Protección contra Inmobiliaria Samalu Limitada

Sociedad Moya y nombre reservado Limitada Inmobiliaria Samalu Limitada y Sociedad Hotel Londres Limitada Recurso de Protección Rol N°536-2026 La Serena, dieciocho de mayo de dos mil veintiséis.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, a folio 1, el 16 de marzo de 2026, don Pablo Merino Olivero, abogado, en representación de Sociedad Moya y nombre reservado Limitada, denominada “Campo-Mar Limitada”, sociedad del giro de servicios acuícolas, RUT N°RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, representada por doña nombre reservado, administradora, deduce recurso de protección en contra de Inmobiliaria Samalu Limitada, Sociedad Comercial, RUT N°RUT reservado, persona jurídica del guro de su denominación, domiciliada en domicilio reservado, representada por don nombre reservado, ingeniero comercial, cédula de identidad N°RUT reservado, de su mismo domicilio, y, en contra de Sociedad Hotel Londres Limitada, persona jurídica, del giro de inversiones de bienes raíces, RUT N°RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado y en domicilio reservado, representada por don nombre reservado, ingeniero comercial, cédula de identidad N°RUT reservado, de su mismo domicilio.

Refiere que el 03 de junio de 2024 celebró con Inmobiliaria Samalu Limitada, un contrato de promesa de compraventa relativo al inmueble denominado Lote BB-33-A del Loteo “La Varilla, Quinta Etapa”, La Serena. Añade que a la fecha de la promesa de compraventa el Lote BB-33 se encontraba en proceso de subdivisión en los lotes BB-33-A y BB-33-B.

Prosigue señalando que el precio de la compraventa se fijó en 2.403,142 UF, pagando la promitente compradora, recurrente, la suma de 53,403 UF en fecha anterior y la suma de 67,539 UF al momento de la citada promesa, el saldo del precio se pagaría al suscribir el contrato de compraventa, lo cual se verificaría cuando se aprobara el plano de subdivisión por el Servicio Agrícola Ganadero y se asignase rol de avalúo a cada lote, en un plazo máximo de 30 días desde que se comunique el cumplimiento de las condiciones, fijándose un plazo de 8 meses para el cumplimiento, y, en caso de no cumplirse, la promitente vendedora debía restituir la totalidad del precio pagado.

Indica que no se ha cumplido la obligación, por tanto, la recurrida debe devolver lo pagado y la multa de $10.000.000.

Continúa señalando que se le autorizó construir una casa mientras se concretaba la venta, sin embargo, el 23 de febrero de 2026 el conserje del Condominio le señaló que debía retirar todos los implementos de construcción.

Prosigue señalando que la recurrida, Hotel Londres Limitada, adquirió el Lote que se subdividiría para dar origen al lote prometido vender, compraventa que se realizó el 04 de junio de 2024.

Añade que las recurridas le han impedido ingresar al lote prometido vender y la casa se encuentra construida, por lo que tiene temor que ahora transfieran a terceros el referido lote.

Indica que se ha vulnerado el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, constituyéndose el actuar de las recurridas en ilegal y arbitrario, ya que amenaza su legítimo ejercicio del derecho de propiedad, citando el artículo 20 de la Carta Fundamental.

Concluye solicitando se acoja el recurso, se disponga u ordene a las recurridas cesar y abstenerse de realizar cualquier obra que le impida ingresar al lote prometido vender, en el que se encuentran sus bienes, a fin de ejercer el cuidado y mantención que requiere la construcción de la casa habitación, en concordancia con la presunción establecida en el artículo 700 del Código civil, con costas.

SEGUNDO: Que, a folio 12, el 06 de mayo de 2026, don Pablo Cerasa Arellano, abogado, en representación de las recurridas, Inmobiliaria Samalu Limitada y Hotel Londres Limitada, evacúa el informe, solicitando el rechazo del recurso de protección.

Refiere que las recurridas son empresas relacionadas, quienes tomaron conocimiento de un cambio de criterio del Servicio Agrícola y Ganadero que hacía inviable la subdivisión de predios rurales, lo que ocurrió después de suscrita la promesa de compraventa respecto del futuro Lote BB-33-A, en la cual se estableció que la obligación de vender, ceder y transferir se entendería cumplida aún si el contrato de compraventa se otorgare por otra sociedad o persona en calidad de dueña y vendedora del lote, lo que ocurrió, toda vez que el Lote BB-33 se transfirió a Hotel Londres Limitada quien procedió a presentar la solicitud de aprobación de la subdivisión ante el Servicio Agrícola y Ganadero.

Continúa reiterando lo indicado en el recurso, en cuanto a la suscripción de la promesa de compraventa y las condiciones suspensivas fijadas en dicho contrato, haciendo presente que el plazo de 8 meses fijado para la suscripción del contrato de compraventa se cumplió antes de completar el trámite de subdivisión ante el Servicio Agricola, que no hubo negligencia de las recurridas y que no fue posible tramitar los roles de avalúos ante el Servicio de Impuestos Internos, por lo que el contrato de compraventa perdió su vigencia.

Indica que entre las partes del presente arbitrio han existido conversaciones a fin de continuar con la esencia de la promesa, encontrándose en condiciones de concretar la compraventa, lo que dependía del financiamiento que gestionaría la recurrente, quien no inició los trámites de obtención de un crédito hipotecario, ofreciéndose la recurrida a iniciar los trámites, sin embargo, la recurrente dejó de responder sus llamados, razón por la cual se dejó de autorizar el ingreso de la recurrente al inmueble, informándole que el contrato de promesa de compraventa había dejado de tener vigencia, por lo que procedería a la devolución del dinero pagado, quedando pendiente realizar el cálculo de las prestaciones adeudadas.

Debido a lo anterior, refiere que no es efectivo que se haya incumplido el contrato de promesa de compraventa por parte de las recurridas, sino que quien incumplió fue la recurrente, no siendo efectivo que no tenía conocimiento que se podía transferir el inmueble, así como tampoco es efectivo que lo construido en el inmueble asciende a $150.000.000.- y que se le haya impedido retirar los materiales, no siendo efectivo que hayan incurrido en un acto ilegal o arbitrario que perturbe el derecho de propiedad de la recurrente, pues esta no tiene ninguna calidad respecto del inmueble, no es ni poseedora ni dueña, teniendo derecho únicamente a solicitar la restitución de los dineros pagados respecto de la promesa de compraventa y solicitar el reembolso de las mejoras útiles que haya podido introducir en el inmueble, así calificadas en el juicio que corresponda.

Prosigue señalando que el recurso de protección no constituye la vía adecuada para discutir el presunto incumplimiento de contrato, pues esta acción tiene una naturaleza cautelar, urgente y sumario, destinada a proteger derechos fundamentales indubitados, no detentando la recurrente un derecho indubitado.

Concluye solicitando el rechazo del recurso, con costas.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantía constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, la presente acción se erige contra las recurridas por un eventual incumplimiento de un contrato de promesa de compraventa que conllevó a que la recurrente no pudiese ingresar al inmueble en el cual se encontraba construyendo una casa, alegando la recurrida que es la recurrente quien no cumplió el contrato de promesa de compraventa, no detentando la calidad de poseedora o dueña del inmueble cuya propiedad alega vulnerada, por lo que sólo tiene derecho a solicitar el reembolso de lo pagado por concepto de precio y de las mejoras que haya realizado, determinadas en el juicio que corresponda.

SEXTO: Que, las alegaciones efectuadas por las partes permiten sostener que la presente controversia excede con creces los fines de esta acción, la cual ha sido concebida como una instancia de protección de derechos indubitados, caracterizada por urgencia y rapidez, con ausencia de etapa de discusión y probatorio, por lo cual, la ausencia de un derecho indubitado es un motivo determinante para el rechazo del recurso de protección, ya que la naturaleza sumaria y cautelar de esta acción no permite la discusión o establecimiento de derechos complejos o controvertidos que requieran un procedimiento de lato conocimiento para su declaración, lo que se ha verificado al constar que el recurrente dedujo demanda tramitada bajo el Rol C-936-2026, seguida ante el 3° Juzgado de Letras de La Serena, en que se discute esta materia.

En efecto, la discusión de fondo dice relación con el cumplimiento o incumplimiento de un contrato de promesa de compraventa y las consecuencias de aquello, imputables a una u otra de las partes, cuestión que es propia de un juicio de lato conocimiento, lo cual no permite sostener la existencia de una acción u omisión ilegal o arbitraria por parte de los recurridos, como tampoco una vulneración a la garantía constitucional que se invoca en el recurso, discutiéndose la propiedad o posesión del inmueble objeto de la acción.

SÉPTIMO: Que, además, el objeto perseguido a través del recurso intentado, a saber, que esta Corte ordene a las recurridas realizar actos que impidan el ingreso de la recurrente al inmueble objeto del recurso, respecto del cual alega derecho de propiedad, lo que es controvertido por las recurridas, supone subvertir completamente los fines de la acción constitucional de protección, al pretender utilizarla como una vía oblicua para conseguir una finalidad para la cual el ordenamiento jurídico dispensa herramientas procesales específicas.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por Sociedad Moya y nombre reservado Limitada, en contra de Inmobiliaria Samalu Limitada y Sociedad Hotel Londres Limitada.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol N°536-2026 Protección