nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA

nombre reservado, Marieth C/ Servicio Nacional de Migraciones Recurso de Protección Rol N°5430-2022 La Serena, dieciséis de agosto de dos mil veintidós.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, con fecha 21 de julio de 2022, comparece Vanesa Jabbaz Rosenbaum, abogada, en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, C.I. para extranjeros N° RUT reservado, deduciendo acción de protección en contra del SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES, dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por la omisión ilegal y arbitraria en que ha incurrido al no pronunciarse sobre la solicitud de permanencia definitiva realizada el 22 de diciembre de 2021, al transgredir dicha omisión el derecho a la igualdad ante la ley, conforme a lo preceptuado en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República.

Refiere que la recurrente ingresó a Chile en calidad de turista y, con el propósito de establecerse y desarrollar un proyecto de vida en el país, solicitó en el mes de diciembre del año 2021 su permanencia definitiva.

Habiéndose acogido la solicitud a trámite, y no obstante el tiempo transcurrido, a la fecha no ha recibido ninguna comunicación por parte de la recurrida, lo que la mantiene en una situación de preocupación e incertidumbre ante un trámite por demás demorado, haciendo presente que actualmente se ha visto impedida de realizar estudios de especialización en su campo laboral, ya que para poder optar a un programa de postgrado en medicina, la recurrente debe necesariamente contar con un certificado de permanencia definitiva en Chile.

Destaca que cobra relevancia lo dispuesto en los artículos 4, 7, 9 y 27 de la Ley 19.880, que consagra el principio de celeridad, añadiendo que los funcionarios de los Órganos de la Administración del Estado deben actuar por propia iniciativa en la iniciación del procedimiento y en su prosecución, haciendo expeditos los trámites, por lo que su actuar deviene en ilegal, al contravenir dichas disposiciones y, asimismo, en arbitraria, toda vez que el principio de economía procedimental establece que la Administración debe evitar trámites dilatorios, y en el presente caso no se ha pronunciado de la solicitud en un plazo razonable, es decir, en el término de los 6 meses desde su iniciación, lo cual conculca el legítimo ejercicio del derecho de igualdad ante la ley, puesto que se le ha otorgado un trato discriminatorio en relación a otras personas que, en igualdad de condiciones, sí han obtenido la resolución de sus solicitudes en un plazo razonable.

Por tanto, solicita tener por interpuesto recurso de protección en contra de la recurrida y ordenarle que se pronuncie sin más trámite sobre la solicitud de permanencia definitiva, adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho.

Acompaña: 1. Timbre de ingreso al país de la recurrente, estampado en su pasaporte. 2. Visa temporaria otorgada a la recurrente, estampada en su pasaporte. 3. Certificado de título de la recurrente. 4. Reconocimiento de título profesional en Chile. 5. Comprobante de solicitud de Permanencia Definitiva. 6. Captura de pantalla actual que da cuenta del estado de trámite de la solicitud. 7. Cédula de identidad para extranjeros de la recurrente. 8. Contratos de trabajo firmados por la recurrente. 9. Resolución Exenta Nº 245 de fecha 23 de febrero de 2021, emitida por el Ministerio de Salud, mediante el cual se acredita que para la realización de un programa de especialización para médicos cirujanos se requiere contar con permanencia definitiva.

SEGUNDO: Que el 02 de agosto de 2022 comparece Roberto Ignacio Castillo Toro, abogado, en representación del Servicio Nacional de Migraciones, evacuando informe y solicitando el rechazo de la acción.

Manifiesta que el 22 de diciembre de 2021 la extranjera solicitó su permanencia definitiva; y que aquella se encuentra en etapa de Estudio Preliminar, sin acompañar resolución que lo acredite.

Así, encontrándose en tramitación la solicitud del recurrente, su situación migratoria mantiene regular en el territorio nacional, pudiendo comprobarlo a través de su respectiva cédula de identidad, la que se encuentra vigente.

Sostiene que el plazo del procedimiento administrativo señalado en el artículo 27 de la Ley 19.880 no es un plazo fatal, el que podrá ser mayor a 6 meses cuando exista caso fortuito o fuerza mayor, entendiéndose como tal, una pandemia de carácter mundial y el estado de emergencia en el cual se encuentra nuestro país. Cita jurisprudencia al efecto.

Indica que, bajo esa lógica, no puede sostenerse que, al encontrarse su solicitud en tramitación pendiente, exista acción u omisión ilegal o arbitraria, puesto que la autoridad administrativa ha cumplido con dar curso de forma regular y progresiva al expediente de solicitud de la actora, que se ha sometido a la tramitación estándar establecida en el Reglamento de Extranjería y siguiendo los principios generales establecidos en la Ley 19.880, no existiendo vulneración, perturbación o amenaza a la garantía constitucional de igualdad ante la ley, en los términos señalados por este.

Agrega que, de hecho, es el abuso de esta vía judicial lo que ha vulnerado la garantía de la igualdad ante la ley de los demás solicitantes de permisos de residencia, debiendo el servicio dar prioridad a los recurrentes de amparo y protección, en desmedro de las más de 500.000 solicitudes de residencia que tramita la autoridad migratoria en la actualidad, citando jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema sobre el punto.

Por todo lo anterior, solicita el rechazo de la acción deducida, no siendo procedente la condena en costas.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, por la presente acción constitucional, se recurre en contra del Servicio Nacional de Migraciones por la dilación injustificada en dar respuesta a la solicitud de permanencia definitiva presentada por quien recurre en el mes de diciembre de 2021, lo cual califica de ilegal y arbitrario, señalando que vulnera su garantía fundamental contemplada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República.

Solicita que se ordene a la recurrida acoger a trámite sin más demora su solicitud, o bien, adoptar las medidas que se estimen apropiadas para resguardar y restablecer el imperio del derecho, con expresa condena en costas.

SEXTO: Que, para resolver el asunto, se debe acudir a lo estatuido en la Ley 19.880. En este sentido resulta útil destacar el principio de celeridad, previsto en su artículo 7, conforme al cual la autoridad debe impulsar de oficio, en todos sus trámites, el procedimiento administrativo, debiendo actuar por propia iniciativa, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión. Lo anterior, resulta congruente con el principio conclusivo, consagrado en el artículo 8, que determina la necesidad de término del procedimiento con un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo, así como con el principio de economía procedimental, del artículo 9, que manda a la Administración responder con eficacia, evitando trámites dilatorios.

Por último, el artículo 14 define el principio de inexcusabilidad señalando que la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera que sea su forma de iniciación.

SÉPTIMO: Que, de acuerdo a los antecedentes que constan en la tramitación de la presente causa, queda en evidencia el incumplimiento de la normativa que regula la actividad de la Administración respecto de aquel, toda vez que la autoridad respectiva ha desconocido la aplicación de los principios de celeridad, conclusivo, de economía procedimental e inexcusabilidad, en tanto ha dilatado la decisión respecto de sus solicitudes, excediendo con creces el plazo establecido en el artículo 27 de la mencionada Ley 19.880 (SCS Rol N° 24.827-2020).

OCTAVO: Que, por tanto, la dilación de la recurrida en el pronunciamiento sobre la referida solicitud, en este caso particular, debe ser calificada de ilegal y arbitraria porque vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental, en tanto importa una discriminación en contra de quien recurre, en relación con el trato dispensado a otros interesados que, en situación jurídica equivalente, han podido tramitar debidamente sus solicitudes, obteniendo una respuesta formal en la que se contengan las razones conforme a las cuales la autoridad ha adoptado la decisión terminal pertinente.

A mayor abundamiento, la duración del procedimiento, que se generó a propósito de la solicitud de autos ha superado los siete meses de tramitación, tiempo que a juicio de estos sentenciadores es evidentemente excesivo, toda vez que si bien es de público conocimiento que muchos trámites administrativos se han visto dilatados por la emergencia sanitaria que atravesamos como humanidad, por lo menos durante los años 2021 y 2022 la situación sanitaria se ha ido normalizando y los servicios estatales han desarrollado sus funciones cada vez con menos restricciones, de forma tal que no aparece justificado la extensión que ha tenido la tramitación de las solicitudes, todo lo que transforma en arbitrario el proceder de la recurrida.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones y, en consecuencia, se dispone que la recurrida deberá emitir el pronunciamiento que en derecho corresponda respecto de la solicitud de permanencia definitiva presentada ante ella por quien recurre, lo anterior, dentro del plazo de treinta (30) días corridos, a contar de la fecha de notificación de la presente resolución.

Rol N° 5430-2022 Protección