nombre reservado con SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS

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Servicios de Impuestos Internos Recurso de Protección Rol N°529-2025.- La Serena, dieciocho de junio de dos mil veinticinco.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, a folio 1, el 02 de abril de 2025, comparece Alejandro Navarro Martínez, abogado en representación de doña nombre reservado e interpone recurso de protección en contra del Servicio de Impuestos Interno, específicamente contra la Dirección Regional La Serena, Departamento Regional de Avaluaciones.

Indica que los hechos se iniciaron el 14 de febrero de 2025, cuando se ingresó la solicitud N°4599222 para la asignación de número de rol de avalúo de bienes raíces originados por una subdivisión realizada en un inmueble ubicado en domicilio reservado, denominado "Camino sin nombre S/N, Sector Lambert Comuna de La Serena", inscrito en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de La Serena del año 2019.

Añade que posteriormente, el 21 de febrero de 2025, la Dirección Regional respondió mediante ordinario N°73, señalando que el decreto 3516 establece normas sobre división de predios rústicos, indicando que el rol 1091-238 de la comuna de La Serena se encuentra enrolado por el Servicio en la serie No Agrícola, con destino habitacional, por lo que no sería posible asignar un rol bajo esa condición.

Dice que, ante esta respuesta, el 24 de febrero de 2025 se ingresó una nueva solicitud N°406516, pidiendo información del fundamento del rechazo. El 4 de marzo de 2025 se notificó el ordinario N°89, donde se reiteraron los fundamentos del rechazo, estableciendo que el predio se encuentra tasado como habitacional en los Bienes Raíces de la Segunda Serie No Agrícola.

El recurso establece que el acto ilegal y arbitrario se materializó el día 4 de marzo de 2025, cuando se notificó el fundamento del rechazo de la solicitud. En consecuencia, se argumenta que la acción se encuentra dentro del plazo contemplado en el Auto Acordado que regula la tramitación de la acción de protección.

En cuanto a los argumentos sobre la ilegalidad del acto, sostiene que la actuación del Departamento Regional de Avaluaciones es ilegal y arbitraria. Fundamentalmente, se argumenta que el artículo 1° del DL 3516 define los predios rústicos como "los inmuebles de aptitud agrícola, ganadera o forestal ubicados fuera de los límites urbanos", permitiendo su división libre siempre que los lotes resultantes tengan una superficie no inferior a 0,5 hectáreas físicas.

Añade que se establece que para determinar si un predio es rústico deben concurrir dos elementos: primero, que tenga aptitud agrícola, ganadera o forestal; y segundo, que esté ubicado fuera de los límites urbanos. Respecto al primer elemento, se argumenta que el certificado de informaciones previas emitido por la Municipalidad de La Serena señala que el área donde se ubica el terreno es RURAL.

Sostiene que el Servicio de Impuestos Internos, a través del Departamento de Avaluaciones, carece de facultad para determinar qué propiedades tienen o no aptitud agrícola, forestal o ganadera. Se argumenta que esta determinación corresponde exclusivamente al Servicio Agrícola y Ganadero, previo informe.

Cita la Ley 16.640 (Reforma Agraria), que definía predio rústico como "todo inmueble susceptible de uso agrícola, ganadero o forestal esté comprendido en zonas rurales o urbanas", demostrando que la normativa histórica no exigía uso exclusivo de estas actividades.

Indica que el Plan Regulador Intercomunal de Elqui, comuna de La Serena, señala que salvo que el inmueble se ubique en el pueblo de Lambert, tiene la característica de ser RURAL. Dado que las zonas pueden ser Urbanas, de Extensión Urbana o Rurales, al estar clasificada como RURAL, no es urbana ni de extensión urbana.

Enfatiza que el Servicio está desconociendo arbitrariamente la excepción establecida en la letra J del artículo 1° del DL 3516, que establece que la limitación de subdivisión no será aplicable cuando se trate de transferencias a cualquier título y por una sola vez, a un ascendiente o descendiente del propietario, por consanguinidad o afinidad hasta el primer grado inclusive, para construir una vivienda para sí mismo.

La excepción permite transferir lotes con superficie entre quinientos y mil metros cuadrados, con prohibición legal de enajenar por 5 años. Además, procede solo respecto de predios que no hayan sido originados en subdivisiones efectuadas de acuerdo con el decreto ley, y cuyo avalúo fiscal vigente no exceda el equivalente a UF 1.000.

Destaca que, en el caso específico, la propiedad se está subdividiendo precisamente para que la descendencia de doña nombre reservado pueda construir su vivienda y postular a subsidios habitacionales para la construcción, cumpliendo así con los requisitos establecidos en la excepción legal.

En cuanto a las garantías constitucionales vulneradas, se alega vulneración del artículo 19 N°24 de la Constitución, que asegura el derecho de propiedad en sus diversas especies. Sostiene que doña nombre reservado tiene la facultad absoluta de disponer de su propiedad, y que el Servicio, con su actuar ilegal y arbitrario, le está impidiendo disponer libremente de ella al rechazar la asignación de roles sin fundamento legal.

También se invoca la vulneración de la garantía del N°23, argumentando que la descendencia de doña nombre reservado está viendo conculcada su garantía de poder acceder al dominio, ya que la actuación ilegal imposibilita la adquisición del dominio de uno de los lotes resultantes.

Solicita que acoja la acción de protección, ordenando el cese de la vulneración de garantías indicada, con costas.

Acompaña los siguientes documentos: 1.- Correo electrónico de fecha 4 de marzo de 2025, que notifica resolución de fecha 28 de febrero de 2025. 2.- Resolución de fecha 28 de febrero de 2025, dictada por el Departamento de Avaluaciones del SII La Serena. 3.- Solicitud de fecha 24 de febrero de 2025, realizada por el abogado Alejandro Navarro Alcayaga, N°4606516.- 4.- Resolución de fecha 21 de febrero de 2025, dictada por el Departamento de Avaluaciones de La Serena. 5.- Solicitud N°4599222, de fecha 14 de febrero de 2025, realizada por el abogado Alejandro Navarro Alcayaga. 6.- Inscripción de dominio a favor de doña nombre reservado. 7.- Certificado de zonificación N°2024/8663, de fecha 10 de enero de 2025, emitido por la Dirección de Obras Municipales de La Serena, respecto del inmueble sub-lite.

SEGUNDO: Que, a folio 13, informa el recurso don nombre reservado, Director Regional de la IV Dirección Regional La Serena del Servicio de Impuestos Internos.

Indica que la recurrente solicitó, mediante presentación de fecha 14 de febrero de 2025 (Folio N°4599222), la asignación de roles de avalúo para una subdivisión en el inmueble ubicado en domicilio reservado. El fundamento legal de su petición se basó en las normas del Decreto Ley N°3516 de 1980, que establece normas sobre división de predios rústicos.

Añade que posteriormente, el Servicio de Impuestos Internos emitió el Oficio Ordinario N°73 de fecha 21 de febrero de 2025, rechazando la solicitud al determinar que el predio ROL 1091-238 se encuentra enrolado en la serie No Agrícola con destino habitacional, no siendo posible aplicar la normativa de predios rústicos. Esta decisión fue ratificada mediante Oficio Ordinario N°89 de fecha 28 de febrero de 2025, que aclaró que el predio debe sujetarse a la normativa establecida por la Resolución Exenta N°46 del año 2017.

Refiere que la Dirección de Obras Municipales de La Serena, mediante Oficio Externo Ordinario N°04-830 de fecha 30 de abril de 2025, confirmó que el predio se encuentra efectivamente en una zona de Extensión Urbana (ZEU-4), siendo competencia de las Direcciones de Obras Municipales autorizar las subdivisiones prediales.

Argumenta que el recurso de protección ha sido interpuesto fuera del plazo fatal de treinta días corridos establecido en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema. En este sentido, sostiene que el acto administrativo relevante para el cómputo del plazo es el Oficio Ordinario N°73 de fecha 21 de febrero de 2025, que constituye la decisión formal sobre la solicitud planteada. Consecuentemente, el Oficio Ordinario N°89 carece de efecto decisorio autónomo, limitándose a reiterar y aclarar el contenido ya resuelto. Por tanto, el plazo para interponer el recurso expiró el 23 de marzo de 2025, siendo la acción presentada con posterioridad a dicha fecha.

Luego alega la inexistencia de actuaciones ilegales y/o arbitrarias, establece que para la procedencia de la acción de protección se requiere la existencia de actos u omisiones de carácter arbitrario o contrario a la ley que priven, perturben o amenacen el debido ejercicio de un derecho fundamental. En el caso en análisis, el Servicio de Impuestos Internos ha actuado conforme a sus competencias legales establecidas en el Código Tributario y su Ley Orgánica.

Destaca que el rechazo de la solicitud se fundamentó en la correcta aplicación de la normativa vigente, toda vez que el inmueble no califica como predio rústico según la definición del Decreto Ley N°3516 de 1980. Por el contrario, el predio se encuentra clasificado como habitacional en la Segunda Serie No Agrícola, debiendo sujetarse a la normativa urbana correspondiente.

Luego alega la inexistencia de afectación de derechos constitucionales, en cuanto al 1. Derecho de Adquirir el Dominio (Artículo 19 N°23) sostiene que no existe afectación alguna, puesto que la negativa se fundó en la aplicación incorrecta de la normativa por parte de la recurrente. Una vez cumplidos los requisitos legales pertinentes ante la Dirección de Obras Municipales, la recurrente podrá realizar la subdivisión y transferencia pretendida.

2. Derecho de Propiedad (Artículo 19 N°24) precisa que esta garantía constitucional no es absoluta, encontrándose sujeta a las limitaciones que establezca la ley. El Servicio ha actuado dentro del marco legal, sin alterar ni restringir el dominio de la recurrente. La subdivisión es factible, pero debe realizarse conforme a la legislación aplicable para predios urbanos. 3. Recurso de Amparo (Artículo 21) Finalmente, respecto a la invocación del artículo 21 de la Constitución, el Servicio considera extraña e improcedente dicha alegación, toda vez que este artículo regula el recurso de amparo o habeas corpus, no encontrándose vinculado con las circunstancias del caso en análisis.

Solicita el rechazo íntegro de la acción constitucional, fundamentando su petición en tres circunstancias concurrentes: la extemporaneidad del recurso, la ausencia de arbitrariedad y/o ilegalidad en el acto reclamado, y la inexistencia de conculcación de las garantías constitucionales invocadas.

Acompañó en su informe los siguientes documentos:

1. Oficio Ord. N°229 de 30.04.2025 emitido por Departamento de Avaluaciones. (solicita informe a Dirección de Obras Municipales).

2. Oficio Ex. Ord. N°04-830 de 30.04.2025 emitido por Director de Obras Municipales de la comuna de La Serena.

3. Res. Ex. 46 de 2017, (norma aplicable al caso de la recurrente).

4. Of. Ord. 73, de 21.02.2025.

5. Of. Ord. 89, de 04.03.2025.

6. Copia de solicitud N°4599222, de 14.02.2025.

7. Copia de solicitud N°4606516, de 24.02.2025.

TERCERO: Que, el artículo 20 de la Constitución Política de la República dispone que el que, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que allí se indican, puede ocurrir a la Corte de Apelaciones respectivas, para que se adopten de inmediato las providencias que se juzgue necesario para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

En consecuencia, el recurso de protección es una acción constitucional de naturaleza cautelar y de carácter excepcional, que procede cuando un derecho, de aquellos consagrados en el citado artículo 20, ha sido privado, perturbado o amenazado en su legítimo ejercicio, de manera que su finalidad es dar pronta solución a situaciones de hecho.

Además, la presente acción debe sustentarse en la afectación de derechos indubitados, esto es, aquellos que se encuentran plenamente reconocidos por nuestro ordenamiento jurídico, que no puedan ser atropellados en los términos antes indicados. De allí, entonces, que la infracción que se denuncia debe ser manifiesta, grave y claramente antijurídica.

Por el contrario, cuando el derecho que se dice amagado no reúne tales características, la presente acción no es el mecanismo para salvaguardar el Estado de Derecho, sino que lo constituyen los procedimientos ordinarios declarativos que el legislador ha establecido al efecto.

CUARTO: Que, conforme a lo expuesto por las partes, la controversia planteada en autos radica en la procedencia o no de asignar roles de avalúo para una subdivisión de un inmueble ubicado en domicilio reservado. Debate que se origina en la diversa interpretación que tanto el recurrente como el recurrido tienen respecto del Decreto Ley N°3516 de 1980 y respecto de la naturaleza y características del inmueble que se pretende subdividir y al cual se solicita asignarle el citado número de rol.

Que por una parte la recurrente sostiene que las características del referido inmueble es un predio rústico, en tanto la recurrida sostiene que el inmueble no califica como predio rústico, sino por el contrario, el predio se encuentra clasificado como habitacional en la Segunda Serie No Agrícola, debiendo sujetarse a la normativa urbana correspondiente.

En consecuencia, no se trata de un derecho indubitado que un tercero vulneró por vías de hecho, sino que de un conflicto jurídico que corresponde ser resuelto mediante las acciones ordinarias que la ley prevé, en un proceso declarativo y de lato conocimiento, lo que excede la naturaleza de esta acción cautelar, por lo que procede desestimar el recurso de protección impetrado en autos.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA la acción constitucional deducida por el abogado don Alejandro Navarro Martínez, abogado en representación de doña nombre reservado en contra del Servicio de Impuestos Interno, específicamente contra la Dirección Regional La Serena, Departamento Regional de Avaluaciones.

No se condena en costas al recurrente, por estimar que accionó con fundamento plausible.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del Abogado Integrante señor Jaime Camus del Valle Rol N°529-2025 Protección.-