CORPORACION COLEGIO GABRIELA MISTRAL DE COQUIMBO con SUPERINTENDECIA DE EDUCACION REGION COQUIMBO

Corporación Colegio Gabriela Mistral de Coquimbo Superintendencia de Educación Región de Coquimbo Recurso de Protección Rol N° 531-2018.- La Serena, uno de agosto de dos mil dieciocho.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que ha comparecido doña Susana Fernández Mardones, abogada, domiciliada en domicilio reservado, en representación convencional de la “Corporación Colegio Gabriela Mistral de Coquimbo”, representada por doña nombre reservado, profesora, e interpone recurso de protección en contra de la “Superintendencia de Educación Región de Coquimbo”, representada por su Director Regional, ambos domiciliados en domicilio reservado.

Fundando el recurso sostiene que la recurrente es una corporación de derecho privado, sin fines de lucro y que con fecha 9 de febrero del 2018, la Corporación Colegio Gabriela Mistral de Coquimbo adquirió la calidad de sostenedora del “Establecimiento Educacional Colegio Gabriela Mistral RBD 649”, en virtud de la Resolución Exenta N° 0203, de la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región de Coquimbo, que resolvió la transferencia de la calidad de sostenedora que le efectuara la “Sociedad de Responsabilidad Limitada Colegio Particular Coeducacional Gabriela Mistral Ltda.”.

Indica que el acto ilegal y arbitrario reclamado lo constituye la Resolución Exenta N° 2018/PLUR/04/072, de fecha 24 de abril del 2018, dictada por don Francisco Brizuela Tapia, en su calidad de Director Regional de la Superintendencia de Educación de la Región de Coquimbo. Añade que el 25 de abril del año en curso, la recurrente recibió por correo electrónico la notificación de la referida Resolución.

Al respecto sostiene que a principios de 2016 la “Sociedad de Responsabilidad Ltda. Colegio Particular Coeducacional Gabriela Mistral Ltda.”, en su calidad de sostenedora del establecimiento educacional “Colegio Gabriela Mistral RBD 649”, cumplió con su obligación de rendir cuenta sobre uso de recursos SEP año 2015, teniendo dicha sociedad en tal fecha la calidad de sostenedora del mencionado colegio. Señala que una vez iniciada la etapa de fiscalización de seguimiento de la cuenta sobre uso de recursos, se notificó al sostenedor que rindió la cuenta sobre uso de recurso SEP año 2015, esto es, la sociedad aludida, con fecha 28 de julio de 2017, que la cuenta contenía “gastos no aceptados”, resolución contra la cual el 31 de julio del mismo año, la “Sociedad de Responsabilidad Limitada Colegio Particular Coeducacional Gabriela Mistral” dedujo recurso de reposición y jerárquico en subsidio, en contra del acta de fiscalización N° 170400674 de 24 de julio de 2017, que calificó como gastos no aceptados los egresos incluidos en la hoja de trabajo y que forma parte de la referida acta.

Expresa que con fecha 9 de febrero del 2018, se dictó la Resolución Exenta N° 0203 de la “Secretaría Regional Ministerial de Coquimbo”, que autorizó la transferencia de la calidad de sostenedora a la accionante, respecto del Colegio Gabriela Mistral RBD 6491 Agrega que la citada Resolución Exenta N° 2018/PLUR/04/072 de la Superintendencia de Educación, se pronuncia sobre el recurso de reposición deducido por la “Sociedad de Responsabilidad Ltda. Colegio Particular Coeducacional Gabriela Mistral Ltda.” Y no por la recurrente, respecto de la referida acta de fiscalización; sin embargo, en la parte considerativa de la indicada resolución, el Director Regional de la Superintendencia de Educación Región de Coquimbo altera la designación del recurrente de reposición, a quien califica de “continuadora”, mientras que en lo resolutivo ordena notificar dicha resolución a la accionante, por lo que, en su concepto, se intenta aplicar una especie de sucesión procesal en la calidad de fiscalizada a la accionante en un procedimiento sobre uso de recursos SEP 2015, cuya cuenta fue rendida el año 2016, procedimiento que se encontraba dirigido en calidad de fiscalizada en contra de la “Sociedad de Responsabilidad Ltda. Colegio Particular Coeducacional Gabriela Mistral Ltda.”, y que a través de la alteración de la designación del recurrente, agregándole la palabra “continuador”, u ordenando su notificación por correo electrónico, pretende la recurrida, sin dar fundamento de ello, incluir a la recurrente en el procedimiento de fiscalización que no le empece, conducta que resulta ilegal y arbitraria.

Asevera la accionante, luego de reseñar las normas legales relativas a la obligación de rendir cuenta anualmente a la Superintendencia de Educación, que es una obligación del sostenedor que se traduce en el deber de presentar una cuenta respecto del uso de recursos SEP y de otros aportes que se indican en la ley 20.248, en la especie el sostenedor obligado es claramente la “Sociedad de Responsabilidad Limitada Colegio Particular Coeducacional Gabriela Mistral Ltda,”, porque la sociedad recurrente no era la sostenedora en dicha época.

Enseguida, aludiendo a una segunda ilegalidad, refiere que la fiscalización sobre uso de recursos, es un proceso asociado necesariamente a una rendición de cuenta; en consecuencia, se trata de una obligación accesoria, por lo que el sujeto obligado a lo principal es obligado, además, al proceso accesorio, no procediendo obligar a la sociedad recurrente en calidad de fiscalizada a través de esta especie de sucesión procesal. Añade que conforme a lo previsto en el artículo 46 del DFL N° 2 del año 2009, del Ministerio de Educación, todos los sostenedores que reciban recursos estatales deberán rendir cuenta pública respecto del uso de los recursos y estarán sujetos a la fiscalización y auditoría de los mismos que realizará la Superintendencia de Educación, de modo que el obligado a rendir cuenta es el sostenedor que recibió los recursos y al rendir cuenta sobre el uso de los recursos SEP 2015, la “Sociedad de Responsabilidad Limitada Colegio Particular Coeducacional Gabriela Mistral Ltda.” quedó sujeta a la fiscalización que a dicha cuenta efectúa la Superintendencia de Educación, por lo que reitera que tal fiscalización es un proceso accesorio, resultando, entonces, ilegal la pretensión de la recurrida, en orden a obligarla en calidad de fiscalizada a someterse a este procedimiento, ya que solo le empece a aquella sociedad.

Continúa la recurrente sosteniendo que, asimismo, constituye una tercera ilegalidad la pretensión de la recurrida de aplicarle la figura de continuadora del Colegio Particular Coeducacional Gabriela Mistral, sin fundamentos. Al respecto indica que en el considerando 1° de la resolución impugnada, se consigna que: “con fecha 31 de julio de 2017 doña nombre reservado, RUT: RUT reservado, representante legal de la Corporación Colegio Gabriela Mistral de Coquimbo, RUT: N° 65.143.538-k (continuadora de Colegio Particular Coeducacional Gabriela Mistral Limitada), sostenedora del Colegio Gabriela Mistral, RBD N° 649, de la comuna de Coquimbo, interpone recursos de reposición y jerárquico …”. Agrega que, no obstante, la sociedad recurrente no dedujo recurso en contra del acta de fiscalización como se expresa en dicha resolución, ni ha realizado actuación alguna en el proceso de fiscalización sobre uso de recursos SEP 2015, en calidad de fiscalizada, y que atendido al hecho que en el referido considerando se utiliza la palabra “continuadora”, “la única interpretación posible a la conducta de la recurrida, da a entender que en dicho considerando lo que pretende el ente resolutivo, es establecer una figura parecida a la “sucesión procesal” en calidad de “Fiscalizado”, en esta fiscalización que realizó la Superintendencia, relativo a la cuenta sobre uso de recursos SEP 2015, sin fundamentar siquiera en virtud de que norma lo hace”, (sic), y bajo esa calificación, la recurrida ordena en la parte resolutiva notificar a la accionante, aludiendo al artículo 8 inciso 3° del Decreto N° 469 del 2013. Adiciona que la recurrida no señala norma alguna que permita establecer su facultad de aplicar la figura de “sucesión procesal”, para otorgarle la calidad de fiscalizada, transgrediendo de esta manera lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 11 de la ley 19.880 que prescribe, en lo que interesa que “Los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos administrativos.” Señala, luego, que el artículo 2° transitorio de la ley 20.845 establece claramente cuáles son las obligaciones que se traspasan a la Corporación accionante por la transferencia de la calidad de sostenedor, las que son restringidas, entre las que no se encuentran obligaciones emanadas de un proceso de fiscalización ni menos de un eventual proceso sancionatorio, toda vez que de acuerdo a la citada norma, las obligaciones que se traspasan a la corporación receptora en virtud de la transferencia de la calidad de sostenedor son: a) aquellas que emanan de los contratos individuales y de los instrumentos colectivos de trabajo y que dicen relación con los trabajadores; y, b) las obligaciones que la persona transferente haya adquirido o contraído, con ocasión de la prestación del servicio educativo, transfiriéndose a la Corporación, solo las obligaciones que se hayan contraído para la adquisición de bienes esenciales para la prestación del servicio educacional.

Afirma que, en consecuencia, la carencia de fundamentación en relación a la pretendida sucesión procesal, endilgando a la recurrente la calidad de fiscalizada y que por otra parte no correspondiendo a una obligación que se transfiera a la Corporación accionante derivada de la transferencia de la condición de sostenedora, el acto recurrido resulta ilegal.

Prosigue la recurrente exponiendo, en relación a lo que denomina “cuarta ilegalidad”, que a través de las actuaciones ilegales y arbitrarias descritas, constatadas en la Resolución Exenta N° 2018/PLUR/04/072, el Director Regional Región Coquimbo de la Superintendencia de Educación, pretende obligarla a un proceso de carácter accesorio a la rendición de cuenta sobre uso de recursos SEP año 2015, a pesar que no ostentaba la calidad de sostenedor el año 2015, por lo que la recurrida vulnera principios básicos de los procedimientos administrativos, refiriendo, en primer término, el principio de legalidad, puesto que la Superintendencia ha realizado una actuación no amparada en la ley; en segundo lugar, el principio de congruencia del procedimiento, ya que se sorprende a su parte con actuaciones confusas, exponiéndola a una fiscalización que no le empece; luego, el principio de responsabilidad personal, toda vez que la sanción tiene una finalidad estrictamente represiva, y no se puede atribuir responsabilidad personal a quien no ha tenido participación en los hechos; y, el principio de transparencia, que se ve sobrepasado, porque la resolución que contiene los actos reclamados, no fundamenta el sustento legal de la figura de sucesión procesal en calidad de fiscalizado que aplica a la actora.

Agrega la recurrente que las actuaciones reclamadas, transgreden dictámenes de la propia Superintendencia de Educación, referidas a obligaciones accesorias a la cuenta, estableciendo que se deben respetar los mismos principios de dicho proceso, vale decir, consistencia, coherencia y anualidad del gasto, aseverando que se vulneran estos principios de la cuenta, cuando se pretende por la Superintendencia extender obligaciones que nacieron y se agotaron en la rendición de cuenta recursos SEP año 2015, a un sostenedor que obtuvo resolución de la SEREMI de autorización de transferencia de la calidad de sostenedor el año 2018, por cuanto la recurrente solo resulta obligada a las cuentas que tenga que rendir sobre uso de recursos SEP 2018 en adelante.

Respecto de las garantías constitucionales vulneradas, la recurrente estima que se ha transgredido, en primer término, la contemplada en el artículo 19 N° 2 de nuestra Carta Fundamental, aduciendo que la igualdad ante la ley es una garantía que se predica en relación a otros, y en tal sentido considera que la accionante sufre un trato desigual, por cuanto a través de actuaciones ilegales y arbitrarias la recurrida pretende incluirla en un procedimiento en calidad de fiscalizada sin fundamento alguno, procedimiento que, según reitera no le empece, exponiéndola a eventuales procedimientos sancionatorios, ya que la técnica empleada fue la simple alteración de la denominación del fiscalizado, agregando la palabra “continuador” y ordenando la notificación a su parte de la resolución de un recurso administrativo deducido por la anterior sostenedora del Colegio Gabriela Mistral. Enseguida, reclama que se ha infringido, además, el derecho de propiedad, previsto en el numeral 24 de la citada norma constitucional, puesto que mediante las actuaciones ilegales y arbitrarias denunciadas, se intenta incluirla en un procedimiento en calidad de fiscalizada, exponiendo su responsabilidad en una cuenta sobre uso de recursos SEP del año 2015, ya sea personal y/o patrimonial, habiendo adquirido la recurrente la calidad de sostenedora del Colegio Gabriela Mistral el año 2018.

Solicita, en fin, que se acoja el recurso de protección y se ordene a la Superintendencia de Educación dejar sin efecto la Resolución Exenta N° 1918/PLUR704/072, y en la referencia de dicha Resolución indicar correctamente la persona que dedujo los recursos que resuelve la resolución, que corresponde a la “Sociedad de Responsabilidad Limitada Colegio Particular Coeducacional Gabriela Mistral Ltda.”; que en el considerando primero, “indicar correctamente la persona que dedujo los recursos que resuelve la resolución”, que es la aludida sociedad; que en el punto 5° de la parte resolutiva, se disponga la notificación de la referida sociedad, eliminando a la actora de esta resolución y, en definitiva, del proceso de fiscalización sobre uso de recursos SEP 2015.

SEGUNDO: Que la recurrente allegó a los autos los siguientes documentos: 1) correo electrónico de fecha 25 de abril de 2018, en virtud de la cual se le notifica la Resolución exenta impugnada; 2) texto de Resolución Exenta N° 2018/PLUR/04/072 de la Superintendencia de Educación; y, 3) resolución de transferencia de la calidad de sostenedor del “Colegio Gabriela Mistral RBD 649”.

TERCERO: Que, evacuando el informe solicitado, comparece doña nombre reservado por la recurrida “Superintendencia de Educación Escolar Región de Coquimbo”, e indica que con fecha 31 de julio del 2017, doña nombre reservado, representante legal del “Colegio Particular Coeducacional Gabriela Mistral Limitada”, sostenedora a esa época del “Colegio Gabriela Mistral RBD N° 649” de la comuna de Coquimbo, interpuso recursos de reposición y jerárquico subsidiario en contra del acta de fiscalización N° 170400674, de fecha 24 de julio del 2017, de la Superintendencia de Educación, que calificó como gastos no aceptados, los egresos incluidos en hoja de trabajo que forma parte integrante del acta de dicha fiscalización; que el 9 de febrero del 2018, mediante Resolución Exenta N° 203 la Secretaria Regional Ministerial de Educación de la Región de Coquimbo, se autorizó la transferencia de la calidad de sostenedor a la “Corporación Colegio Gabriela Mistral de Coquimbo”, respecto del establecimiento educacional Colegio Gabriela Mistral RBD 649. Añade que con fecha 24 de abril del año en curso, el Director Regional de la Superintendencia de Educación de Coquimbo, don Francisco Brizuela Tapia, expidió la Resolución Exenta N° 2018/PLUR/04/072 que acogió parcialmente el recurso de reposición en contra del acta de fiscalización antes señalada y elevó los antecedentes para conocimiento y resolución de recurso jerárquico.

Añade que la referida Resolución Exenta N° 2018/PLUR/04/072 fue enviada al sostenedor por medio de correo electrónico de fecha 25 de abril de 2018; que el día 3 de mayo siguiente, la “Corporación Gabriela Mistral de Coquimbo”, actual sostenedora del mencionado “Colegio Gabriela Mistral RBD 649”, interpuso recurso de reposición y jerárquico subsidiario, en contra de la aludida Resolución Exenta, solicitando la modificación de la resolución indicada, disponiendo que en la referencia y en el considerando 1° de la misma, se consigne que la persona que dedujo los recursos corresponde al “Colegio Particular Coeducacional Gabriela Mistral Limitada.” y que, asimismo, se modifique el Resolutivo 5°, disponiendo la notificación al “Colegio Particular Coeducacional Gabriela Mistral Limitada.” y que la “Corporación Colegio Gabriela Mistral de Coquimbo” sea eliminada de la Resolución y también del proceso de fiscalización sobre uso de recursos SEP 2015. Adiciona que con fecha 16 de mayo del presente año la Directora Regional Subrogante de la Superintendencia de Educación Región de Coquimbo, emitió la Resolución Exenta N°2018/PLUR/04/073, en virtud de la cual se rechazó el recurso de reposición interpuesto por la recurrente en contra de la citada Resolución Exenta N° 2018/PLUR/04/072 y eleva los antecedentes para conocimiento del recurso jerárquico, deducido subsidiariamente. Además, la Resolución Exenta N° 2018/PLUR/04/073, fue enviada al sostenedor por medio de correo electrónico de fecha 18 de mayo de 2018.

Expone la informante que la recurrente ha sostenido que el acto administrativo recurrido es ilegal por aplicar una especie de sucesión procesal en calidad de fiscalizadora en un proceso que no le empece, aduciendo, en primer lugar, que la obligación de rendir cuenta sobre uso de recursos SEP es una obligación del sostenedor que se traduce en el deber de presentar una cuenta a la Superintendencia de Educación relativa al uso de recursos SEP y de otros aportes que indica la ley 20.248; que dicha obligación se cumple cada año y que en el caso de recursos SEP 2015, la accionante afirma que el sostenedor obligado es la “Sociedad de Responsabilidad Limitada Colegio Particular Coeducacional Gabriela Mistral Ltda.”, precisando que esta sociedad cumplió con su obligación de rendir cuenta y que la recurrente no era sostenedora del establecimiento en dicha época. Como segunda ilegalidad la accionante ha expuesto que la fiscalización sobre usos de recursos es un proceso asociado necesariamente a una rendición de cuenta sobre uso de los mismos, en consecuencia, se trata de una obligación accesoria, por lo que el sujeto obligado a lo principal, esto es, el “Colegio Particular Coeducacional Gabriela Mistral Ltda.”, es también el obligado al proceso accesorio de fiscalización sobre recursos SEP 2015. Enseguida, la informante indica que la recurrente ha señalado como tercera ilegalidad el hecho que la figura de “continuadora” que se le pretende aplicar, a través de la pretendida sucesión procesal en calidad de fiscalizada, no tiene fundamento, agregando que, por tanto, el acto reclamado vulnera el artículo 11 N° 2 de la ley 19.880 y que el artículo 2° transitorio de la ley 20.845 establece las obligaciones que se traspasan a la Corporación, por la transferencia de la calidad de sostenedor, las que son restringida y que entre las cuales no se encuentran obligaciones emanadas de un proceso de fiscalización y menos de un eventual proceso sancionatorio. Refiere, por último, que la recurrente ha aseverado la existencia de una cuarta ilegalidad, consistente en la infracción de los principios de legalidad, congruencia del procedimiento, responsabilidad personal y principio de transparencia y dictámenes de la propia Superintendencia de Educación, concluyendo que se habrían vulnerado las garantías de igualdad ante la ley y derecho de propiedad.

Luego, la recurrida alega la improcedencia del recurso de protección, aduciendo que se encuentra pendiente resolución administrativa relativa al recurso jerárquico. Al respecto, señala que con fecha 3 de mayo de 2018, la “Corporación Gabriela Mistral de Coquimbo” -actual sostenedora del Colegio Gabriela Mistral RBD 649- interpuso recurso de reposición y jerárquico subsidiario, en contra de la Resolución Exenta N° 2018/PLUR/04/072, solicitando su modificación. Expone que este segundo recurso de reposición fue resuelto, mediante la aludida Resolución Exenta N° 2018/PLUR/04/073 de la autoridad regional de educación, rechazándolo y que, además, ordena elevar los antecedentes para conocimiento del recurso jerárquico subsidiario. Añade que este recurso jerárquico se encuentra pendiente de Resolución en la Dirección Nacional de la Superintendencia de Educación. Por tanto, a su juicio, en atención al estado actual del procedimiento administrativo, la presente acción de protección debe ser desestimada, puesto que su naturaleza cautelar no es el mecanismo idóneo para restablecer el imperio de los derechos supuestamente vulnerados.

Enseguida la recurrida sostiene que el recurso de protección constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal. Que en la especie se ha impugnado la citada Resolución Exenta N° 2018/PLUR/04/072, la cual fue dictada en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8° inciso 2° del Decreto N° 469 del año 2013 del Ministerio de Educación, que aprueba el Reglamento que establece las características, modalidades y condiciones del mecanismo común de rendición de cuenta pública del uso de los recursos, que deben efectuar los sostenedores de establecimientos educacionales subvencionados o que reciben aportes del Estado, agregando que dicha norma previene que “en contra de los gastos no aceptados, procederán los recursos de la ley 19.880”. Añade la informante que los recursos que regula la ley 19.880 están contenidos en los artículos 59 y 60, y que corresponden a los recursos de reposición, jerárquico y extraordinario de revisión. Señala respecto del establecimiento educacional “Colegio Particular Gabriela Mistral de Coquimbo, RBD 649”, que el sostenedor de la época, esto es, el “Colegio Particular Coeducacional Gabriela Mistral Coquimbo Limitada”, el 31 de julio del 2017 interpuso los recursos de reposición y jerárquico en contra del Acta de Fiscalización N° 170400674 de fecha 24 de julio del 2017, la cual consigna gastos no aceptados; que a la fecha de la resolución de aquellos recursos, dicha sociedad ya no tenía la calidad de sostenedor del aludido colegio, toda vez que mediante la Resolución Exenta N° 203 la Secretaria Regional Ministerial de Educación de la Región de Coquimbo, emitida el 9 de febrero del 2018 había transferido tal calidad a la “Corporación Colegio Gabriela Mistral de Coquimbo” y que en virtud de esta transferencia se notificó la resolución del recurso a esta última sociedad.

Expresa, al respecto, que la ley 20.845, “De inclusión escolar que regula la admisión de los y las estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado”, contempla en su artículo 2” transitorio, una hipótesis de traspaso de la calidad de sostenedor entre una entidad que no se encuentra organizada como persona jurídica de derecho privado sin fines de lucro, a una que lo está y que en este evento, el legislador esclarece los efectos de dicho traspaso, enfatizando que el nuevo sostenedor toma el lugar del anterior, transformándose en el “sucesor legal de todos los derechos y obligaciones que la persona transferente haya adquirido o contraído, con ocasión de la prestación del servicio educativo”. Agrega la recurrida que, por tanto, en la Ley de Inclusión “el legislador explicitó su intención de hacer responsable al sujeto transferido respecto de los actos de su antecesor, lo que se explicaría, en que dicha norma contempla además de la transferencia propiamente tal, una hipótesis de adecuación legal, en que la persona jurídica original se “transforma” en otra para cumplir con nuevos requisitos legales, desapareciendo el responsable primitivo. (Dictamen N° 44 de fecha 11 de junio de 2018 de la Superintendencia de Educación, página 5).”. Como consecuencia de lo expuesto la recurrida sostiene que en el caso sub judice aparece que no se cumplen los presupuestos básicos que configuran la acción constitucional intentada, toda vez que el acto impugnado fue dictado por autoridad competente y en virtud de sus atribuciones.

A continuación la recurrida argumenta sobre la ausencia de vulneración de la garantías contempladas en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de nuestra Ley Suprema, manifestando que la sostenedora ha indicado que la Resolución Exenta N° 2018/PLUR/04/072 establece diferencias arbitrarias, sin embargo, no acompaña ni invoca otras Resoluciones o Actos Administrativos dictados por el Director Regional de Coquimbo u otras autoridades de la Superintendencia de Educación, que ante el mismo supuesto de transferencia de la calidad de sostenedor hubieren notificado los mencionados actos administrativos a antiguos sostenedores del establecimiento educacional objeto de revisión, circunstancia que, en su concepto, impide apreciar que haya existido una diferencia arbitraria por parte del Director Regional de la Superintendencia de Educación de la región de Coquimbo. Por otra parte, adiciona, en relación a la transgresión al derecho de propiedad reclamado por la accionante, que ello se debe descartar, puesto que Resolución Exenta impugnada fue dictada en el contexto de una fiscalización del uso de los recursos que efectúa la Superintendencia de Educación, la cual tiene como marco normativo, el párrafo 3° de la ley 20.529 y que no corresponde a un procedimiento sancionatorio. Añade que el análisis de la rendición de cuentas sólo implica un juicio de legalidad de uso de los recursos, cuyo marco normativo deriva de ley N° 20.529, de la ley 19.880 y el Decreto N° 469 de 2013 del Ministerio de Educación, que aprueba el Reglamento que establece las características, modalidades y condiciones del mecanismo común de rendición de cuenta pública del uso de los recursos que deben efectuar los sostenedores de establecimientos educacionales subvencionados o que reciban aportes del Estado. Refiere que, por otra parte, ni el acta de fiscalización de seguimiento N° 170400674, ni la Resolución Exenta N° 2018/PLUR/04/072 censurada por la recurrente, contienen sanción alguna para el sostenedor, sino que solo señala que determinados gastos en que incurrió el establecimiento educacional mantendrán el carácter de no aceptados, por los fundamentos consignados en los mencionados actos administrativos.

En fin, hace presente la informante que se encuentra pendiente de Resolución el recurso jerárquico subsidiario deducido en contra del acta de fiscalización de seguimiento N° 170400674, por lo que a la fecha no hay certeza si finalmente los gastos no aceptados mantendrán tal carácter.

Solicita, en definitiva, el rechazo del recurso de protección entablado, con expresa condenación en costas.

CUARTO: Que la recurrida, en sustento de su informe, incorporó a los antecedentes, los siguientes documentos: 1) copia de la Resolución Exenta N° 2018/PLUR/04/072, de fecha 24 de abril del 2018, en virtud de la cual se acoge parcialmente recurso de reposición deducido en contra del Acta de fiscalización N° 170400674 de fecha 24 de julio del 2017 y eleva los antecedentes para conocimiento y resolución del recurso jerárquico; 2) copia del correo electrónico de fecha 25 de abril del 2018, mediante el cual se notifica la referida Resolución Exenta N° 2018/PLUR/04/072; 3) copia del recurso de reposición y jerárquico subsidiario, interpuesto por la “Corporación Colegio Gabriela Mistral de Coquimbo” en contra de la citada Resolución Exenta; 4) copia de la Resolución Exenta N°2018/PLUR/04/073, de fecha 16 de mayo del 2018, mediante la cual se rechazó el recurso de reposición interpuesto por la “Corporación Colegio Gabriela Mistral de Coquimbo”, en contra de la Resolución Exenta N°2018/PLUR/04/072 de la Dirección Regional de Coquimbo de la Superintendencia de Educación y se ordena elevar los antecedentes para conocimiento del recurso jerárquico, interpuesto subsidiariamente; 5) copia del correo electrónico de fecha 18 de abril del 2018, por el cual se notifica la referida Resolución Exenta N°2018/PLUR/04/073; 6) copia del Acta de Fiscalización N° 170400674, de fecha 24 de julio del 2017; 7) copia de la Resolución Exenta N° 203 emitida por la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región de Coquimbo, con fecha 9 de febrero del 2018, que autorizó la transferencia de la calidad de sostenedora a la “Corporación Colegio Gabriela Mistral de Coquimbo”, respecto del establecimiento educacional “Colegio Gabriela Mistral RBD 649”; y 8) copia del Dictamen N° 44, de fecha 11 de junio de 2018, emanado de la Superintendencia de Educación.

QUINTO: Que como medidas para mejor acierto del fallo, se agregó copia del expediente administrativo relativo al recurso de reposición y jerárquico interpuesto en contra del Acta de Fiscalización N° 170400674 que da cuenta del seguimiento de la rendición de cuenta de los Recursos SEP del año 2015, fiscalización iniciada el 20 de julio del 201y y finalizada el 24 de julio del mismo año, en relación al establecimiento Educacional “Colegio Particular Gabriela Mistral”, cuyo sostenedor corresponde a la “Sociedad Educacional Colegio Coeducacional Gabriela Mistral SA., representada por doña nombre reservado.

SEXTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

SÉPTIMO: Que como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

OCTAVO: Que, según se ha consignado en el motivo primero de este fallo, la sociedad recurrente, en síntesis, reclama como ilegal y arbitrario el acto de la recurrida Superintendencia de Educación Región de Coquimbo, contenido en la Resolución Exenta N° 2018/PLUR/04/072, de fecha 24 de abril del 2018, dictada por su Director Regional, que acogió parcialmente el recurso de reposición entablado ante la mencionada autoridad por la “Sociedad de Responsabilidad Limitada Colegio Particular Coeducacional Gabriela Mistral Limitada”, representada por doña nombre reservado, sociedad sostenedora del “Colegio Gabriela Mistral EBD N° 649”, en contra del Acta de Fiscalización N° 170400674, de fecha 24 de julio del 2017, de la Superintendencia de Educación, que calificó como gastos no aceptados determinados egresos de la rendición de cuenta de los Recursos SEP del año 2015, efectuada por la aludida sociedad sostenedora del establecimiento educacional, precisando que, si bien, con fecha 9 de febrero del año en curso, la Secretaría Regional Ministerial de Educación de esta Región, en virtud de la Resolución Exenta N° 0203, autorizó la transferencia de la calidad de sostenedora a la recurrente sociedad “Corporación Colegio Gabriela Mistral de Coquimbo”, no obstante, fue la aludida “Sociedad de Responsabilidad Limitada Colegio Particular Coeducacional Gabriela Mistral Limitada”, quien procedió a rendir la cuenta; sin embargo, a través de la Resolución Exenta impugnada se pretende aplicar una especie de sucesión procesal, para incluirla en el procedimiento de rendición de cuenta que no le empece, agregando que la fiscalización sobre usos de recursos es un proceso asociado a una rendición de cuenta, por lo que se trata de una obligación accesoria cuyo sujeto obligado es la sociedad que la rindió y, por ende, no procede que la accionante pueda ser obligada en calidad de fiscalizada, como se pretende por la recurrida. Añade que la especie de sucesión procesal en el proceso de fiscalización no aparece fundamentada en la resolución reclamada, transgrediendo de esta forma el artículo 2° transitorio de la ley 20.845, además, de principios básicos del procedimiento administrativo, como los de legalidad, de congruencia del procedimiento, de responsabilidad personal y de transparencia, adicionando que la conducta que atribuye a la autoridad recurrida, vulnera el de derecho de igualdad ante la ley y el derecho de propiedad, garantías contempladas en los numerales 2 y 24 del artículo 24 de la Constitución Política de la República.

NOVENO: Que de la revisión de la copia de la Resolución Exenta N° 2018/PLUR/04/072, emitida por el Director Regional de la Superintendencia de Educación de la Región de Coquimbo, se desprende que, resolviendo el recurso de reposición interpuesto -según se lee- por la “Corporación Colegio Gabriela Mistral de Coquimbo”, representada por nombre reservado, sostenedora del “Colegio Gabriela Mistral RBD N° 649”, en contra del Acta de Fiscalización N° 170400674, de fecha 24 de julio del 2017, que calificó como gastos no aceptados algunos egresos de la rendición de cuenta de los Recursos SEP del año 2015, lo acoge parcialmente, disponiendo que se deja sin efecto el acta de fiscalización impugnada, en aquella parte que calificó como gastos no aceptados, los pagos de arriendo de un camión, por la suma de $ 44.444 y de alimentación y transporte para un campeonato interescolar, por la suma de $ 60.000, los que quedan en estado de aceptados, y se confirma en lo demás la mencionada Acta de Fiscalización; además, ordena elevar los antecedentes a la Dirección Nacional de la Superintendencia de Educación para que conozca y resuelva el recurso jerárquico, deducido en forma subsidiaria; y, finalmente, ordena notificar lo resuelto a la “Corporación Colegio Gabriela Mistral de Coquimbo”, sostenedora del “Colegio Gabriela Mistral RBD N° 649”, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8° inciso 3° del Decreto N° 469 del 2014, del Ministerio de Educación, en relación con los artículos 5 y 19 de la ley 19.880.

DÉCIMO: Que preciso es tener en consideración que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la ley 20.529, a la Superintendencia de Educación corresponde fiscalizar, de conformidad a la ley, que los sostenedores de establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el Estado se ajusten a las leyes, reglamentos e instrucciones que dicte la Superintendencia, añadiendo que, asimismo, fiscalizará la legalidad del uso de los recursos por los sostenedores de los establecimientos subvencionados y que reciban aporte estatal y respecto de los establecimientos particulares pagados, fiscalizará la referida legalidad solo en caso de denuncia. Enseguida, en su artículo 49 letra b), señala que la Superintendencia tendrá la atribución de fiscalizar la rendición de cuenta de todos los recursos de acuerdo al párrafo 3° de este título, conforme a los principios de contabilidad generalmente aceptados; mientras que el artículo 54 inciso 1° del mismo texto legal dispone que los sostenedores de establecimientos educacionales subvencionados o que reciban aportes regulares del Estado deberán rendir, anualmente, cuenta pública del uso de todos sus recursos, conforme a los principios de contabilidad generalmente aceptados, añadiendo en su inciso 2° que los recursos recibidos durante el año calendario anterior se rendirán hasta el mes de marzo del año siguiente.

Por otra parte, se debe tener presente que de conformidad con lo previsto en el inciso 2° del artículo 2° transitorio de la ley 20.845, “De inclusión escolar que regula la admisión de los y las estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado”, el sostenedor que haya adquirido su calidad de tal en conformidad al inciso anterior, será el sucesor legal de todos los derechos y obligaciones que la persona transferente haya adquirido o contraído con ocasión de la prestación del servicio educativo, manteniendo los establecimientos educacionales respecto de los cuales se traspasa la condición de sostenedor, el reconocimiento oficial con que contaren.

UNDÉCIMO: Que del mérito de lo expuesto por la accionante y la recurrida, y de los antecedentes allegados a los autos, resultan hechos establecidos, que, por lo demás, no han sido controvertidos: a) que el establecimiento educacional “Colegio Particular Gabriela Mistral de Coquimbo”, cuyo sostenedor correspondía a la “Sociedad Educacional Colegio Particular Coeducacional Gabriela Mistral Ltda.”, representada por doña nombre reservado, fue objeto de un proceso de fiscalización en relación a la rendición de cuenta de los Recurso SEP año 2015 efectuada por la aludida sostenedora, proceso iniciado el 20 de julio del 2017 y finalizado el 24 de julio del mismo año; b) que en el Acta de Fiscalización N° 170400674, se calificó como gastos no aceptados cuatro egresos por la suma total de $ 469.498; c) que con fecha 31 de julio del 2017, doña nombre reservado, en representación de la sociedad educacional “Colegio Particular Coeducacional Gabriela Mistral Ltda.”, dedujo recurso de reposición y recurso jerárquico subsidiario, en contra del acta de fiscalización que calificó como gastos no aceptados en el proceso de rendición de cuenta de la subvención escolar preferencial correspondiente al año 2015, cuatro egresos por la suma total señalada en el literal precedente; y, d) que, a la fecha de la dictación de la Resolución Exenta N° 2018/PLUR/04/072 impugnada, mediante la cual se acogió parcialmente el indicado recurso de reposición, vale decir, el 24 de abril del 2018, la sociedad fiscalizada había trasferido la calidad de sostenedora del referido “Colegio Particular Gabriela Mistral de Coquimbo” a la actual sostenedora “Corporación Colegio Gabriela Mistral de Coquimbo”, también representada por la aludida nombre reservado, respecto del “Colegio Gabriela Mistral, RBD N° 649”, transferencia autorizada por Resolución Exenta N° 0203, de fecha 9 de febrero del 2018, dictada por el Secretario Regional Ministerial de Educación, Región de Coquimbo y que en su consideración cuarta dispone que la entidad sostenedora que adquiere la calidad de tal, en virtud de la transferencia, lo será sin solucionar la continuidad de todos los derechos y obligaciones que la persona que la transfiere haya adquirido con ocasión del servicio educacional.

DUODÉCIMO: Que, según se ha consignado, el inciso 2° del artículo 2° transitorio de la ley 20.845, precisamente, previene una hipótesis de transferencia de la calidad de sostenedor entre aquellos que no estén organizados como una persona jurídica sin fines de lucro y que esté percibiendo la subvención del Estado regulada en el DFL. N° 2, del año 1998, del Ministerio de Educación y una persona jurídica de derecho privado sin fines de lucro, disponiendo que en el evento de dicho traspaso el nuevo sostenedor se transforma en el sucesor legal del anterior respecto de todos los derechos y obligaciones que la persona transferente haya adquirido o contraído con ocasión de la prestación del servicio educativo; por lo que no cabe sino concluir que la intención del legislador fue hacer responsable al nuevo sostenedor de las obligaciones contraídas por el sostenedor primitivo, entre ellas, naturalmente, las derivadas del proceso de rendición de cuenta de los recursos públicos percibidos por el anterior y que como, en la especie, aún no concluye por existir recursos jerárquicos pendientes deducidos tanto por la ex sociedad sostenedora y por la actual, debiéndose tener en consideración además, al respecto, lo dispuesto en los artículos 3 y 5 del Decreto N° 469, del 2013, del Ministerio de Educación, en cuanto prescribe que los sostenedores serán los responsables de resguardar los estados financieros individuales y consolidados, y la información de respaldo que presenten, por un período mínimo de cinco años contados desde el vencimiento del plazo para efectuar la rendición; que deberán presentar la documentación fundantes de los registros contables que hubieren obtenido dentro del período a rendir, cuando sean requeridos por la Superintendencia de Educación; y que los sostenedores deberán acreditar la disponibilidad de los saldos de las subvenciones destinadas a fines educativos generales y especiales. Por tanto, admitir que la conclusión del procedimiento de rendición de cuenta a que el sostenedor de un establecimiento educacional estaba obligado, podría verse truncada o, incluso burlada, en la eventualidad de desaparecer el obligado a rendirla una vez que haya transferido su calidad su calidad de sostenedor a otra entidad, no aparece racionalmente aceptable, menos aún en la especie, en que del mérito de los antecedentes arrimados a los autos se infiere que la representante legal de la anterior sostenedora y de la actual, resulta ser la misma persona.

DÉCIMOTERCERO: Que, en consecuencia, en el caso sub lite no se vislumbra que la actuación reprochada mediante la presente acción constitucional, esto es, la contenida en la Resolución Exenta N° 2018/PLUR/04/072, constituya un conducta ilegal o arbitraria, toda vez que aparece emitida por la autoridad administrativa en el marco legal que la inviste de atribuciones privativa para resolver un recurso de reposición administrativo intentado en contra de un acta de fiscalización realizada en el proceso de revisión de la rendición de cuenta relativa al uso de los Recurso SEP año 2015, rendición efectuada por la anterior sostenedora del establecimiento educacional y revisada por el ente administrativo en cumplimiento de sus obligaciones legales, resolución respecto de la cual se ordena notificar a la actual sostenedora accionante en su calidad de continuadora o sucesora legal de aquella, en virtud de lo dispuesto en el precitado inciso 2° del artículo 2° transitorio de la ley 20.845; y, tampoco es posible concluir que el acto censurado por la accionante haya sido la consecuencia de una actitud antojadiza o irracional de la Superintendencia de Educación Región de Coquimbo, por cuanto su decisión aparece suficientemente fundada, señalándose los motivos y fundamentos jurídicos y fácticos considerados para su dictación, todo lo cual conduce a concluir que no aparece justificada la arbitrariedad atribuida a la mencionada recurrida.

DECIMOCUARTO: Que, por otra parte y solo con el objeto de agotar todos los extremos del recurso intentado, en relación con las garantías que la recurrente estima conculcadas, preciso es tener presente, que la accionante no ha explicitado argumento coherente alguno respecto de la forma en que el acto recurrido le ha afectado la garantía de igualdad ante la ley, contemplada en el N° 2 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, siendo del caso tener en consideración al respecto, que la norma constitucional referida contiene un mandato a las autoridades públicas a fin que no establezcan diferencias o discriminaciones arbitrarias, que aparezcan como contrarias a la ética o a un proceso normal de análisis intelectual, en otros términos, que no tengan justificación racional o razonable. Pues bien, en la especie se debe tener en consideración que no habiéndose acreditado, de modo alguno, que sopesando los intereses de la entidad que ha reclamado protección y de la recurrida, se hayan establecido discriminaciones arbitrarias en beneficio de esta última o bien de terceros, ni existiendo antecedentes útiles en autos que permitan demostrar que se haya otorgado al accionante un trato diverso respecto de otras personas que se hayan encontrado en su misma condición, vale decir, que no se le haya notificado a un sucesor legal de la calidad de sostenedor de un establecimiento educacional la decisión recaída en relación a un recurso de reposición administrativo intentado por el ex sostenedor, y que desplegando la Superintendencia recurrida un procedimiento diverso haya adoptado una solución distinta, de manera de establecer un privilegio en desmedro de la actora, circunstancias que constituyen los supuestos del precepto constitucional que estima infringida, solo cabe concluir que la vulneración de la referida garantía carece de asidero.

Que, asimismo, no es posible advertir una vulneración del derecho de propiedad, toda vez que la Resolución Exenta recurrida no contiene decisión sancionatoria, ni menos alguna de carácter pecuniario, limitándose a acoger parcialmente el recurso de reposición respecto de los gastos no aceptados en la rendición de cuenta de la sostenedora del “Colegio Gabriel Mistral de Coqumbo” y dispone, además, solo la notificación de lo resuelto a la continuadora legal de la ex sostenedora, vale decir la sociedad recurrente.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto por doña Susana Fernández Mardones, por la “Corporación Colegio Gabriela Mistral de Coquimbo”, representada por doña nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Educación Región de Coquimbo, sin costas.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción del ministro titular, don Fernando Ramírez Infante.

Rol N° 531-2018.

Pronunciado por la Primera Sala de la Ilma. Corte de Apelaciones de La Serena, integrada por el Ministro titular señor Fernando Ramírez Infante, el Ministro suplente señor Juan Carlos Espinosa Rojas y el Fiscal Judicial señor nombre reservado. No firma el Fiscal Judicial señor nombre reservado no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa, por encontrarse en comisión de servicio.

En La Serena, a uno de agosto de dos mil dieciocho, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.