CONSTRUCTORA GUAYACÁN SPA con I. MUNICIPALIDAD DE OVALLE

Constructora Guayacán Spa.

Ilustre Municipalidad de Ovalle Recurso de protección Rol N°523-2026.- La Serena, diecisiete de abril de dos mil veintiséis.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que comparece el abogado Raúl Rivera Alfaro, en favor y representación convencional de la CONSTRUCTORA GUAYACÁN SPA., interponiendo recurso de protección en contra de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OVALLE, por el acto ilegal y arbitrario consistente en el cobro de la garantía de fiel cumplimiento por medio del memorándum Interno PP 09/2026, de 22 de enero de 2026, lo que señala vulnerar la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 número 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que, su representada se adjudicó el proceso licitatorio 2710-310-LP24 denominado “NORMALIZACION SECTOR 1 Y 2 MMO”, obra que cuenta con recepción conforme final del 26 de noviembre de 2025, por la demora excesiva en la entrega de los sectores, y la ejecución de una serie de trabajos adicionales y modificaciones de alcance que no se encontraban contempladas en el contrato original.

Hace presente, que esta obra tiene un plazo de ejecución de 60 días, sin embargo, debido a las diversas situaciones que se presentaron en la ejecución por parte de la Municipalidad, generaron gastos adicionales que su representada debió asumir como es el pago de sueldos, y materiales no completados, al momento de la suscripción del respetivo contrato, ni establecido en la Bases administrativas y sus anexos, y que los lleva analizar una eventual acción civil para determinar la eventual responsabilidad de la Municipalidad en el daño económico a su representado.

Destaca que, la acción de protección se dirige en contra del Memorándum Interno PP 09/2026, de 22 de enero de 2026 que establece el cobro de la garantía de fiel complimiento, lo que refiere ser ilegal y arbitrario, pues la recurrida en el memorándum reconoce que efectivamente existió un retraso de entrega de espacio por parte del Centro de Salud. Añade que su representada informó de manera permanente todas las situaciones que afectaron el normal desarrollo de la obra, lo cual refiere que se encuentra acreditado mediante cartas y correos electrónicos remitidos oportunamente al mandante y a la inspección técnica de la obra, sin respuesta oportuna por la recurrida.

Como forma de acreditar sus asertos, inserta tabla que da cuenta de 15 ítems, los que contienen datos como la fecha entrega. Luego se refiere pormenorizadamente a las obras que fueron trabajos adicionales y modificaciones de alcance que no se encontraban contempladas en el contrato original, las que fueron ejecutadas por la recurrente en un espíritu de colaboración y cumplimiento del proyecto, sin embargo, los plazos adicionales asociados a dichas labores no fueron considerados en la programación ni reconocidos por la inspección técnica ni por la jefatura de proyectos, salvo, en la reuniones que han sostenido con funcionarios del Departamento de Salud.

Estima que cualquier intento de ejecutar la garantía antes mencionada carece de fundamento técnico y administrativo, toda vez que los eventuales retrasos o desviaciones se originaron en modificaciones del alcance del proyecto y en circunstancias atribuibles al propio mandante, en este sentido consideran arbitrario el acto administrativo de la Municipalidad consistente el cobro de la garantía, que incrementa ya el perjuicio económico sufrido por su representado afectando su derecho a la propiedad.

Refiere que el memorándum señala que, además de la falta imputable a ellos por la demora en la entrega, también se debe por el retraso en la dotación completa de trabajadores, lo que señala ser falso, y agrega que la recurrida les pidió el despido de trabajadores, lo que se realizó y se asumió a su costa. Con relación al retraso de llegada de materiales, señala ser falso, respecto de las objeciones repetitivas de aceptación conforme de trabajos por parte de Centro de salud e Inspección técnica, indica que, siempre fue la Municipalidad que tenía problemas para realizar las visitas técnicas.

Por lo expuesto, rechazan cualquier eventual publicación en el portal de proveedores relativa al cobro o ejecución de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato número de Folio B0200199, emitida a nombre de la Ilustre Municipalidad de Ovalle, destinada a garantizar el fiel cumplimiento del contrato y de las obligaciones laborales de la empresa CONSTRUCTORA GUAYACÁN SpA, en el marco de la Propuesta Pública N°125/2024 denominada “Normalización Sector 1 y 2 MMO”, ID 2710-310-LP24.

Señala la garantía constitucional conculcada con el actuar de la recurrida, el derecho de propiedad, del numeral 24 del artículo 19 de la Carta Magna, pues la recurrente está siendo amenazada de ser privada de su propiedad, por un acto arbitrario e ilegal que corresponde el cobro de la garantía de fiel cumplimiento.

Finaliza solicitando que el recurso sea acogido, y se deje sin efecto la orden de cobro de la garantía de fiel cumplimiento.

SEGUNDO: Que emite informe la recurrida Municipalidad de Ovalle, solicitando el rechazo del recurso, con costas.

En primer lugar, deja en claro que los hechos que se mencionan en el recurso no son efectivos.

Luego, alega la extemporaneidad del recurso, destacando que la recurrente nada dice de la fecha en que ocurrió la acción u omisión que significó la privación, perturbación o amenaza a su presunto derecho, menciona el memorándum de 22 de enero de 2026 que hace efectiva la garantía de fiel cumplimiento del contrato como el acto impugnado, y habiéndose interpuesto la acción el 12 de marzo de 2026, claramente excede el plazo de 30 días para interponer el recurso de protección, por lo que solicita se declare extemporáneo.

En cuanto al fondo, expone que, la licitación 2710-310-LP24, fue recibida conforme el 26 de noviembre de 2026, dicha recepción consta en el memorándum interno PP 09/2026, del 22 de enero de 2026, donde se señala un total de 171 días de atraso. Destaca del contrato, que la propuesta pública se adjudicó a la empresa en cuestión, con un plan de trabajo y carta Gantt, de 60 días corridos de trabajo lo que consta en el acta de adjudicación del proceso y en el Decreto Exento N°222 del 20 de enero del 2025 que tramita la adjudicación del proceso. Para el inicio del proceso de normalización se deja acta del inicio del plazo de ejecución de las obras el 3 de marzo de 2025, posterior a ello se tramitó una prórroga por 38 días corridos que iniciaron el 2 de mayo y finalizaron el 8 de junio de 2025, ampliando con ello el plazo de ejecución de los trabajos, dando repuesta al retraso de la entrega de los recintos a intervenir, lo anterior consta en el Decreto Exento N°1806 del 20 de mayo de 2025 que formaliza la prórroga para el plazo entrega.

Refiere que, el recurso expresa que el memorándum PP 09/2026 del 22 de enero de 2026, sería arbitrario e ilegal, lo cual niega, porque el procedimiento se ciñó a las bases administrativas del proceso 2710-310-LP24 publicadas mediante Decreto Exento N°7.649 del 27 de noviembre de 2024, disponible a través de www.mercadopublico.ch instrumento que regula el proceso de licitación y que en su artículo N°29 que hace alusión “DEL PLAZO DE ENTREGA TOTAL Y DEFINITIVO” establece: “En caso de no ejecutar los servicios dentro del plazo original establecido o el plazo indicado en la prórroga se hará efectiva la garantía del fiel cumplimiento de contrato.” Señala que lo anterior, estaba en conocimiento del proveedor desde el ingreso de su oferta al proceso de licitación. Destaca que, de igual forma las bases del proceso requieren del formulario N°2, denominado “Declaración jurada simple de conformidad”, firmado e ingresado por el proveedor a su oferta, donde declara “El Oferente, a través de su representante legal (si lo tuviere), por la presente manifiesta haber estudiado y tomado conocimiento en detalle de todos y cada uno de los antecedentes de las bases administrativas y técnicas de la LICITACION PÚBLICA N°125/2024, ID 2710-310-LP24, “NORMALIZACIÓN SECTOR 1 Y 2 MMO”, que regularán la licitación antes individualizada, y que, habiendo obtenido las aclaraciones necesarias, y respuestas a las preguntas, no tengo reparo alguno que formular y declaro encontrarme conforme con todos sus términos y condiciones”. Finalmente, si bien efectivamente existió retraso de la entrega de unidades, en el proceso se tramitaron las prórrogas y la tramitación del cobro se ciñe a lo requerido en el artículo 29, según consta en dicho instrumento.

Señala que el recurrente desconoce la forma de comunicación entre las partes, así refiere que respecto de la comunicación entre el inspector técnico y el representante del proveedor adjudicado, las bases establecen en su artículo 3, numeral 31.4 letra g), la obligación del contratista de proveer, portar y mantener, el "Libro de Control de Servicio". y en el punto 10 de las especificaciones técnicas lo siguiente “10. DE LA COMUNICACIÓN ENTRE EL INSPECTOR TÉCNICO DE OBRAS Y EL CONTRATISTA: Toda comunicación entre el contratista y el Inspector Técnico deberá realizarse por medio de correo electrónico, al correo institucional del Inspector Técnico, dejando constancia el libro de obra. Solo en el caso de indisponibilidad de este medio y tratándose de situaciones de emergencia, se podrá verificar por otro medio donde quede constancia escrita de la comunicación efectuada, y sin perjuicio de la facultad del Inspector Técnico de reforzar el aviso de forma verbal. Para lo anterior, el contratista deberá informar al Inspector Técnico, al inicio del contrato, el correo electrónico que utilizará para efectuar las comunicaciones.”.

Sobre los trabajos adicionales alegados en el recurso, señala que según las partidas establecidas en las bases antes citadas, en los artículos N°3 de las bases administrativas y en el punto 5 de las bases técnicas del proceso, los trabajos indicados como adicionales, se encuentran incluidos y detallados en la letra b) de las mismas, indicando la responsabilidad de solicitar previamente al ITO frente a cualquier modificación, la autorización de ejecución de las mismas, esto se encuentra señalado en el punto 2 de las bases técnicas: “GENERALIDADES. El prestador será responsable de ejecutar el servicio presentado en la orden interna, planos y según las especificaciones técnicas que se detallarán a continuación, razón por lo cual él prestador deberá previamente a iniciar su desarrollo del trabajo precisar dudas con el Inspector Técnico de la presente licitación, ya que los tres (3) documentos son complementarios entre sí y obligatorios. Mientras no se indique lo contrario, todos los trabajos se ejecutarán conforme a la reglamentación vigente, y previa aprobación del Inspector Técnico de la presente licitación, frente a cualquier circunstancia, incluyendo la legislación vigente de prevención de riesgos laborales. El proveedor deberá dar cumplimiento a las normativas vigentes y las disposiciones que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, que se establecen para el desarrollo de los trabajos de esta envergadura.” Agrega que, en las circunstancias fácticas del presente caso, lo señalado no se hizo efectivo por parte del proveedor, actuando sin consentimiento del ITO.

Afirma que, conforme a lo dicho no es efectivo que se requirió un aumento de plazo ni necesidad de pagos extraordinarios, toda vez que todo lo realizado por el proveedor está dentro de las bases técnicas y administrativas del proceso, y por tanto exigibles sin necesidad de pago extraordinario.

En lo relacionado a la dotación de personal de trabajo ofertada por el proveedor en su propuesta técnica y mediante la incorporación del listado de personal disponible en la página de mercado público, que constaba de 10 trabajadores de forma permanente en la obra, y mediante la constatación por parte del ITO dicha dotación nunca estuvo completamente presente. Y sobre el despido de trabajadores, ello obedeció a la necesidad de proponer por parte del ITO el cambio de 3 operarios sorprendidos en consumo de drogas ilícitas, lo que fue determinante para la mantención de seguridad del establecimiento, lo anterior se encuentra establecido en el ARTICULO N°28 DEL PERSONAL, que expresa que: “El personal del Contratista no tendrá vínculo laboral alguno con la Municipalidad de Ovalle. Si el Inspector Técnico solicita al Contratista la reubicación de un miembro del personal o de un integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando las causas que motivan tal solicitud, el Contratista ponderara lo solicitado, cumpliendo las disposiciones legales pertinentes de conformidad a lo dispuesto en el Código del Trabajo.”

Indica que, sobre una eventual publicación en el portal relativo al cobro de la garantía informa que dicho hecho aún no ha ocurrido, por tanto, no es posible alegarlo como un perjuicio.

Asevera que, el cobro de la garantía se ejecuta en estricto apego a las bases, fundadas en el no cumplimiento de los trabajos dentro del plazo de ejecución prorrogado y considerado conforme a las bases, no existe aún publicación en el portal que diga relación con el cobro de la garantía pertinente. Se informa además a la Corte que no obstante la notificación de la garantía, la aseguradora a la fecha no ha dado cumplimiento al pago que conforme a las bases se exige, por tanto, los hechos eventuales que justifican el perjuicio en el patrimonio del recurrente no tienen justificación.

Finalmente manifiesta que el recurso de protección no es la vía idónea para resolver un conflicto como el de la especie, sino que un juicio de lato conocimiento, lo que conduce a su rechazo.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1 del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que en cuanto a la alegación de extemporaneidad, se aprecia de las alegaciones de las partes, así como de la documental acompañada, que aunque lo alegado como arbitrario e ilegal es la orden de cobro de la garantía por medio del Memorándum interno PP 09/2026, del 22 de enero de 2026, aquella comunicación no fue dirigida a la recurrente, y del Decreto N°495 emitido por la Municipalidad recurrida el 11 de febrero de 2026, se constata que se dispone por la Administración el cobro de la referida garantía, haciendo mención al memorándum interno, acto administrativo que fue notificado y publicado, lo que lleva necesariamente a contabilizar el plazo para la interposición del arbitrio desde la emisión del referido Decreto N°495, y habiéndose interpuesto el recurso el 12 de marzo de 2026, lo ha sido en tiempo y forma, debiendo desestimarse la alegación de extemporaneidad.

SEXTO: Que, en cuanto al fondo del asunto, cabe reflexionar, a la luz de lo expuesto por las partes, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

Así, no se discute que las partes se encuentran vinculadas por un contrato de ejecución de obras de construcción en un centro de salud, garantizadas mediante la emisión de una fianza en favor de la Municipalidad recurrida, expresando la recurrente que esta última institución habría incurrido en actos que retrasaron el cumplimiento de las obras licitadas y adjudicadas a su representada, señalando de forma acabada cada una de las acciones que estimó incurría la recurrida, y que no le permitieron terminar a tiempo las referidas obras, por lo que la actora alega no procede el cobro de la garantía de fiel cumplimiento, dispuesta por el artículo 14 de las bases de la licitación.

Por su parte la municipalidad requerida en el informe respectivo alega no ser efectivo lo señalado por la recurrente en su libelo, y que, en definitiva, fue ordenado el cobro de la garantía precisamente por incumplimiento del plazo de ejecución de las obras por parte de Constructora Guayacán Spa.

SÉPTIMO: Que, así entonces lo cierto es que se discute que las partes se encuentran vinculadas por un contrato de ejecución de obra, contexto en el cual la actora le atribuye una serie de actos dilatorios a la recurrida, y pide que acogiéndose el recurso se deje sin efecto el cobro de la garantía de fiel cumplimiento establecida en las bases de la licitación. La recurrida, por su parte, igualmente atribuye a la recurrente incumplimientos contractuales, por los cuales ordenó el cobro de la garantía señalada Así, la existencia o no de incumplimientos recíprocos en el marco de una relación contractual, ciertamente son cuestiones que no pueden determinarse en esta sede de emergencia, debiendo las partes acudir a la de lato conocimiento que corresponda, y, por lo mismo, permite concluir que no existen derechos indubitados que puedan ser resguardados por la acción deducida.

OCTAVO: Que, en dicho contexto, la petición de la recurrente, en orden a que se deje sin efecto el cobro de la garantía de fiel cumplimiento de las obras licitadas, no puede prosperar, desde que, para resolverla, con arreglo a derecho es menester un análisis previo y pormenorizado lo que solo es posible mediante un juicio declarativo en que las partes puedan hacer sus alegaciones rendir la prueba y ejercer los recurso que estimen del caso. En consecuencia, la presente acción no es la vía idónea para la resolución de la acción cautelar deducida, razón por la cual el presente recurso no puede prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, se resuelve:

I.- Que, SE RECHAZA, la alegación de extemporaneidad del recurso.

II.- Que, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de CONSTRUCTORA GUAYACÁN SPA., en contra de la Ilustre Municipalidad de Ovalle.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°523-2026 Protección.