestimándose la acción intentada.

En subsidio de la anterior alegación, informa en cuanto al fondo indicando que a raíz de denuncias formuladas por trabajadores y organizaciones sindicales ese servicio instruyó un Programa Nacional de Fiscalización a los locales Unimarc, con el objeto de verificar si en relación con el cargo de “operador de tienda,” la empresa daba cumplimiento a lo establecido en el art. 10 N°3 del Código del Trabajo o, en otros términos, si los contratos de trabajo de los respectivo dependientes contenían la determinación precisa de la naturaleza de los servicios. Agrega que, el fiscalizador de la Inspección del Trabajo se constituyó en el local ubicad en Los Álamos N°580, Coquimbo, y procedió a notificar el inicio de la fiscalización a trabajadores, representantes del empleador y a requerir y revisar la información pertinente. Precisa que, en esa oportunidad, el funcionario actuante pudo constatar que un grupo de trabajadores se desempeñaban como operadores de tienda y que en sus contratos no se especificaba en forma precisa la naturaleza de sus servicios, lo que constituye infracción al artículo 10 N°3 del Código del Trabajo, por lo cual se cursó la multa N°7423/22/16-1, la que fue notificada al empleador por correo electrónico el día 30.06.2022 -cuyo texto transcribe-.

En virtud de lo expuesto precedentemente, niega que esa repartición haya actuado en forma ilegal o arbitraria; exceda sus facultades legales; que el acto administrativo carezca de la debida motivación, y, en general, que se hayan vulnerado los derechos constitucionales de la recurrente.

Acompaña a su informe 1. Copia expediente de fiscalización N°0404.2022.572. Incluye carátula e informe de exposición, resolución de multa, acta de inicio de fiscalización, acta de notificación de requerimiento de documentación y citación, antecedentes verificados en la fiscalización. 2. Copia reclamación judicial RIT I-48-2022 del Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena. 3. Fallo RIT I-132-2022 del 1° juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, atendido el mérito de los antecedentes, de los cuales aparece que el asunto sometido a conocimiento de esta Corte guarda relación con la pretensión de la actora de que se deje sin efecto una resolución de multa cursada por la Dirección del Trabajo en el ejercicio de sus funciones, y teniendo presente que el ordenamiento jurídico contempla acciones específicas para conocer de la materia planteada en el recurso -en particular, el reclamo judicial de multa que consagran los artículos 503 y 511 del Código del Trabajo-, se desprende que la acción constitucional de protección no es la vía idónea para conocer de los hechos objeto del presente recurso, consideración que conlleva necesariamente su rechazo.

La anterior conclusión emana de los documentos acompañados a la carpeta digital y por el E-Book de la causa I-48-2022 del Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena traído a la vista con esta fecha, antecedentes que dan cuenta que los hechos en que se fundamenta el recurso se encuentran sometidos al imperio del derecho por iniciativa de la propia parte recurrente, quien acudió a la vía jurisdiccional ordinaria inclusive con anterioridad al ejercicio de la presente acción constitucional, desprendiéndose, en consecuencia, de su misma conducta que esta reconoce no detentar un derecho indubitado y admite, además, la falta de urgencia que una acción cautelar de esta naturaleza supone para que pueda prosperar.

Que, tal como lo ha sostenido la E. Corte Suprerma en autos rol 22099-21, “…no procede el recurso de protección en contra de resoluciones judiciales, pues ellas cuentan con su propio medio de impugnación como son los recursos, caso en el cual la materia de que se trate estará sometida al imperio del derecho. Sin embargo, pueden existir casos, como el de la especie, en que respecto de resoluciones judiciales lo anterior no sea posible pues los afectados por ellas pueden ser terceros que carecen de legitimación activa al efecto. En tales casos, excepcionalmente, si una sentencia dictada en un procedimiento no contencioso priva, perturba o amenaza el legítimo ejercicio por parte de terceros, de alguna de las garantías constitucionales contempladas en el artículo 20 de la Constitución, debe considerarse la posibilidad de restablecer el imperio del derecho por esta vía de protección, pues tales terceros pueden verse afectados, sin tener la posibilidad de conocer la existencia del procedimiento, de hacer valer sus derechos en los términos del artículo 823 del Código de Procedimiento Civil, así como tampoco interponer los recursos que establece la ley.”

De esta forma, como ha señalado reiteradamente el Máximo Tribunal, la acción constitucional que nos ocupa, es excepcional y está entregada a aquellas situaciones en que no hay otras vías para reclamar por amenaza o vulneración a las garantías constitucionales que se protegen o las vías que existen no fueron resueltas conforme a derecho, lo que no ha ocurrido en la especie, motivo por el cual el presente recurso no podrá prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 19 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo de Recursos de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, la acción de protección interpuesta por Rodrigo Donoso Baraona, abogado, interponiendo acción constitucional de protección en favor de Rendic Hermanos S.A, y en contra de Inspección Provincial del Trabajo de Coquimbo.

Comuníquese, regístrese y archívese, en su oportunidad Rol N°5606 - 2022 (Protección).-