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Derecho público chileno

ProtecciónRol N° 539-202121 jul 2021

nombre reservado con SUPERINTENDECIA DE SEGURIDAD SOCIAL

Fecha
21 de julio de 2021
Corte
Corte de Apelaciones de La Serena
Sala
Segunda Sala
Resultado
Rechazada
Cita
Corte de Apelaciones de La Serena, Rol N° 539-2021, sentencia de 21 de julio de 2021

Resumen

Se rechaza el recurso de protección contra la COMPIN y la Superintendencia de Seguridad Social, por no estimarse ilegales ni arbitrarias las resoluciones que rechazaron las licencias médicas, al constatarse fundamentación suficiente en la revisión de antecedentes.

Texto íntegro

nombre reservado, nombre reservado

Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez y otro Recurso de Protección Rol N° 539-2021.- La Serena, veintiuno de julio de dos mil veintiuno.

Visto y considerando:

PRIMERO: Que con fecha veintitrés de mayo del año en curso comparece doña nombre reservado, interponiendo acción de protección en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de Coquimbo (COMPIN), representada legalmente por doña nombre reservado y en contra de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), representada por don nombre reservado.

Señala que, a raíz de diversos síntomas, que incluían insomnio, falta de apetito, baja considerable de peso, crisis de angustia, taquicardia y falta de ánimo, con fecha dieciséis de marzo de dos mil veinte concurrió al psiquiatra nombre reservado. Éste le diagnóstico crisis de pánico con agorafobia y elementos fóbicos laborales, luego de lo cual, y atendido su estado de salud, le otorgó licencia médica por 30 días y un estricto tratamiento con medicamentos.

Indica que al cabo de unos días de tratamiento y reposo sufrió una crisis, por la cual le tuvieron que llevar de urgencia a la Clínica Elqui, toda vez que se desmayó y sentía que no podía respirar, oportunidad en la cual previo exámenes y revisión médica le diagnosticaron crisis de pánico, dejándole en observación con tratamiento, confirmándose con ello el diagnóstico previo del Dr. Oliva.

Manifiesta que por razones médicas, el psiquiatra que la controlaba, el Dr. Oliva, tuvo que ausentarse debido a su edad y la complejidad de la pandemia, por lo cual quedó sin atención médica, lo que le obligó a consultar a otro psiquiatra para poder continuar con su tratamiento ya que, debido a lo acontecido por la pandemia y el estallido social, su situación de salud se vio agravada.

Refiere que retomó su tratamiento en forma continua con la psiquiatra nombre reservado quien le acompañó durante todo el proceso hasta febrero de este año, el cual se vio interrumpido lamentablemente por razones económicas, toda vez que quedó cesante al ser desvinculada de su empleo “por necesidades de la empresa”, situación por la cual actualmente se encuentre en un juicio laboral por despido injustificado, desvinculación que derivó en que no ha podido continuar con el tratamiento psiquiátrico.

Destaca que con fecha 30 de marzo de 2020, recibió una citación virtual para peritaje al cual concurrió con fecha 03 de abril de 2020, para con la doctora nombre reservado, en forma Online, sin que en momento alguno, aparte de lo poco que pudo observarle por la pantalla, pudiese ver su estado de salud de manera clara, siendo relevante porque este fue el único peritaje que le realizaron dentro de los cinco meses de licencia que tuvo. En dicha oportunidad el peritaje fue aprobado y le pagaron la licencia en ese mes.

Añade que, desde la segunda licencia en adelante, todas fueron rechazadas y cada uno de dichos rechazos fue apelado en tiempo y forma, ante todas las instituciones pertinentes llegando hasta la última instancia, esto es, la SUSESO, la cual reiteró el rechazo otorgado por el Compin en las tres últimas licencias, a saber: a) Licencia n° 259 67 50 52, de fecha 08 de junio de 2020 por 30 días; b) Licencia n° 259 67 50 74, de fecha 08 de julio de 2020 por 30 días; c) Licencia n° 59 67 50 82, de fecha 07 de agosto de 2020 por 15 días.

Relata que en la actualidad aún no tiene el alta médica y su tratamiento se ha visto interrumpido, por no tener recursos económicos para poder seguir asistiendo a la consulta médica, recursos que le han sido bloqueados sistemáticamente por el Compin, representada por Suceso, sin justificación alguna.

Arguye que la arbitrariedad consiste en que las recurridas han soslayado el hecho suficientemente acreditado consistente en que ha sufrido una enfermedad, debidamente diagnosticada, que ampara y justifica el otorgamiento de las licencias médicas reclamadas. En definitiva, el reposo prolongado otorgado por los médicos que suscribieron las licencia medicas reclamadas se encuentra suficientemente justificado, por lo que su rechazo resulta del todo arbitrario, considerando además el estallido social y la pandemia.

Sostiene que el rechazo de dichas licencias le ha causado un enorme perjuicio económico, como asimismo un retroceso en su estabilidad emocional, que ha repercutido en su tratamiento, el cual se encuentra suspendido por carecer de los medios para su prosecución.

Agrega que lo rebatido son dos actos administrativos adoptados por la administración, decisiones formales que deben cumplir con la exigencia de fundamentación tanto en los hechos como en el derecho. Así, expone que la resolución impugnada -a la que no individualiza- señala “Esta conclusión se basa en que esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas licencias médica números: 259675052, 259675074, 59675082, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes aportados no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá del periodo de reposo ya autorizado, el cual se remonta a 118 días por patología psiquiátrica”, por lo que estima que es vaga, genérica, todo lo cual no permite comprenderla cabalmente e imposibilita su debido control, son escuálidas en sus contenidos, no explicitan las razones para desestimar y contiene motivos incompatibles y contradictorios.

Por lo anterior, estima que las recurridas han actuado en forma ilegal al dictar las resoluciones antes aludidas al carecer de fundamentos no respetando las normas legales y reglamentarias citadas precedentemente y también en forma arbitraria al dictarlas sin fundamentos que la sustenten. A lo anterior añade que el actuar de la recurrida debe ser calificado de ilegal y arbitrario al no haber instado – mediante los mecanismos legales correspondientes por la reevaluación de la situación médica actual de la recurrida a fin de determinar su condición de salud, la necesidad del reposo solicitado y el pronóstico de recuperabilidad En consecuencia refiere que los actos recurridos constituyen una perturbación y amenaza al derecho a la vida e integridad física de la recurrente, el que se encuentra garantizado en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República, pues su obrar le priva de ejercer el derecho que significa gozar de licencia médica, o sea, de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, para restablecer su salud.

Asimismo, aduce que dicho proceder afecta y lesiona el derecho de propiedad de la reclamante, consagrado en el numeral 24 del artículo 19 de la Carta Magna, toda vez que el actuar de las recurridas le priva de gozar, durante la vigencia de la licencia médica rechazada, del respectivo subsidio de incapacidad laboral o de la remuneración regular de su trabajo, según fuere el caso.

Solicita en definitiva que, acogiendo el recurso, se deje sin efecto la Resolución Exenta N° R-01-IBS-49502-2021, de fecha 23 de abril de 2021 de la Superintendencia de Seguridad Social, que confirmando el rechazo efectuado por el COMPIN, rechazó sus licencias médicas números: a) Licencia n° 259 67 50 52, de fecha 08 de junio de 2020 por 30 días. b) Licencia n° 259 67 50 74, de fecha 08 de julio de 2020 por 30 días. c) Licencia n° 59 67 50 82, de fecha 07 de agosto de 2020 por 15 días, ordenando además que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de Coquimbo, deje sin efecto la resolución que rechazo las licencias médicas antes señaladas, resolviendo que se deberán autorizar dichas licencias médicas, disponiendo sus pagos, con expresa condenación en costas.

SEGUNDO: Que con fecha ocho de junio del corriente comparece evacuando informe don Sergio Ansieta Calderón, abogado, en representación de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Región de Coquimbo, solicitando el rechazo del recurso, primeramente, por existir fundamentos médicos y administrativos que justifican el rechazo efectuado por la COMPIN de Coquimbo.

Hace presente que previo al rechazo de las tres licencias médicas que son objeto del presente recurso, a la recurrente se le habían autorizado 118 días de reposo por la misma patología.

Añade que los médicos contralores evaluaron los antecedentes clínicos de la Sra. nombre reservado y concluyeron que el reposo asociado a las precitadas licencias no tenía justificación médica-administrativa, porque los antecedentes aportados por la usuaria eran insuficientes para justificar la incapacidad laboral temporal, por sobre el período de reposo previamente autorizado de 118 días.

Agrega que la ISAPRE BANMEDICA había dispuesto la realización de un peritaje médico psiquiátrico que fue realizado a la recurrente el día 03 de abril de 2020 por la médico psiquiatra Dra. nombre reservado. Ésta hace un relato de la historia clínica del recurrente, contrastando el examen y la entrevista con el informe de su médico tratante, concluyendo: “Al momento de esta entrevista y desde un punto de vista psiquiátrico, en mi opinión profesional, paciente presenta un compromiso leve de su capacidad funcional por lo que se encuentra en condiciones de reinsertarse a su trabajo. Estimo estaba en condiciones de hacerlo desde hace una semana.”.

Indica que como la Sra. nombre reservado siguió presentando licencias médicas por las misma patologías, la COMPIN de Coquimbo, en ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias procedió a reevaluar los antecedentes médicos de la recurrente para cuyo efecto tuvo a la vista, por una parte, el peritaje de la psiquiatra de la ISAPRE y la evolución del cuadro clínico y, por la otra, el informe del médico tratante, dando mayor valor a los primeros, por estar más acorde con los requisitos del precitado Decreto N°7, de 2013 y a las Guías Clínicas del Ministerio de Salud.

En virtud de lo anterior, la COMPIN de Coquimbo, resolvió rechazar el reposo contemplado en las licencias médicas N°259675052, N°259675074 y N°59675082, extendidas por un total de 75 días, a contar del 08 de junio de 2021, ya que los antecedentes e informes médicos que se tuvieron a la vista, en particular, el peritaje médico psiquiátrico realizado a la recurrente el día 03 de abril de 2020, confirmaban que D. nombre reservado, presentaba un cuadro clínico que justificaba licencia médica hasta el mes de abril de ese año, fecha a partir de la cual estaba en condiciones reintegrarse a sus labores.

Estima que el actuar de su representada se ajustó al marco de sus facultades legales, con estricto apego a los criterios médicos dispuestos para determinar el pronóstico, lo que excluye de plano el que se esté en presencia de un acto arbitrario e ilegal.

Sostiene, en relación al cumplimiento de los requisitos de fundamentación de los actos administrativos relativos al estado de salud de las personas, que la doctrina y Jurisprudencia de nuestros Tribunales Superiores de Justicia ha establecido que la resolución de rechazo de una licencia médica, no puede ser considerada arbitraria si existen razones médicas y administrativas que justifiquen dicho rechazo, sin que sea posible transcribir en dichas resoluciones las conclusiones del peritaje, ello en razón del derecho a la intimidad de las personas, establecido en la ley N°19.653 sobre Protección de Datos Personales y al imperativo de confidencialidad del acto médico establecido en el artículo 12 de la Ley N°20.584 sobre derechos y deberes en salud.

Concluye que el rechazo de las tres licencias extendidas a nombre de la recurrente, a contar del 08 de junio de 2020 se encuentra debidamente fundado, atendido a que el reposo asociado a estas, no tenía justificación médica por las conclusiones del peritaje efectuado el 03 de abril de 2020.

En subsidio de lo anterior, y en el hipotético evento que se considere que la fundamentación de la resolución impugnada sea insuficiente, solicita ordenar a la SUSESO que encargue a la Comisión de Medicina Preventiva de Coquimbo, la realización de un nuevo informe médico acerca de la dolencia que da cuenta el recurso, a fin de determinar la procedencia de los días de reposo que disponen las licencias médicas objeto del recurso y cumplido ello, se pronuncie nuevamente acerca de las licencias rechazadas.

Solicita, en definitiva, rechazar la acción de protección interpuesta en contra de su representada, o en subsidio, se ordene a la SUSESO encargue a la Comisión de Medicina Preventiva de Coquimbo, la realización de un nuevo informe médico acerca de la dolencia que da cuenta el recurso, a fin de determinar la procedencia de los días de reposo que disponen las licencias médicas materia de autos y cumplido ello, se pronuncie nuevamente acerca de las licencias médicas denegadas.

TERCERO: Con fecha 5 de julio del año en curso comparece el abogado Francisco Fernández de la Peña, en representación de la recurrida la Superintendencia de Seguridad Social, solicitando el rechazo de la acción deducida.

Señala que el servicio compareciente, luego del estudio y análisis de los antecedentes, mediante la Resolución Exenta N° R-01-UME-09605-2021, de 26-01-2021, dictaminó “que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N°s 259675052, 259675074, 59675082, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que la recurrente no aporta informe amplio y fundado que indique evolución del cuadro clínico y compromiso funcional que le ocasiona, sintomatología, esquema terapéutico implementado y la respuesta a eventuales ajustes, fecha probable de alta, derivación GES e Informe emitido por Psicólogo tratante que acredite Psicoterapia. Los informes médicos aportados no permiten establecer incapacidad laboral temporal más allá del periodo de reposo ya autorizado, el cual alcanza a 118 días por la misma patología.”

Indica que con fecha veintidós de febrero de dos mil veintiuno, la Sra. nombre reservado acudió ante la Superintendencia solicitando la reconsideración de la Resolución Exenta N° R-01-UME-09605-2021.

Refiere que el servicio, luego de un nuevo estudio de los antecedentes, mediante la Resolución Exenta N° R-01-IBS-49502-2021, de veintitrés de abril de dos mil veintiuno, decidió confirmar lo resuelto precedentemente, indicando: “Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N°s 259675052, 259675074, 59675082, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes aportados no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá del período de reposo ya autorizado, el cual se remonta a 118 días por patología psiquiátrica.”

Añade que la interesada, en la presente acción no establece de qué manera la superintendencia amenaza o vulnera alguna de las garantías consagradas en la Constitución Política de la República.

Hace presente que profesionales médicos de la Superintendencia al momento de analizar los antecedentes de la Sra. nombre reservado, plasmaron sus opiniones técnicas en la ficha médica que consta en la copia del expediente administrativo que acompaña en autos.

Agrega que uno de los antecedentes tenidos a la vista fue el informe de entrevista psiquiátrica de peritaje, de fecha tres de abril de dos mil veinte, que señaló en su parte conclusiva: “Al momento de esta entrevista y desde un punto de vista psiquiátrico, en mi opinión profesional, paciente presenta un compromiso leve de su capacidad funcional por lo que se encuentra en condiciones de reinsertarse a su trabajo. Estimo estaba en condiciones de hacerlo desde hace una semana.”

Aduce que la valoración de los antecedentes acompañados, permite descartar cualquier tipo de ilegalidad o arbitrariedad en su proceder, pues demuestran que las decisiones adoptadas, además de encontrar soporte legal, no se sustentaron en el mero capricho del servicio, el que emitió sus pareceres de orden técnico, señala, con pleno apego a la normativa que regula el derecho denominado licencia médica, en una decisión apoyada en la revisión de los antecedentes por los profesionales médicos de la Superintendencia, la que señala no fue del agrado de la trabajadora, pero que estima que no por ese motivo puede señalarse que el actuar de la Superintendencia ha sido ilegal o que haya vulnerado, o siquiera, amenazado alguna de las garantías fundamentales de la recurrente.

Señala que no existe en el caso de marras una titularidad sobre el derecho a licencia médica, ya que no se han cumplido los requisitos legales para que ésta nazca a la vida del derecho y produzca sus efectos, de tal forma que no reúne la condición de un derecho preexistente, indubitado, cuyo ejercicio resulte legítimo.

En relación a la garantía constitucional del derecho de propiedad, señala que no existe vulneración o amenaza, ya que el sólo otorgamiento de una licencia médica por parte de un facultativo de la salud no implica el nacimiento de ningún derecho de propiedad en relación con un eventual subsidio por incapacidad laboral o remuneración según sea el caso, en atención a que se requiere, previamente, el cumplimiento de ciertos requisitos que en la especie no se cumplen.

Agrega que lo reclamado incide, más que en el derecho de propiedad, en derechos relativos a la seguridad social, los que no se encuentran cautelados por la presente acción.

Solicita, en definitiva, que sea desestimada en todas sus partes la acción de protección interpuesta en autos.

CUARTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

QUINTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

SEXTO: Que, el presente arbitrio constitucional dice relación con el rechazo de licencias médicas otorgadas al reclamante por lo que corresponde traer a colación que la licencia es “el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico-cirujano, cirujano-dentista o matrona, según corresponda, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, de la Secretaría Regional Ministerial de Salud que corresponda o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio de incapacidad laboral con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo, o de la remuneración regular de su trabajo o de ambas en la proporción que corresponda” y además que “es un acto médico administrativo en el que intervienen el trabajador, el profesional que certifica, la Compin o ISAPRE competente, el empleador y la entidad previsional o la Caja de Compensación de Asignación Familiar, en su caso”.(artículos 1 y 5, Decreto Supremo n° 3/1984, Ministerio de Salud, Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las Compin e Instituciones de Salud Previsional).

SÉPTIMO: Que, a su vez la Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobarlas licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa, caso en el cual “se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia”. (Artículo 16, Decreto Supremo N°3/1984)

OCTAVO: Que, el acto impugnado es un acto administrativo pues es una decisión escrita adoptada por la Administración, o sea, una decisión formal emitida por un órgano de la Administración del Estado que contiene una declaración de voluntad, realizada en el ejercicio de una potestad pública, en concreto es una resolución. En consecuencia, debe cumplir con los requisitos de un acto administrativo, entre ellos, el de fundamentación contenido en el inciso cuarto del artículo 41 de la Ley 19.880, el que prescribe que “Las resoluciones contendrán la decisión, que será fundada. Expresarán, además, los recursos que contra la misma procedan, órgano administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno”.

Asimismo, el deber de fundamentación que exige el artículo precitado se contiene también en el artículo 16 del Decreto Supremo n° 3/1984, al ordenar, en lo pertinente, que al rechazar o aprobar una licencia médica, reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa, la COMPIN, en este caso particular, debe dejar “constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia”.

NOVENO: Que la COMPIN ha argumentado que, de acuerdo con la evaluación de los médicos contralores el reposo asociado a las licencias materia de autos no tenía justificación médica-administrativa, porque los antecedentes aportados por la usuaria eran insuficientes para justificar la incapacidad laboral temporal, por sobre el período de reposo previamente autorizado de 118 días. Agrega que, teniendo igualmente en consideración el peritaje médico psiquiátrico realizado a la recurrente el día 03 de abril de 2020 por la psiquiatra Dra. nombre reservado, y el informe del médico tratante, en ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias procedió a reevaluar la situación de la recurrente, rechazando las licencias presentadas.

DÉCIMO: Que, de lo expuesto precedentemente, aparece que la Comisión recurrida expresa que ha actuado conforme a derecho por cuanto las licencias médicas de autos fueron rechazadas con sustento técnico, teniendo en consideración antecedentes e informes médicos que se tuvieron a la vista, en particular el peritaje realizado a la parte recurrente que afirma que ésta se encontraba en condiciones de reintegrarse a sus labores antes del inicio de las licencias impugnadas, lo que hace injustificado el reposo prescrito con posterioridad.

UNDÉCIMO: Que los antecedentes referidos en el considerando previo, los que fueron debidamente analizados y, en especial, el informe médico pericial, eran más que suficientes para arribar a la decisión que se adoptó por el órgano contralor, por lo que mal podría estimarse que la resolución impugnada, en cuanto fundadamente desestimó el reclamo formulado por el actor, sea arbitrario por carecer de motivación. Lo propio ocurre con la resolución de la Superintendencia, que señala haber estudiado los antecedentes aportados, de los cuales no se desprendía la existencia de una incapacidad laboral temporal, más allá del período de 118 días ya autorizado, sin que resulte exigible la transcripción en dichas resoluciones de las conclusiones del peritaje u otros datos sensibles que pudieren afectar la intimidad de la recurrente o la confidencialidad de los actos médicos.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre tramitación del Recurso de Protección, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de Coquimbo (COMPIN), y en contra de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO).

Acordado con el voto en contra del ministro Sr. Troncoso, quien fue de parecer de acoger el recurso interpuesto, invalidando las resoluciones recurridas, disponiendo en su lugar que la COMPIN recurrida o la del domicilio de la reclamante disponga la realización de un nuevo informe médico acerca de la dolencia que da cuenta el recurso, a fin de determinar la procedencia de los días de reposo que establecen las licencias médicas materia de autos, y cumplido ello, se pronuncie nuevamente acerca de éstas, por las siguientes consideraciones:

1. Que tanto las resoluciones de la COMPIN como la de la SUSESO se sustentan en la enumeración de normas legales y reglamentaria, con una referencia vaga y genérica a la supuesta revisión de antecedentes que no se individualizan, sin hacer mención alguna a la existencia del peritaje referido en sus informes, lo que conduce a que dichas actuaciones devengan en ilegales por falta de fundamentación suficiente que permita su comprensión y posibilite el control de su contenido.

2. Que, por otro lado, revisada la pericia a la que se ha hecho referencia por la COMPIN, se advierte que la misma da cuenta de un inadecuado tratamiento de la dolencia psiquiátrica de la recurrente, señalando la insuficiencia de las dosis de los fármacos recetados así como la necesidad de derivación a psicoterapia, lo que tornaba plausible una persistencia o agravamiento de la patología cursada, tornando imprescindible a juicio del suscrito una nueva evaluación, máxime cuando la pericia antecede en dos meses a las licencias objetadas.

3. Que, de todo lo expuesto, resulta que la actuación de las recurridas ha amenazado o perturbado las garantías constitucionales que fundan el recurso, lo que ameritaba su acogimiento, en la forma ya indicada.

Regístrese, notifíquese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del ministro Sergio Troncoso Espinoza.

Rol N° 539-2021 Protección.-.