nombre reservado con JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES REGION DE COQUIMBO

nombre reservado

Junta Nacional de Jardines Infantiles Región de Coquimbo Recurso de protección Rol N°547-2026 La Serena, veinticuatro de abril de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece el 19 de marzo de 2026, el abogado don Sergio Urra Pizarro, en representación de nombre reservado, chilena, casada, educadora de párvulos, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, deduciendo acción de protección en contra de la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES REGIÓN DE COQUIMBO, representada por su director nombre reservado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado,ambos domiciliados en domicilio reservado, por el acto arbitrio e ilegal consistente en dictar la Resolución N°015 de 5 de enero de 2026, la cual asignó a la recurrente a contar del 1 de enero de 2026 al Jardín Infantil Vista Hermosa, lo cual señala vulnerar las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 números 1, 2, 3 inciso 8 y 16 de la Constitución Política de la República.

Expone que, doña nombre reservado trabaja hace aproximadamente 17 años en JUNJI, su grado es 17 y se encuentra en lista de calificación 2, buena, y trabajaba en la unidad jurídica de JUNJI “La Academia”. Añade que en marzo de 2025 se instruyó sumario a su respecto por hechos denunciados relativos a violencia en el trabajo, acoso laboral y/o sexual, mientras subrogaba a la directora del referido establecimiento, siendo suspendida de sus funciones el 21 de marzo de 2025 como medida preventiva, sumario que a la fecha de interposición del recurso no se encuentra ejecutoriado, incumpliéndose los plazos de este tipo de denuncias, y vulnerando los derechos consagrados en los numerales 1, 2 y 16 de la Carta Magna. Añade que debido a la dilación en el sumario se interpuso denuncia ante la Contraloría General de la República, ordenando por resolución de 22 de julio de 2025 que la recurrida deberá adoptar las medidas necesarias para agilizar el referido proceso, siendo cambiada la fiscal del caso en octubre de 2025, quien formuló cargos a su respecto en noviembre de 2025, posteriormente, en diciembre de 2025 la medida preventiva se modificó por la destinación transitoria al jardín infantil Vista Hermosa, luego, en marzo del año en curso se determinó, como consecuencia del sumario, aplicarle la medida de censura, medida que fue recurrida por la actora.

Añade que la denunciante producto del sumario ya no pertenece a la unidad educativa La Academia.

Señala que la resolución que por este recurso impugna le fue notificada a la recurrente el 13 de marzo de 2026, y que responde a una represalia de la recurrida debido al citado sumario administrativo y los constantes reclamos que presentó ante JUNI y Contraloría por la dilación del mismo, resolución que resulta arbitraria e ilegal al cambiar su status sin una motivación del acto administrativo, pues se refirió que el cambio obedecía a la falta de personal en la unidad donde fue destinada.

Por lo cual, solicita se determine que la Resolución N°015 de 05 de enero de 2026 emanada de la JUNJI es arbitraria e ilegal y se ordene el retorno a sus laborales en la unidad educativa La Academia, con costas.

Acompaña a su recurso: 1. Resolución emanada de JUNJI N°015 de 5 de enero de 2026; 2. Correos de 12, 13 de marzo de 2026 entre la Recurrente y Recurrida; 3. Expediente en Sumario Administrativo JUNJI N°015/070; 4. Formulación de Descargos y medios probatorios en Sumario Administrativo N°015/70; 5. Resolución de Censura de 09 de marzo de 2026 respecto de Sumario Administrativo N°015/70; 6. Resolución de 22 de julio de 2025, REF.: N° E59271/2025 de la Contraloría General de La República; y 7. Cadena de Correos enviadas por la Recurrente a la Recurrida de distintas fechas, 13 de abril; 05, 23, 26 de mayo; 09 de junio; 04 de agosto; 07 de noviembre todos de 2025.

SEGUNDO: Que, a folio 8, el 14 de abril de 2026, comparece Maria Valeria Cortes Godoy, abogada, en representación de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, informando el recurso, solicitando el rechazo del mismo, con costas.

En primer término, indica que es improcedente la acción de protección, toda vez que busca obtener un sentencia declaratoria y medidas propias de otro tipo de procedimiento, como lo es una reclamación ante Contraloría General de la República o ante los Tribunales de competencia laboral.

Señala que la recurrente pretende es mantener su actual destinación dentro de la estructura institucional, circunstancia que no constituye un derecho adquirido, sino una mera expectativa, siempre subordinadas a las necesidades del servicio, a la organización interna y a las potestades propias de la autoridad administrativa.

Indica, además, que existe un procedimiento para cuestionar la legalidad de la Resolución en que se funda el recurso, ello mediante el recurso administrativo, citando la Ley N°18.834, estatuto administrativo, no constituyendo la vía de protección una instancia de revisión del mérito de las decisiones administrativas.

Prosigue señalando que no existe actuación ilegal o arbitraria, pues la decisión de asignar a la funcionaria al Jardin Infantil de Vista Hermosa se basa en la Ley N°18.834.

Agrega que mediante Resolución Exenta N°015/098 de 9 de marzo de 2026, notificada a la recurrente el 13 de marzo de 2026, se aprueba el sumario administrativo y se aplica medida disciplinaria de censura, asimismo, con dicha notificación, la medida adoptada de resguardo quedaba sin efecto, por lo cual, las actuaciones posteriores a la tramitación del sumario nada dicen relación con decisiones que puede adoptar el servicio. Al efecto, señala que la superioridad decide discrecionalmente como distribuir y ubicar al personal de su dependencia, atendidas las necesidades de la institución.

En cuanto a la arbitrariedad alegada, indica que la decisión se adopta con el fin de asegurar la continuidad del servicio educativo en el Jardin Infantil Vista Hermosa, considerando criterios institucionales de distribución y de cobertura de personal para el desarrollo de las funciones. En efecto, el referido jardín infantil requiere dar cumplimiento a la proporción adulto-niño exigida por la normativa, asegurar la conducción pedagógica y fortalecer la gestión educativa. Por lo que el hecho de no compartir la recurrente la decisión de la Administración no deriva el acto en ilegal ni carente de motivación, correspondiendo la decisión a una providencia de buena administración.

Agrega que no se visualiza perjuicio al encontrarse ambos establecimientos a prácticamente la misma distancia del domicilio de la recurrente.

Concluye indicando que no se visualiza vulneración de las garantías fundamentales alegadas, respondiendo la destinación a las necesidades del jardín infantil, fue ordenada por autoridad competente y el lugar de destinación se encuentra dentro de la misma comuna donde reside y ejercía sus funciones la recurrente.

Acompaña a su informe: 1. Resolución TRA N°110835/174/2016 que designa contrata en la funcionaria doña nombre reservado; 2. Resolución Exenta N°015/001 de 5 de enero de 2026 que Asigna funciones a personas que indica; 3. Resolución Exenta N°015/098, de 9 de marzo de 2026 que aprueba sumario administrativo y dispone medida disciplinaria; y 4. Informe técnico de la Subdirección de Calidad Educativa.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, en aras de resolver la controversia, es necesario traer a colación lo dispuesto artículo 31 de la referida ley N°18.575 previene que a los jefes de servicio les corresponderá, entre otras funciones, dirigir, organizar y administrar el correspondiente servicio; controlarlo y velar por el cumplimiento de sus objetivos y responder de su gestión. Luego, el artículo 73 de la Ley N 18.834 establece que: Los funcionarios sólo podrán ser destinados a desempeñar funciones propias del cargo para el que han sido designados dentro de la institución correspondiente. Las destinaciones deberán ser ordenadas por el jefe superior de la respectiva institución. La destinación implica prestar servicios en cualquiera localidad, en un empleo de la misma institución y jerarquía.

En ese mismo orden, la Contraloría General de la República ha sostenido en su dictamen N399/2016, que: es atribución privativa del Jefe de Servicio ordenar las destinaciones del personal de su dependencia, correspondiéndole decidir discrecionalmente cómo distribuir y ubicar a los empleados, según lo requieran las necesidades de la repartición que dirige.

Lo anterior, denota que, por razones de buen servicio, la institución está facultada para trasladar a sus funcionarios a las distintas unidades que requiera, atribución que no puede verse limitada por la conveniencia de quienes son destinados, pues en su ejercicio debe primar el interés público por sobre el particular del servidor, toda vez que, el objetivo perseguido por esta medida es optimizar las tareas asignadas por la Constitución Política de la República y las leyes a la Institución.

SEXTO: Que, en relación con el análisis formal de la resolución objeto de la presente acción, se puede advertir que emanan de la autoridad competente, actuando dentro de sus facultades y de las competencias atribuidas por la Ley N°18.834 sobre Estatuto Administrativo, estando en ese sentido fundada la decisión de destinación de la funcionaria.

En cuanto a la resolución que se recurre es fruto de una represalia en contra de la recurrente, no se han aportado antecedentes que acrediten aquello, máxime cuando la medida preventiva tomada en el sumario administrativa ya fue dejada sin efecto, y la resolución que se reprocha nace de una necesidad de buen servicio de la recurrida. Por lo que las alegaciones de la recurrente no son suficientes para tornar en ilegal o arbitraria la decisión de destinación a otra unidad adoptada por la recurrida.

SÉPTIMO: Que, por consiguiente, se desprende la legalidad de la actuación de la parte recurrida, puesto que lo resuelto cumple con los presupuestos legales. En consecuencia, no existe una vulneración de los derechos fundamentales de la recurrente, razón por la cual el recurso debe ser rechazado.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra de la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES REGIÓN DE COQUIMBO.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°547-2026 (Protección).