nombre reservado con AFP PROVIDA S.A.

nombre reservado

AFP Provida S.A.

Recurso de protección Rol N°533-2025.- La Serena, ocho de mayo dos mil veinticinco.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que comparece don Pablo Peñaloza Parra, abogado, en favor de don nombre reservado, venezolano, deduciendo recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., señalando como acto ilegal y arbitrario el rechazo a la solicitud de retiro de fondos para extranjero, comunicado el 19 de marzo de 2025, lo que vulnera el legítimo ejercicio de los derechos consagrados en el artículo 19 N°2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Sostiene que el recurrente solicitó a la recurrida la devolución de fondos previsionales, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N°18.156 y, al efecto, cita los artículos 1 y 7 del referido cuerpo legal, haciendo presente que el actor cumple con los requisitos establecidos en la normativa para acceder al retiro peticionado.

Acota que en el rechazo la recurrida señaló: “Constancia de Afiliación al IVSS se encuentra vencida, supera vigencia de 120 días. Documento emitido para Provida con fecha 26 de junio de 2024, timbre del 03 de agosto de 2024.”, circunstancia que admitiría implícitamente que el recurrente se encuentra afiliado.

Afirma que la ley sólo dispone que el solicitante se encuentre afiliado, sin efectuar distinciones respecto a la oportunidad o época en que tendría que producirse, lo que evidencia el actuar arbitrario e ilegal de la recurrida al limitar el derecho de propiedad que tiene el actor respecto de los fondos depositados.

Expone que además de acompañar el certificado emitido por el Consulado de Venezuela y posteriormente legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, el certificado de afiliación puede ser verificado y validado en el link que indica en su libelo. De esa forma, al ser la constancia electrónica verificable, la actitud omisiva asumida por la parte recurrida abona a considerar el rechazo como arbitrario e ilegal.

Argumenta que la Administradora de Fondos de Pensiones insiste en señalar que los documentos acompañados no se pueden comprobar, más aún, que el certificado expedido por el Consulado de Venezuela y, legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile no se encuentra vigente, desconociendo el hecho cierto de que actualmente no existen relaciones diplomáticas entre los países recientemente indicados, de forma tal que es forzoso concluir que el recurrente encuentra ante un obstáculo imposible de superar.

Destaca que la normativa solamente se limita a señalar que el técnico profesional extranjero debe encontrarse afiliado y manifestar la voluntad, en el contrato de trabajo o en sus anexos, de mantenerse afiliado a la seguridad social de su país de origen, requisitos que en la especie se cumplen en su totalidad.

Refiere que el recurrente no se encuentra en nuestro país, por lo que, además, es absolutamente plausible el solicitar el retiro de fondos de pensiones, puesto que es la seguridad social de su país de origen la que efectuará las prestaciones señaladas en la ley y no la recurrida.

Culmina solicitando se ordene reconocer como válida la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y, dentro de un plazo razonable, efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados; adoptándose las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho.

Acompaña a su recurso: 1. Cédula de identidad para extranjeros; 2. Solicitud de retiro de fondos de pensión; 3. Notificación de rechazo; 4. Constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, expedido por el Consulado de Venezuela y legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile; 5. Constancia de afiliación electrónica; 6. Título profesional apostillado; 7. Contratos y anexos de contratos de trabajo; 8. Cédula de identidad venezolana; 9. Boleto aéreo; 10. Timbre en el pasaporte; 11. Carta de aprobación de Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum.

SEGUNDO: Que a folio 9, evacuó informe la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., solicitando el rechazo del recurso intentado, con costas.

En primer lugar, esgrime que la acción de marras no es la vía idónea para los fines pretendidos por el recurrente, por cuanto lo pedido −que no es otra cosa que una modificación de los cuerpos normativos que regulan el sistema de pensiones– no se condice con la finalidad de un recurso de protección, pretendiendo discutir la constitucionalidad del Decreto Ley N°3.500 en sede cautelar y de emergencia. Asimismo, arguye que no existe un derecho indubitado, sino que uno controvertido. En efecto, el actor sostiene que el actuar es ilegal y arbitrario y, por el contrario, el informante que es el correcto de conformidad a la ley vigente y a la normativa de la Superintendencia de Pensiones.

Luego, señala que efectivamente rechazó la solicitud de devolución de fondos en calidad de técnico extranjero de conformidad a la Ley N°18.156, por cuanto la constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales se encuentra vencida de acuerdo a las instrucciones que imparte la Superintendencia de Pensiones.

Manifiesta que el cuerpo normativo citado permite a los técnicos extranjeros que trabajen en Chile retirar sus cotizaciones previsionales siempre y cuando cumplan con todos los requisitos establecidos, norma de carácter excepcionalísima en nuestro ordenamiento jurídico para efectos de realizar dicho retiro.

Menciona que en materia laboral y previsional, rige en Chile, por regla general, el principio de territorialidad, esto es, que a los trabajadores que se desempeñen en nuestro país, sean chilenos o extranjeros, se les aplican las leyes laborales y previsionales vigentes en Chile, salvo dos situaciones de excepción, una de ellas, referida a la situación de marras.

Sobre el particular, aduce que el artículo 1 de la Ley N°18.156 y el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, regulan la exención de cotizar en Chile a los técnicos extranjeros, siempre que den cumplimiento a los requisitos prescritos en el artículo citado.

Indica que, por su parte, el artículo 7 admite la devolución de fondos siempre que se detente la calidad de técnico; se encuentre afiliado a un régimen previsional o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza y en el que conste su obligación de otorgar prestaciones, a lo menos en caso de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, en este caso, el cumplimiento debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte; y que en el contrato de trabajo respectivo, el trabajador manifieste expresamente su voluntad de mantener su afiliación al sistema de seguridad social de su país de origen.

Finaliza manifestando que su actuar no es ni ilegal ni arbitrario, en tanto para efectos de realizar la devolución de fondos previsionales en calidad de técnico extranjero sólo ha observado que se cumplan copulativamente los requisitos que establece la normativa vigente.

Acompaña a su informe Oficio Ordinario N°5621, de 1 de abril de 2025, de la Superintendencia de Pensiones.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, para resolver el asunto en examen, conviene considerar que el artículo 1 de la Ley N°18.156 dispone que: “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida”.

A su turno, el artículo 7 del cuerpo normativo referido, estatuye que: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

SEXTO: Que, de conformidad a los antecedentes allegados a esta sede, fluye que el actor cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente, acreditando su voluntad de mantener sus aportes previsionales en su país de origen y contar con un régimen de previsión o seguridad social en Venezuela, no estimándose plausible la argumentación vertida por la recurrida para sustentar su decisión de rechazo, por cuanto la exigencia en orden a la vigencia de la constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no es un presupuesto que la ley exige para acceder a la petición incoada por el recurrente.

SÉPTIMO: Que, así las cosas, la negativa de la recurrida de entregar al actor los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual constituye un acto ilegal y arbitrario que afecta el derecho de propiedad sobre sus ahorros previsionales, reconocido en el artículo 19 N°24 de la Carta Fundamental, motivos por los que el arbitrio será acogido, conforme se dirá en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE ACOGE, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A. y, en consecuencia, se ordena a la recurrida devolver los fondos previsionales cotizados por el actor durante el tiempo que trabajó en Chile, dentro del plazo de 15 días hábiles administrativos, contados desde que la presente sentencia se encuentre ejecutoriada.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°533-2025 Protección.-