CONDOMINIO MARINA HORIZONTE III con DIRECCIÓN DEL TRABAJO

Condominio nombre reservado

Dirección del Trabajo de La Serena Recurso de protección Rol N°553-2026 La Serena, quince de abril de dos mil veintiséis.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, comparece don nombre reservado, chileno, cédula de identidad N°RUT reservado, en representación y favor del CONDOMINIO nombre reservado, Rut N°RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la DIRECCIÓN REGIONAL DEL TRABAJO DE LA SERENA, por actos ilegales y arbitrarios cometidos en un proceso de fiscalización y sanción con multa, sin conocimiento del Condominio, vulnerando las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 números 2, 3 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que el 29 de marzo de 2025 fue elegido administrador de la comunidad, pues el anterior administrador abandonó sus funciones y cesó el 11 de febrero de 2025 por renuncia, alega que éste retuvo el acceso al correo correo reservado, y no rindió cuenta de su gestión; por lo anterior, señala que se llevó a cabo un proceso de actualización y gestión administrativa para que la comunidad pudiera seguir funcionando, pues debían pagar las cuentas de luz y agua de las áreas comunes, las remuneraciones de los trabajadores, pago de proveedores, entre otras.

Refiere que en febrero de 2025 concurrieron ante la recurrida para actualizar el correo electrónico de la administración, y se les informó que aquello solo podía realizarlo el representante legal del condominio vía plataforma web, es decir, el administrador o quienes se encontrasen facultado mediante acta de asamblea. Aclara que entre el tiempo que el antiguo administrador renunció y en el que él asumiera la administración, esto es, del 11 de febrero al 29 de marzo de 2025, la recurrida no permitió actualización del correo electrónico por no contar con personería para representar al condominio, añade que, el condominio y comité de administración en aquel momento no tenían conocimiento de ningún proceso de fiscalización.

Indica que, el 9 de enero de 2026, al ingresar a la cuenta bancaria del condominio advierte un monto descontado de $10.077.700.-, pensó que se trataba de un fraude bancario por lo que al contactar a la ejecutiva del banco esta le explicó que era un embargo judicial decretado por la Tesorería General de la República, por lo que acudió ante aquella el 12 de enero de 2026, donde se enteró que el embargo tenía como origen una multa informada por la Dirección del Trabajo. Señala que, concurrió a la nombre reservado donde le informaron que la multa estaba bien cursada y no se le entregó copia del expediente por ser un proceso finalizado, así que solicitó la información vía Ley de Transparencia, fruto de lo cual se le remitió el expediente el 17 de febrero de 2026, logrando tener conocimiento de la multa cursada.

Comenta los vicios en el proceso de fiscalización y la falta de proporcionalidad. Primero señala que, la fiscalización era en modalidad semipresencial, y que, la visita al domicilio reservado de marzo de 2025, sin efectuar notificación, ni dejar citación, ni documentación que diera indicio de una fiscalización, incluso se dejó consignado que se entrevistó con un conserje que le indicó "no había representante en el lugar, por cuanto el señor nombre reservado, quien posee el cargo de administrador, no reside en el lugar y que, en su defecto, se encontraba quien es el mayordomo, quien es el denunciante", y en el libro del condominio consta lo siguiente: "Se deja en conocimiento que se presenta en la portería la Sra. nombre reservado del Trabajo Coquimbo, la cual pregunta por el administrador. Se le da el contacto y correo de la administración, Don nombre reservado" Hace presente que toda la documentación laboral de los trabajadores se encuentra materialmente en el condominio, precisamente con la finalidad que estuviese a disposición en caso de fiscalización por parte de cualquier organismo público. Alega que, en ese contexto, resulta injustificado que la fiscalizadora no procediera a la entrevista con el personal presente, optando por la vía remota a pesar de estar físicamente en el lugar, además se le proporcionaron los datos de nueva administración distinta de sus registros y aun así opto por hace caso omiso a esa información y no contactarse con representante de la comunidad.

Luego refiere que, el informe fundante de la fiscalización presenta inconsistencias en la modalidad de la misma, por una parte, se india que es semipresencial, pero por otra se indica que la fiscalización fue presencial, y, por último, el mismo informe señala que la fiscalización se pudo realizar de forma remota por contar con el correo electrónico del condominio, por lo que alega que, al no ser clara la modalidad de la fiscalización se afecta el principio de la bilateralidad y el derecho de defensa de la recurrente.

Finalmente indica que, el condominio fue multado en orden a no exhibir toda la documentación necesaria para efectuar labores de fiscalización, conforme a los artículos 31 y 32 del D.F.L. N°2 del Ministerio del Trabajo, pero arguye que la resolución carece de motivación, pues de su lectura no se logra visualizar cuales son las justificaciones que llevaron a aplicar la máxima sanción establecida por el ordenamiento jurídico, vulnerando asimismo el principio de proporcionalidad entre la conducta desplegada y la sanción.

Sobre la conculcación de las garantías del artículo 19 números 2 y 3 de la Carta Magna, refiere que se han vulnerado en razón que no ha sido respetado el principio de bilateralidad de la audiencia infringiendo así el debido proceso de carácter administrativo que debe contener todo proceso de fiscalización, en circunstancias que la Inspectora tomo conocimiento de medios de contacto y arbitrariamente decidió omitirlo para continuar remotamente. Y el derecho de propiedad refiere estar infringido, por un proceso de fiscalización que adolece de vicios, y un proceso administrativo del cual la comunidad no fue emplazada, y hoy la priva de utilizar dineros por la suma aproximadamente de $10.000.000.- Concluye solicitando se acoja el recurso de protección, y se deje sin efecto la multa impuesta, disponiendo la inmediata restitución al Condominio de la suma de $10.077.700.- (diez millones setenta y siete mil setecientos pesos), o la cifra efectivamente embargada, debiendo la recurrida realizar todas las gestiones ante la Tesorería General de la República para tal efecto. En subsidio de lo anterior, y para el evento de no estimarse la nulidad total, se proceda a rebajar la multa al mínimo legal o a la suma que esta Corte determine, atendida la falta de motivación en la cuantía y la ausencia de antecedentes que justifiquen la sanción máxima, y se condene en costas al recurrido.

SEGUNDO: Que, a folio 9 del expediente digital, comparece el abogado Mauricio Mundaca Villalobos, en representación de la recurrida nombre reservado Provincial del Trabajo de La Serena, solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Expone que, la fiscalización que dio origen a la Resolución de multa que por este acto se recurre se inició por denuncia presentada en la nombre reservado Provincial del Trabajo de Coquimbo el 5 de marzo de 2025, en la que se individualizó como empleador al Condominio, manifestando el denunciante que no le pagaban las remuneraciones en la oportunidad estipulada en el contrato de trabajo, y que, dicha situación se había corregido desde noviembre 2024 a enero 2025, pero en febrero del año 2025 volvieron a ser pagado fuera de plazo. Añade en la denuncia incumplimientos al contrato: a) rebaja unilateral en el pago de aguinaldo de fiestas patrias; y b) Señala incumplimiento al contrato debido a que dentro de sus obligaciones está el informar de anomalías al administrador y al comité de administración según clausula 5 puntos e) y f), pero el administrador le dio la instrucción de solamente informarle a él.

Señala que, la fiscalización se comisionó a la fiscalizadora doña nombre reservado, y que, el procedimiento utilizado fue el ordinario según el Manual de Procedimiento de Fiscalización 3.0 de la Dirección del Trabajo, de octubre de 2021, esto es en modalidad remota, sin embargo, ante la ausencia de respuesta del empleador cambió a modo semipresencial, es decir iniciada por correo electrónico y luego continuada en terreno. Señala que, se requirió a la empleadora documentación desde diciembre 2020 a febrero 2025, correspondiente a: Contratos de trabajo, anexos, comprobantes de pago de remuneraciones y planilla de pago de cotizaciones provisionales de la Mutual. Añade que, el 13 de marzo de 2025, mediante envío de notificación de inicio de procedimiento de fiscalización por correo electrónico, dirigido a la casilla de la empresa, según el registro del empleador ante la Dirección del Trabajo para notificaciones, citaciones y comunicaciones, y se solicita el envío de cierta documentación dentro de dos días hábiles a la recepción de la misiva electrónica. Lo anterior refiere que, se realizó considerando que tanto las materias a fiscalizar lo permitían, como que la empresa cuenta con registro de correo electrónico en la Dirección del Trabajo, es posible realizar la fiscalización de forma remota, pero indica que la empresa no dio respuesta.

Por lo expuesto, refiere que el 25 de marzo de 2025, se realiza la visita inspectiva a la dirección consignada en la denuncia, siendo entrevistado un guardia de seguridad, quien señala que, en el lugar no había un representante de la empresa, por cuanto el señor nombre reservado, quien posee el cargo de administrador, no reside en el lugar y que, en su defecto, se encontraba otro trabajador, quien resultó ser el denunciante. Señala que, no se pudo revisar la documentación solicitada pues el empleador no dio respuesta a la misiva electrónico del 13 de marzo, y tampoco había en el lugar de la visita un representante legal laboral del empleador en los términos descritos en el artículo 4 del Código del Trabajo.

Hace presente que, la recurrente en cumplimento del artículo 508 del Código del Trabajo, registró el 27 de septiembre de 2021 la dirección de correo electrónica correo reservado en los registros de la dirección del Trabajo, y era la cuenta de correo electrónico vigente a la época de la fiscalización y notificación de la multa. Por lo anterior concluye que, se le cursó sanción al empleador concluyendo el informe de fiscalización una infracción al D.F.L. N°2, de 1967, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, al no exhibir toda la documentación necesaria para efectuar las labores de fiscalización.

Señala que, como indica el procedimiento de fiscalización, se remitió el 9 de abril de 2025 un correo electrónico a la cuenta registrada por el empleador en la Dirección del Trabajo, notificándolo de la resolución de multa 8422/2025/26 ascendente a 26 ingresos mínimos mensuales, adjuntando los siguientes documentos: (a) Resolución de multa 8422/2026/26; (b) Formulario de reconsideración de multa y (c) declaración jurada MYPE.

Indica que dio cumplimiento de esta forma a lo dispuesto por el artículo 508 del Código del Trabajo, e informa que no cuenta con registros de recursos administrativos o extraordinario, ni reclamaciones judiciales en su contra.

Arguye que, el Servicio ha dado cumplimiento al debido proceso administrativo, sin afectar ninguna de las manifestaciones del mismo, en particular el principio de impugnabilidad de toda actuación administrativa, ya que, si la empresa recurrente no pudo ejercer los recursos pertinentes en su oportunidad, ha sido por su propia responsabilidad y no por una determinación ilegal y arbitraria de la nombre reservado Provincial del Trabajo de Coquimbo, y las consecuencias patrimoniales no le son reprochables, sino que constituyen una consecuencia legal de una notificación efectuada completamente conforme a Derecho.

Refiere que, el procedimiento se inició en modalidad remota en función de las materias denunciadas y del registro oficial de una cuenta de correo electrónica del empleador, sin embargo, al no tener respuesta del empleador se cambió de modalidad. El procedimiento semipresencial tal como está regulado, indica que debe continuarse con la fiscalización presencial, si no se consigue la respuesta vía correo electrónico a la cuenta registrada por la empresa. No es reprochable a la fiscalizadora, ni puede elevarse como vicio del procedimiento el que, ante la ausencia en la faena de un representante del empleador, se haya seguido utilizando los canales legales de comunicación con el empleador, y que, igualmente, no le son oponibles los diversos problemas internos de formalización de la representación legal del empleador. Indica que se cumplió con lo dispuesto por el artículo 508 del Código del Trabajo, en cuanto a la notificación por correo electrónico. Refiere que, dicho artículo habilita al organismo público a comunicarse, citar y notificar a un administrado, cuando el contacto personal no sea formalmente posible. Y en el plano inverso, la obligación de la administración, en este caso la Dirección del Trabajo, de usar únicamente dicho canal para comunicarse, citar y notificar al administrado.

Afirma que, la multa fue impuesta teniendo en consideración la gravedad de la infracción, y que el servicio ha actuado dentro de la competencia fiscalizadora y conforme a las atribuciones legales, por cuanto, la fiscalización que se pretendió realizar obedecía a una denuncia laboral. La nombre reservado Provincial del Trabajo de Coquimbo, actuando dentro de la esfera territorial, intentó dar cumplimiento al principio de bilateralidad por los medios legales, sin embargo, dada la falta de respuesta de la empresa, la fiscalización simplemente no se pudo concretar.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, el presente recurso se dirige en contra de la Dirección del Trabajo de la Serena, por no notificar al Condominio recurrente del inicio de un proceso de fiscalización en su contra, ni su posterior resolución, a pesar que la inspectora a cargo de la fiscalización contaba con los datos de contacto de la nueva administración, la cual se encontró impedida de acceder al correo electrónico de la comunidad, así como acreditar su personería y cambiar la dirección electrónica de la recurrente registrada en el Servicio, entre el 11 de febrero y 29 de marzo, ambas del 2025, todo lo cual señala haber infringido las garantías constitucionales de igualdad ante la ley, debido proceso y derecho a la propiedad.

A su turno la recurrida, señala haber dado cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 508 del Código del Trabajo, disponiendo la notificación vía correo electrónico, cuya dirección fue debidamente registrada por el representante de la recurrente en el año 2021, el cual a la fecha de la fiscalización se encontraba vigente.

SEXTO: Que, de la revisión de los antecedentes aportados, en especial la escritura pública de reducción de acta del condominio, se colige que el actual administrador del Condominio recurrente pudo acreditar su personería para representar a la comunidad a partir del 29 de marzo de 2025, sin contar esta con administrador desde el 11 de febrero de ese mismo año, y que, concurrió al Servicio en febrero para hacer presente la situación del condominio y su imposibilidad de acceder al correo electrónico registrado en la nombre reservado del Trabajo, y solicitó tener presente una nueva dirección de correo electrónico, lo cual le fue negado, por no contar con la acreditación debida, lo cual no es cuestionado por la recurrida, y que de forma clara expone un actuar arbitrario por parte del Servicio, pues debió informar al usuario otras formas para poder constar el proceso de cambio de administración en que se hallaba el condominio, o al menos derivarlo con la inspectora a cargo de la fiscalización, la cual a esa fecha se encontraba en curso, nada de lo cual hizo.

Se constata asimismo, que la inspectora concurrió a una visita presencial, donde le fue expuesto por un conserje que no se encontraba el administrador, y quien podía atenderla era el denunciante de la fiscalización, pero luego de aquella acción la inspectora no gestiona alguna otra visita, no deja citación ni se contacta con el nuevo administrador, lo que no cabe más que tildar de arbitrario, pues debió razonar que en la situación en que se encontraba el condominio podría preverse que no se haya recibido la notificación vía correo electrónico, y realizar alguna gestión para asegurar dar cumplimiento al debido proceso administrativo.

A lo anterior se suma, que la recurrida notificó sólo por correo electrónico a la recurrente de la decisión de sancionarla con multa, al cual no tenía acceso el administrador actual, por lo que malamente podría haber tomado conocimiento de la sanción impuesta, lo que ha vulnerado su derecho de defensa, dejándolo sin posibilidad de recurrir en contra de la multa impuesta.

SÉPTIMO: Que cabe tener presente que, que lo dispuesto por el artículo 508 del Código del Trabajo, debe ser aplicado siempre en respeto de las reglas de un debido proceso, consagradas en nuestro ordenamiento jurídico interno, tanto a nivel constitucional como legal, por lo anterior, esta Corte no puede más que advertir una vulneración al debido proceso, constitucionalmente consagrado, lo que ha afectado el derecho de defensa del recurrente, así como la igualdad ante la ley.

Que, nuestra Carta Fundamental establece una serie de disposiciones que, en su conjunto, configuran el principio-garantía del derecho a defensa jurídica, concebido como una igualdad y conectada, de ese modo, a las garantías de igualdad ante la ley y de debido justo y racional procedimiento, y lo hace en términos amplísimos, tanto sobre las materias en que se aplica como en lo que en él se comprende.

OCTAVO: Que, así las cosas, lo señalado en las consideraciones precedentes constituye un vicio que irremediablemente incide en la falta de procedimiento válido, pues el Condominio afectado fue multado por no aportar antecedentes para la fiscalización, sin tener posibilidad de dar cumplimiento a aquello por no haber sido notificados, y por tanto, se le negó una defensa adecuada, pues la recurrida no obstante haber sido informada del cambio de la administración del condominio, no tomó media alguna para otorgarle conocimiento a la nueva administración del procedimiento de fiscalización que se seguía en su contra y prefirió seguir adelante con esta, concluyendo con la aplicación de la multa impuesta.

A lo anterior se añade, que luego de transcurrido un año, se realiza el descuento de la multa de la cuenta bancaria de la recurrente, sin mediar ningún aviso previo, lo que la priva de su derecho de propiedad sobre su patrimonio basado en una multa impuesta en sede administrativa, cuyo procedimiento no respetó los principios de un debido proceso.

NOVENO: Que lo anteriormente razonado, implica además, que la recurrida con su actuar arbitrario, se ha erigido en una comisión especial, actuando al margen de la legalidad y vulnerando la garantía constitucional en su aspecto que se estatuye en el inciso 5 del número 3 del artículo 19 de la Carta Fundamental, en tanto prohíbe el establecimiento de una suerte de tribunales ad hoc, creados para juzgar un caso concreto o a una persona determinada, sin dar garantías de imparcialidad o de juez independiente, lo que resulta aplicable al acto recurrido en que no fue debidamente emplazada la empleadora del proceso de fiscalización en su contra, no siendo por tanto el procedimiento administrativo racional y justo.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por el CONDOMINIO nombre reservado, en contra de la DIRECCIÓN REGIONAL DEL TRABAJO DE LA SERENA, dejando sin efecto el procedimiento de fiscalización N°214, iniciada por denuncia del 5 de marzo de 2025, y su resolución de multa N°8822/25/26 de veintiséis de marzo de dos mil veinticinco, debiendo la recurrida gestionar lo pertinente para invalidar el cobro de la multa que lleva a cabo la Tesorería Regional, como la devolución del dinero a la cuenta corriente de la recurrente.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°553-2026 Protección