nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OVALLE

nombre reservado

Ilustre Municipalidad de Ovalle Recurso de Protección Rol N°53-2025.- La Serena, doce de marzo dos mil veinticinco.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que en autos rol 53-25 comparece nombre reservado, asistente social, con domicilio en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OVALLE, representada por su alcalde señor Héctor Vega Campusano, por los actos que señala como arbitrarios e ilegales, consistentes en haberse ejercido en su contra actos de maltrato y acoso laboral, así como disponer la no renovación de su contrata para el año 2025, actuar que infringe sus garantías constitucionales de los numerales 1, 4, 16 y 17 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

En síntesis, señala que comenzó a prestar servicios bajo subordinación y dependencia para la recurrida, el 23 de diciembre del año 2021, desempeñándose en los CESFAM de la comuna de Ovalle y en el Departamento de Salud, como trabajador o asistente social, hasta el día 31 de diciembre de 2024, toda vez que, el 17 de diciembre de ese año fue notificado de la no renovación de su contrata, desconociendo lo motivos de tal decisión.

Expone que, primeramente, se desempeñó en el cargo de trabajador social en el CESFAM Jorge Jordán Domic durante los primeros seis meses del año 2022. Luego, indica que se desempeñó como asistente social en el departamento de Salud e Higiene Ambiental de la Municipalidad de Ovalle, en la Unidad de Convenios, cargo que ganó por llamado a concurso.

Señala que fue víctima de actos de hostigamiento y persecución, que se iniciaron en el mes de junio de 2022, sufriendo aislamiento por parte de sus demás compañeros de trabajo y afirmando que fue maltratado por la jefa de la unidad nombre reservado.

Explica que, en forma posterior, de manera arbitraria e ilegal le informaron que tendría que ir a desempeñar funciones como asistente social al CESFAM Fray Jorge, siendo destinado a un cargo inferior al que ostentaba. Refiere que lo anterior se lo informó al señor Alcalde, quien por memorándum N°212 de 31 de julio de 2023, lo destina a desempeñarse al CESFAM Marcos Macuada. No obstante, refiere que al llegar a dicha unidad continuaron los actos de persecución en su contra, siendo acusado de manera infundada de haber maltratado a la directora doña nombre reservado por levantarle la voz. Asimismo, señala que la directora de CESFAM Marcos Macuada, efectuó una reunión con su equipo gestor, comunicándoles que llegaba un agresor a trabajar, lo que conllevó que todos los profesionales del estamento Trabajadores Sociales presentaran una carta de 07 de agosto de 2023, oponiéndose a que el recurrente pudiera desempeñarse en el CESFAM.

Afirma que, los autores y responsables de toda esta maquinación e imputaciones infundadas, fueron el encargado de la Unidad de Convenios, don nombre reservado, subjefa nombre reservado, nombre reservado, la jefa de la sub dirección asistencial Sra. nombre reservado y la Directora del Departamento de Salud Municipal nombre reservado.

Señala que, posteriormente, en el mes de septiembre de 2023 tuvo que volver a desempeñar funciones en el CESFAM Fray Jorge contra su voluntad, enterándose el 17 de septiembre de 2023 que había una acusación de acoso sexual en su contra, presentada por doña nombre reservado, psicóloga de la Unidad de Convenios, lo que provocó un fuerte detrimento en su salud psicológica y fisiológica, cayendo en una depresión.

Agrega, que el 03 de diciembre de 2024 la Superintendencia de Seguridad Social declaró su padecimiento como enfermedad profesional.

Sin embargo, señala que el 17 de diciembre de 2024 fue notificado que su contrato no sería renovado para el año 2025, impidiendo con ello poder continuar su tratamiento en la ACHS, y pese a su legítima expectativa de continuar en el cargo que ha desarrollado por 3 años, habiéndosele renovado su contrato en 10 oportunidades.

Aduce que, los reales motivos de su desvinculación, tienen que ver con una represalia de todo el equipo del departamento de Salud de la Municipalidad de Ovalle con motivo de sus reclamos y defensas y por haber siempre desvirtuado las acusaciones incoadas en su contra, como también, por no ser del grupo de amigos del departamento de Salud y ser un profesional “independiente sin colores políticos”.

Enseguida, expone una serie de hechos que, a su juicio, constituyen indicios de vulneración de sus derechos.

En cuanto a los derechos fundamentales infringidos, invoca su derecho a la libertad de trabajo y la no discriminación laboral, consagrado en el artículo 19 N°16 de la Constitución Política, al haberle impedido ejercer sus funciones y removerlo de su puesto de trabajo, así como por el hecho de ser víctima de burlas, comentarios injuriosos y no atender a sus requerimientos. Afirma que, en definitiva, en la especie se configura una represalia en su contra, por exponer en la ACHS y en la Superintendencia de Seguridad Social la vulneración de derechos a la que ha sido expuesto, vulnerando su garantía de indemnidad. Enseguida, sostiene que se infringe el derecho a la igualdad en el acceso a los cargos públicos del artículo 19 N°17 de la Carta Política, al vulnerarse su legítimo derecho a hacer carrera funcionaria, con ocasión de su desvinculación. Asimismo, afirma que se infringe su derecho a la integridad física y psíquica del articulo 19 N°1, con motivo de las burlas y comentarios denigrantes de los cuales fue objeto, haciéndole sentir humillación y vergüenza, que trajo aparejada la enfermedad psicológica que padece, estado de salud que además resultó agravado con su desvinculación. Finalmente, expone que se vulnera su derecho a la honra del artículo 19 N°4 de la Constitución, por los comentarios realizados en su contra por su jefatura y colegas, imputándole ser un agresor, y el trato brindado por aquellos al no saludarlo ni dirigirle la palabra.

Por tales fundamentos, solicita que se acoge el recurso de protección, declarando que la recurrida ha incurrido en vulneración grave de las garantías fundamentales alegadas, con ocasión del despido; declarar que existen indicios de conducta de hostigamiento laboral o mobbing; la reincorporación a sus labores en virtud del art. 489 el Código del Trabajo; y, finalmente, que se deje sin efecto el acta de notificación de no renovación de contrato de 17 de diciembre de 2024, debiendo ser reincorporado en las mismas condiciones que prestaba sus servicios en el Departamento de Salud de la I. Municipalidad de Ovalle, debiendo la recurrida enterar las remuneraciones y demás emolumentos legales, debidamente reajustados, entre la fecha de la separación y la de su reincorporación.

Acompañó a su presentación: 1.- Decreto de contratación N° 11.130.- 2.-Decreto de contratación N° 948 3.- Decreto de contratación N° 949 4.- Decreto de contratación N°2178 5.- Decreto de contratación N°2846 6.- Decreto de contratación N° 5163 7.- Decreto de contratación N° 7145 8.- Decreto de contratación N°7706 9.- Decreto de contratación N°1950 10.- Decreto de contratación N° 1516 11.-Calificaciones primera precalificación 12.-Calificación primera. 13.-Memo traslado Cesfam Fray Jorge. 14.-Memo traslado Cesfam Marcos Macuada. 15.-Correo electrónico Presidenta de Comité Paritario. 16.-Carta de Oposición de Colegas. 17.-Constancias a abogada Departamento de Salud. 18.-SUMARIO. 13.-Informe médico Ps.Dr. nombre reservado. 14.- Peritaje Mental fecha 23-09-2024 Compin. Psiquiatra Sr. nombre reservado. 15.- Resolución SUSESO N° R-01-UME-187321-2024 del 3 de diciembre 2024. 16.-Reclamo Seremi de Salud.

SEGUNDO: Que a folio 14, compareció la recurrida ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OVALLE, evacuando el informe requerido y solicitando el rechazo del recurso.

Señala que es efectivo que el recurrente ejerció labores en el servicio traspasado de salud primaria municipal desde el 23 de diciembre de 2021 y hasta el 31 de diciembre de 2024. Precisa, que ingresó en calidad de reemplazo en el CESFAM Jorge Jordan Domic realizando labores de asistente social hasta el 27 de junio de 2022.

Posterior a aquello, ingresó con nombramiento a plazo fijo el día 11 de julio de 2022 al 31 de diciembre de 2022, instancia en la cual se le asignaron labores en el Departamento de Salud en área de convenios, dependiente de la Subdirección Asistencial. Así también, es efectivo que dicho funcionario fue objeto de un nuevo nombramiento desde el 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023 para ejercer labores en la misma área señalada.

Explica que, en el año 2023, atendida la necesidad de dotación del cargo de Asistente Social, el actor fue asignado para realizar labores de asistente social en el CESFAM Fray Jorge. Lo anterior, en virtud de lo que establece el artículo 73 de la Ley N°18.883 Estatuto Administrativo para funcionarios municipales, facultad que es exclusiva del Sr. Alcalde, lo cual consta en Decreto Alcaldicio N°9570 de 10 de agosto de 2023, en que se ordena su destinación de funciones a contar del 1 de junio de 2023.

Sin embargo relata que, atendida la disconformidad del recurrente con la decisión adoptada por la autoridad comunal, solicitó audiencia con el Sr. Alcalde quien, con el objeto de atender sus sugerencias, ordenó una nueva destinación al CESFAM Dr. Marcos Macuada Ogalde, a contar del 7 de agosto de 2023.

Sin embargo, refiere que el recurrente nuevamente se manifestó disconforme con la asignación de funciones, generando una situación de conflicto con la Directora del CESFAM. Por lo anterior, se emite nuevo acto administrativo de destinación tal como consta en Decreto Alcaldicio N°10.190 de 20 de agosto de 2023, que destina al recurrente a contar del día 8 de agosto de 2023 desde CESFAM Dr. nombre reservado a CESFAM Fray Jorge.

Finalmente, se emite un nuevo nombramiento del recurrente desde el 1 de enero de 2024 al 31 de diciembre del mismo año, bajo dependencia del CESFAM Fray Jorge, nombramiento que concluyó por el solo ministerio de la ley, atendido al cumplimiento del plazo establecido en el decreto de nombramiento N°1516 de 30 de enero de 2024.

Por otra parte, en cuanto a los hechos de hostigamiento y acoso que alega el actor, señala que estos no tienen respaldo, como tampoco existe evidencia de activación de Comité de Resolución de Conflictos, ni de protocolo Ley Karin.

Luego, con relación a los indicios de vulneración a que alude el actor en su libelo afirma que, además de no constituir vulneración alguna, cuatro de ellos obedecen a circunstancias ocurridas durante el año 2023, por lo que deben declarados como extemporáneas, al haberse interpuesto el recurso ya transcurrido más de 30 días corridos desde entonces. Lo mismo en cuanto al supuesto indicio relativo a la calificación de enfermedad profesional que consta en resolución de fecha 3 de diciembre de 2024.

Por otra parte, sostiene que la labor del recurrente concluyó por el solo ministerio de la ley, con la llegada del plazo, habiendo ejercido funciones en el servicio traspasado de salud primaria por un periodo de 3 años y 8 días, razón por la cual no se encuentra amparado por el principio de confianza legítima. En este sentido sostiene que, de acuerdo a la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, el principio de confianza legítima opera después de 5 años en esta modalidad.

Por lo señalado, sostiene que no existe actuar ilegal ni arbitrario de parte de la Municipalidad de Ovalle, como tampoco se han vulnerado las garantías fundamentales a que alude el recurrente, solicitando el rechazo del recurso de protección.

Acompaña a su informe: 1. Decreto Alcaldicio N° 9570 de fecha 10 de agosto de 2023 en que consta destinación del recurrente desde dependencias del Departamento de Salud al CESFAM Fray Jorge. 2. Decreto Alcaldicio N° 9573 de fecha 10 de agosto de 2023 en que consta destinación del recurrente del CESFAM Fray Jorge al CESFAM Dr. Marcos Macuada Ogalde. 3. Decreto Alcaldicio N° 10190 de fecha 29 de agosto de 2023 en que consta destinación del recurrente desde dependencias del CESFAM Dr. Marcos Macuada Ogalde al CESFAM Fray Jorge. 4. Decreto Alcaldicio N° 1516 de fecha 30 de enero de 2024 en que consta nombramiento a plazo fijo del recurrente, periodo 1 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2024, dependencia CESFAM Fray Jorge. 5. Acta de notificación de fecha 17 de diciembre de 2024. 6. Correo electrónico de fecha 7 de agosto de 2023, emitido por Directora de CESFAM Dr. Marcos Macuada Ogalde, en que se asignan funciones al recurrente. 7. Correo electrónico de fecha 8 de agosto de 2023 emitido por Directora subrogante del CESFAM Dr. Marcos Macuada Ogalde, en que reporta situación de conflicto entre recurrente y Directora titular del CESFAM, adjuntando carta de la funcionaria afectada. 8. Historial de correos electrónicos desde fecha 26 de abril del 2023 emitido por Psicóloga de Convenios, 10 de mayo de 2023 emitido por Encargado de Convenios y 11 de mayo de 2023, emitido por Psicóloga de la Unidad de Salud Ocupacional. 9. Copia íntegra de proceso disciplinario ordenado instruir Decreto Exento N° 3581 de fecha 12 de julio de 2023, el cual fue resuelto mediante Decreto exento N° 5794 de fecha 1 de diciembre de 2023 10. Copia de mandato judicial otorgado por escritura pública, con fecha 11 de diciembre del año 2024, ante don nombre reservado, Notario Público Titular de la ciudad de Ovalle. Que se acompaña en este acto.

TERCERO: Que, en autos ingreso Rol N°149-2025, comparece don nombre reservado, abogado, interponiendo recurso de protección en beneficio de nombre reservado, dirigido en contra de la Ilustre Municipalidad de Ovalle, por el acto que señala como arbitrario e ilegal, consistente en la decisión de no prorrogar su contrata, señalando que aquello infringe las garantías constitucionales de los numerales 1, 2, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República En síntesis, señala que el recurrente prestó servicios bajo subordinación y dependencia de la recurrida, desde el 23 de diciembre del año 2021 hasta el 31 de diciembre 2024.

Reitera las funciones que cumplió el recurrente en la Municipalidad de Ovalle, ya referidas en el motivo primero. Del mismo modo, también hace referencia a la circunstancia que el actor le fue diagnosticada una enfermedad profesional, con motivo del hostigamiento y acoso sufrido en su puesto de trabajo, en virtud de las circunstancias que ya han sido referidas.

Finalmente, reitera que el 31 de diciembre de 2024 se puso término a su contrato, sin poder renovar para el año 2025, a pesar de la legítima expectativa que detentaba luego de 3 años en el servicio y sin que existan razones técnicas, humanas o disciplinarias que admitan su separación.

Luego, argumenta que teniendo en cuenta la fecha de la recalificación de enfermedad profesional, se desprende que su separación sería una actuación bajo el prisma de la discriminación y represalia, toda vez que fue víctima de mobbing, aislamiento, discriminación y acusaciones falsas e infundadas, todo lo que generó en él un grave perjuicio en su salud psíquica y física, lo que fue denunciado a la ACHS, hecho conocido por sus superiores.

Por otra parte, agrega que el acto mediante el cual se dispuso su no renovación, no cumple los estándares que exigen los artículos 11 y 41 de la Ley N°19.880, en cuanto al deber de motivación de los actos administrativos, teniendo presente la circunstancia que el recurrente prestó servicios desde el 31 de diciembre de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2024.

En cuanto a los derechos fundamentales afectados, invoca el derecho de propiedad del artículo 19 N°24 de la Constitución, por cuanto la no renovación de su contrato perjudica el derecho de propiedad sobre sus remuneraciones. Además, señala que se vulnera su derecho a la igualdad ante la ley del artículo 19 N°2, al haber sido discriminado por sus reclamos, brindándole un trato desigual en comparación a otros funcionarios públicos. Enseguida, señala como afectado su derecho a la integridad física y psíquica, consagrado en el artículo 19 N°1 de la Constitución, por cuanto al ser privado injustamente de su empleo, se ha visto afectado en su estabilidad psicológica y física. Finalmente, señala que se ha vulnerado su derecho a la libertad de trabajo del artículo 19 N°16, al limitar su posibilidad de desarrollar su empleo en el servicio público.

Por lo anterior, solicita que se acoja el recurso de protección y se deje sin efecto la resolución que dispuso la no renovación de su contrato y, en su lugar, se disponga la inmediata reincorporación del recurrente, que se devuelva su grado con el pago de todas las remuneraciones, feriados y bonos, adeudados en el tiempo intermedio, con costas, sin perjuicio de las medidas adicionales o diversas que el tribunal ordene.

CUARTO: Que, a folio 9 del expediente digital de la causa Rol N°149-2025 Protección, evacuó informe la recurrida, instando por el rechazo del recurso, con costas.

En primer término, alegó la excepción de litispendencia, con respecto a la causa que se tramita ante esta Corte bajo el Rol Protección N°53-2025, argumentando que en esta última el recurrente interpuso un recurso de protección por los mismos hechos que se ventilan en la presente causa, alegando las mismas acciones y vulneraciones que se plantean y entre las mismas partes, configurándose la triple identidad legal, además de constituir un acto de mala fe y un abuso del procedimiento.

En segundo término, alegó la excepción de litispendencia con respecto a la causa de Tutela Laboral que se tramita ante el 2° Juzgado de Letras de Ovalle con el RIT T-1-2025, arguyendo que en tales autos se interpuso una demanda de tutela de derechos fundamentales por el actor, por los mismos hechos que se ventilan en la presente causa, alegando las mismas acciones y vulneraciones que se plantean en esta causa y entre las mismas partes, configurándose así la triple identidad legal de partes, objeto pedido y causa de pedir.

Luego, en cuanto al fondo de la acción, señala que no son efectivos los supuestos actos de vulneración que alega el actor, señalando que estos carecen de respaldo, reiterando los antecedentes expuestos en el basamento SEGUNDO.

En consecuencia, sostiene que la Municipalidad de Ovalle no ha incurrido en las pretendidas ilegalidades o arbitrariedades, ni en vulneración de los derechos fundamentales alegados.

Nuevamente, alega la extemporaneidad del recurso, arguyendo que los supuestos indicios de vulneración a que alude el actor, además no constituir vulneración alguna, cuatro de ellos obedecen a circunstancias ocurridas durante el año 2023, por lo que deben ser declarados como extemporáneas, al haberse interpuesto el recurso ya transcurrido más de 30 días corridos desde entonces. Lo mismo en cuanto al supuesto indicio relativo a la calificación de enfermedad profesional que consta en resolución de fecha 3 de diciembre de 2024.

Reafirma que el término de la contrata del recurrente se materializó conforme a derecho.

Por último, sostiene que el asunto planteado por el recurrente excede el ámbito de un recurso de protección como este, siendo propio de un juicio de lato conocimiento.

Acompaña a su informe: 1. Decreto Alcaldicio N° 9570 de fecha 10 de agosto de 2023 en que consta destinación del recurrente desde dependencias del Departamento de Salud al CESFAM Fray Jorge. 2. Decreto Alcaldicio N° 9573 de fecha 10 de agosto de 2023 en que consta destinación del recurrente del CESFAM Fray Jorge al CESFAM Dr. Marcos Macuada Ogalde. 3. Decreto Alcaldicio N° 10190 de fecha 29 de agosto de 2023 en que consta destinación del recurrente desde dependencias del CESFAM Dr. Marcos Macuada Ogalde al CESFAM Fray Jorge. 4. Decreto Alcaldicio N° 1516 de fecha 30 de enero de 2024 en que consta nombramiento a plazo fijo del recurrente, periodo 1 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2024, dependencia CESFAM Fray Jorge. 5. Acta de notificación de fecha 17 de diciembre de 2024. 6. Correo electrónico de fecha 7 de agosto de 2023, emitido por Directora de CESFAM Dr. Marcos Macuada Ogalde, en que se asignan funciones al recurrente. 7. Correo electrónico de fecha 8 de agosto de 2023 emitido por Directora subrogante del CESFAM Dr. Marcos Macuada Ogalde, en que reporta situación de conflicto entre recurrente y Directora titular del CESFAM, adjuntando carta de la funcionaria afectada. 8. Historial de correos electrónicos desde fecha 26 de abril del 2023 emitido por Psicóloga de Convenios, 10 de mayo de 2023 emitido por Encargado de Convenios y 11 de mayo de 2023, emitido por Psicóloga de la Unidad de Salud Ocupacional. 9. Copia íntegra de proceso disciplinario ordenado instruir Decreto Exento N° 3581 de fecha 12 de julio de 2023, el cual fue resuelto mediante Decreto exento N° 5794 de fecha 1 de diciembre de 2023 QUINTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, jurídicamente constituye una acción de naturaleza cautelar que tiene por objeto amparar a personas naturales o jurídicas en el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en la misma disposición, y que por actos u omisiones, arbitrarias o ilegales, sufran privación, perturbación o amenaza de tales garantías, pretendiendo que mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto de tal naturaleza, se restablezca el imperio del derecho.

De lo antes expresado aparece como requisito indispensable para el ejercicio de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitraria, que afecte una o más de las garantías protegidas y que los derechos en cuestión se encuentren indubitados y fuera de discusión.

SEXTO: Que ambos recursos fueron acumulados y, de su atenta lectura, es posible sostener que se dirigen en contra de la Ilustre Municipalidad de Ovalle, denunciando el hecho de haber sido víctima -el actor- de actos de hostigamiento y acoso laboral permanente, lo que finalmente habría culminado con la decisión de no renovar su contrata para el presente año 2025, cuestión que éste atribuye a una represalia de parte de la recurrida.

Por su parte la recurrida ha señalado, luego de oponer excepciones de extemporaneidad y litis pendentia, que no es efectivo que se hubieren cometido actos de hostigamiento o acoso laboral contra el recurrente, quien se desempeñaba en el departamento de Salud de la referida corporación, haciendo presente que el señor Alcalde determinó no renovar la contrata para el presente año, en virtud de la facultad que establece el artículo 73 de la Ley N°18.883 estatuto administrativo para funcionarios municipales.

SÉPTIMO: Que lo primero que toca analizar son las excepciones alegadas por la recurrida. Solo en caso de ser desechadas, la Corte podrá emitir pronunciamiento sobre el fondo del recurso.

En cuanto a la extemporaneidad, aquella se funda en que se describen por el actor hechos supuestamente acaecidos durante el año 2023, más su declaración de enfermedad profesional de diciembre de 2024. La recurrida afirma que, desde aquellos momentos a la fecha de interposición de los recursos, esto, es, el 13 y el 28 de enero en curso habría transcurrido el plazo de 30 días establecido en el Auto Acordado de la especialidad.

Al respecto, habiéndose denunciado la eventual comisión de actos de hostigamiento y maltrato laboral relacionados y concatenados entre sí, que habrían culminado con una desvinculación vulneratoria de garantías constitucionales, ésta -de haber acontecido- se estima como el resultado de una seguidilla de eventos, por lo que no puede aplicarse la temporalidad que sustenta la excepción pues, desde la no renovación de su contrata a la fecha en que los recursos fueron interpuestos, el plazo no alcanzó a correr.

Por ello, esta excepción será desechada.

OCTAVO: En cuanto a la excepción de litis pendentia, en primer término, ésta se intenta a propósito del informe de la recurrida que da respuesta a recurso Rol N°149-25 el que, al ser acumulado a autos Rol N°53-25 y, por tanto, ordenarse su decisión conjunta, mal puede comprenderse que -primero- haya una decisión ya pronunciada y -segundo- que ésta afecte los hechos que se contienen en el segundo libelo, razón suficiente para desechar este extremo.

Luego, la excepción se dirige a propósito de la existencia de una causa sobre tutela laboral, que fue intentada en el Segundo Juzgado de Letras de Ovalle, originando los autos Rol T-1-25, en plena tramitación.

Al respecto, el abogado que alegó por los intereses del actor reconoció su existencia, contenido y peticiones, además de afirmar que efectivamente está en plena tramitación y que rendirán prueba que acredite sus dichos.

Si bien ambos procedimientos se tramitan ante tribunales diversos y se someten a reglas procesales totalmente distintas, el artículo 485 inciso final del Código del Trabajo dispone que “Interpuesta la acción de protección a que se refiere el artículo 20 de la Constitución Política, en los casos que proceda, no se podrá efectuar una denuncia de conformidad a las normas de este Párrafo, que se refiera a los mismos hechos.”

De la historia fidedigna de aquella norma es posible concluir que el legislador buscó que no se tramitaran de forma paralela ambos procedimientos pues, en el fondo, en ellos se debe analizar si determinadas conductas han afectado garantías constitucionales del trabajador, por lo que, si bien no constituye propiamente una litis pendentia a la luz de la triple identidad descrita en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, el que exista un procedimiento sobre tutela laboral fundado en los mismos hechos de estos recursos de protección, de pronunciarse esta Corte sobre éstos, afectaría la imparcialidad del ente juzgador laboral, pues la decisión estaría teñida de una postura del órgano superior sobre la ocurrencia -o no- de los actos de acoso y maltrato descritos, afectando con ello los intereses de ambas partes, el debido proceso, la igualdad de armas y el contradictorio.

En efecto, es allí en sede laboral, en donde corresponde la rendición de prueba que concluya con la declaración de vulneración –o no- de los derechos del actor, asunto que no cabe en este tipo de acciones constitucionales, por lo que cualquier decisión de esta Corte, en este contexto, se dictaría sin prueba y en un proceso, en esencia, no declarativo, lo que impediría acoger las pretensiones del recurrente.

NOVENO: Por tales razones, no existiendo derechos indubitados y habiéndose iniciado la vía declarativa de infracción de garantías, los presentes recursos no podrán prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, se rechazan los recursos de protección intentados en favor de nombre reservado y en contra de la I. Municipalidad de Ovalle, sin perjuicio de las acciones declarativas laborales -o de otra índole- que procedan.

Regístrese, comuníquese y archívese, cuando corresponda.

Redactó el Ministro señor Felipe Pulgar Bravo.

Rol N°53-2025 Protección.-