nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

nombre reservado, nombre reservado

Superintendencia de Seguridad Social Recurso de Protección Rol Nº 5427-2022 La Serena, veintiséis de agosto de dos mil veintidós.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, con fecha veintiuno de julio de dos mil veintidós comparece don Luis Eusebio Gálvez Peña y Lillo, abogado de la Corporación de Asistencia Judicial, en favor de doña nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL (SUSESO).

Expone que doña nombre reservado, es madre soltera de 3 hijos, única proveedora de su hogar, que a la época en que se desencadenan los hechos que motivan la presente acción de protección se desempeñaba como operaria de packing para la Agrícola San Osvaldo Limitada.

Que ejecutando sus labores que requerían esfuerzo físico, la actora comenzó a sentir grandes dolores en su hombro derecho. En esas condiciones concurrió al doctor don nombre reservado, el que luego de un estudio imagenológico le diagnosticó una tendinitis cálcica del manguito rotador con rotura del 80% del supraespinoso. El tratamiento fue su hospitalización y cirugía.

Señala que estas dolencias se desencadenaron durante el año 2020, época que el país estaba siendo fuertemente afectado por la pandemia Covid-19. Por tal motivo su tratamiento fue imposible de realizar a través de la salud pública, debiendo hacer los esfuerzos económicos inmensos para poder solventar una intervención de manera particular siendo intervenida el 03 de septiembre de 2020, en la Clínica Red Salud Elqui.

Expone que, si bien la intervención se llevó a efecto con total normalidad, su dolor y molestias en el hombro derecho han persistido, lo anterior, según le ha explicado el doctor porque se han generado “capsulitis adhesivas del hombrohtd” en el lugar donde fue intervenida que han retrasado considerablemente su recuperación. La Sra. nombre reservado, en el Consultorio del sector El Peñón ha sido asistida en sesiones de kinesiterapia que no han logrado disminuir sus molestias y dolores.

Indica que por el hecho de que las licencias médicas otorgadas comenzaron a ser rechazadas y ante su necesidad económica se vio forzada a poner término a su relación laboral para obtener algunos mínimos recursos para sostener su vida y la de sus 3 hijos.

Precisa que las licencias médicas reclamadas en la presente acción de protección son las N°s. 58338100-7, 61187752-8 y 64090929-3, extendidas por un total de 150 días de reposo, a contar del 06 de septiembre de 2021.

Indica que contra las resoluciones de rechazo efectuada por la COMPIN la Sra. nombre reservado dedujo recurso ante la Superintendencia de Seguridad Social la que por Resolución Exenta N° R-01-UME-81706-2022, de fecha 23 de junio de 2022, cambiando la causa de rechazo esgrimido por la COMPIN, confirmó el rechazo de las Licencias Médicas, “POR REPOSO NO JUSTIFICADO”.

La Superintendencia agrega en su resolución, “Esta conclusión se basa en que los antecedentes aportados no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá del periodo de reposo ya autorizado, que alcanza a dos años y ocho meses para el cuadro diagnosticado, sin lograr recuperación”.

Indica que, a partir de dicha resolución, se cuestiona ¿cuáles fueron los antecedentes médicos que permitieron a la SUSESO arribar a un diagnóstico distinto al efectuado por el médico especialista – tratante – otorgante de las Licencias Médicas reclamadas? ¿el sólo transcurso del tiempo en la recuperación de un paciente es causal suficiente para rechazar el subsidio laboral?, considerando que la actora aún se encuentra aún convaleciente.

Sostiene que la actuación del ente administrativo no obedece a los parámetros de razonabilidad y motivación que deben observar los actos administrativos, y que la especie, la SUSESO ha omitido analizar los certificados e informes médicos relativos a la condición de salud de, la parte recurrente y ha soslayado efectuar algún pronunciamiento a su respecto, sin informar las razones por las qué los certificados e informes médicos acompañados no sirven o no son suficientes para justificar las Licencias Médicas que se reclaman.

El rechazo de las licencias carece de una adecuada fundamentación que explique, al menos con mediana claridad o mínima fundamentación, los motivos de su rechazo, por lo que la decisión de la recurrida deviene en arbitraria, porque se ha fundamentado lisa y llanamente en el mero capricho o la sola voluntad del ente recurrido, precisamente debido a que no contiene las motivaciones mínimas que justifique su decisión.

Basta con observar la escueta resolución dictada para observar que se trata de un FORMATO TIPO de rechazo que hace el funcionario administrativo.

En cuanto a las garantías vulneradas, sostiene que la conducta del órgano recurrido constituye una perturbación y amenaza al derecho a la vida e integridad física de la recurrente, el que se encuentra garantizado en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República, pues su obrar le priva de ejercer el derecho que significa gozar de licencia médica, o sea, de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso, para restablecer su salud. Además, afecta y lesiona el derecho de propiedad, consagrado en el numeral 24 del artículo 19 de la Carta Magna, en atención a que la recurrente se le priva de gozar, durante la vigencia de las licencias médicas rechazadas, del respectivo subsidio de incapacidad laboral o de la remuneración regular de su trabajo, según fuere el caso.

Por lo expuesto pide que se ordene dejar sin efecto la resolución que rechazó las licencias médicas materia del presente recurso de protección y, en definitiva, resolver que se deberán autorizar dichas licencias médicas, disponiendo su pago.

Acompaña los siguientes documentos: 1°. - Copia de la Resolución Exenta N.º R-01-UME-81706-2022, de fecha 23 de junio de 2022, pronunciada por la Superintendencia de Seguridad Social; 2°.- Copia de Epicrisis de la intervención quirúrgica efectuada a la Sra. nombre reservado, el 03 de septiembre de 2022; 3°.- Copia de dos Certificados emitidos por el doctor don nombre reservado, de fechas 05 de enero de 2022 y 02 de febrero de 2022; 4°.- 5 Copias de recetas de medicamentos; 5°.- Informe kinésico de doña nombre reservado, emitido por el kinesiólogo don nombre reservado. 6°.- Copia del Finiquito de Trabajador, suscrito por doña nombre reservado con su ex empleadora, con fecha 14 de febrero de 2022.

SEGUNDO: Que, evacuó informe SEBASTIÁN DE LA PUENTE HERVÉ, Abogado, en representación de la recurrida la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL.

Solicita, en primer lugar, se declare la improcedencia de la presente Acción de Protección por haber sido ésta interpuesta en forma EXTEMPORÁNEA.

Expone que, como consta de la copia del expediente administrativo, 16 de febrero de 2022, la interesada recurrió a la Superintendencia de Seguridad Social, reclamando por cuanto la COMPIN REGIÓN DE COQUIMBO, confirmó el rechazo de las licencias médicas N°s 58338100-7, 61187752-8, 64090929-3, extendidas por un total de 150 días a contar del 06 de septiembre de 2021, por reposo no justificado.

Conforme a lo indicado, mediante la Resolución Exenta Nº R-01-UME-131993-2021, de 23 de junio de 2022, del estudio de los antecedentes del caso, la Superintendencia concluyó que: “Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N°s 58338100-7, 61187752-8, 64090929-3, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes aportados, no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá del período de reposo ya autorizado, que alcanza a dos años y ocho meses para el cuadro diagnosticado, sin lograr su recuperación”.

Concluye dicha resolución señalando que: “Esta Superintendencia confirma el rechazo de las licencias médicas N°s 58338100-7, 61187752-8, 64090929-3, de acuerdo con lo anteriormente expuesto”.

Sostiene que la recurrente solo ejerció esta acción con fecha 21 de julio de 2022, esto es, cuando el plazo fatal de 30 días corridos estaba con creces vencido, toda vez que la Sra. nombre reservado, ya tenía conocimiento cierto del rechazo dispuesto por la COMPIN al momento de la presentación ante esa Superintendencia con fecha 16 de febrero de 2022, es decir, con casi 5 MESES antes de la fecha de interposición de la presente acción.

En subsidio, solicita se declare improcedente la acción por cuanto la materia sobre la que realmente versa dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos.

En subsidio de las alegaciones anterior, informa en cuanto al fondo del asunto.

En primer término, reseña el marco normativo de las licencias médicas, el procedimiento al cual se encuentran sujetas y las facultades que posee.

Alega ausencia de ilegalidad y arbitrariedad en atención a que los pronunciamientos que en materia de licencias médicas emite la Superintendencia de Seguridad Social, se hacen en su calidad de autoridad técnica de control de las instituciones de previsión, teniendo como funciones esenciales la de “supervigilar y juzgar la gestión administrativa de las instituciones de previsión social y la de calificar la legalidad de los ingresos, así como la oportunidad y finalidad de los egresos e inversiones de los fondos de las instituciones de previsión y de los beneficios que se otorguen a los imponentes”.

Sostiene que la interposición del presente recurso desborda claramente los límites de aplicación de la Acción de Protección, la que fue creada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos indubitados, preexistentes y que en el presente caso la parte recurrente no es titular del derecho a licencia médica y del consecuente subsidio por incapacidad laboral”, por cuanto no se ha cumplido los requisitos legales para que éste nazca a la vida del derecho y produzca sus efectos, de tal forma que no reúne la condición de un derecho preexistente, indubitado.

Indica que, respecto de la licencia reclamada, el dictamen impugnado de arbitrariedad contiene los argumentos en base a los que emite su conclusión, los cuales están en armonía con los antecedentes que constan en el respectivo expediente administrativo, en cuyo mérito resolvió la Superintendencia previo estudio de los antecedentes médicos del caso.

En particular afirma que la Superintendencia, estudió mediante sus médicos los antecedentes del caso de la Sra. nombre reservado, quienes informaron: “Fundamentos de la resolución: NO ACOGE, DOS A ÑOS Y OCHO MESES DE REPOSO MSIMO CUADRO, SIN RECUPERACION”

Sostiene la ausencia de vulneración de los derechos fundamentales reseñados por la recurrente y que la Superintendencia de Seguridad Social resolvió dentro del ámbito de su competencia.

Por estas consideraciones solicita rechazar en todas sus partes el recurso, con costas.

Acompaña copias de los antecedentes que obran en los expedientes administrativos, relativos al caso de la Sra. nombre reservado.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, en cuanto a la alegación de extemporaneidad, es dable reconocer que el recurso se dirige en contra de la decisión de la recurrida SUSESO, Resolución Exenta N° R-01-UME-81706-2022, de fecha 23 de junio de 2022, la cual confirmó el rechazo de la COMPIN región de Coquimbo respecto de las licencias médicas N°s 58338100-7, 61187752-8, 64090929-3, extendidas por un total de 150 días a contar del 06 de septiembre de 2021, por reposo no justificado.

Luego, considerando que el recurso se interpuso con fecha 21 de julio del año que corre, éste aparece evidentemente deducido dentro del término que prevé el N° 1 del Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema que regula la materia y, por consiguiente, la pretendida extemporaneidad debe ser desestimada.

SEXTO: Que, en un segundo término, la Superintendencia recurrida alegó la improcedencia de la acción recurrida por tratarse de materias de seguridad social, garantizadas en el N° 18 del artículo 19 de nuestra Constitución Política de la República, que no se encuentran amparadas por la acción cautelar que se ejerce, argumentación que tampoco puede prosperar, debido a que de los fundamentos fácticos del recurso, aparece meridianamente claro que con, el rechazo del pago de la licencias médica, se ha visto vulnerado el patrimonio y la integridad psíquica de la recurrente, derechos que sí se encuentran tutelados por el recurso que se ejerce.

SÉPTIMO: Que, la recurrente impugna la Resolución Exenta N° R-01-UME-81706-2022, de fecha 23 de junio de 2022, la cual, confirma el rechazo de las licencias médicas N°s. 58338100-7, 61187752-8 y 64090929-3, extendidas por un total de 150 días de reposo, a contar del 06 de septiembre de 2021, indicando que: “Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N°s 58338100-7, 61187752-8, 64090929-3, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes aportados, no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá del período de reposo ya autorizado, que alcanza a dos años y ocho meses para el cuadro diagnosticado, sin lograr su recuperación”

OCTAVO: Que, por su parte, la recurrida ha referido la normativa y procedimientos aplicables a las licencias médicas, habiendo la recurrente aprovechado las instancias administrativas existentes para la revisión de su situación.

NOVENO: Que, en cuanto al marco normativo para resolver el asunto sometido a conocimiento de esta Corte, cabe señalar que el artículo 16 del Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por COMPIN y por las Instituciones de Salud Previsional, contenido en el Decreto Supremo Nº 3, del Ministerio de Salud, de 1984, señala que “…en caso de rechazo de una licencia (…) la resolución o pronunciamiento respectivo se estampará en el mismo formulario de licencia y se dejará constancia de los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida”.

Por otro lado, el artículo 11 de la Ley N°19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, consagra el principio de imparcialidad que rige los procedimientos administrativos, prescribiendo que “la Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte”, para lo cual ordena que los “hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio”, norma que es complementada por los artículos 40 inciso final y 41 inciso cuarto de la misma ley, los que disponen que una decisión de este tipo, debe ser fundada.

Así, la justificación racional y legal del acto administrativo es una condición de validez del mismo. En consecuencia, el órgano del Estado actuante debe fundamentar suficientemente su decisión, tanto en lo fáctico como en lo jurídico, explicando al administrado el porqué del acto, su sustento material y juridicidad.

DÉCIMO: Que, del propio tenor de la resolución impugnada en esta sede, se advierte que se ha omitido la valoración de aquellos antecedentes que demuestran el claro rol terapéutico y que justifican la emisión de las licencias médicas materia del recurso.

En efecto, la resolución cuestionada no contiene referencia alguna al informe médico evacuada por don nombre reservado, médico traumatólogo tratante de la actora, en el cual se solicita aprobar las licencias médicas emitidas, indicando que la recurrente no puede trabajar aún, y que se ha retrasado considerablemente su recuperación, prescribiéndole 50 sesiones de Kinesiterapia.

Además, en esta sede acompaña certificado Kinésico, suscrito por don nombre reservado kinesiólogo y que da cuenta que la recurrente presenta un diagnóstico de rotura del 80% del manguito rotador del hombro derecho y una tendinitis cálcica supraespinoso del hombro derecho, presentando antecedentes de dolor agudo en el hombro derecho con una importante limitación funcional que le impide actividades de la vida diaria ya que las imágenes representan una rotura casi completa del músculo supraespinoso en un 80%, y que, si bien, ha sido intervenida, su evolución ha sido lenta y se mantiene con una impotencia funcional y dolor no solo local, sino que regional, y que en la Escala de Dachs se puntúa al día de hoy en un 50.8% categorizando se cómo una discapacidad moderada por lo que sugiere mantener la carga kinésica 3 veces a la semana.

UNDÉCIMO: Que, expuesto lo anterior, no cabe duda de que la decisión que mantuvo el rechazo de las licencias médicas tantas veces mencionadas, y que constituye el acto repudiado por el recurso, radica en un re-estudio de los antecedentes, limitándose a señalar que el reposo propuesto en ella no se encuentra justificado. Sin embargo, dicha conclusión es arribada solo con un estudio documental de los antecedentes que la recurrente acompañó en el proceso, refiriéndose a él de forma descriptiva y escueta.

De esta forma, esta Corte advierte que la decisión adoptada por la Superintendencia recurrida no se apoya en algún informe médico emitido luego de realizar un análisis clínico de la recurrente, por lo que sus conclusiones responden únicamente a la nueva revisión de los mismos antecedentes, de manera que esta carencia la priva de contenido, conforme lo exige el artículo 11 de la Ley 19.880 y la restante normativa referida en el motivo noveno precedente, sin que sea posible concluir que efectivamente la sugerencia de reposo del profesional de cabecera de la actora sea “injustificada”, motivo por el que dicho dictamen no se basta a sí mismo, ni incluye los elementos de juicio necesarios que permitan comprenderlo y entender cuál es efectivamente la razón por la cual la recurrente no necesitaba más días de recuperación que los recomendados.

DUODÉCIMO: Que, en estas circunstancias, el actuar de la recurrida es arbitrario, pues la falta de la necesaria fundamentación de su resolución de rechazo de la licencia médica transforma su decisión en caprichosa y carente de razones, además de injustificada, vulnerando con ello la integridad psíquica y el derecho de propiedad de la recurrente, derechos consagrados en el artículo 19 N°s 1 y 24 de la Constitución Política de la República. En efecto, el no pago de la licencia médica ya indicada, sin duda que repercute en el patrimonio de la actora, al impedir su acceso al subsidio por enfermedad, lo que en forma indefectible deriva en que ella no pueda recuperar su salud mental, todo lo cual conduce a conceder la protección impetrada del modo que se dirá a continuación.

DÉCIMO TERCERO: Que, a mayor abundamiento, en cuanto a la arbitrariedad, entendida ésta como la falta de justificación y razonabilidad en la decisión adoptada, debe señalarse que el artículo 16 de la Ley N° 16.395, contempla la necesidad de justificar la decisión que se adopte, al disponer que deberá dejarse constancia de los fundamentos que se han tenido en consideración para adoptar alguna de las medidas que la norma contempla.

Por su parte, el artículo 21 del Decreto Supremo N° 3, que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, en lo pertinente, regula que, “Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la ISAPRE correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas: a) Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas; b) Disponer que se visite al trabajador en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia, por el funcionario que se designe; c) Solicitar al empleador el envío de informes o antecedentes complementarios de carácter administrativo, laboral o previsional del trabajador; d) Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud del trabajador; e) Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica.”

DÉCIMO CUARTO: Que, conforme a lo que se viene razonando, la conducta del organismo recurrido se torna arbitraria, al desestimar un permiso médico concedido por un facultativo especialista -sin ningún tipo de antecedente adicional a aquellos que constan en el expediente administrativo anexado por la propia recurrida-, y sustentada simplemente en una nueva ponderación de los ya tenidos a la vista, lo que en caso alguno puede estimarse como un juicio complementario de contraste que permitiera disipar, frente a la paciente, cualquier duda, en relación a la procedencia del reposo, lo que en el presente caso resulta esencial, puesto que se le pretende privar del subsidio por incapacidad laboral por una afectación en su salud física, lo que sólo podía ser esclarecido con un informe acabado sobre el estado de salud y la causa de las dolencias de la recurrente, lo que, como se dijo, no se cumplió en autos.

DÉCIMO QUINTO: Que, por los motivos expuestos, existiendo claridad en tono a la conducta arbitraria e ilegal en la que incurrió la recurrida, existiendo basamento jurisprudencial en casos similares (Cortes de Apelaciones de Rancagua rol 13114-20 y La Serena rol 2129-21), la presente acción constitucional será acogida en los términos que, a continuación, se exponen.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve:

I. – Que SE RECHAZA las alegación de extemporaneidad e improcedencia de la acción opuestas por la recurrida.

II. – Que SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por el abogado Luis Eusebio Gálvez Peña y Lillo, en favor de doña nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, debiendo la recurrida autorizar el pago de las licencias médicas N°s. 58338100-7, 61187752-8 y 64090929-3, extendidas por un total de 150 días de reposo, a contar del 06 de septiembre de 2021.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol N°5427-2022.- Protección.-