nombre reservado con POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE

nombre reservado

Policía de Investigaciones de Chile Recurso de Protección Rol N°531-2025 La Serena, a diecinueve de junio de dos mil veinticinco.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

Que, a folio 1 de la carpeta digital de esta Corte comparece Karen Delgado Gómez, abogada, interponiendo recurso de protección en favor de doña nombre reservado, Run N°RUT reservado, y de la hija menor de edad de ésta, de nombre con las iniciales E.I.V.M, Run N°RUT reservado de 11 años, en contra de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), representada por su Director General, don Eduardo Cerna Lozano, Run N°RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, Región Metropolitana, por el acto que señala como ilegal y arbitrario, consistente en dictar la Resolución Exenta (R) N°18 de 20 de marzo de 2025, que rechaza su solicitud de dejar sin efecto la Resolución Exenta RA N°380/2660/2024 de la Jefatura Nacional de Administración y Gestión de las Personas (JENAPERS), que destinó a la recurrente de la BRISEX COYHAIQUE a la BICRIM VICUÑA.

Señala que, habiéndose agotado la vía administrativa, le permite a la recurrente en conformidad al artículo 54 de la Ley N°19.880 alegar la arbitrariedad del proceso destinatario de la PDI, estimándose que este vulnera los derechos de la funcionaria y de su hija de 11 años; además indica que la recurrida se desapega de su propia normativa, por lo que existe una “desviación de poder” en su tramitación, ya que la actora postuló al plan anual conforme a procedimiento concursal a la BRISEX VALDIVIA, para que su hija seleccionada nacional de Tenis Mesa categoría peneca, pueda seguir desarrollándose en dicho deporte en la capital regional de los Ríos, pero fue destinada por “necesidades del servicio” a un lugar distinto, sin encuadrarse la recurrida a la ritualidad de sus mismas normas estatuidas y garantizadas por su reglamentación vigente. Refiere que el actuar de la recurrida conculca los derechos de doña nombre reservado y de la hija de ésta, contemplados en el artículo 19 N°1, N°2 y N°24 de la Carta fundamental, además de afectar a la niña, por lo que se vulnera la Convención de los Derechos del Niño y la Ley N°21.430.

Explica que, los procedimientos destinatarios de la PDI no se encuentran afectos a toma de razón por la Contraloría General de la República, lo que incide en que las destinaciones puedan adolecer de ilegalidad; y que, su regulación se encuentra contenida en el D.F.L. N°1 de 1980, el que corresponde al Estatuto del Personal de la PDI, pero los procesos de destinación están regulados por la Orden General N°2675 de 26 de febrero de 2021, que contiene el “Reglamento de Destinaciones de la Policía de Investigaciones”, así este reglamento en su artículo 6 contempla principios que rigen las destinaciones, y el artículo 11 contempla “los aspectos familiares de ponderación”, necesaria para poder materializar una destinación, además, establece la forma de las destinaciones concursales y las destinaciones por necesidades del servicio en los artículos 20 y 21 respectivamente.

Señala que, la recurrida ha infringido los artículos 5 letra e), 6, 11, 20 y 21 de la Orden General N°2675, así el artículo 5 señala “Definiciones y Conceptos, letra e) Procedimiento concursal: Es una fase del sistema de destinaciones que consiste en un llamado que efectúa la comisión de destinaciones a través de la Jefatura Nacional de Administración y Gestión de las Personas, para que los funcionarios voluntariamente postulen a los cargos que las bases, debidamente publicitadas, contemplen” y que, el artículo 6 de la Orden General señala los siguientes principios que rigen las destinaciones, continuidad del servicio policial, Igualdad de oportunidades y no discriminación, Imparcialidad, favorecimiento del desarrollo de carrera, y Transparencia y Publicidad. Luego su artículo 11 dispone: “Antecedentes personales de los funcionarios. Los antecedentes personales corresponden a circunstancias que pueden influir en el desempeño de una persona, que no forman parte directamente de sus funciones específicas. Se sitúan en este ámbito, el trabajo del cónyuge o del conviviente civil, edad o estudios de los hijos, estado de salud, condición de discapacidad de los integrantes de su grupo familiar. No se podrán considerar dentro de estos antecedentes, situaciones que no consten fehacientemente o no se encuentren debidamente acreditadas.”

Expone que, el 26 de junio de 2024, mediante Radiograma N°35, la Jefatura Nacional de Administración y Gestión de las Personas (JENAPERS), publicitó el “Plan Anual de Destinaciones 2024”, que dispondría la destinación de funcionarios a partir del 02 de enero de 2025, y dentro de la oferta de unidades y las bases del concurso se indicaron diversas reparticiones para postular, entre las cuales se encontraba la “Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de Valdivia” (BRISEX VALDIVIA); explica que las ofertas de postulaciones no establecieron cupos máximos para dicha unidad, y que las bases establecían que la postulación se haría por la plataforma de los servicios de JENAPERS y se debía completar el rubro “MOTIVOS” y “UNIDAD”, todo lo que cumplió la recurrente.

Sobre la motivación de postulación, señala que la funcionaria indicó como motivación la proyección deportiva de su hija, que es seleccionada nacional de tenis mesa de la categoría peneca, acompañó para estos efectos documentos, entre estos: un certificado de tuición compartida y una certificación de deportista de su hija.

Menciona que, el mismo radiograma indicó que una vez efectuada la postulación por destinación concursal no podría ser dejada sin efecto, e indicó que se podía postular sólo a una unidad, y que, en el caso de los que se hayan desempeñado en la Región de Coyhaique por 5 años, la destinación era obligatoria. A su vez, dentro de las consideraciones especiales de las Bases del Concurso de Postulación Plan Anual de destinación 2024, se indicó que conforme al artículo 21 del Reglamento de Destinaciones, de ser necesario se dispondrá de las destinaciones del personal que llevé más tiempo en la región policial.

Alega que, a pesar de cumplir con cada uno de los requisitos del procedimiento concursal, y que acompañó los antecedentes conforme al artículo 11 del citado reglamento, los cuales debían ser apreciados, la Resolución Exenta RA N°380/2660/2024 de JENAPERS, dispuso lo siguiente: “DESTÍNASE A: 28) nombre reservado, R.U.N N°RUT reservado designado como COMISARIO grado 8° de la planta de OFICIALES POLICIALES de POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE; para desempeñarse en POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE, BRIGADA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL VICUÑA, en la REGIÓN DE COQUIMBO, comuna de VICUÑA, a contar del 2 de enero de 2025, para ejercer las funciones de DOTACIÓN EN LA MENCIONADA UNIDAD”

Expone que, el 17 de diciembre de 2024, presentó en contra de la Resolución Exenta RA N°380/2660/2024, el respectivo recurso de reposición, y en subsidio el recurso ante superior jerárquico, en su recurso expresó la siguiente pretensión: “Pido a vuestra autoridad policial suspender los efectos de la destinación Resolución Exenta RA N°380/2660/2024 debido a que no se materializó mi destinación a la ciudad de Valdivia, peticionándole que se me destine a la ciudad referida en el próximo plan anual por las situaciones especiales y familiares que se han dado a conocer en este remedio procesal”.

Indica que, las circunstancias aludidas ya habían sido acompañadas en la postulación concursal, pero igualmente se ampliaron estas para sustentar el recurso administrativo, indicando que la destinación no dio cumplimiento con las bases del radiograma N°35 de JENAPERS, y explicando que se realizó la postulación con la finalidad de proyectar su carrera funcionaria en el área de su desempeño, conciliándolo con el desarrollo de su hija, por lo que postuló a la ciudad de Valdivia para desempeñarse en la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de aquella ciudad, indicó además que la postulación se hizo en armonía con la actividad deportiva que practica su hija, ya que es seleccionada nacional de la categoría peneca-tenis mesa, perteneciente a la Federación Chilena de Tenis de Mesa, lo cual acreditó acompañando certificado que prueba dicha situación al recurso administrativo; además, se explicó en su recurso que al momento de postular a la BRISEX Valdivia, la recurrente realizó las coordinaciones previas para que el trabajo y el avance deportivo de su hija no se viera mermado, ya que en dicha ciudad podría continuar su perfeccionamiento deportivo por la existencia y funcionamiento de la Federación Chilena de Tenis Mesa, agregó en su recurso de reposición que el traslado ofrecía las mismas condiciones de desarrollo para su hija y para ella, pues para la actora significaba desempeñar la misma función, y no se vulneraría el incipiente desarrollo deportivo de su hija, indicando que en Vicuña no existen preparadores que mejoren la calidad técnica de la niña. Dio cuenta, además, en dicho recurso de reposición, el interés superior del N.N.A, y la protección familiar garantizada por el artículo 11 del Reglamento de Destinaciones de la PDI (Orden General N°2675). Además, acompañó al recurso de reposición y superior jerárquico, los siguientes documentos: (1) Certificado de la Federación Chilena de Tenis mesa, (2) Certificado de nacimiento de la menor, (3) Acta de Cuidado Personal del hijo y (4) Certificado N°56380 de la PDI que acredita la carga familiar de la actora. Expone que, la recurrida resuelve el Recurso de Reposición y Jerárquico, el primero mediante Resolución Exenta RA N°114 de 24 de enero de 2025 de JENAPERS, y el segundo mediante Resolución Exenta (R) N°18 de 20 de marzo de 2025 de la Subdirección de Desarrollo de Personas, el último notificado a la actora el 21 de marzo de 2025, con lo que se agotó la vía administrativa.

Alega que, ambas respuestas son idénticas, sólo parafrasean aspectos de la Orden General N°2675, pero no resuelven ni explican el motivo de la inobservancia a las bases de destinación, el incumplimiento de los principios del sistema de destinaciones, ni menos observan la ritualidad de los artículos 20 y 21 del reglamento, tampoco ponderan los antecedentes que se aportaron, y sólo señala genéricamente que la destinación a la BICRIM VICUÑA tenía el objeto de fortalecer el capital humano con conocimiento y experiencia, y que la recurrente tenía más de 5 años, que lo dispuesto en el artículo 11 del Reglamento de Destinaciones, debía estar “debidamente acreditada”, y que, la destinación se había hecho en base a las potestades legales, lo cual alega no se concilia con los antecedentes que fueron acompañados, tanto a la postulación concursal, como al recurso administrativo.

Expone que, la ratificación de la Resolución Exenta RA N°380/2660/2024 a través del rechazo de su recurso por la Resolución Exenta (R) N°18 de la PDI, genera infracciones legales y reglamentarias en la propia normativa de la recurrida, puesto que la actora al adscribirse al proceso de postulación acompañó los antecedentes adecuados para la debida ponderación de los aspectos deportivos de su hija, que incluso se reiteran en la etapa de impugnación con mayor detalle, y que, no fueron considerados en ninguno de los razonamientos de los actos administrativos que se impugnan, lo que lleva a concluir la carencia de una adecuada fundamentación que brinde sustento al acto recurrido, en los términos que la Ley N°19.880, en sus artículos 11 y 41 hacen exigibles a todos los órganos de la Administración, y además de los principios del artículo 6 del aludido reglamento, que deben ser inspiradores para las destinaciones. Que, además, se vulnera los principios generales que informan la gestión de los servicios públicos, según los cuales, corresponde a dicha autoridad apreciar las circunstancias o razones que justifican una medida, siempre que ello no signifique una arbitrariedad.

Indica que, incluso la propia Contraloría ha mandatado a la PDI, en relación con la familia y la forma de materializar las destinaciones, a través del Dictamen 8.124-2019 de la C.G.R., señalando que la familia al ser el núcleo fundamental de la sociedad, conforme a lo prescrito en el artículo 1°, inciso segundo de la Constitución Política, es un deber del Estado darle la adecuada protección, como se señaló en los dictámenes N°24.288, de 2002 y 40.446, de 2015.

Alega que, tanto la resolución que destina a la actora, como la que rechaza su reposición han sido generadas con clara desviación de poder que afecta la validez del acto administrativo, pues la autoridad actuó con abuso o exceso de potestades, al infringir claramente el artículo 2 de la Ley 18.575, norma que establece: “Los órganos de la Administración del Estado someterán su acción a la Constitución y a las leyes. Deberán actuar dentro de su competencia y no tendrán más atribuciones que las que expresamente les haya conferido el ordenamiento jurídico. Todo abuso o exceso en el ejercicio de sus potestades dará lugar a las acciones y recursos correspondientes”. En este orden de cosas postula que el actuar de la recurrida ha afectado el principio de Igualdad de oportunidades y no discriminación, pues hace una distinción arbitraria respecto de aquellos postulantes que sí accedieron a la destinación a Valdivia, y se discrimina a la actora debido a que ella no es la funcionaria de mayor tiempo en una región, o incluso tomando a la de mayor permanencia en la ciudad de Coyhaique. Además indica, que se ha afectado el principio de imparcialidad, debido a que la propia recurrida no cumple con sus procesos destinatarios, en la especie, los contemplados en los artículos 20 y 21, y que, menos cumplieron la ritualidad que establece su propia normativa, volviéndose caprichosa la forma de selección, conculcando el principio de favorecimiento del desarrollo de carrera, puesto que la recurrente es enviada a cumplir labores en una unidad que presentan distintas funciones de menor calidad, de una unidad especializada (BRISEX COYHAIQUE) a una no especializada (BICRIM VICUÑA), esto no sólo afecta a las remuneraciones de la actora, pues pierde la asignación de actividades nocivas, lo que significa la supresión de $227.404.-, y se congela el sobresueldo de unidad especializada, que significa un estancamiento al reajuste del monto de $ 274.453.- Finalmente, indica que esta desviación de poder afecta al principio de transparencia y publicidad, debido a que el acto destinatario y el rechazo a la impugnación, no aclaran los verdaderos motivos de no razonar aquellos antecedentes que sustentaron la petición concursal, a pesar de haberse acompañado los antecedentes que son las consideraciones especiales del artículo 11 que establece su reglamento, lo que devela un proceso que no encuentra su sustento en su normativa.

Da cuenta, que la Defensoría de la Niñez tomo conocimiento de lo sucedido a la actora, y le hizo ver a la recurrida por medio del Oficio N°166 de cinco de febrero pasado, que debía observar la Ley N°21.430, teniendo presente los artículos 2, 5, 7 y 44 de la citada ley, y le solicitó revisar los antecedentes presentados y emitir un pronunciamiento respecto a si la destinación ordenada tuvo en consideración el interés superior de la niña E.I.V.M. y si existe posibilidad de reconsiderar la decisión adoptada en virtud de los requerimientos deportivos y familiares de la niña.

Señala que, con el actuar de la recurrida se han conculcado las garantías consagradas en artículo 19 N°1, la integridad física y psíquica de la recurrente y de la niña de iniciales E.I.V.M., debido al incumplimiento de la PDI como integrante de la administración del Estado de fomentar el desarrollo de la niña, por lo que coartar su desempeño deportivo causará una afectación a su integridad psíquica. Además, señala que se infringe el artículo 19 N°2, la igualdad ante la ley, debido a que al desconocer los principios que le garantizan una adecuada destinación, y no apegarse a la ritualidad de sus formas destinatorias, establecidas en sus propias bases del plan anual de destinaciones 2024, hacen una distinción arbitraria en tres sentidos: en la aplicación de la ley, ya que no la aplican para la recurrente; segundo, por discriminación en relación a otros postulantes a la Brisex de Valdivia, que sí fueron seleccionados a desempeñarse en dicha unidad, no estableciéndose cupos para la postulación respectiva en las bases del plan anual, y tercero, una distinción arbitraria en la destinación por necesidades del servicio, pues la recurrida omite cumplir el tenor de su artículo 21, ya que la actora no es la funcionaria que lleva más tiempo en una región de Chile, y existe otra funcionaria con más años de servicio, y con mayor tiempo de desempeño en Coyhaique. Por último, señala infringida la garantía del artículo 19 N°24, derecho de propiedad, debido a que es destinada a cumplir funciones en una unidad de menor relevancia, lo que significa pasar de una unidad especializada a una no especializada, que conlleva la disminución de sus remuneraciones, por el congelamiento del sobresueldo de la unidad especializada, y por la pérdida de la asignación de actividades nocivas, las que constituyen parte de la remuneración imponible, por lo que se ha mermado las remuneraciones de la recurrente.

Por dichos fundamentos, solicita que se acoja el recurso de protección y se ordene a la PDI dejar sin efecto la destinación a través de la Resolución Exenta RA N°380/2660/2024, y que sea destinada a la Brisexme de Valdivia en el próximo plan anual, por las situaciones especiales y familiares que se han dado a conocer en esta acción constitucional.

Acompaña a su recurso: Oficio N°166/2025 de la Defensoría de la Niñez; Radiograma N°35 de JENAPERS que contiene las Bases del Plan Anual de Destinaciones del año 2024; Expediente completo de postulación a destinación, impugnación y acto terminal; Acta de notificación de fecha 21 de marzo de 2025; y Certificado emitido por la Federación chilena de tenis de mesa de fecha 30 de enero de 2024.

Que, a folio 2, el 4 de abril del presente año se solicitó informe a la recurrida, luego fue apercibida el 13 de mayo pasado, pero esta no evacuó el informe requerido, por lo que el 28 de mayo de 2025 la Sala Tramitadora ordena prescindir de éste..

El recurso fue declarado admisible y se ordenaron traer los autos en relación procediéndose a su vista en la audiencia del miércoles cuatro de junio pasado, oportunidad en que se anunció para alegar y lo hizo, de forma telemática, vía plataforma Zoom, la abogada doña Karen Paola Delgado Gómez, por 20 minutos, por el recurso.

OÍDOS LOS INTERVINIENTES Y CONSIDERANDO:

1° Que, para analizar el conflicto de relevancia jurídica planteado por la presente acción constitucional, resulta menester consignar que el Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, estatuido en el artículo 20 de nuestra Carta Magna, constituye jurídicamente -a no dudarlo- una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

2° Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

3° Que, para discernir la procedencia o improcedencia de la acción de excepción constitucional en estudio, corresponde analizar la legalidad y razonabilidad de los actos administrativos cuestionados por la recurrente.

4° Que, en este sentido, por la presente acción constitucional se recurre en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, por haber destinado a la actora a la BICRIM de Vicuña en circunstancias que ésta solicito su traslado a la unidad policial especializada Brisex de Valdivia, fundamentando su solicitud en razón de que su hija de 11 años es seleccionada nacional de tenis de mesa categoría peneca, y en aquella ciudad podría seguir perfeccionándose, refiriendo que tanto a su postulación de destinación, como a la reposición en contra de la Resolución Exenta RA N°380/2660/2024, adjunto los antecedentes que justificaban su solicitud, en armonía con lo preceptuado por el artículo 11 de la Orden General N°2675 que regula los procesos de destinación; además alega que la recurrida en sus pronunciamientos carece de la fundamentación necesaria, no haciéndose cargo de lo señalado por ésta, vulnerándose con ello los artículos 20 y 21 de Orden General N°2675 en cuanto al procedimiento que debió seguir la institución recurrida para su destinación, todo lo cual ha vulnerado sus garantías constitucionales y la de su hija, en especial la de su integridad física y psíquica, además de vulnerarse la Ley 21.430 sobre garantías de protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia.

5° Que, en el caso de marras, debe tenerse presente que la norma que regula las destinaciones es la Orden General 2675 de la Policía de Investigaciones de Chile que aprueba el Reglamento de Destinaciones de la Policía de Investigaciones de Chile. Dicha norma establece, entre otros principios, que ese reglamento forma parte de la política de desarrollo de personas de la institución (Artículo 1°), y que tiene como objetivo lograr una adecuada composición jerárquica de las unidades y reparticiones, así como dotarlas de la cantidad óptima de funcionarios que posean la formación, capacitación, experiencia y competencias idóneas que favorezcan el cumplimiento de las labores establecidas legal y reglamentariamente (Artículo 2°).

En el mismo sentido, la referida Orden General establece que son principios orientadores de las destinaciones institucionales, entre otros, los de Igualdad de oportunidades, Imparcialidad, Favorecimiento del desarrollo de carrera, y Transparencia que no hacen sino concretar para el procedimiento específico de la destinación funcionaria, los principios constitucionales de la igualdad ante la ley y no discriminación que se encuentran en la Constitución Política de la República.

Y en su artículo 11 dispone, en relación a los procesos de destinación, los “Antecedentes personales de los funcionarios”. Estos corresponden a circunstancias que pueden influir en el desempeño de una persona, que no forman parte directamente de sus funciones específicas. Se sitúan en este ámbito, el trabajo del cónyuge o del conviviente civil, edad o estudios de los hijos, estado de salud, condición de discapacidad de los integrantes de su grupo familiar. No se podrán considerar dentro de estos antecedentes, situaciones que no consten fehacientemente o no se encuentren debidamente acreditadas.”

6° Que, de los antecedentes arribados al recurso, se constata que Resolución Exenta RA N°380/2660/2024 no se pronuncia respecto de los antecedentes sobre la hija de la funcionaria, presentados por esta al momento de postular a la destinación policial voluntaria de Valdivia, siendo estos antecedentes uno de los principales motivos para efectuar dicha postulación. En dicha resolución exenta solo se invocan fundamentaciones en relación a las necesidades de la institución y el ejercicio de las facultades que la Orden General 2675 le confiere al Director General de la Institución a través de la Jefatura Nacional de Administración y Gestión de las personas.

A su turno el 28 de enero de 2025 le es notificada a la recurrente la resolución -Exenta N°114 de 25 de enero de 2025- que rechaza su reposición, la cual fundamenta su negativa, nuevamente, en las necesidades de la institución y en su facultad exclusiva y excluyente para las destinaciones, sin consignar argumento alguno del por qué no se toman en consideración la situación familiar de la funcionaria, y en especial el interés superior de su hija menor de edad. En relación a éste extremo lo único que indica la resolución exenta N°114 es:“ "Los antecedentes personales corresponden a circunstancias que pueden influir en el desempeño de una persona, que no forman parte directamente de sus funciones específicas. Se sitúan en este ámbito, el trabajo del cónyuge o del conviviente civil, edad o estudios de los hijos, estado de salud, condición de discapacidad de los integrantes de su grupo familiar. No se podrán considerar dentro de estos antecedentes, situaciones que no consten fehacientemente o no se encuentren debidamente acreditadas", como un aspecto que sin constituir elementos que inciden directamente en el desempeño laboral del personal, pudiesen afectar indirectamente su productividad e interés para cumplir con sus obligaciones, por lo que, no obstante la facultad para disponer de la destinación del personal de esta Institución Policial, se acoge el referido principio de resguardo del interés superior del niño, con todo, como un elemento a considerar para el cumplimiento del interés público asociado a la misión institucional de esta Policía de Investigaciones de Chile, de dar eficacia al derecho, garantizar el orden público y la seguridad pública interior, lo cual ha sido debidamente analizado y considerado en la decisión de destinar a la Comisario nombre reservado”

De lo anterior se puede colegir que la recurrida no efectuó pronunciamiento alguno ni consideró lo alegado en torno al interés superior del niño y protección familiar, habida consideración de los antecedentes entregados para el desarrollo de su hija así como el pleno ejercicio del acuerdo de cuidado personal arribado por los progenitores de la menor, que dicha destinación lo harían impracticable.

Luego, la Resolución Exenta (R) N°18 de 20 de marzo de 2025, que resuelve el recurso jerárquico interpuesto en subsidio de la reposición, en el cual se alega el interés superior de su hija, respecto de la cual detenta su cuidado, adjuntando más antecedentes para ser ponderados por la Policía de Investigaciones, la recurrida dicta una resolución que es de idéntico tenor que la que se pronunció a cerca de la reposición, sin agregar antecedente y/o fundamento nuevo en especial relativo a el interés superior del niño y la protección familiar.

7° Que, previo al pronunciamiento del presente recurso resulta de utilidad hacer referencia al interés superior del niño en cuanto a su regulación legislativa. Este en sede internacional, lo encontramos desarrollado en el artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño, aplicable en Chile en virtud de lo dispuesto en el artículo 5 inciso 2 de la Carta Política de 1980 y, en el orden doméstico, destacan los artículos 222 inciso 2, 225, 225-2, 226, 229, 242 inciso 2 del Código de Bello; 7 y 12 de la Ley N 14.908; 3, 27, 55 y 85 de la Ley N 19.947 sobre Matrimonio Civil; 1, 3, 22, 24 y 30 de la Ley N 19.620 sobre Adopción; 16,63 y 105 literal e) de la Ley n 19.968; 6 y 17 de la Ley N 20.584; 3 letra a) de la Ley N 21.057; 5 literal e) de la Ley N 21.120; 4 ,18 bis, 24 y 41 de la Ley N 21.302.

Que, resulta igualmente relevante y a mayor abundamiento, que la Ley N°21.430, vigente en Chile desde marzo de 2022, define el interés superior del niño señalando en el artículo 7 inciso segundo “…como la máxima satisfacción posible de los principios, derechos y garantías reconocidos en virtud del artículo 1, cuando se evalúen y sopesen los distintos intereses involucrados en el asunto, sea que la decisión deban tomarla autoridades legislativas, judiciales o administrativas, organizaciones de la sociedad civil, instituciones privadas, padres y/o madres, representantes legales o personas que los tengan legalmente a su cuidado.”

En tal sentido el inciso 4° de la referida norma prescribe que “Los procedimientos se guiarán por garantías procesales para asegurar la correcta aplicación del interés superior del niño, niña o adolescente, que exige procedimientos transparentes y objetivos que concluyan en decisiones fundamentadas con los elementos considerados para efectivizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes involucrado”, tendiendo en consideración, entre otros, los elementos de las letras g) y h), esto es, “Cualquier situación de especial desventaja en la que se encuentre el niño, niña o adolescente que haga necesaria una protección reforzada para el goce y ejercicio efectivos de sus derechos” y “La necesidad de estabilidad de las soluciones que se adopten para promover la efectiva integración y desarrollo del niño, niña o adolescente considerando su entorno de vida.”

Además, en el inciso cuarto del artículo segundo de la mencionada ley establece un mandato expreso respecto al respeto de los derechos y garantías de los niños y adolescentes “Toda persona, institución o grupo debe respetar y facilitar el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Especialmente, las organizaciones de la sociedad civil que lleven a cabo funciones relacionadas con el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes deben respetar, promover y velar activamente por sus derechos, reciban o no financiamiento del Estado, debiendo respetar siempre el interés superior del niño, niña o adolescente”

Finalmente, el artículo 7 establece los criterios para su evaluación y determinación y el 27, ambos de la citada Ley N 21.430, mandata que el Derecho a vivir en familia consiste en que todo niño, niña o adolescente tiene derecho a vivir en familia, preferentemente en la de origen, y completar así sus adecuado desarrollo. El estado tiene el deber de velar por la protección y consideración de la familia del niño, niña o adolescente, cualquiera que sea su composición.”

8° Que, la decisión de traslado que afecta a la recurrente, es una que se encuentra sometida al principio de juridicidad, de tal suerte que la motivación del acto se aleja de ser una mera formalidad sino que, por el contrario, se erige como elemento fundamental de la estructura del mentado acto, puesto que tan solo de ese modo se puede evidenciar la diferencia entre la arbitrariedad y el ejercicio de la discrecionalidad de la que goza la recurrida.

En este sentido el ejercicio de tal potestad que se le otorga al Director General de la Institución a través de la Jefatura Nacional de Administración y Gestión de las personas para incluir a la recurrente en el plan anual de destinaciones por necesidad institucional es discrecional mas no absoluta, debiendo, en consecuencia, en el caso sub-iudice, ponderar y considerar todos los antecedentes que hizo valer la recurrente al postular a la destinación voluntaria, de maneras que no hacerlo torna el ejercicio de dicha facultad se torna carente de discrecionalidad.

Que, en este contexto, debe dejarse claro que si bien los miembros de la Policía de Investigaciones, por su solo ingreso, se han comprometido a acatar las destinaciones y desempeñar las tareas y funciones que se les encomienden según las necesidades del servicio, lo cual no es sino el reflejo de la estructura jerárquica y el sistema disciplinado de la institución, ello no implica que debe ser absoluto, muy por el contario el sistema de destinaciones, ya sea voluntario u obligatorio debe siempre privilegian los antecedentes esgrimidos por la recurrente por así ordenarlo normas de rango legal como constitucional.

Que, siguiendo este razonamiento, resulta indispensable que la decisión - Resolución Exenta 114 y (R) N°18- contenga las razones expuestas por el recurrente en su solicitud de postulación, como reposición y jerárquico, relacionadas con la menor, hija de la funcionaria, así como su grupo familiar.

Que, del contendido en las resoluciones exentas 114 y (R) N°18, se aprecia que ambas no han velado por proteger el interés superior de la niña, estando obligado a ello, conforme a la normativa citada en la motivación sexta del presente fallo, así como la protección familiar, teniendo presente el artículo 27 de la Ley N°21.240, desde que dichas resoluciones sólo justifica su decisión a cuestiones de necesidades de la institución, privilegiando esto por sobre las necesidades y desarrollo de la hija de la actora, que fue el motivo principal para participar en el plan anual de destinaciones, así como la protección familiar, debiendo tener en cuenta, para este efecto, la existencia de un acuerdo de cuidado personal compartido entre ambos progenitores, y lo que es más grave sin hacer un pronunciamiento, omitiendo todo análisis y ponderación de los antecedentes aportados por la recurrente referidos a esta materia.

Que, así las cosas puede concluirse que el ejercicio de la potestad que se le otorgó al Director General de la Institución dejo de ser discrecional, al no considerar los factores alegados por la recurrente, en especial el interés superior de su hija, la protección familiar, como también que dicha destinación anual implica cumplir labores en una unidad que presentan distintas funciones de menor calidad, toda vez que de una unidad especializada (BRISEX COYHAIQUE) se destina a una no especializada (BICRIM VICUÑA), con la consecuente afectación a sus remuneraciones, al perder la asignación de actividades nocivas, lo que significa la supresión de $227.404.-, y se congela el sobresueldo de unidad especializada, que significa un estancamiento al reajuste del monto de $ 274.453.- Así, conforme lo que venimos razonando, sólo es dable concluir que, al tratarse de una niña afectada por la decisión de la autoridad, la que no ponderó sus circunstancias y desarrollo integral, lo cierto es que priva de sus garantías esenciales como integridad física y psíquica y, por lo demás, perturba el derecho a un procedimiento justo, desde que la recurrida debió hacer más para amparar los intereses de ella.

9° Que, de esta forma, la autoridad recurrida al decidir en los términos que lo hizo y, consecuencialmente, disponer el traslado del recurrente junto a su hija a la comuna y ciudad de Vicuña, no observó - debiendo hacerlo- la normativa internacional y doméstica que disciplina el principio del interés superior del niño que debe ser considerado en la toma de decisiones por parte de los órganos de la Administración del Estado como, asimismo, la orden impartida por la superioridad institucional al prescindir, preterir o pasar en silencio sin explicación alguna, de los aspectos personales del recurrente al disponer el traslado que se impugna por esta vía, tornando así su decisión carente de razonabilidad y por, ende, arbitraria, todo lo cual conlleva al éxito de la presente acción de emergencia, dado que con su decisión, la recurrida ha afectado los derechos constitucionales establecidos en el artículo 19 N 1 y 2 de la Carta Política de 1980, desde que con su actuación, la recurrida -conociendo de los antecedentes de la hija y su grupo familiar, teniendo presente que existe un acuerdo de cuidado personal compartido de la menor entre ambos progenitores- afectó la integridad psíquica de la recurrente y de su entorno, más aún cuando en el acto administrativo primigenio, como las resoluciones exentas posteriores que rechazaron el recurso de reposición y jerárquico, que dispuso el traslado de la recurrente, no expresaron las razones sobre las cuales se edificó la determinación, tornándose, además, de ilegal por no darse cumplimiento en ella a lo prevenido en los artículos 11 inciso 2 y 41 inciso 4 de la Ley 19.880, en arbitraria, más aún si se considera que el constituyente de 1980 dentro de las bases de institucionalidad, previno que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad.

De otro lado, al preterir la recurrida de las condiciones particulares familiares del recurrente, infringe la garantía constitucional de igualdad ante ley, desde que trató la situación familiar del recurrente como normal y no le dio el peso ni la importancia que requería.

10° Que, conforme a lo anterior, en base a las circunstancias expuestas faculta a esa Corte a intervenir con sentido de realidad y de derechos humanos de la infancia, instruyendo especiales medidas, la que serán evaluadas y determinadas conforme a la Guía práctica para la evaluación y determinación del interés superior del niño, niña y adolescente, documento confeccionado por UNICEF y que, en lo concreto, exige considerar antecedentes de la causa relativos a las necesidades de la niña y adoptar la decisión más estable posible.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, se DECIDE:

I.- Que, SE ACOGE, el recurso de protección interpuesto por Karen Delgado Gómez, en favor de doña nombre reservado, Run N°RUT reservado, y su hija menor de edad de iniciales E.I.V.M, en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, por la dictación de la Resolución Exenta (R) N°18 de 20 de marzo de 2025, que rechaza su solicitud de dejar sin efecto la Resolución Exenta RA N°380/2660/2024 de la Jefatura Nacional de Administración y Gestión de las Personas (JENAPERS), que destinó a la recurrente de la BRISEX COYHAIQUE a la BICRIM VICUÑA, y, en consecuencia, se ordena dejar sin efecto dicha resolución disponiendo, en su lugar, que se mantiene su destinación en el lugar de origen, esto es, en la unidad especializada BRISEX COYHAIQUE.

II.- Que no se condena en costas de esta instancia.

Redacción del Abogado Integrante señor Gabriel Alfonso Gallardo Verdugo.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

ROL I.C. N°531-2025 Protección.-