nombre reservado con CORPORACIÓN MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA

nombre reservado

Corporación Municipal Gabriel González Videla Recurso de protección Rol N°548-2025.- La Serena, quince de mayo dos mil veinticinco.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, comparece don Mario Andrés Figueroa Barraza, abogado, interponiendo recurso de protección en favor de doña nombre reservado, técnico en enfermería, en contra de la Corporación Municipal Gabriel González Videla, por el acto que estima arbitrario e ilegal, consistente en el no pago de sus remuneraciones a partir de febrero del presente año, alegando vulneración de sus garantías constitucionales previstas en los números 1, 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que su representada es funcionaria pública y se desempeña como técnico de nivel superior en enfermería en el CESFAM Doctor Emilio Schaffhauser de La Serena, manteniendo relación laboral vigente desde el 1 de enero de 2022 con carácter de indefinida; y que, en tal calidad, le rigen las normas sobre estatuto de salud primaria municipal (Ley N°19.378) y estatuto de funcionarios municipales (Ley N°18.883).

En este contexto, relata que el 30 de enero pasado fue detenida por personal de la Policía de Investigaciones en su domicilio, siendo posteriormente formalizada por fraude al fisco, en causa RIT 1835-2024 del Juzgado de Garantía de La Serena, donde, el 3 de febrero, queda sujeta a medidas cautelares de arresto domiciliario total y arraigo nacional.

Hace presente que, debido a estos hechos estuvo recluida unos días en el recinto penitenciario de Huachalalume, por lo que se vio afectada su integridad psíquica, siendo atendida por médico psiquiatra, quien le otorgó licencia médica desde el 5 de febrero y hasta la fecha, debiendo guardar reposo médico en su domicilio y con tratamiento farmacológico, y cumpliendo además medidas cautelares en su contra.

Sostiene que, la relación laboral de su representada se encuentra vigente, sin medidas cautelares disciplinarias, sumario administrativo o investigación sumaria que condicione la obligación del empleador de pagar sus remuneraciones, constatando que no le fueron pagadas en febrero, a pesar de tener licencias médicas aprobadas, tomando conocimiento el 13 de marzo del presente, a través de un correo electrónico que, en razón de encontrarse con una medida cautelar de arresto domiciliario total por todo el periodo de investigación, fijado en cien días, y conforme dictamen de Contraloría N°37.491 de 12 de junio de 2013, no puede percibir las remuneraciones correspondientes al periodo en que se encontraba privada de libertad, salvo que se dicte sentencia de sobreseimiento o absolución a su favor en la respectiva causa.

Por lo que alega que esta suspensión vulnera sus garantías constitucionales, en cuanto no existe resolución administrativa, decreto o acto formal que contenga la decisión de suspender o retener el pago, careciendo de fundamentos lo informado por correo electrónico, en cuanto desconoce la presunción de inocencia y se adelanta una sanción disciplinaria sin el debido proceso.

Junto con invocar el marco normativo que regula las corporaciones municipales, el que estima infringido, así como los principios que informan el procedimiento administrativo, alega infracción de su derecho a la integridad física y psíquica, igualdad ante la ley y propiedad, por lo que pide se acoja el presente recurso y se ordene a la recurrida el pago íntegro e inmediato de sus remuneraciones, devengadas en febrero y marzo de 2025 y las que sucesivamente se fueren devengando de manera mensual, con costas.

Acompaña a su recurso, y a folios 8 y 14: Contrato de trabajo de la recurrente nombre reservado con la recurrida de autos; Correo electrónico de 13 de marzo de 2025, de la Corporación Municipal Gabriel González Videla, donde se informa a la recurrente de la suspensión en el pago de sus remuneraciones; Licencias médicas de la recurrente, otorgadas el 5 de febrero, 18 de febrero, 4 de marzo, 20 de marzo y 4 de abril, todas de 2025; Captura de pantalla de la página web de Caja de Compensación Los Andes, de 5 de abril del presente, donde se informa el estado de aprobación de las licencias médicas de su representada; Acta de continuación de audiencia de control de detención, de 3 de febrero del presente, en causa RIT 1835-2024 del Juzgado de Garantía de La Serena, donde constan las medidas cautelares decretadas en contra de su representada; Dos recetas médicas del médico psiquiatra nombre reservado, ambas con fecha de emisión 5 de febrero de 2025; Receta médica del médico psiquiatra nombre reservado, de emisión 18 de febrero de 2025; Receta médica del médico psiquiatra nombre reservado, de emisión 4 de marzo de 2025; Licencia médica de 21 de abril de 2025; Receta médica extendida el 21 de abril de 2025, por el médico psiquiatra nombre reservado (Clonazepam); Receta médica extendida el 21 de abril de 2025, por el médico psiquiatra nombre reservado (Venlafaxina y zopiclona); Captura de pantalla de estado de licencias médicas de Caja de Compensación Los Andes de 27 de abril del presente; Resolución N°180 de 11 de noviembre de 2024, de la Corporación Municipal Gabriel González Videla, que se pronuncia sobre sumario administrativo instruido en su contra, en la que es sobreseída; y Licencia médica otorgada el 5 de mayo de 2025.

SEGUNDO: Que, el informe requerido a la recurrida fue evacuado por David Eduardo Oyanadel Leiva, abogado de la Corporación Municipal Gabriel González Videla, quien pide el rechazo de la acción, con costas.

Alega la improcedencia del recurso, en cuanto no es la vía procesal pertinente para la discusión del asunto y que no existe ilegalidad ni arbitrariedad en el proceder de la Corporación Municipal, debiendo la materia ventilarse ante la Contraloría General de la República, conforme lo previsto en el artículo 156 del Estatuto Administrativo, o los organismos con competencia laboral.

Descarta, asimismo, la inexistencia de un actuar ilegal o arbitrario, dando cuenta de que, con ocasión de una denuncia, por emisión de boletas de honorarios por servicios que nunca fueron prestados, por un monto total defraudado según informe final N°809/2023 de la Contraloría General de la República por $761.042.862.- durante los años 2020 y 2021, por lo que, la Corporación Municipal presentó el 9 de febrero de 2022 una querella por los delitos de fraude causa RIT O-456-2022 del Juzgado de Garantía de La Serena, indica que actualmente el proceso penal indicado precedentemente fue acumulado a la causa RIT O-1835-2024 del mismo juzgado, donde se decretó la detención de los imputados, entre ellos la recurrente, por ser una de las emisoras de las boletas de honorarios irregulares, encontrándose actualmente el procedimiento en etapa de investigación.

Sostiene ser efectivo que la recurrente estuvo impedida de asistir a su lugar de trabajo desde el 30 de enero de 2025 hasta el día de hoy, por orden judicial decretada en la causa RIT O-1835-2024 del Juzgado de Garantía de La Serena, y que, si bien la Corporación Municipal no puede poner término a la relación laboral por dicho motivo, está facultada para no pagar la remuneración de la funcionaria que no se presenta a trabajar en tal circunstancia.

Arguye ser un criterio asentado en los pronunciamientos de la Contraloría General de la República, conforme los cuales “el principio general que rige en materia de remuneraciones, establece que los funcionarios públicos tienen derecho a la remuneración sólo en cuanto cumplen con su obligación correlativa, es decir, la realización efectiva de las labores que se les han encomendado, salvo la ocurrencia de una causa legal expresa que admita dicho pago no obstante el incumplimiento de la referida obligación”.

Destaca, asimismo, el especial recelo en la eficiente administración de fondos públicos como prioridad para el nuevo equipo ejecutivo de la Corporación Municipal Gabriel González Videla, y que la recurrente, pese a estar involucrada en un grave fraude en contra de su empleador, sigue estando vinculada contractualmente a la Corporación, pese a que no puede prestar los servicios para los que fue contratada, por orden judicial.

Respecto a la circunstancia de habérsele otorgado licencias médicas, arguye que este hecho es posterior a la detención y resolución que decreta la medida cautelar de arresto domiciliario total, siendo un antecedente sobreviniente y estéril, por cuanto el fundamento primitivo de la ausencia de la actora en el cumplimiento de sus labores no es el reposo médico prescrito, sino la orden judicial que afecta su libertad personal, más cuando los dineros pagados por tal efecto serán restituidos de ser absuelta de responsabilidad penal o declararse sobreseimiento a su respecto y que, de declararse la responsabilidad penal de la actora, se puede entender que no deba recibir remuneración, porque, en definitiva, por un hecho voluntario e imputable a la recurrente, de manifiesta falta de probidad administrativa, habría privado a la dotación de la atención primara de salud de su CESFAM de un funcionario, cuyo reemplazo implica el aumento de los gastos para su empleador y el sistema público de salud.

Finalmente, destaca que por Resolución 35, de 7 de abril de 2022, emitida por el Secretario General de la Corporación Municipal Gabriel González Videla, se instruyó la realización de un sumario administrativo para determinar su responsabilidad en los hechos que actualmente son conocidos por el Juzgado de Garantía de La Serena, determinándose, por la Resolución 142 de 21 de noviembre de 2022, se aprobó la vista fiscal y se logró acreditar que nombre reservado participó en la elaboración y cobro de 26 boletas ideológicamente falsas y se aplica como sanción suspensión del empleo por dos meses, con goce de un 50% de sus remuneraciones y sin poder hacer uso de los derechos y prerrogativas inherentes a su cargo.

Debido a lo expuesto, alega la inexistencia de vulneración de derechos fundamentales, en cuanto se hizo legítimo ejercicio de una facultad ajustada a derecho y debidamente fundamentada, sin que la Corporación Municipal haya podido generar afectación en el derecho de propiedad de la recurrente, su derecho a la igualdad ante la ley, o a su integridad psíquica.

Concluye solicitando el rechazo del recurso con condena en costas.

Acompaña a su informe: Registro de licencias médicas que mantiene la Corporación Municipal Gabriel González Videla, de la funcionaria nombre reservado; Resolución N°142, de fecha 21 de noviembre de 2022, emitida por el Secretario General de la Corporación Municipal Gabriel González Videla; Correo electrónico de 07 de febrero de 2025, enviado por doña nombre reservado, Directora (S) del Departamento Jurídico de la Corporación Municipal, dirigido a doña nombre reservado, Directora del Departamento de Planificación y Desarrollo Institucional de la Corporación; Correo electrónico de 13 de marzo de 2025, enviado por doña nombre reservado, Directora (S) del Departamento Jurídico de la Corporación Municipal, dirigido a doña nombre reservado; Resolución de 27 de enero de 2025, dictada por el Juzgado de Garantía de La Serena en causa RIT O-1835-2024; Acta de continuación de audiencia de control de detención, de 3 de febrero de 2025, dictada por el Juzgado de Garantía de La Serena en causa RIT O-1835-2024; Ampliación de querella presentada por la querellante, Corporación Municipal Gabriel González Videla, en causa RIT O-456-2022 del Juzgado de Garantía de La Serena, agregada a expediente con fecha 28 de abril de 2022.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, el objeto de la presente acción cautelar consiste en reclamar como ilegal y arbitrario el no pago de las remuneraciones de la recurrente a partir de febrero del presente año, sin perjuicio que se encuentra con reposo laboral por licencias médicas hasta el día de hoy, y sin medidas disciplinarias vigentes, lo cual alega vulnera sus garantías constitucionales previstas en los números 1, 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Que, a su turno, la recurrida alega la improcedencia del recurso al no detentar un derecho indubitado la actora, y ser procedente su reclamo ya sea ante la Contraloría General de la República, o en su defecto ante la Dirección del Trabajo o el juzgado con competencia laboral respectivo; además indica, que el no pago de sus remuneraciones dice relación con el proceso penal que actualmente se ventila en su contra, existiendo dictámenes de la Contraloría General de la República que prohíbe el pago de las remuneraciones de un funcionario en aquella situación, hasta que no sea resuelta su situación judicial.

SEXTO: Que, resulta del todo pertinente, para dilucidar el asunto controvertido que se ha sometido a la decisión de esta Corte, establecer el régimen jurídico que gobierna la existencia, atribuciones y ejercicio de sus funciones de las Corporaciones Municipales, como lo es la Corporación Municipal Gabriel González Videla, contra quien se ha dirigido esta acción constitucional.

Al efecto, cabe señalar que las corporaciones municipales, constituidas a partir de 1981, se rigen esencialmente por el Decreto con Fuerza de Ley 1-3.063 de 1980 del Ministerio del Interior; por el Decreto con Fuerza de Ley N°1 de 2006 que contiene la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, por el Título XXXIII del Libro Primero del Código Civil, por el Reglamento sobre Concesión de Personalidad Jurídica de Corporaciones y Fundaciones, establecido en el Decreto Supremo Nº110 de 1979 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, sus estatutos y reglamentos.

Que, resumidamente, conforme al marco jurídico antes señalado, se puede afirmar que las corporaciones municipales son entidades de derecho privado creadas por las municipalidades para administrar servicios y ejecutar proyectos, generalmente en áreas como educación, salud y atención a grupos vulnerables. En resumen, las corporaciones municipales son una herramienta legal para que las municipalidades puedan:

Administrar servicios públicos, Ejecutar proyectos de desarrollo local, Recaudar fondos para financiar sus actividades.

Que, en consecuencia, se puede afirmar que, sin perjuicio de su naturaleza jurídica de derecho privado, conforme a la ley les corresponde el ejercicio y desempeño de funciones públicas realizadas en apoyo de la gestión municipal y, por tanto, le resultan aplicables todas las normas que conforman el marco jurídico del ejercicio de la función pública.

Que así lo ha declarado la Contraloría General de la República mediante Dictamen N°E160316 / 2021 de 29 de noviembre de 2021, cuando señala que “Desde la perspectiva funcional y en concordancia con lo latamente expresado, las corporaciones municipales son instituciones que, aunque formadas bajo el Derecho Privado, han sido creadas por el Estado para la satisfacción de necesidades de la comunidad, para cuyo efecto les han sido atribuidas potestades públicas, siendo financiadas a través de recursos públicos.

En suma, se trata de entidades que pueden enmarcarse en el concepto de órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa, a los que se refiere el inciso primero del artículo 2° de la mencionada ley N°19.880, por lo que, en dicha condición, y a la luz de las consideraciones planteadas en el presente dictamen, resulta aplicable ese cuerpo legal a los procedimientos desarrollados por aquellas.”

SÉPTIMO: Que, como consecuencia de lo antes dicho, recae sobre la función pública ejercida por las Corporaciones Municipales el deber de ajustar su quehacer de modo irrestricto a todos los principios que gobiernan el ejercicio de la función pública y que se desprenden de la legislación que la rige, especialmente las normas contenidas, entre otras, en la ley 19.880. Uno de tales deberes consiste en la motivación y fundamentación de los actos administrativos, de acuerdo con una serie de estándares que materializan de manera concreta el mandato del artículo 8° de la Constitución y los artículos 11, inciso 2° y 41° inciso 4° de la Ley de Bases del Procedimiento Administrativo N°19.880.

Que, conforme a lo que se viene señalando, la Excma. Corte Suprema, en los últimos años, ha ido desarrollando una jurisprudencia consistente y uniforme en materia de motivación del acto administrativo, consagrando una serie de estándares que materializan de manera concreta el mandato del artículo 8° de la Constitución y los artículos 11, inciso 2° y 41° inciso 4° de la Ley de Bases del Procedimiento Administrativo. Es así como, ha sostenido que la motivación del acto administrativo es un elemento esencial del mismo. Así, se trata de “un requisito indispensable que debe encontrarse siempre presente” (Rol N°27.467-2014); “revestido de mérito suficiente” (Rol N°58.971-2016) y si el acto aparece “desmotivado” o con “razones justificativas vagas, imprecisas y que no se avienen al caso concreto”, carece de un elemento esencial (Rol N°27.467-2014). Asimismo, sostuvo que la motivación sobre la base de fundamentos “meramente formales” implica arbitrariedad e ilegalidad (Rol N°27.467-2014). Finalmente, destacaba que la motivación del acto administrativo obliga a toda autoridad administrativa a “fundarlo debidamente en todos los antecedentes y circunstancias que el caso exige” (Rol N°58.971-2016).

Sostiene el Máximo Tribunal en autos Rol N°3598-2017, que la motivación del acto administrativo, por mandato de los principios constitucionales y legales de publicidad y transparencia, implica la exposición clara y concreta de los motivos del acto administrativo (considerando 9°). Enseguida, manifiesta que la motivación del acto administrativo, entendido como una “resolución fundada”, implica un examen riguroso de las razones que motivan el mismo; lo que lleva, en consecuencia, siempre a “analizar concretamente las razones esgrimidas por la Administración” (considerando 12°). Finalmente, señala que la motivación debe incluir una relación circunstanciada de los fundamentos de la decisión, indispensables para evaluar su razonabilidad y proporcionalidad.

En efecto, para la Corte Suprema el control de razonabilidad de la decisión importa “que el acto administrativo en que se funda debe basarse en motivos que deben explicitarse (más allá de una mera cita de normas y hechos) mediante una relación circunstanciada de los fundamentos de la decisión de manera que se acredite la racionalidad intrínseca, es decir, coherencia con los hechos determinantes y con el fin público que ha de perseguirse” (considerando 7°).

Que, en síntesis, se puede concluir que los actos de la administración deben cumplir con los estándares mínimos de fundamentación y motivación, de lo contrario devienen en ilegales y arbitrarios.

OCTAVO: Que, en el presente caso, se reclama de la Corporación Municipal Gabriel González Videla, como acto ilegal y arbitrario, el no pago de las remuneraciones de la recurrente a partir de febrero del presente año, sin perjuicio que se encuentra con reposo laboral por licencias médicas hasta el día de hoy, y sin medidas disciplinarias vigentes, lo cual, alega, vulnera sus garantías constitucionales previstas en los números 1, 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Que, además, dicha decisión no se ha plasmado en acto administrativo alguno, en ninguna resolución o decreto y que la recurrente ha tomado conocimiento de esta a través de un correo electrónico que le fue remitido con fecha 13 de marzo pasado, hecho no controvertido por la recurrida, por el que se le comunica la suspensión del pago de sus remuneraciones a contar del mes de febrero de este año y que se encuentra acompañado como documento de la causa.

Que resulta palmario que en este caso ni siquiera se puede hablar de un acto administrativo infundado, ya que la decisión de suspender el pago de sus remuneraciones a la recurrente, no siendo discutida la existencia de la relación laboral que la une, aún en la actualidad, con la Corporación recurrida y cuyos fundamentos fueron expuestos sólo en el informe requerido y luego en estrados, fue comunicada a la recurrente mediante un correo electrónico el que no cumple con ninguno de los requisitos que la ley exige a los actos de la administración, mucho menos el de fundamentación, por lo que deviene, como lo ha señalado el Máximo Tribunal, en un acto ilegal y arbitrario que, de manera evidente, constituye una vulneración flagrante a los derechos constitucionales fundamentales de la recurrente. Que, por lo mismo, esta Corte si tiene competencia para conocer de estos hechos y, habiéndose comprobado la ilegalidad y arbitrariedad con que ha actuado la Corporación recurrida vulnerando derechos esenciales, también la tiene para acoger la presente acción de protección adoptando las medidas urgentes que el caso requiere para restaurar el imperio del derecho, en los términos en que se dirá en lo resolutivo de esta sentencia.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto a favor de nombre reservado, en contra de la Corporación Municipal Gabriel González Videla, ordenándose a la recurrida proceder al pago íntegro e inmediato de las remuneraciones a que la recurrente tenga derecho, devengadas en febrero y marzo de 2025 y las que sucesivamente se fueren devengando de manera mensual.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°548-2025 (Protección).