nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

nombre reservado, nombre reservado

Superintendencia de Seguridad Social Recurso de Protección Rol N° 5450-2022.- La Serena, once de octubre de dos mil veintidós.-.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

1° Que, se interpone acción constitucional de protección en favor de don nombre reservado, cédula nacional de identidad N.º RUT reservado, empleado, domiciliado en domicilio reservado, Compañía Alta, comuna de La Serena, y en contra de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), persona jurídica de derecho público, representada por don nombre reservado, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, por haber dictado con fecha 26 de junio de 2022, la Resolución Exenta N° R-01-UME-82822-2022, que se pronunció respecto del reclamo deducido en contra del Instituto de Seguridad del Trabajo, quién calificó como de origen común la patología presentada por el recurrente, por lo que, en definitiva, no procede otorgar cobertura del Seguro Social de la Ley N°16.744.

Indica que desde hace 4 años trabaja como jardinero para la empresa Construcciones y Servicios Siglo Verde S.A., a cargo del aseo, manutención y ornato de aproximadamente 20 plazas y espacios públicos de la comuna de La Serena, cumpliendo jornadas de 45 horas semanales, distribuidas de lunes a sábado. Además, el recurrente debía reemplazar y cubrir el trabajo de otros compañeros que faltaban a cumplir con sus labores.

Sostiene que todo este esfuerzo físico, como la repetición de sus movimientos durante estos últimos 4 años, sin que su empleador tomara medidas de protección a la salud de sus trabajadores, repercutió en su salud recurrente, y a fines de mayo de 2021 comenzó a presentar un fuerte dolor en su hombro derecho que se fue agudizando con el transcurso del tiempo, al punto de volverse insostenible e incapacitante. Antes de este trabajo, el recurrente no había presentado ningún síntoma de dolencia relacionado con su hombro u otra parte de su cuerpo.

Manifiesta que, ante esta situación de salud, el recurrente concurrió al CESFAM de Las Compañías, y el médico de dicho consultorio le otorgó sucesivas licencias médicas, derivándolo a terapia de kinesiología. Lamentablemente no hubo un mejoramiento de su estado de salud, persistiendo su dolor. Atendido lo anterior se le realizaron exámenes de resonancia nuclear magnética y ecotomografía, las que arrojaron como resultado el diagnostico de “CAPSULITIS ADHESIVA Y TENDINOSIS DELAMINATIVA DE SUPRAESPINOSO DE HOMBRO DERECHO”. Atendida las dolencias que presentaba el recurrente se le realizó un procedimiento de infiltración eco guiada intrabursal con triancinolona.

Refiere que la fisiatra que lo atendía, entendiendo que dicha dolencia era producto del trabajo realizado por recurrente y lo derivó al Instituto de Seguridad del Trabajo. Es así como el día 16 de agosto de 2021, es atendido en el servicio de urgencia del referido Instituto, donde se ratifica el diagnóstico antes señalado. El Instituto de Seguridad del Trabajo comenzó a tratar las dolencias del recurrente otorgándole prestaciones médicas y tratamiento kinesiológico.

Luego de haber prestado atenciones de salud por aproximadamente 5 meses, sin ningún motivo o nuevo antecedente médico, el mencionado Instituto de Seguridad del Trabajo por Resolución N.º 20210800002496-000, de fecha 10 de enero de 2022, determinó que la patología presentada por el recurrente no estaba cubierta por el Seguro Obligatorio contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, establecido por la Ley N.º 16.744.

Indica que dicha Resolución confirma el diagnóstico del recurrente, esto es, “Capsulitis Adhesiva del Hombro”. La misma no contiene ningún antecedente que permita concluir el origen de la enfermedad, y lisa y llanamente, señala que es enfermedad común. De esta manera, el mencionado Instituto de Seguridad del Trabajo dejó de prestar servicios médicos y tratamiento kinesiológico, al recurrente, quién se vio forzado a volver a solicitar atención al Consultorio más cercano a su domicilio. Sin embargo, aún se encuentra a la espera de una hora de atención, y lleva más de 4 meses para recibir respuesta.

Expone que, en contra de tal resolución, recurrió ante la Superintendencia de Seguridad Social a fin de que este organismo pusiera remedio a la negación de prestación de salud por parte del Instituto de Seguridad del Trabajo, solicitando además que se declarara que su dolencia tiene el carácter de enfermedad de origen laboral, y de esa manera poder acceder a los beneficios contenidos en la Ley N°16.744. Sin embargo, dicha solicitud fue desestimada mediante Resolución Exenta N.º R-01-UME-82822-2022, de fecha 26 de junio de 2022, en contra de la cual se interpone el presente recurso de protección.

Según lo resuelto por la SUSESO, la enfermedad que adolece el recurrente es de origen común, “toda vez que no es posible establecer una relación directa, como lo exige la Ley N.º 16.744, entre el trabajo que desempeña y el cuadro clínico que presenta. En efecto, en las actividades que efectúa como jardinero, no se evidencian factores de riesgo condicionantes de la afección en comento.” Sin embargo, dicha resolución no menciona ningún antecedente médico objetivo y específico en que su fundamente su decisión.

A diferencia de lo que ha resuelto la SUSESO, el médico tratante del recurrente, el doctor nombre reservado ha certificado que “dado los antecedentes otorgados en la atención clínica y a la evaluación cursada por el profesional abajo firmante, es opinión del profesional que dicha patología tuvo origen o fue agravada por su actividad laboral la que no permitió una correcta recuperación de parte del paciente”.

Asimismo, la doctora nombre reservado, médico especialista en medicina física y rehabilitación, certificó con fecha 10 de agosto de 2021, que el recurrente se trata de un paciente “quién posterior a movimientos repetitivos forzados en su ámbito laboral presenta hombro doloroso derecho RMN de hombro: Pericapsulitis en fase inflamatoria, bursitis SA-SD derecha, tendinosis del supraespinoso. ...”

Hace presente que el recurrente, antes no había presentado una dolencia a su hombro. La SUSESO pudo haber visto el historial de licencias médicas del recurrente para observar lo anteriormente afirmado. Si esta enfermedad sólo se vino a presentar en la vida del recurrente, después de transcurrido casi 4 años de sus labores de jardinero, resulta razonable concluir que sus dolencias son causa directa de dicha labor, teniendo un origen de carácter laboral.

En cuanto a la normativa legal y reglamentaria aplicable en la especie, la Ley N°16.744 y su Reglamento, nada señalan respecto del contenido de las resoluciones que dicte la Superintendencia de Seguridad Social al momento de resolver las apelaciones que el trabajador deduzca en contra de las resoluciones que se pronuncien sobre la declaración de existencia de la enfermedad profesional, por lo que, en la materia, corresponde entonces aplicar supletoriamente las normas de la Ley N°19.880.

Señala que, en cuanto a necesidad de que los actos y resoluciones emanados de los órganos que forman parte de la administración del Estado, ha de tenerse presente que la jurisprudencia emanada de la Excelentísima Corte Suprema ha venido sosteniendo de manera consistente y uniforme esta exigencia, consagrando una serie de estándares que materializan de manera concreta el mandato del artículo 8° de la Constitución y los artículos 11, inciso 2° y 41° inciso 4° de la Ley de Bases del Procedimiento Administrativo.

En efecto, en años recientes, el máximo Tribunal ha sostenido que la motivación del acto administrativo es un elemento esencial del mismo. Así, se trata de “un requisito indispensable que debe encontrarse siempre presente” (Rol N° 27.467-2014); “revestido de mérito suficiente” (Rol N° 58.971-2016) y si el acto aparece “desmotivado” o con “razones justificativas vagas, imprecisas y que no se avienen al caso concreto”, carece de un elemento esencial (Rol N° 27.467-2014). Asimismo, sostuvo que la motivación sobre la base de fundamentos “meramente formales” implica arbitrariedad e ilegalidad (Rol N° 27.467-2014). Finalmente, destaca que la motivación del acto administrativo obliga a toda autoridad administrativa a “fundarlo debidamente en todos los antecedentes y circunstancias que el caso exige” (Rol N° 58.971-2016).

A su juicio, en este caso tal estándar de motivación no se cumple, no hay un señalamiento real de antecedentes que, previo análisis pormenorizado, permitan entender las razones que llevaron al ente administrativo a concluir que la patología que presenta el recurrente es de origen común, e incluso no señala que antecedente médico en específico tiene la virtud de desvirtuar lo certificado por el médico especialista tratante quién es del parecer que la enfermedad de que adolece el recurrente es de origen laboral.

Concluye que, en consecuencia, al no contener motivos la decisión del ente administrativo, se incumplen los estándares que la propia Constitución señala para tales actuaciones, infringiéndose asimismo la normativa contemplada en el artículo 41 de la Ley N° 19.880, deviniendo el acto administrativo en ilegal y, por lo mismo, arbitrario, pues al carecer de motivación, obedece más bien al mero capricho del organismo del cual emana.

Finalmente argumenta en el sentido de que la decisión del ente recurrido, es ilegal, carente de fundamento legal y de toda racionalidad, constituyendo su actuar, una vulneración al derecho a la vida, y a la integridad física y síquica del recurrente, garantía contemplada en el artículo 19 N° 1 de La Constitución Política de la República; vulnera asimismo, el derecho consagrado en el artículo 19 número 24 de la Constitución Política de la República, ya que al declarar la enfermedad del recurrente como de origen común y no laboral, le priva de una serie de beneficios y prestaciones contemplados en la Ley N° 16.744, tendientes a tratar su enfermedad y a cubrir los gastos inherentes a ella, incluyendo eventuales indemnizaciones.

Pide se acoja la acción constitucional de protección, “ordenando a la recurrida acoger el reclamo y decretar que deberá emitir una nueva resolución, disponiendo que don nombre reservado sea sometido a una pericia médica acorde con las patologías que presenta, como asimismo todos los exámenes que sean necesarios para verificar el origen de la enfermedad que le afecta y su posible origen laboral, como también cualquier otra medida que este Ilustrísimo Tribunal considere necesario para restablecer el imperio del derecho y asegurar el debido resguardo y respeto a las garantías fundamentales de don nombre reservado”.

Acompaña: 1.- Certificado de Discapacidad; 2.- Resolución de Rechazo y Derivación de Paciente a sistema de salud común, pronunciada por el Instituto de Seguridad del Trabajo; 3.- Copia de anexo de contrato de trabajo de don nombre reservado; 4.- Copia del Formulario de Contrareferencia de pacientes a atención primaria de salud; 5.- Certificado emitido por el Centro de Salud Familiar Cardenal Raúl Silva Henriquez; 6.- Informe Kinésico de fecha 02 de septiembre de 2021, otorgado por el kinesiólogo don nombre reservado; 7.- Informe médico de fecha 10 de agosto de 2021, otorgado por la doctora nombre reservado, Especialista en Medicina Física y Rehabilitación, Terapia del Dolor; 8.- Informe médico de fecha 18 de enero de 2022, emitido por el doctor nombre reservado; 9.- Informe médico de fecha 28 de marzo de 2022, emitido por el doctor nombre reservado; 10.- Certificado de informe médico de fecha 26 de enero de 2022, emitido por el doctor nombre reservado; 11.- Informe médico de fecha 13 de enero de 2022, emitido por el médico Fisiatra don nombre reservado; 12.- Informe de la Ecografia de partes blandas hombro derecho practicada a don nombre reservado, emitido por el médico radiologo don nombre reservado; 13.- Informe de la resonancia de hombro derecho practicada a don nombre reservado, emitido por la doctora nombre reservado; 14.- Copia de la atención de urgencia, emitida por el Instituto de Seguridad del Trabajo, y 15.- Copia de la credencial de incapacidad de don nombre reservado.

2° Que comparece FRANCISCO ORTEGA BELLO, abogado, en representación de la recurrida la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, quien opone como excepción la improcedencia de la acción de protección, por cuanto la materia sobre la que realmente versa, dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos.

Luego, y en subsidio, presenta un informe refiriéndose a los antecedentes del caso, el marco normativo que regula la materia de autos, la competencia de la Superintendencia de Seguridad Social. Asimismo, expone respecto al Seguro Social Obligatorio contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, y el concepto de Accidente del Trabajo y Enfermedad Profesional, para finalmente abocarse a la revisión del caso del recurrente.

Al efecto indica que con fecha 04 de febrero de 2022, el Sr. nombre reservado concurrió ante la Superintendencia reclamando en contra del Instituto de Seguridad del Trabajo quién calificó como de origen común la patología presentada con diagnóstico de "Capsulitis adhesiva y Tendinosis del supraespinoso hombro derecho", por la cual ingresó el 16 de agosto de 2021, para estudio de probable enfermedad laboral, y de cuya resolución discrepa.

Requerida al efecto, la citada Mutualidad informo que, el Sr. nombre reservado consultó en ese Instituto el día 16 de agosto de 2021, quien refirió sentir dolor hombro, derecho, el que asoció a la realización de actividades propias de su trabajo de jardinero. Agrega que, evaluado por sus especialistas y de conformidad con los exámenes realizados, al estudio de puesto de trabajo, su Comité Calificador de Enfermedades Profesionales determinó que el Sr. nombre reservado presenta “CAPSULITIS ADHESIVA Y TENDINOSIS DELAMINATIVA DEL SUPRAESPINOSO”, patología que dicho Comité estimó como de origen común, ya que no existen elementos suficientes para relacionar de manera directa la actividad laboral realizada con la patología evaluada, siendo derivado a su sistema previsional de salud común.

Pues bien, la Superintendencia, en virtud de los antecedentes clínicos y laborales disponibles, tales como estudios imagenológicos, informe médico y evaluación de puesto de trabajo, entre otros, concluyó que la afección del trabajador por el diagnóstico de "Capsulitis adhesiva y Tendinosis del supraespinoso hombro derecho" es de origen común, toda vez que no es posible establecer una relación de causa directa, como lo exige la Ley N° 16.744, entre el trabajo que desempeña y el cuadro clínico que presenta. En efecto, en las actividades que efectúa como jardinero, no se evidencian factores de riesgo condicionantes de la afección en comento. Por lo expuesto, no se acogió el reclamo del recurrente. Lo anterior según consta en la Resolución Exenta N° R-01-UME-82822-2022, de 26 de junio de 2022. En la propia resolución cuestionada se señaló la vía de impugnación del referido acto, el que no fue utilizado por el Sr. nombre reservado.

Agregar que, para la correcta determinación del origen, común o laboral, de una patología músculo esqueléticas de extremidad superior (MEES), el proceso de calificación requiere la evaluación, con distintos métodos, de la presencia de condiciones laborales específicas y la correlación de temporalidad, frecuencia e intensidad de dicha exposición con el diagnóstico establecido, para validar o refutar una hipótesis causal coherente entre la patología y la exposición a riesgos observada. Para lo anterior, el proceso de calificación debe contar, entre otros, con evaluaciones médicas y evaluaciones de las condiciones de trabajo, el que se realizará a través del correspondiente estudio de puesto de trabajo, que incluye el análisis de macro labores, tales como, tarea específica, periodicidad y operación y, como principales factores de riesgos a evaluar sobrecarga postural, fuerza, repetitividad y vibración.

Finalmente controvierte la vulneración de derechos fundamentales del recurrente.

Acompaña: Copia de la Resolución Exenta N° R-01-UME-82822-2022, 26 de junio de 2022.

3° Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

4° Que, la alegación de improcedencia de la acción de protección levantada por la recurrida será descartada, toda vez que si bien el artículo 20 de la Carta Fundamental no establece dentro del catálogo taxativo de garantías constitucionales protegidas, aquella prevista por el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución, no es menos cierto que ello sólo implica que no podría, si correspondiere, ser acogido el presente recurso en relación a esa garantía fundamental amén que “para la procedencia de la pretensión proteccional es esencial la determinación de los hechos constitutivos de agravio –lo que la recurrente ha hecho-, correspondiendo al tribunal aplicar las normas constitucionales atingentes a la situación planteada” (Corte Suprema, sentencia de 15 febrero de 2001, R.D.J., t. 98, sec. 5a., pág. 78) de manera que una errada o imprecisa sindicación de la garantía constitucional concreta conculcada “No es óbice para acoger el recurso de protección, que fue creado para que cualquier persona pueda deducirlo, sin solemnidad alguna y aun telefónicamente” (Corte Suprema, sentencia de 2 abril de 1992, R.G.J., N° 142, pág. 54).

5° Que, la Resolución impugnada en lo decisivo rechaza el reclamo formulado por el recurrente nombre reservado en contra de Instituto de Seguridad del Trabajo en cuanto este ente calificó como de origen común la patología presentada con diagnóstico de "Capsulitis adhesiva y tendinosis del supraespinoso hombro derecho" fundando aquella decisión en “Que, se ha tenido a la vista los antecedentes aportados por INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL TRABAJO, tales como estudios imagenológicos, informe médico y evaluación de puesto de trabajo. Que, profesionales médicos de este Organismo procedieron al análisis de los antecedentes clínicos y laborales disponibles, concluyendo que la afección del trabajador por el diagnóstico de "Capsulitis adhesiva y tendinosis del supraespinoso hombro derecho" es de origen común, toda vez que no es posible establecer una relación de causa directa, como lo exige la Ley N° 16.744, entre el trabajo que desempeña y el cuadro clínico que presenta. En efecto, en las actividades que efectúa como jardinero, no se evidencian factores de riesgo condicionantes de la afección en comento”.

6° Que, en atención del tenor de la resolución impugnada hay que traer a colación la decisión del Instituto de Seguridad del Trabajo reclamada por el recurrente nombre reservado y confirmada, vía su rechazo, por el organismo recurrido.

El contenido de esta última, en lo pertinente, es el siguiente:

“CONSIDERANDO:

1) Que el estudio realizado al paciente ha permitido constatar que presenta el (los) siguiente(s) diagnóstico(s):

- CAPSULITIS ADHESIVA DEL HOMBRO - CAPSULITIS ADHESIVA DEL HOMBRO - CAPSULITIS ADHESIVA DEL HOMBRO - CAPSULITIS ADHESIVA DEL HOMBRO - CAPSULITIS ADHESIVA DEL HOMBRO - CAPSULITIS ADHESIVA DEL HOMBRO - CAPSULITIS ADHESIVA DEL HOMBRO 2) La información contenida en la siguiente documentación:

- 3) Lo dispuesto en los Artículos 5° y 7° de la Ley N° 16.744.

SE RESUELVE:

1) Que, la patología y/o afección presentada por Don(a) nombre reservado, no está cubierto por el Seguro Obligatorio contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales establecido por la Ley Nº 16.744.

2) El paciente deberá, por tanto, recurrir en demanda de las prestaciones médicas y económicas al organismo de previsión que administra su sistema de salud común, 3) En contra de la presente resolución se podrá apelar ante la Superintendencia de Seguridad Social, dentro del plazo 90 días de conformidad a lo dispuesto artículo 77 de la Ley Nº 16.744.

4) NOTIFICACION A: FONASA , de conformidad a las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Seguridad Social por Oficios Nº 35.775 y 58.415 del 2010”.

7° Que, el acto impugnado es un acto administrativo pues es una decisión escrita adoptada por la Administración- no existe discusión que el ente recurrido forma parte de la Administración Pública chilena-, o sea, una decisión formal emitida por un órgano de la Administración del Estado que contiene una declaración de voluntad, realizada en el ejercicio de una potestad pública, en concreto es una resolución. (Artículo 3 Ley 19.880)

O sea, debe cumplir con los requisitos de un acto administrativo, entre ellos, el principio de imparcialidad contenido en el artículo 11 de la Ley 19.880, el cual en su inciso segundo dispone que “Los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos administrativos”.

Por su parte, el inciso cuarto del artículo 41 de la misma Ley dice “Las resoluciones contendrán la decisión, que será fundada. Expresarán, además, los recursos que contra la misma procedan, órgano administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno”.

En consecuencia, es un requisito de todo acto administrativo su fundamentación, la que debe abarcar los hechos y el derecho, sustento que debe emanar de los antecedentes puestos a disposición del ente resolutor, y aquello está íntimamente ligado con la posibilidad de control del proceder de la Administración y la comprensión de su actuar por los administrados, por lo que esta fundamentación, si bien puede ser somera, debe explicitarse y contenerse en el respectivo acto administrativo, en otras palabras, dicha decisión de la Administración debe bastarse asimismo o por sí sola.

8° Que, en el caso de marras, un breve análisis de la Resolución impugnada es posible verificar que esta se adopta a partir de los mismos antecedentes tenidos en cuenta por el Instituto de Seguridad del Trabajo, dentro del cual se incluye la evaluación del puesto de trabajo, los que, según dice la resolución cuestionada, fueron analizados por los profesionales médicos del organismo recurrido, y que la conclusión o basamento de esta resolución para confirmar la decisión del Instituto de Seguridad del Trabajo, rechazando el reclamo del recurrente nombre reservado, en cuanto al “origen común” de la enfermedad del reclamante es que no fue “posible establecer una relación de causa directa, como lo exige la Ley N° 16.744, entre el trabajo que desempeña y el cuadro clínico que presenta. En efecto, en las actividades que efectúa como jardinero, no se evidencian factores de riesgo condicionantes de la afección en comento”.

9° Que, a su vez, revisados dichos antecedentes tenidos a las vista por el ente reclamado, contenidos en el expediente administrativo acompañado en autos, es dable constatar que el Estudio de puesto de trabajo del trabajador nombre reservado contiene una Observación que consigna “EPT SIMULADA Y UNA TAREA DESCRIPTIVA (T3). Registro audiovisual incompleto, no se simulan todas las tareas desarrolladas por el trabajador a calificar debido a problemas de comunicación entre expertos en terreno. Estudio fue desarrollado parcialmente (toma de imágenes) por la experta nombre reservado, quien dejó la institución durante el proceso de evaluación del caso, para luego asignar a experto nombre reservado con los datos faltantes de hoja de terreno y entrevista a trabajador. (Registro audiovisual/Experto Terreno: nombre reservado/Teléfono: teléfono reservado)” y luego describe tres tareas que se realiza todos los días de jornada laboral, a saber, “Tarea 1: Limpieza de áreas verdes Operaciones: Remover hojas y restos vegetales/Barrer pisos Tarea 2: Riego de jardines Operaciones: Extraer manguera de área de conexión/ Esparcir agua en terreno Tarea 3: Poda de árboles y arbustos Operaciones: Cortar ramas/Extraer hojas y flores”, sin embargo esta última tarea, la tarea T3 (Poda de árboles y arbustos) “no fue registrada debido a que registro audiovisual e información de empresa fueron tomadas por diferentes expertos, con errores de ejecución, por lo tanto su desarrollo es DESCRIPTIVO”, consigna el referido Estudio.

9° Que, fundamentar, según el Diccionario de la Lengua Española, es “Establecer la razón o el fundamento de una cosa” y es aquello precisamente de lo que adolece la Resolución impugnada pues si bien en ella se contiene una decisión y un argumento para sustentar esta, no es menos cierto que, en este caso concreto, aquello es aparente toda vez que el fundamento dado- “En efecto, en las actividades que efectúa como jardinero, no se evidencian factores de riesgo condicionantes de la afección en comento”- aparece desprovisto del suficiente sustrato fáctico ya que de las tres tareas o actividades descritas en el Estudio de puesto de trabajo tenido a la vista para resolver el ente recurrido, de solo dos de ellas se tuvo el registro necesario para su adecuada evaluación más no de la tercera, siendo esto relevante pues es una actividad laboral que se consigna se realiza todos los días de trabajo por el recurrente y, por otro lado, no se explicita en el acto atacado razón alguna por la cual su omisión no afecta la decisión adoptada sobre todo si el mentado Estudio, no obstante lo ya dicho, al referirse a la Tarea 3 registra dentro del acápite “Comentarios en relación a postura y/o movimientos combinados:” que “La tarea aparentemente podría presentar riesgo postural para el segmento hombro derecho, debido a que se debe realizar operaciones como cortar ramas y extraer hojas con la mano por sobre la altura de los hombros. El riesgo postural dependerá de la altura de los árboles y el acceso a áreas centrales de los arbustos para variar en rotación interna, flexión y abducción de hombro derecho. Riesgos asociados derivados del trabajo por encima de los hombros, trabajo con los codos por encima de los hombros y elevar las EESS con acción de tijera podadora”, todo lo que hace imposible entender cumplido el requisito legal que se extraña.

La deficiencia descrita materializa el incumplimiento constatado del deber de fundamentación vulnerando los fines del referido deber, explicitados previamente, ya que, en este caso, imposibilita un efectivo control del proceder de la Administración y la cabal comprensión de su actuar por los administrados.

10° Que, a partir de lo expuesto en los motivos precedentes es dable colegir que la recurrida ha actuado en forma ilegal al no respetar en su obrar una norma general y obligatoria de su ámbito de acción como lo son las normas legales ya citadas puesto que la Resolución impugnada, carece de fundamentos, o sea, no es fundada.

A su vez, dicho actuar de la recurrida, esto es, dictar la referida Resolución en los términos en que lo hizo, resulta arbitrario al carecer dicha decisión de fundamentos que la sustenten.

11° Que, la conducta del organismo recurrido constituye una perturbación y amenaza al derecho a la vida e integridad física del recurrente, el que se encuentra garantizado en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República, ya que su obrar, en la forma descrita, le priva de obtener una calificación de su enfermedad que le permita gozar de un estatuto adecuado a su estado de salud y de acuerdo a los fines de este.

Asimismo, dicho proceder afecta y lesiona la garantía consagrada en el numeral 2 del artículo 19 de la Ley Fundamental, toda vez que el actuar cuestionado le priva del trato que a toda persona en la misma situación corresponde dar.

Por último, también importa una afectación al derecho de propiedad pues la decisión cuestionada le impide acceder a los beneficios económicos que supone la declaración de enfermedad laboral del padecimiento que le afecta.

12° Que, por ende, habiéndose acreditado que por la institución recurrida se cometió un acto ilegal y arbitrario que perturba, amenaza y vulnera garantías fundamentales del recurrente, corresponde acoger el recurso de protección intentado disponiéndose que la recurrida ordene la realización de un nuevo Estudio de puesto de trabajo del recurrente nombre reservado que abarque todas las actividades que este realice en su trabajo, y cumplido ello, se pronuncie nuevamente acerca de la reclamación interpuesta por el recurrente nombre reservado en contra de la decisión adoptada por el Instituto de Seguridad del Trabajo, todo lo anterior dentro de los noventa días de ejecutoriada esta sentencia.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre tramitación del Recurso de Protección, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra de la Superintendencia de Seguridad Social y, en consecuencia, se declara que se deja sin efecto la Resolución Exenta N° R-01-UME-82822-2022 de 26 de junio de 2022, y, a su vez, se dispone que la recurrida ordene la realización de un nuevo Estudio de puesto de trabajo del recurrente nombre reservado que abarque todas las actividades que este realice en su trabajo, y cumplido ello, se pronuncie nuevamente acerca de la reclamación interpuesta por el referido recurrente en contra de la decisión adoptada por el Instituto de Seguridad del Trabajo, todo lo anterior dentro de los sesenta días hábiles administrativos de ejecutoriada esta sentencia.

Redacción del Ministro señor Le-Cerf Raby.-.

Regístrese, notifíquese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 5450-2022.-. Protección.-.