nombre reservado con PREFECTURA DE CARABINEROS COQUIMBO

nombre reservado

Prefectura de Carabineros Coquimbo Recurso de Protección Rol N°6717-2022 La Serena a cuatro de enero de dos mil veintitrés.

Vistos:

Primero: Que el abogado Jorge Villar Gutiérrez, domiciliado en domicilio reservado, comparece en representación de don nombre reservado, Sargento 2º de Carabineros de la 6ª Comisaria de Carabineros de La Serena, con domicilio en La Serena, deduciendo Recurso de Protección de Garantías Constitucionales en contra de la 6ª Comisaria de Carabineros de La Serena, representada legalmente por su nombre reservado (S) Capitán de Carabineros Don nombre reservado, y/o quien la represente como nombre reservado titular o lo subrogue legalmente, ambos con domicilio en domicilio reservado, y en contra de la Prefectura de Carabineros Coquimbo N° 6, representada por el Coronel de Carabineros don nombre reservado, o quien le suceda o subrogue de la cual depende dicha Comisaría, por y con ocasión de los actos ilegales y arbitrarios emanados de parte del referido Capitán de Carabineros, específicamente al haber dictado la Resolución Exenta N° 126, de fecha 15 de julio del 2022 , que ha privado el libre ejercicio de los derechos fundamentales de su representado, lo que se encuentran garantizados en el artículo 19 de la Constitución Política de la República de Chile, en especifico, Los consagrados en el inciso 1° del numeral 1°, que garantiza “El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona”; los del inciso 1° del numeral 2°, que garantiza “La igualdad ante la Ley” señalando y precisando, en el inciso 2°, que “Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias”; el numeral 4° que garantiza “El respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia”; los del inciso 5° del numeral 3°, que garantiza “Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. Corresponderá́ al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos”.

En cuanto a los hechos señala que con fecha 20 de junio del 2022, su representado, fue notificado personalmente de la Resolución Exenta N° 126, de fecha 15.06.2022, en la cual se indica: “SANCIONAR al afectado con una medida disciplinaria consistente en “OCHO DIAS DE ARRESTO con servicios. Transcribe parte de la resolución y agrega que, la resolución recurrida, con relación a establecer la posible salida del país del recurrente señor nombre reservado, sin autorización del mando de la repartición, el citado P.N.I. con fecha 7 de marzo, presentó una solicitud y documentación necesaria para ausentarse fuera del país donde era su deseo en viajar a la ciudad de Playa del Carmen, Republica de México entre los días 26.04.2022 hasta el día 04.05.2022 en calidad de turista, por lo que el mando de la unidad procedió a elevar los antecedentes, logrando acreditarse la salida del citado P.N.I. del país, señalando además que habiendo sido notificado verbalmente de que debía ampliar los días de permiso, hasta el día 11 de mayo, para considerar la cuarentena para el regreso del país, lo que habría sido notificado al funcionario de forma verbal, por parte del Suboficial Mayor nombre reservado, a lo que el citado P.N.I. habría señalado textualmente: “A no es pura burocracia, es un trámite engorroso y voy a salir igual del país”.

Agrega que al respecto la Sección de asuntos internos, solicita mediante oficio Nº 29 de fecha 29 de mayo de 2022, al Departamento de Extranjería y Migración de la Policía de Investigaciones de Chile, información sobre una posible salida del país del Sargento nombre reservado, constatando el período de ingreso y de salida del aludido P.N.I. conforme al siguiente itinerario: “Salida de Chile, el día 25.04.2022, vía aérea a través del terminal Aeropuerto “nombre reservado”, con destino a Colombia y de regreso a Chile; el día 05.05.2022, proveniente de Colombia, quedando en evidencia que el Sargento nombre reservado, sí salió del país en dirección a la República de Colombia y no a la República de México como lo estipulaba en la documentación presentada y debidamente firmada por este, entregando una información no real mediante documentación, saliendo del país sin la debida autorización del mando de la repartición. Señala la resolución que queda demostrado que el infrascrito “No cumple las órdenes impartidas y a su vez con las exigencias mínimas del régimen institucional y menos aún sus deberes y obligaciones profesionales, infringiendo con ello las faltas tipificadas en el artículo 22 Nº 2 letras a) y c); y Nº 3, letras a), d) y g), del Reglamento de Disciplina de Carabineros Nº 11. Señala además que en la especie son aplicables las agravantes de los literales a) y c) del Artículo 33, del mismo Reglamento y que no es posible aplicar ninguna atenuante de las establecidas en la norma.

Señala el recurrente que esta última investigación es la etapa final de una persecución a que se ha visto sometido por sus superiores y el departamento de asuntos internos, que han puesto en peligro las garantías constitucionales ya señaladas, por lo que el recurso se presenta con ocasión de la dictación de esta última resolución N° 126, pero se extiende a una seguidilla de procedimientos disciplinarios que configuran en su conjunto una clara lesión a las garantías reseñadas, y que solicita que esta Corte en el requerimiento de informe ordene a la recurrida y a su superior jerárquico, que revelen los fundamentos de cada una de las resoluciones administrativas que han aplicado medidas disciplinarias a su representado.

Señala que, con fecha 26 de Junio de 2020, el afectado presentó en tiempo y forma el Recurso Jerárquico establecido en el artículo 40 del Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile N° 11, ante el Señor Prefecto de Coquimbo, jefatura llamada por Ley a resolver, el que a la fecha aún no ha sido resuelto. Señala que, ante la decisión del nombre reservado de la 6ª Comisaría de La Serena, de aplicar la medida disciplinaría consistente en “ocho días de arrestos”, no ha respetado las garantías constitucionales del recurrente.

Que en cuanto al derecho señala que , el Señor nombre reservado (S) Capitán nombre reservado en la parte resolutiva del documento sancionatorio referido, efectúa una breve descripción de los hechos, consignando en ello en forma particular que dos conductas diferentes inconexas y que no tienen ninguna relación entre sí, las que pretenden ser establecidas como hechos punibles en el ámbito infraccional sub-lite. Que, la primera de dichas conductas dice relación con que el recurrente es dueño de 6 vehículos de “alta gama” que no habrían sido informados en su oportunidad a la jefatura, situación que no es efectiva en dos sentidos, por una parte la propiedad de tales vehículos sí fue informada oportunamente para ante la autoridad ante la cual se encuentro destinado, es decir ante la 1a Comisaría de La Serena; por otra parte esos vehículos no forman parte de su patrimonio, pues, dichos vehículos han dejado de ser parte de su patrimonio y agrega que, la inscripción de un vehículo en el Registro Nacional de Vehículos motorizados no acredita dominio. La errónea interpretación de la norma jurídica, del oficial que propone la sanción, especialmente del modo de adquirir el dominio que se encuentra expresado en el Código Civil, lo más probable por desconocimiento de la legislación en esa materia, acarrea al recurerente una serie de graves consecuencias sancionatorias y disciplinarias, y alteran la objetividad de un proceso que nace por una denuncia infundada.

Señala que en cuanto a la segunda conducta se le acusa al recurrente de haber viajado al extranjero sin permiso, y no sólo eso sino que además de haber mentido en su declaración de viaje, pues en realidad su viaje tenía como destino Colombia y no México, y que además en el proceso habría insultado a un superior. Sostiene que todo lo anterior se trata nuevamente de errores de apreciación y en algunos casos hechos y situaciones que simplemente no son efectivos. Señala que se le aplica una medida disciplinaria demasiado gravosa sin un fundamento legal y reglamentario, quedando en evidencia nuevamente que solo le causa un agravio en su trayectoria institucional sin que exista ningún elemento que pueda acreditar las supuestas infracciones ocurridas, ni mucho menos, que se pueda dar por establecida infracción alguna a la luz de los antecedentes que pasamos a revisar. Conviene recordar que, todo proceso administrativo debe contener de forma detallada los cargos que se formulan, debiendo estos reflejarse en la norma infringida y las faltas que se atribuyen, es decir debe existir una correspondiente relación entre ellos. En efecto, en el presente proceso se imputa la falta administrativa pero sin realizar un razonamiento de cuáles serían los deberes reglamentarios infringidos. En tal sentido, se insiste en que, para la imputación de responsabilidad disciplinaria, infracción al art 35 N° 2 BIS de segundo grado B letra c), no basta con describir la conducta cuestionable, sino que, luego se debe efectuar un detalle de los deberes reglamentarios infringidos, indicándolo por cierto, razonando cómo con la conducta desplegada se infringe tal o cual deber funcionario y finalmente expuesto lo anterior, encuadrar la conducta infraccional, en alguna o algunas de las faltas establecidas en el Reglamento de Disciplina de Carabineros No11, todo lo cual no se observa en el procedimiento administrativo de marras. Sostiene que por ende, se evidencia una importante irregularidad que constituye vicio de ilegalidad, por atentar al debido proceso administrativo y al derecho de defensa del Sargento 2° nombre reservado, por cuanto, el acto administrativo sancionatorio ha prescindido de la motivación que debe existir al momento de reprocharse y sancionarse una conducta funcionaria, ética o profesional determinada. Agrega que la norma reglamentaria que eventualmente se le atribuye al suscrito haber infringido, no se encuentra en armonía con los hechos descritos en la parte resolutiva del documento sancionatorio, como tampoco, particularmente con el Considerando N° 1 de la resolución en contra de la cual en esta ocasión se recurre, existiendo una dicotomía entre lo razonado por la autoridad sancionadora y la norma que finalmente se pretende aplicar. Cita jurisprudencia administrativa en cuanto a lo que debe entenderse por infracción. Cuestiona los deberes como infringidos que se le imputan a su representado, en cuanto la normas quebrantadas no son indicadas. Sostiene que la velada imputación que se realiza sin expresarla en una denuncia concreta es que tendría más vehículos que los que el sueldo como carabinero puede costear, lo que resulta ser un claro atentado contra su honra y dignidad, toda vez que con ello es posible infringir el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República. Agrega que como su parte expuso en recurso jerárquico contra la resolución N° 126 de 15 de junio de 2022, no posee el Sargento nombre reservado 6 vehículos, sino que por haber vendido los vehículos con carta poder, la automotora no realizó oportunamente las transferencias, lo que cita textualmente, para luego indicar que no existen fundamentos normativos que sancionen la conducta por la cual se le aplica una medida disciplinaria, y aun cuando pudiera existir, existe una valoración incorrecta de la normativa aplicable en cuanto a los efectos jurídicos de la inscripción registral de Vehículos Motorizados, y finalmente existe una clara infracción de las garantías del derecho a la honra, subyacente en todo este punto.

Señala que, el segundo hecho que forma parte de la sanción que le fuere aplicada al Sargento nombre reservado se basa en que este no habría informado correctamente el lugar de destino de sus vacaciones, lo que habría sido explicado en las declaraciones correspondientes en el proceso disciplinario, declaración que cita para apoyar sus dichos. Hace presente que el proceso disciplinario se instruyó para determinar la responsabilidad administrativa del Sargento nombre reservado, frente a una denuncia anónima, lo que sostiene, no resulta del todo serio, ya que no es primera vez que se persigue a su representado.

Luego procede el recurrente a señalar los procesos incoados en contra de su representado: 1.- Investigación administrativa a raíz de oficio N° 26 de fecha 21 de noviembre de 2019, de la sección de asuntos internos SAICAR Coquimbo, según documento electrónico N° 105688441 de fecha 22 de noviembre de 2019, de la Prefectura de Carabineros de Coquimbo, relacionado a una supuesta infracción a la debida diligencia para entrega de especies, imponiendo la sanción de 30 días de arresto, la que tras recursos administrativos fue retrotraída a etapa de investigación; 2.- Documento electrónico N° 117950092, de fecha 08 de julio de 2020, que por resolución N° 165 de fecha 26 de junio de 2020 sancionó al Sargento 2° nombre reservado con 3 días de arresto, por haber hecho una publicación en “Instagram”, que fue considerada indebida por la Prefectura, que resolvió no ha lugar al recurso jerárquico intentado; 3.- Investigación a raíz de oficio N° 13 de fecha 24 de febrero de 2021, de la sección de asuntos internos SAICAR Coquimbo, que dice relación con abandono de vehículo en la vía pública, que terminó sancionando al Sargento 2° nombre reservado con 25 días de arresto; 4.- Documento electrónico N° 139152806, de fecha 16 de junio de 2021, de la Prefectura de Carabineros de Coquimbo se inició procedimiento en Fiscalía Administrativa Prefectura Coquimbo, para determinar fehacientemente la forma y circunstancias en que ocurrieron los hechos que guardan relación con Sargento 2do nombre reservado hace abandono del sector jurisdiccional cuadrante Nro 4 para trasladarse a Callegari sin autorización del jefe de turno no de Cenco, esta denuncia culminó con una sanción de 25 días de arresto de su representado, sancionándolo por auxiliar a un Carabinero, que por las malas condiciones técnicas de los vehículos policiales había quedado sin posibilidad de retornar a su unidad; 5.- Resolución N° 301 de fecha 25 de octubre de 2021, de la 1a Comisaría de La Serena que sancionó al Sargento 2° nombre reservado con 2 días de arresto, por supuestamente haber infringido sus deberes, tras investigación de denuncia recibida en Oficio N° 763 -2021 del Segundo Juzgado de Policía Local de Coquimbo; 6.- Oficio Informe N° 524 de fecha 11 de noviembre de 2021, investigación administrativa llevada a cabo por el Teniente nombre reservado, quien decide aplicar una sanción de 25 días de arresto al Sargento 2° nombre reservado. Sostiene el recurrente que todas estas sanciones han sido realizadas con infracción a las garantías del debido proceso, y solo revelan una clara persecución en contra de su representado.

Agrega que en relación con el principio de tipicidad, se ha dicho que además de establecer la infracción a una norma, la tipicidad requiere de la precisa definición de la conducta que la ley considera reprochable, garantizando así el principio de la seguridad jurídica de los administrados y haciendo realidad junto con la exigencia de una ley previa, la de una ley cierta. Alega que en este caso, el recurrente, desconoce completamente la norma interna institucional, por medio de la cual se regula el actuar del Departamento de Asuntos Internos de Carabineros y de la cual tampoco fue informado o notificado previamente en la oportunidad que se llevó a efecto ninguna de las diligencias que dieron origen a las denuncias, procedimientos y sanciones reseñadas, no levantándose ninguna acta al respecto, como tampoco dicho reproche se encuentra establecido en el Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile, N° 11. Señala que el procedimiento comprende la legalidad del juzgamiento, que exige un proceso previo y legalmente tramitado, como las garantías que deben contemplar el debido proceso, para que se dé un racional y justo procedimiento, siendo los elementos de un racional y justo procedimiento, entre otros, la notificación y audiencia del afectado; la presentación de pruebas, la recepción de ellas y su examen; la dictación de sentencia en un plazo razonable por un órgano imparcial y objetivo; y la posibilidad de revisión de lo resuelto por una instancia superior igualmente imparcial y objetiva.

Señala que las garantías fundamentales infringidas son: el derecho a la vida y a la integridad física y psiquica de la persona, ya que, según el recurrente, los múltiples procedimientos administrativos desde sus inicios han provocado al Sargento nombre reservado una justificada y evidente intranquilidad, angustia probada y estrés laboral debido a la excesiva presión que tiene lugar en el entorno de su trabajo, lo cual se volvió más más grave al dictarse la Resolución Exenta N° 126 ya latamente mencionada, por parte del Capitán Don nombre reservado, quien procede sin fundamento ni argumento alguno a agravar la situación del recurrente al imponer la sanción disciplinaria de ocho dias de arresto. Esta decisión totalmente antojadiza y arbitraria significa que su representado, ha sido sancionado sin fundamentos y solo como parte del proceso de persecución que hemos denunciado. Agrega que la situación administrativa del recurrente, pone en grave riesgo su estabilidad funcionaria en Carabineros de Chile, lo cual ha traído consigo, aparte de la preocupación propia del afectado, una intranquilidad e inquietud en su grupo familiar, que ha visto como diariamente se ve agobiado y afligido por esta situación, teniendo presente que por los años de servicios en la institución, a esta data no tiene el tiempo legal para impetrar pensión de retiro.

Señala que también se ha infringido 2) el derecho a la igualdad ante la ley. Al respecto sostiene que el contenido de la Resolución Exenta N° 126, de fecha 15 de junio de 2022, de la 6ª Comisaría de Carabineros de Chile de La Serena, aparece como contraria a la ética elemental o a un proceso normal de análisis intelectual; no teniendo justificación racional o razonable, agraviando con ello la situación administrativa del afectado. Agrega que en cuanto a la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política, consagra este principio al señalar, en su inciso segundo, que "ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias", sostiene que la medida disciplinaria aplicada a su representado, es una sanción gravosa ya que limita la libertad personal del afectado. Cabe mencionar que, en el caso concreto, el respeto al principio de proporcionalidad impediría aplicar la sanción al señor nombre reservado, pues ello importaría una violación al principio de proporcionalidad y, por lo mismo, de la garantía de igualdad ante la ley. Cita jurisprudencia para apoyar sus dichos. Sostiene que para este caso, si eventualmente las conductas pudiesen ser reprochables y pudiesen ameritar su corrección disciplinaria, no son de una entidad suficiente como para justificar la sanción aplicada, circunstancia que permite no sólo calificar el acto recurrido como arbitrario, sino que además asentar la vulneración de la igualdad ante la ley, garantizada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República.

Alega también como garantía infringida la contenido en el artículo 19, N° 3 inciso 5°, de la Constitución Política de la República que dispone: “Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. Corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos”. Al respecto, sostiene que el hecho de que la resolución N° 126, ya citada, haga mención a una infracción sin contenido normativo y de manera directa considere como acreditados hechos por meras presunciones administrativas sin concatenación lógica que permita dar por establecidas premisas suficientes, sin darle valor alguno a la declaración y documentación aportada por la recurrente, y según se desprende de los hechos relatados en el cuerpo de este escrito, los argumentos esgrimidos por la recurrida, junto con formular y de sustentarlo en meras presunciones, a pesar de hacer formalmente un análisis y ponderación de los antecedentes, lo que en verdad realiza es un razonamiento y aplicación casi genérico concluyendo que, bajo esa lógica, aplicar la medida aparece casi como un acto espontaneo. Alega que hubo falta de motivación del acto administrativo, que en tal sentido, para la imputación de responsabilidad disciplinaria, no basta con describir la conducta cuestionable, sino que, luego se debe efectuar un detalle de los deberes reglamentarios infringidos, razonando cómo con la conducta desplegada se infringe tal o cual deber funcionario y finalmente expuesto lo anterior, encuadrar la conducta infraccional, en alguna o algunas de las faltas establecidas en el Reglamento de Disciplina de Carabineros Nº11, lo que no se observa en el procedimiento administrativo recurrido, concluye que se evidencia una importante irregularidad que constituye vicio de ilegalidad, por atentar al debido proceso administrativo y al derecho de defensa del Sargento 2° nombre reservado, por cuanto, el acto administrativo sancionatorio ha prescindido de la motivación que debe existir al momento de reprocharse y sancionarse una conducta funcionaria, ética o profesional determinada. Alega igualmente vulneración al principio de contradictoriedad, ya que : el artículo 10 inciso 1° y 2° de la Ley N° 19.880, contempla el derecho a defensa material, que dispone que “Los interesados podrán, en cualquier momento del procedimiento, aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio”, que tales alegaciones y documentos deberán ser tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución. Relacona lo dicho con que el Capitán nombre reservado de conformidad a lo establecido en el artículo 35, N° 4, letra c), del Decreto N° 900, del ex Ministerio del Interior, que aprueba el Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile, N° 11, en definitiva vulnero el derecho a defensa del Sargento 2° nombre reservado, toda vez que al no hacerse cargo de las alegaciones planteadas por este, basados en razonamientos jurídicos destinados a transmitir su defensa, convierte a la Resolución Exenta N° 126, de fecha 15.06.2021, en ilegal y arbitraria, en circunstancias que constituye un deber de la administración, basado en el principio de contradicción, tener en cuenta las alegaciones del inculpado al resolver.

Solicita finalmente a la Corte acoger el recurso en todas sus partes y se deje sin efecto la Resolución Exenta N° 126, de fecha 15 de junio del 2022, emanada de la recurrida en la que se resolvió sancionar al Sargento 2° nombre reservado con ocho días de arresto, por ser el acto ilegal y arbitrario, con costas del recurso. Para efectos de apoyar sus dichos acompaña los siguientes documentos expediente administrativo que culmina con Resolución N° 16 de fecha 15 de junio de 2022.

SEGUNDO: Que al tenor de lo dispuesto, a folio 15 de la carpeta digital informa el Capitán de Carabineros nombre reservado R. nombre reservado , subcomisario de los Servicios de la 6ª Comisaría Las Compañías, señalando que, acorde al contenido de la acción de protección interpuesta por parte del recurrente, aquel alega en su parte pertinente, haber visto conculcadas las garantías constitucionales consagradas en el Artículo 19 Nro. 1° “Derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona”; Nro. 2° “Igualdad ante la Ley” y Nro. 3° “La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos”; lo anterior a raíz de la Resolución Nº 126, de fecha 15.06.2022, que el suscrito dictó en su calidad de nombre reservado Subrogante de la 6ta. Comisaría de Carabineros “Las Compañías”, dependiente de la Prefectura de Carabineros “Coquimbo”, de la IV Zona de Carabineros “Coquimbo”, en el contexto de determinado Proceso Disciplinario seguido en contra del recurrente de autos, alegando una supuesta arbitrariedad e ilegalidad de dicho acto administrativo en razón la medida disciplinaria que le fuera impuesta consistente en “08 días de arresto, con servicios”, como asimismo, de las diligencias investigativas efectuadas por la Sección de Asuntos Internos de la Prefectura de Carabineros “Coquimbo” que precedieron a la aplicación de la referida sanción. Recuerda seguidamente la naturaleza de esta ación de protección y su procedencia y en cuanto al caso concreto, la arbitrariedad e ilegalidad sostenida por el recurrente en su acción constitucional no resulta procedente, ya que el actuar administrativo se encuentra ajustado a derecho, por cuanto la medida disciplinaria impuesta estuvo sometida a la reglamentación y potestades que otorgan al recurrente todas las instancias reglamentarias y legales para ejercer los derechos que estime pertinentes, respetándose cada una de sus garantías con estricto apego a los principios de defensa, del debido proceso, y legalidad.

Prosigue el informante indicando que los hechos que motivaron la imposición de la medida disciplinaria consistente en “08 días de arresto, con servicios” mediante Resolución Nº 126, de fecha 15.06.2022, se remiten al Documento Electrónico Nro. 162040019, de fecha 13.06.2022 de la Prefectura de Carabineros “Coquimbo”, por medio del cual ese Mando de Repartición remitió hasta la 6ta. Comisaría de Carabineros “Las Compañías”, el Oficio Reservado Nro. 15, de fecha 08.06.2022, de la Sección de Asuntos Internos de esa dependencia, relacionado con las diligencias que dicha Sección Especializada realizó a raíz del reclamo anónimo efectuado a través de la Plataforma Institucional “Comisaría Virtual” en contra del Sargento 2do. nombre reservado, lo anterior con la finalidad que este informante, en su calidad de nombre reservado Subrogante de la mencionada Unidad Operativa (El nombre reservado titular se encontraba haciendo uso de días de permiso válidamente autorizados), y previo análisis de los antecedentes, hiciera uso de su potestad disciplinaria conforme lo dispuesto en el Artículo 12° del Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile, Nro. 11. Agrega que en dicho contexto, y a propósito de las diligencias investigativas efectuadas por la citada Sección Especializada, importa señalar que, mediante la Orden General Nro. 2677, de fecha 01.08.2019 se dictó la Directiva de Organización y Funcionamiento de la Subdirección de Asuntos Internos, la que contempla en su Capítulo IV la creación a nivel nacional de las denominadas Secciones de Asuntos Internos de Carabineros (SAICAR); en este contexto la Subdirección de Asuntos Internos y sus oficinas regionales les corresponde por misión principal la prevención, detección e investigación de conductas reñidas con la probidad administrativa y/o régimen disciplinario que pueda incurrir cualquier integrante de la Institución. Así las cosas, las respectivas secciones de asuntos internos se rigen por la normativa recién expuesta y sus modificaciones, sin que les sea aplicable a su respecto ninguna de las disposiciones contenidas en la Ley Nº 19.974 sobre Sistemas de Inteligencia del Estado y la Agencia Nacional de Inteligencia; pues las labores que aquellas realizan no corresponden a actividades de inteligencia policial, sino únicamente obedecen a labores de fiscalización, control y de observancia del correcto desempeño funcionario de cualquier integrante de Carabineros de Chile.

Señala que, a raíz del mencionado reclamo anónimo, es que la citada Sección Especializada conforme a lo dispuesto en el Título IV, Numeral 6.2.2 del Manual para la prevención, detección y control de conductas indebidas de Carabineros de Chile, efectuó las averiguaciones preliminares que permitieran establecer preliminarmente los hechos denunciados en el reclamo anónimo efectuado vía Comisaría Virtual en contra del recurrente. Así las cosas, en el desarrollo de esas actividades de control y fiscalización, y habiéndose acreditado en dicho contexto que el Sargento 2do. nombre reservado efectivamente habría incurrido en determinadas faltas disciplinarias de aquellas contempladas en el Artículo 22° del Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile, Nº 11, lo anterior en relación con las disposiciones contenidas en la Orden General Nro. 1460, de fecha 29.04.2002, que modifica la Directiva Complementaria del Reglamento de Feriados, Permisos, Licencias y otros beneficios, Nº 9, es que previa audiencia del interesado conforme a lo dispuesto en el inciso primero del Artículo 12° del citado cuerpo reglamentario, y en el marco de un formal proceso administrativo, este informante resolvió aplicar respecto del recurrente de autos la medida administrativa consistente en “08 días de arresto, con servicios”. Agrega que, notificado personalmente con fecha 20.06.2022 del contenido íntegro de la Resolución Nº 126, el Sargento 2do. nombre reservado se manifestó “no conforme” deduciendo de acuerdo a lo previsto en el Artículo 40° del Reglamento Nro. 11, su Recurso Jerárquico ante el Prefecto de la Prefectura de Carabineros “Coquimbo”, escrito recursivo que en su parte pertinente, refiere a idénticos argumentos de defensa de aquellos a los que se hace referencia en su acción constitucional, quedando en evidencia que el acto administrativo en contra del cual se recurre, se enmarca en el contexto de un formal proceso disciplinario que en la actualidad se encuentra en pleno desarrollo y en instancia de impugnación, aun restando en consecuencia lo que sobre el particular haya de resolver el Prefecto de la Prefectura de Carabineros “Coquimbo”, y posteriormente en caso que el recurrente se manifieste disconforme, el Jefe de la IV Zona de Carabineros “Coquimbo”, este último en instancia de Apelación conforme a lo previsto en el Artículo 41° del ya tantas veces referido Reglamento Nro. 11; razones por la cuales es dable concluir que la medida disciplinaria que fuera impuesta por este informante, reviste el carácter de condicional pues se encuentra supeditada a lo que en cada una de las restantes instancias hayan de determinar los Mandos llamados a resolver. Sostiene que, de las alegaciones del actor se desprende que el objeto de la interposición de la presente acción constitucional, refiere a la intención por parte del recurrente de utilizar la vía de protección como una instancia administrativa; lo anterior, toda vez que reprocha el acto administrativo recurrido en lo que se refiere a la medida disciplinaria que le fuere impuesta, y especialmente, a las diligencias investigativas que le precedieron y que cabe precisar, fueron efectuadas por personal de dotación de la Sección de Asuntos Internos de la Prefectura de Carabineros “Coquimbo”, conforme al ámbito de sus competencias y atribuciones.

Señala sobre lo dicho que, para que el actor promueva su alegación, debe estar en posesión de un derecho de carácter indubitado, esto es, un derecho cuya titularidad no dé lugar a dudas o interpretaciones; en el caso en particular, el actor no cuenta con un derecho indubitado, toda vez que las garantías constitucionales que esgrimen como vulneradas son, a su juicio, producto de la arbitrariedad e ilegalidad de la cual adolecería la Resolución Nº 126, de fecha 15.06.2022, acto administrativo que tal como se señaló, impuso una medida disciplinaria que se encuentra en vías de impugnación, motivo por el cual tal reproche administrativo es eventualmente susceptible de ser modificado por los Mandos llamados a resolver, si de la ponderación de los elementos de juicio, así lo estiman pertinente.

Señala que, la hipótesis del actor resulta errónea, evidenciando la intención de éste de tratar de utilizar la vía de protección como una instancia, en circunstancias que estamos en presencia de una medida disciplinaria contemplada en nuestro ordenamiento jurídico institucional, que cumplió con todas y cada una de las etapas procesales administrativas que la normativa aplicable al particular contempla, respetando tanto el derecho a defensa como el debido proceso, situación que da cuenta de la inexistencia de una supuesta ilegalidad y/o arbitrariedad como pretende argumentar el actor.

Agrega que Carabineros de Chile tiene un sistema disciplinario especial al cual está sujeto el personal institucional, según se desprende de lo estipulado en el inciso final del Artículo 36°, de la Ley Nro. 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros, que dispone “El personal que infrinja sus deberes u obligaciones incurrirá en responsabilidades administrativas conforme lo determine el Reglamento de Disciplina, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que pueda afectarle”. Luego, el Artículo 23° del Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile, Nro. 11, establece las sanciones disciplinarias que se les puede aplicar a los funcionarios, contemplando en su numeral segundo, letra C), el Arresto hasta de treinta (30) días, ello en relación con lo dispuesto a su turno en el Artículo 25°, Nro. 3, del referido cuerpo reglamentario. A su vez, el Artículo 36° de la Ley Nro. 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, establece en su inciso primero que la potestad disciplinaria será ejercida por las autoridades competentes a través de un racional y justo procedimiento administrativo, tales procesos figuran normados en el Reglamento de Sumarios Administrativos de Carabineros de Chile, Nro. 15, en el cual se contempla la forma de presentar sus alegaciones, los correspondientes recursos que pueden hacer vales los inculpados y las pruebas que a su favor pudieran incidir, observándose con ello el respeto al debido proceso y el libre ejercicio de su derecho a defensa.

Señala que finalmente, queda acreditado el cumplimiento de la normativa por parte de Carabineros de Chile, y especialmente por parte de este informante en su calidad de nombre reservado Subrogante de la 6ta. Comisaría de Carabineros “Las Compañías”, toda vez que a juicio de quien suscribe la presente acción de cautela no reviste ni reúne los fundamentos legales y facticos para estimar que se ha incurrido en una acto arbitrario o ilegal, tal y como previamente se señaló, y que haya importado para el recurrente producir una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos que reclama como conculcados.

Sostiene que la pretensión del actor de autos se encuentra infundada, al demostrarse que Carabineros de Chile no ha incurrido en alguna acción u omisión, antijurídica o arbitraria, sino muy por el contrario, se ha enmarcado irrestrictamente a la esfera de competencias y atribuciones que le asisten en la materia en comento, circunstancias que quedan de manifiesto de la sola sustanciación del proceso disciplinario en el que se dictó la Resolución Nro. 126, y que el propio recurrente acompaña a su acción de cautela, en el que se puede apreciar claramente que el actor presentó sus descargos, como asimismo, los recursos pertinentes, trámites que acorde a la múltiple jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República, son considerados esenciales para asegurar la garantía de un justo y racional procedimiento y el derecho a defensa.

Solcita rechazar el recurso de protección en todas sus partes, con expresa condenación en costas, en atención a que en los hechos descritos, Carabineros de Chile, y especialmente este informante, no ha vulnerado derecho alguno, actuando siempre en conformidad a derecho. Acompañanlos siguientes documentos, Orden General Nro. 2677, de fecha 01.08.2019, de la Dirección General de Carabineros que aprueba la “Directiva de Organización y Funcionamiento de la Subdirección de Asuntos Internos” y Orden General Nro. 2741, de fecha 24.02.2020, de la Dirección General de Carabineros que aprueba el “Manual para la prevención, detección y control de conductas indebidas de Carabineros de Chile”.

TERCERO: Que a folio 16 del expediente digital informa a su vez, el Coronel de Carabineros, Nelson R. nombre reservado de la Prefectura de Carabineros de Coquimbo, quien luego de indicar que su mando solo conoce de los hechos que dan lugar a esta acción cautelar, por medio de lo informado por el Capitán nombre reservado nombre reservado, y de los antecedentes acompañados al recurso que informa, indica que en cuanto al proceso disciplinario en cuyo contexto se dictó el acto administrativo en contra del cual se recurre (Resolución Nº 126 de 15 de junio de 2022), destaca que dicho proceso administrativo se encuentra actualmente vigente, y en instancia de impugnación ante su persona, por lo que una vez que los antecedentes sean analizados por el Servicio Jurñidico de esta dependencia, y en caso de encontrarse en condiciones de continuar con su normal tramitaciñon, su Mando de Repartición procederá a ejercer su podestad disciplinaria emitiendo al efecto el correspondiente acto administrativo que resuleva el recurso jerárquico deducido en contra de la citada resolución, el que indicará expresamente los antecedentes de hecho y derecho que le sirven de sustento, y conforme a los cuales se ha adoptado la decisión, satisfaciendo con ello las exigencias de motivación requeridas por la múltiple jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República; ente contralor. Señala, que a su turnoademás ha indicado que la determinación de mayor o menor gravedad de la falta cometida por el personal institucional queda entregada a la calificación de la jefatura institucional respectiva (dictamen Nº 35.714 de 2017). Concluye, que es la autoridad institucional la que aprecia y pondera los hechos para determinar lasanción o medida a aplicar, sin perjucio que ello deba expresarse en un acto administrativo.

Sostiene que, conforme lo expuesto y en base a los antecedentes tenidos a la vista, la presente acción cautelar no reviste ni reúne los fundamentos legales y fácticos para estimar que se ha incurrido en un acto arbitrario o ilegal que haya importado para el recurrente producir una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos que reclama como conculcados, advirtiéndose y conforme a la documentación que obra sobre el particular, que el acto administrativo contra el cul se recurre se dictó en el contecto de un proceso disciplinario que aun se mantiene vigente y en trámite, encontrándose a la fecha del informe, pendiente de resolución el recurso jeráquico deducido ante el Prefecto que informa, motivo por el cual, sostiene que el actor no se encuentra en posesión de un derecho de carácter indubitado, circunstancias que impiden a que este informante anticipe por este medio su decisión sobre el particular, ya que podría eventualmente constitutir un indicio de prejuzgamiento que supondría atentar en contra de las garantías del debido proceso. En definitiva, en virtud de todo lo expuesto en su informe, solicita el rechazo del recurso, con costas.

CUARTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

QUINTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

SEXTO: Que mediante la presente acción constitucional se recurre en contra de la Resolución Exenta N° 126, de fecha 15 de junio del 2022, dictada Capitán de Carabineros nombre reservado R. nombre reservado, subcomisario de los Servicios de la 6ª Comisaría Las Compañías, que consta entre fojas 44 y 48 del expediente administrativo acompañado a estos autos, resolución que sanciona al recurrente con “ocho días de arresro con servicios” y se pide a esta Corte dejar sin efecto dicha resolución por tratarse de una acto arbitrario e ilegal.

SÉPTIMO: Que conforme se ha expuesto por los recurridos en sendos informes, y del relato del propio recurrente, con fecha 26 de Junio de 2020, el afectado presentó en tiempo y forma el Recurso Jerárquico establecido en el artículo 40 del Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile N° 11, ante el Señor Prefecto de Coquimbo, jefatura llamada por Ley a resolver, quedando frente a esta última resolución, una vez emitida, igualmente medios impugnatorios propios de dicho procedimiento administrativo, como se ha informado a folio 15.

Octavo:Que tal como se dijo previamente, se advierte de lo expuesto por ambas partes ante esta Corte, que ha quedado en evidencia la existencia de un procedimiento administrativo previo, tramitado coforme la normativa que regula a las partes, según se ha expuesto, pero que a la época de presentación de la acción que nos ocupa, aun no estaba terminado, pues existe recurso pendiente impetrado por el propio recurrente conforme en derecho le corresponde. Que estando el asunto que se ha sometido a esta Corte bajo el imperio del derecho y aún en situación de ser resuelto en sede adminitrativa, esta acción constitucional no es la vía idónea para revisar las pretensiones del recurrente, toda vez que, como ya se dijo y ha sido señalado por el mismo actor, en el asunto, al tiempo que da inicio a esta acción constitucional, estaba pendiende de resolver el Recurso Jerárquico, en sede administrativa.

Noveno: Que, cabe recordar lo señalado reiteradamente por el Máximo Tribunal, la acción constitucional que nos ocupa, es excepcional y está entregada a aquellas situaciones en que no hay otras vías para reclamar por amenaza o vulneración a las garantías constitucionales que se protegen o las vías que existen no fueron resueltas conforme a derecho, lo que no ha ocurrido en la especie. Que en la especie, se ha intentado impugnar un acto administrativo, que ha sido dotado por el legislador con un sistema propio de impugnación, el que aun no se ha agotado íntegramente, no siendo por tanto esta la vía idónea para las pretensiones del recurrente, motivo por el cual el presente recurso no podrá prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por el abogado, Jorge Villar Gutiérrez, actuando en representación de don nombre reservado, en contra de la 6tª Comisaría de Carabineros de La Serena, representada legalmente por su nombre reservado (S) Capitán de Carabineros don nombre reservado y de la Prefectura de Carabineros Coquimbo N°. 6, representada por el Coronel de Carabineros nombre reservado, o quien le suceda o subrogue.

Redactada por la abogada integrante, Elvira Badilla Poblete Regístrese y archívese en su oportunidad.

Rol 5398-2022.-