nombre reservado con COMITE DE ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD EDIFICIO PABLO NERUDA

nombre reservado, nombre reservado y otras Comunidad Edificio Pablo Neruda Recurso de Protección Rol N° 5563-2022.

La Serena, doce de diciembre de dos mil veintidós.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparecen doña nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado y doña nombre reservado, todas debidamente individualizadas en estos autos, quienes deducen acción constitucional de protección en contra de la Comunidad Edificio Pablo Neruda, representada por doña nombre reservado, por actos arbitrarios e ilegales que esta última habría desarrollado y que conculcan los derechos fundamentales consagrados en el artículo 19 Nº 3 y N° 24 de la Constitución Política de la República.

Explican que mediante subsidio Serviu adquirieron en el año 2017, una serie de departamentos sociales ubicados en el sector La Cantera de Coquimbo, que en el caso de doña nombre reservado corresponde al ubicado en domicilio reservado, realizándose una asamblea con la finalidad de constituir comité, oportunidad en que fue electa la señora nombre reservado, quien venía realizando labores como presidenta del comité habitacional, con anterioridad a la entrega de los departamentos, en aquella oportunidad se eligieron además de la directiva, algunos acuerdos básicos como la tenencia responsable de mascotas, gastos comunes de $10.000, los cuales servirían para realizar arreglos y hermosear el entorno, además se llegó al acuerdo de que toda decisión importante debía ser aprobada mediante votación mano alzada, situación que no ocurre, ya que todas las decisiones se han tomado en cuatro paredes, no tomando en consideración al resto de los vecinos.

Agrega que la cuota mensual de $10.000 fue subida a los meses después, con la aprobación de no más del 50% de los copropietarios, como lo establece el estatuto, incluso no cuenta con el quorum necesario para tomar dichas decisiones.

Señala que, al año siguiente, específicamente en el año 2019, se bajó dicha cuota a un monto de $15.000, los cuales rigen en la actualidad.

Estima que lo más preocupante para esta comunidad, es que dichos fondos se han puesto en una cuenta supuestamente a nombre del comité, pero es una cuenta personal a nombre de la presidenta, la cual es totalmente inapropiado.

Asevera que es bien sabido por toda la comunidad de copropietarios, que las diversas torres a pesar de contar con fondos suficientes, se encuentran en abandono, por parte de la directiva.

Manifiesta que, a pesar de pagar mensualmente un monto establecido por minorías, para llevar a efectos algunas obras, como hermosear, se pide cuota adicional, dependiendo de la especie de trabajo.

Destaca que dentro de la comunidad existe una sede social, la cual es arrendada tanto a personas copropietarias como personas externas, la cual se desconoce totalmente la finalidad ni administración de dichos recursos.

Señala que se realizó la construcción de un quincho en un sector común, situación que fue negada por la directiva al momento de que otra torre solicitó realizar lo mismo.

Hace presente que habiendo solicitado al actual Comité de Administración en reiteradas oportunidades información sobre las actas de las asambleas, los balances contables, los contratos y el Reglamento de Copropiedad, y ante la contumaz negativa del Comité a proporcionar dicha información, denuncian que: i.- No tienen acceso al Acta de la Asamblea Ordinaria efectuada en diversas oportunidades, cuando dicho documento debería ser de libre acceso a todos los copropietarios de esta comunidad y debería estar disponible para su consulta a todos los comuneros; ii.- No se ha realizado el llamado a asamblea ordinaria hace más de un año, ya que la última vez que se realizó fue a principios del año 2021, sin tener la fecha exacta ya que el comité de administración se niega a informar y entregar esta información; iii.- No tienen acceso a los balances contables detallados de la comunidad, en particular el destino de los Fondos de Reserva de la comunidad y los pagos; iv.- No hay copia disponible del Reglamento de Copropiedad de acceso público a todos los propietarios y arrendatarios del edificio, y v.- Que a raíz de todo esto, la presidenta envió carta a las deudoras, señalando que en caso de no estar al día en dichos conceptos, procederá a realizar cortes de agua y de luz, situación que es completamente ilegal y arbitraria.

Afirma que se está frente a un acto arbitrario e ilegal pues la recurrida pretende ejercer un acto propio de auto tutela, que se encuentra prohibido por nuestro ordenamiento jurídico, y solo con el objeto de presionar.

Estima que el actuar de la recurrida vulnera el derecho de propiedad, esto es, la garantía constitucional reconocida en el artículo 19, número 24 de la Constitución Política de la República, que consagra el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales, disposición que transcribe en lo pertinente.

Agrega que la doctrina ha creado la denominada "Propiedad sobre los efectos derivados de un Contrato" y la Excelentísima Corte Suprema ha señalado que ampara al arrendatario una especie de proyección del derecho de propiedad, por lo cual situaciones que afectan al arrendatario. Asimismo, igualmente se ha vulnerado el artículo 19, número 3, inciso quinto de la Carta Fundamental, disposición que establece que “Nadie puede ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido por ésta con posterioridad a la perpetración del hecho”. En definitiva, afirma, que nuestros tribunales de justicia se encuentran contestes en que ninguna persona podrá ser despojada de la propiedad que arrienda ni privada de suministro eléctrico, sin antes existir una sentencia emanada de un tribunal competente, ejemplo de ello es la sentencia Rol protección Nº 34.867-2018, de esta Ilustrísima Corte de Apelaciones.

Refiriéndose al derecho de propiedad expone que la doctrina ha creado la denominada "Propiedad sobre los efectos derivados de un Contrato" y la Excelentísima Corte Suprema en esta misma línea jurisprudencial ha señalado que ampara al arrendatario una especie de proyección del derecho de propiedad, por lo cual situaciones que afectan al arrendatario pueden ser contrarrestadas por una acción de protección destinada a amparar el derecho de propiedad, citando para ello una sentencia de la Corte de Apelaciones de San Miguel, que expone: Así, la medida de corte de suministro de agua por parte del administrador del edificio constituye una amenaza al derecho de gozar sin molestias de los atributos del derecho de propiedad sobre el uso y goce del inmueble que emanan del arriendo (rol 237-95 16). En igual sentido, la Corte Suprema ha reiterado su doctrina en cuanto a que el ordenamiento jurídico no ampara los actos de auto tutela. También se reproduce el fallo recaído en auto rol N° 583- 2008 Corte Apelaciones de Concepción de fecha 5 de marzo de 2009, transcribiendo íntegramente dicha decisión.

Solicita tener por interpuesto recurso de protección en contra de Comunidad Edificio Pablo Neruda representada por doña nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, por el actuar arbitrario e ilegal que amenaza y perturba el legítimo ejercicio de los derechos y garantías consagradas en el artículo 19, N° 3, inciso 5 de la Constitución Política de la República, admitirlo a tramitación y declararlo admisible y, en definitiva, acogerlo ordenando a la recurrida la abstención del corte o suspensión del suministros básicos y abstenerse, en lo sucesivo, de realizar todo acto que éste al margen de la decisión de los Tribunales de Justicia que perturbe, amenace o dificulte, como también el acceso de los suministros básicos de agua y energía eléctrica en el citado inmueble.

SEGUNDO: Que, compareciendo doña nombre reservado, en representación de la recurrida, Comunidad Edificio Pablo Neruda, solicita el rechazo de la acción haciendo presente que las recurrentes, son todas copropietarias del Condominio o Comunidad del Edificio Pablo Neruda.

Expone que de la acción constitucional de protección presentada, la que por lo demás presenta variados errores de forma, siendo aun así acogida de oficio por la V.S Iltma Corte de Apelaciones, se puede desprender que las recurrentes, sin perjuicio que el motivo principal y el móvil para deducir la presente acción es por presuntas amenazas de corte de suministro de agua a sus viviendas, exponen además variadas razones o situaciones que más bien de ser una vulneración a las garantías fundamentales, se derivan en realidad de conflictos propios de las copropietarias con el comité de administración del Condominio o Comunidad del Edificio Pablo Neruda, materias relativas a la Ley 21.442 sobre Copropiedad Inmobiliaria, regulando que respecto de la resolución conflictos el artículo 44 de la citada ley, disposición que transcribe en cuando le otorga a los Juzgados de Policía Local la competencia para resolver los conflictos entre los copropietarios o entre éstos y la asamblea de copropietarios, el comité de administración o el administrador, o entre estos mismos órganos de administración de la copropiedad inmobiliaria, relativas a la administración o funcionamiento del condominio.

Señala que las situaciones descritas por las recurrentes para fundamentar la acción constitucional de protección deducida, sería improcedente y carente de fundamento, toda vez que se basan en conflictos propios de estas con el Condominio o Comunidad del Edificio Pablo Neruda y particularmente con el comité de administración actual, exponiendo su disconformidad con hechos relativos a la directiva o comité de administración, con la realización de las asambleas, descontento con el valor de los gastos comunes (existiendo incongruencias además por parte de las recurrentes en cuanto al valor de este, no siendo claras en el valor aumentado o rebajado), sin perjuicio de señalar además un supuesta mala administración de los fondos del mismo Condominio, expresando igualmente el descontento por la cuenta bancaria a la cual ingresan dichos fondos, todas ellas situaciones que como ya se señaló, son de materias propias de la Ley 21.442 sobre Copropiedad Inmobiliaria, correspondiendo su competencia regularlas y resolver dichos conflictos al Juzgado de Policía Local, más no de un acción constitucional de protección como pretenden las recurrentes.

Prosigue haciendo presente que la acción constitucional de protección, contemplada en el artículo 20 de nuestra Carta Fundamental, señala: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos (…)”.

Expone que para que proceda dicha acción, se deben cumplir los presupuestos que menciona dicho precepto constitucional, no siendo este el caso de marras, toda vez que bajo ningún concepto el Condominio o Comunidad del Edificio Pablo Neruda, ha realizado alguna acción u omisión, ya sea arbitraria o ilegal, que amenace el legítimo ejercicio de los derechos de las recurrentes, teniendo presente que fundan su acción en “constantes amenazas de corte de agua”, ya que según se acreditará en el presente informe y en los documentos que se acompañan en el primer otrosí, el Condominio o Comunidad del Edificio Pablo Neruda, en ningún momento ha amenazado con corte de suministro de agua a las recurrentes, ya que como se mostrará en las cartas que se acompañan, que fueron enviadas a las recurrentes, lo que se expone, como una medida de presión para concientizar a los copropietarios a pagar las deudas que mantienen por gastos comunes, siendo especialmente el caso de las recurrentes, es con “suspender o requerir la suspensión del servicio eléctrico a aquellas unidades, cuyos copropietarios se encuentran morosos en el pago de 3 o más cuotas de gastos comunes continuas o discontinuas.” De acuerdo a lo señalado en el capítulo décimo octavo de la antigua Ley de Copropiedad 19.537. Frente a esto es preciso aclarar que dichas cartas, y según se acreditará, fueron enviadas con fecha 06 de abril de 2022, cuando aún estaba en vigencia la mencionada ley, toda vez que recién el 13 de abril del presente año comenzó a regir la nueva ley de copropiedad inmobiliaria N° 21.442.

Manifiesta que, de lo expuesto, queda meridianamente claro, que su parte, no ha infringido ley alguna al momento que se enviaron dichas cartas, frente a la morosidad de los gastos comunes de las recurrentes, y que la supuesta “amenaza” no fue además por corte de agua, sino por suspensión de suministro eléctrico, por morosidad de 3 meses o más de gastos comunes, tal como señala la antigua ley, cartas que cabe recalcar fueron enviadas antes de la entrada en vigencia de la nueva ley de copropiedad inmobiliaria, la cual regula que será considerado como una infracción gravísima la suspensión de dicho suministros mientras dure el estado de excepción constitucional de catástrofe, sin perjuicio que cabe mencionar igualmente que el 30 de septiembre de 2021 el Gobierno anunció el fin del estado de excepción constitucional de Catástrofe, por lo que la acción intentada por las recurrentes tampoco tendría cabida en aquella hipótesis, no obstante las cartas emitidas con fecha 06 de abril de 2022, fueron las únicas enviadas a aquellos deudores morosos de gastos comunes, entre las cuales se encontraban las recurrentes, cartas que el informante incorpora en su presentación y que dan cuenta de supuestas deudas por conceptos de gastos comunes de las recurrentes que se individualizan en dichas comunicaciones.

Afirma que el Condominio o Comunidad Edificio Pablo Neruda, al contrario de lo señalado por las recurrentes, y tal como se acreditará, siempre ha informado a los copropietarios de todo el trabajo realizado por el comité de administración, llamando a asambleas y reuniones constantemente, informando de la cuenta actual para depositar los fondos de gastos comunes, mostrando a los copropietarios los avances y mejoras que se han efectuado, entre otras cosas, todo ello mediante servicio de mensajería instantánea, es decir, whatsapp, a través de grupo especialmente creado por el comité de administración, para todos los copropietarios, con el objetivo de mantenerlos informados diariamente de todo el trabajo realizado, y como un medio además de participación activa.

Añade que la facultad de cortar el suministro de luz eléctrica en la hipótesis de mora en el pago de gastos comunes, como el caso de las recurrentes, es un derecho que le asiste a la Comunidad precisamente para evitar el enriquecimiento ilícito del copropietario que deja de pagar el principal ingreso de dicha Comunidad, en desmedro de los propietarios cumplidores de sus obligaciones, cuyo es el caso. De esta forma, el proceder de la Administración es legítimo, y no es un acto arbitrario, abusivo o ilegal, por lo que el recurso no es procedente.

Manifiesta que la petición de aprovecharse de su propio dolo por parte de las recurrentes y así lesionar los legítimos derechos de los copropietarios del Edificio Pablo Neruda, es una conducta que además no lesiona su derecho de propiedad sino que, al contrario, es una conducta ilegitima que lesiona el de los demás miembros de la Comunidad que el mismo comité de administración y directiva está en la obligación de proteger y hacer efectivo, al privar a dicha Comunidad de los legítimos ingresos que las recurrentes deben irrogar.

Requiere tener por evacuado el informe y rechazar la acción constitucional de protección de acuerdo a los argumentos de hecho y de derecho esgrimidos, con costas.

Acompaña en sustento a sus alegaciones y defensas los siguientes documentos: 1.- Cartas de fechas 06 de abril de 2022, enviadas a las copropietarias: nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado; 2.- Acta de Asamblea Extraordinaria de fecha 02 de enero de 2020, reducida a escritura pública; 3.- Reglamento de Copropiedad del Conjunto Habitacional Condominio Valle La Cantera-Pablo Neruda, de fecha 02 de marzo de 2017, suscrito ante nombre reservado, Notario Público de la Cuarta Notaría de Coquimbo, número de repertorio 803-2017; 4.- Balance de fondos de diciembre de 2020 a diciembre de 2021; 5.- Balance de fondos de junio de 2020 a noviembre de 2020; 6.- Acta de Primera Asamblea Extraordinaria, reducida a escritura pública, de fecha 25 de enero del año 2018; 7.- Set de fotografías de grupo de whatsapp creado por el comité de administración para informar a los copropietarios de la Comunidad Pablo Neruda; 8.- Fotografías de actas de asambleas extraordinarias de fechas 27 de enero del año 2020, 12 de diciembre del año 2021 y 11 de julio del año 2022; 9. Fotografías de libros de registro de pago de gastos comunes, desde año 2017 hasta el año 2022, individualizados por torre, entre las que se encuentras con morosidad las recurrentes.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de rango constitucional y de naturaleza cautelar dirigida a amparar y dar efectividad a determinados derechos fundamentales, ello frente a los menoscabos, perturbaciones o amenazas que puedan experimentar en su legítimo ejercicio, como consecuencia de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias sea que provengan de la autoridad o de particulares. Son presupuestos de esta acción cautelar: a) la existencia de una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho fundamental de una persona y, c) que dicho derecho esté contemplado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República. Cumplidos los presupuestos antes singularizados, en ejercicio de sus facultades jurisdiccionales, los tribunales competentes pueden adoptar las medidas de resguardo o providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado, ello sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expuesto en la motivación precedente, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, la procedencia del recurso de protección está condicionada a la existencia de una acción u omisión desarrollada o en que incurre, según sea el caso, el sujeto pasivo de la misma, en este caso la Comunidad Edificio Pablo Neruda o más bien el comité de administración del mismo, representada por doña nombre reservado, siendo dicho elemento base el que permite proseguir con el análisis de las demás exigencias vinculadas a la ilegalidad o arbitrariedad y, cumplido ello, a la existencia de una relación causal entre dicho acto u omisión y la amenaza o perturbación de un derecho fundamental de aquellos amparados por la acción de protección. En el caso de autos, se sostiene que la acción desplegada consistiría en una amenaza de realizar cortes de agua y de luz a las recurrentes, ello como una especie de sanción derivada de diversos cuestionamientos y divergencias que existirían con doña nombre reservado en relación a la administración de la Comunidad Edificio Pablo Neruda y de los recursos económicos que correspondería recaudar conforme a la Ley N° 21.442, sobre Copropiedad Inmobiliaria. Sin embargo, dicho acto, conforme los antecedentes acompañados a estos autos, no aparece acreditado o determinado, dado que las recurrentes de protección no han acompañado antecedente alguno que permita deducir y concluir, aun por vía indiciaria, que los avisos de corte son más bien una especie de consecuencia adversa o sanción por las críticas referidas.

SEXTO: Que, adicionalmente, resulta necesario recordar que la antigua Ley N° 19.537, sobre Copropiedad Inmobiliaria, establecía en su artículo 5° inciso tercero: “El reglamento de copropiedad podrá autorizar al administrador para que, con el acuerdo del Comité de Administración, suspenda o requiera la suspensión del servicio eléctrico que se suministra a aquellas unidades cuyos propietarios se encuentren morosos en el pago de tres o más cuotas, continuas o discontinuas, de los gastos comunes”. Por su parte, el artículo 9° letra g) de la actual ley de Copropiedad Inmobiliaria -Ley N° 21.442- establece como una de las funciones del Administrador en: “Suspender o requerir la suspensión, según sea el caso, y con acuerdo del comité de administración, del servicio eléctrico, de telecomunicaciones o de calefacción que se suministra a aquellas unidades cuyos propietarios se encuentren morosos en el pago de tres o más cuotas, continuas o discontinuas, de los gastos comunes”. Por consiguiente, tanto bajo el antiguo estatuto jurídico de la copropiedad inmobiliaria como bajo la actual regulación, se prevé la posibilidad de suspender los servicios eléctricos de una unidad en el evento que el propietario del mismo no cancele los gastos comunes, ello bajo un determinado procedimiento que corresponde al descrito en las disposiciones citadas.

SÉPTIMO: Que, de lo anterior, se desprende que no existe, en el caso concreto, una actuación ilegal y/o arbitraria imputable a doña nombre reservado en su calidad de representante legal de la Comunidad Edificio Pablo Neruda.

Y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección, se declara que se rechaza el recurso de protección deducido por doña nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado y doña nombre reservado en contra de la Comunidad Edificio Pablo Neruda, representada por doña nombre reservado.

Redacción del abogado integrante, señor Enrique Labarca Cortés.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 5563-2022 Protección.