nombre reservado con MINISTERIO DELE INTERIOR

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Subsecretaría del Interior y otro Recurso de protección Rol N°546-2026.- La Serena, seis de abril de dos mil veintiséis.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que comparece Junior Daza Vargas, abogado, en favor de nombre reservado, deduciendo recurso de protección en contra de la Subsecretaría del Interior y del Servicio Nacional de Migraciones, señalando como acto ilegal y arbitrario el rechazo de la solicitud de regularización extraordinaria, confirmado a propósito de la desestimación del recurso de reposición incoado a su respecto, lo que representa una vulneración del derecho de igualdad ante la ley.

Sostiene que la recurrente ingresó al país en el mes de agosto de 2020 y que solicitó su regularización extraordinaria el 13 de febrero de 2024, la que fue rechazada, arguyendo la autoridad administrativa razones genéricas.

Acota que en contra de tal pronunciamiento interpuso recurso de reposición, el que fue desestimado, haciendo presente que el recurrido no ponderó adecuadamente su situación, desde que no consideró que cuenta con más de cinco años de permanencia en el territorio nacional, período durante el cual ha desarrollado una profunda integración social, familiar y laboral, contando con un trabajo formal de carácter indefinido y manteniendo una conducta irreprochable, al no registrar antecedentes penales en Chile ni en su país de origen. Por tales motivos, culmina solicitando se ordene a los recurridos emitir un nuevo pronunciamiento debidamente fundado, dentro del plazo que esta Corte determine, en el cual se ponderen efectivamente las circunstancias personales, sociales, familiares y laborales de la recurrente, así como la existencia de una sentencia judicial firme que dejó sin efecto la orden de expulsión previamente dictada en su contra, o bien, derechamente se acoja la solicitud de regularización extraordinaria presentada, adoptando además todas las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho, con costas.

Acompaña a su recurso instrumentos para acreditar sus asertos.

SEGUNDO: Que comparece el Servicio Nacional de Migraciones, evacuando el informe requerido. Señala, en lo que interesa al recurso, que a la autoridad a la que le corresponde informar sobre el fondo es a la Subsecretaría del Interior, dado que la actuación impugnada en la acción de protección corresponde a dicha repartición, en tanto fue aquella quien pronunció la decisión reprochada.

Acompaña a su informe la Resolución Exenta N°29259, de 9 de agosto de 2024, de la Subsecretaría del Interior TERCERO: Que comparece la Subsecretaría del Interior, solicitando el rechazo de la acción intentada, con costas.

En primer lugar, reseña antecedentes de derecho sobre la solicitud impetrada, señalando en síntesis, que la normativa actual contempla dos tipos de regularizaciones migratorias: una de carácter general, cuyos criterios y procedimientos son dispuestos por el Subsecretario del Interior, pero ejecutados por el Servicio Nacional de Migraciones; y otra de carácter excepcional, de aplicación particular, para casos calificados o motivos humanitarios, sujeta a un procedimiento desformalizado que resuelve el Subsecretario ya referido.

Refiere que la acción de protección no es la vía idónea para resolver una controversia como la de la especie, pues no es la instancia para declarar nuevos derechos ni tutelar meras expectativas, como ocurre en el caso de solicitudes de regularización de la condición migratoria de una persona extranjera. Además, se pretende cuestionar aspectos del ejercicio de atribuciones la autoridad, lo que evidentemente escapa al sentido y alcance propio de este remedio judicial.

Argumenta que ponderó debidamente los antecedentes aportados por la recurrente, en virtud de lo cual consideró que, a su respecto, no se configura un caso excepcional, calificado ni humanitario, indicándose expresamente aquello en la parte considerativa de la Resolución Exenta N°29259, de 9 de agosto de 2024. Lo anterior, por cuanto la parte recurrente fundamenta su solicitud de regularización migratoria en situaciones fácticas de carácter genérico que no logran configurar una afectación en concreto lo suficientemente especial como para justificar su ingreso al país por un paso no habilitado para tales efectos y, además, que se regularice su condición migratoria y se le otorgue un permiso de residencia temporal excepcional, a pesar de haber vulnerado el ordenamiento jurídico nacional por voluntad propia.

Finaliza haciendo presente que en vista de que el caso presentado no era susceptible de una consideración especial, no correspondía acogerlo en base a facultades de excepcional aplicación, dada la importancia de restringir suficientemente el uso de dichas facultades, por cuanto se trata de formas anómalas de funcionamiento en materia de otorgamiento de permisos de residencia a personas extranjeras, quienes deben cumplir una serie de requisitos normativos previos.

CUARTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

QUINTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1 del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

SEXTO: Que por la presente acción constitucional se recurre en contra del Servicio Nacional de Migraciones y de la Subsecretaría del Interior, por el rechazo de la solicitud de regularización extraordinaria, lo cual la actora califica de ilegal y arbitrario, señalando que vulnera la garantía fundamental contemplada en el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

SÉPTIMO: Que para la resolución del asunto, resulta oportuno tener presente que es una atribución indelegable de la Subsecretaría del Interior, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 155 N°9 de la Ley N°21.325, disponer, en casos excepcionales, el otorgamiento de permisos de residencia temporal a extranjeros que se encuentren en el territorio nacional, en casos calificados o por motivos humanitarios, con independencia de la condición migratoria del beneficiario.

OCTAVO: Que en cuanto al recurrido Servicio Nacional de Migraciones, teniendo especialmente presente el tenor de lo informado y lo estatuido en la disposición citada en el basamento precedente, cabe concluir que por parte de aquél no existe acto ilegal ni arbitrario alguno, por cuanto el acto impugnado fue dictado por una autoridad distinta, lo que trae como consecuencia el rechazo del recurso interpuesto a su respecto conforme se dirá en lo resolutivo del fallo.

NOVENO: Que en relación con la Subsecretaría del Interior, como primera cuestión, cabe aseverar que esta Corte no vislumbra ilegalidad en el acto impugnado por esta vía, desde que la resolución ha sido adoptada por el órgano competente en el ejercicio de las facultades que la legislación de la materia le otorga y bajo supuesto legal, conforme lo ha resuelto la Excelentísima Corte Suprema en la causa Rol N°49.163-2025, motivo suficiente para rechazar el arbitrio incoado.

Seguidamente, no se comparte la posición de la parte recurrente en orden a que la decisión sería arbitraria, en tanto según se colige de su texto aparece dotada de suficientes argumentos, por cierto acordes a la ley, en particular, considerando que la recurrente se encuentra irregular en lo que respecta a su residencia y que no invoca motivos calificados o humanitarios graves en su solicitud. Así las cosas, sólo cabe concluir que no se ha allegado información que permita desvirtuar la determinación adoptada por la autoridad administrativa tanto en el acto administrativo originario, como en aquel que resuelve la reposición impetrada, motivos que conducen al rechazo del recurso conforme se indicó.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra de la Subsecretaría del Interior y del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°546-2026 Protección.