Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

nombre reservado

Servicio Nacional de Migraciones Recurso de protección Rol Nº538-2026.- La Serena, diez de abril de dos mil veintiséis.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece don Junior Armando Daza Vargas, abogado, en representación de doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, interponiendo recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, fundado en la omisión ilegal y arbitraria consistente en no haber emitido pronunciamiento respecto del recurso administrativo deducido contra la resolución que tuvo por desistida su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiada.

Señala que la recurrente ingresó solicitud de refugio en agosto de 2025, en razón de haber sido víctima de violencia intrafamiliar grave en su país de origen, viéndose obligada a abandonarlo para resguardar su integridad. No obstante, dicha solicitud fue declarada desistida por motivos formales mediante resolución de 04 de septiembre de 2025, ante lo cual interpuso oportunamente recurso administrativo, sin que hasta la fecha exista pronunciamiento de la autoridad.

Indica que esta inactividad administrativa mantiene a la recurrente en un estado de incertidumbre jurídica y vulnerabilidad, afectando sus derechos fundamentales, especialmente la igualdad ante la ley, el debido proceso y su integridad física y psíquica, al impedirle acceder a una decisión sobre su solicitud de protección internacional.

Por lo anterior, solicita se acoja el recurso, se declare ilegal la omisión del Servicio Nacional de Migraciones y se ordene dictar resolución fundada dentro del plazo de treinta días, adoptando las medidas necesarias para restablecer el derecho, con costas.

SEGUNDO: Que, a folio 4 compareció la recurrida Servicio Nacional de Migraciones, solicitando el rechazo en todas sus partes de la misma, ya que no se configuran los presupuestos constitucionales ni legales para su interposición, debiendo ser considerada como improcedente al no existir acto u omisión de la autoridad que pueda ser calificado de arbitrario o ilegal que atente en contra de alguna de las garantías consagradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Expone que doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, no registra ingreso al país por paso habilitado y que no solicitó refugio en frontera. Asimismo, el 21 de agosto de 2025 manifestó su intención de solicitar el reconocimiento de la condición de refugiada, siendo citada para completar el formulario y realizar entrevista de admisibilidad el 26 de agosto de 2025.

Señala que, en esa misma fecha, mediante resolución notificada por correo electrónico, se le informó que su solicitud no cumplía con los requisitos formales, otorgándosele un plazo de 15 días hábiles para subsanar, bajo apercibimiento de tenerla por desistida.

Indica que, revisados los antecedentes acompañados por la interesada, se dictó la Resolución Exenta NUM000, de 4 de septiembre de 2025, que tuvo por desistida la solicitud de refugio por no cumplir con las exigencias legales, decisión respecto de la cual la recurrente interpuso recurso de reposición, encontrándose actualmente en etapa de análisis.

Informa que no se ha dictado acto administrativo de expulsión en contra de la recurrente y que el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado se rige por la Ley N° 20.430 y su reglamento, debiendo las solicitudes cumplir con requisitos mínimos de información y documentación, y que su incumplimiento faculta a la autoridad para requerir su subsanación dentro de plazo.

Finalmente, sostiene que el Servicio actuó conforme a la normativa aplicable, sin incurrir en ilegalidad ni arbitrariedad, por lo que solicita el rechazo del recurso, con costas.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, por la presente acción constitucional, se recurre en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por la dilación injustificada en resolver el recurso administrativo interpuesto, configurando una omisión ilegal y arbitraria que mantiene a la recurrente en incertidumbre jurídica y vulnera sus garantías fundamentales.

Por su parte, la recurrida informó que las solicitudes se tramitan conforme a los procedimientos administrativos vigentes, sujetas a revisión y a los plazos propios del servicio, descartando la existencia de ilegalidad o arbitrariedad en su actuar.

SEXTO: Que, para resolver el asunto en examen, se debe acudir a lo estatuido en la Ley N°19.880. En este sentido resulta útil destacar el principio de celeridad, previsto en su artículo 7, conforme al cual la autoridad debe impulsar de oficio, en todos sus trámites, el procedimiento administrativo, debiendo actuar por propia iniciativa, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión. Lo anterior, resulta congruente con el principio conclusivo, consagrado en el artículo 8, que determina la necesidad de término del procedimiento con un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo, así como con el principio de economía procedimental, del artículo 9, que manda a la Administración responder con eficacia, evitando trámites dilatorios.

Por último, el artículo 14 define el principio de inexcusabilidad señalando que la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera que sea su forma de iniciación.

SÉPTIMO: Que, de acuerdo a los antecedentes que constan en la tramitación de la presente causa, queda en evidencia el incumplimiento de la normativa que regula la actividad de la Administración, toda vez que la autoridad respectiva ha desconocido la aplicación de los principios de celeridad, conclusivo, de economía procedimental e inexcusabilidad, en tanto ha dilatado la decisión respecto de la carta de nacionalización, excediendo el plazo establecido en el artículo 27 de la mencionada Ley N°19.880 (SCS Rol N°24.827- 2020).

OCTAVO: Que, por tanto, la dilación del recurrido en el pronunciamiento sobre la mentada solicitud, en este caso particular, debe ser calificada de ilegal y arbitraria porque vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N°2 de la Carta Fundamental, en tanto importa una discriminación en contra del recurrente en relación con el trato dispensado a otros interesados que, en situación jurídica equivalente, han podido tramitar debidamente sus solicitudes, obteniendo una respuesta formal en la que se contengan las razones conforme a las cuales la autoridad ha adoptado la decisión terminal pertinente.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, se resuelve:

Que, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, solo en cuanto se ordena al Servicio Nacional de Migraciones emitir el pronunciamiento que en derecho corresponda respecto del recurso administrativo presentado, dentro de plazo de treinta días corridos contados desde la notificación de esta sentencia.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°538-2026 Protección.-