nombre reservado con SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DEL ELQUI

nombre reservado, nombre reservado

Servicio Local de Educación Pública del Elqui Recurso de protección Rol Nº522-2026 La Serena, veintidós de abril de dos mil veintiséis.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, comparece por sí doña nombre reservado, profesora de estado de educación básica, cédula de identidad N°RUT reservado, deduciendo recurso de protección en contra del SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ELQUI, representado por su Director nombre reservado, por el acto que señala ser ilegal y arbitrario, consistente en la dictación de la Resolución Exenta N°237 de 22 de enero de 2026, mediante la cual se dispone la no renovación de su contrata, de la cual refiere haber tomado conocimiento el 12 de febrero de 2026, lo cual vulnera sus garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 N°1, 2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone, que desde el 2019 se desempeña como docente del establecimiento educacional Colegio Carlos Condell de la Haza, de la comuna de La Serena, inicialmente bajo dependencia de la Corporación Municipal Gabriel Gonzáles Videla y, desde el 1 de julio de 2025 bajo dependencia de la recurrida de autos, en virtud del traspaso del servicio educacional dispuesto por la autoridad.

Refiere que la misma recurrida le emitió un certificado de antigüedad que reconoce su desempeño como docente del establecimiento educacional referido desde el 4 de mayo de 2020, con 35 horas semanales, por lo que, a la fecha del término de su contrata, registra más de seis años continuos desempeñándose como docente en el mismo colegio y en favor del servicio educacional.

Sobre la resolución recurrida, indica que es dictada el 22 de enero de 2026 mediante la Resolución Exenta N°237/2026, por la cual “ordena la no renovación del nombramiento a contrata” de la suscrita y su término con fecha 28 de febrero de 2026, invocando como fundamento la causal del artículo 72 letra d) del Estatuto Docente, esto es, “término del período por el cual se efectuó el contrato”. Refiere que la resolución se limita a señalar que su contratación fue realizada para el año escolar 2025 y que, cumplido dicho período, corresponde disponer la no renovación, citando dictámenes de la Contraloría General de la República que exigen dictar y notificar un acto fundado con 30 días de anticipación; alega por tanto, que no contiene explicación alguna sobre la necesidad del servicio, evaluación de su desempeño, ni ponderación de su antigüedad y estabilidad, pese a superar con creces los años que, según la jurisprudencia, generan confianza legítima de continuidad al menos tras cinco años de servicios continuos en la Administración.

Señala que el 21 de febrero de 2026 se publicó en el Diario Oficial la Ley N°21.803, que establece un régimen permanente de titularidad para los profesionales de la educación del sector municipal y de los Servicios Locales de Educación, modificando, entre otros, el Estatuto Docente, y que, dicha ley dispone que accederán a la calidad de titulares los profesionales de la educación que, a la fecha de corte establecida en el cuerpo legal, se desempeñen en la dotación docente del respectivo sostenedor y cumplan, entre otros, con haberse desempeñado a contrata para el mismo sostenedor durante al menos cuatro años continuos o cuatro años discontinuos dentro de los últimos seis, siempre que los dos últimos años sean continuos y sin interrupciones contractuales. Indica que ella cumple con los requisitos referidos pues registra más de seis años continuos de servicios en el mismo establecimiento, con el mismo proyecto educativo y bajo el mismo servicio educacional público —primero municipal y luego SLEP—, circunstancia reconocida en el certificado de antigüedad y en sus cotizaciones previsionales.

Comenta que durante febrero de 2026 remitió carta al Director Ejecutivo de la recurrida, en la cual expuso su trayectoria laboral en el Colegio Carlos Condell de la Haza, el cumplimiento de los requisitos que establece la Ley N°21.803 sobre titularidad docente y los efectos personales y familiares del término de su nombramiento, solicitando expresamente su reincorporación a la dotación docente bajo la calidad jurídica que correspondiera, y añade que, la recurrida no acogió su petición ni adoptó medida alguna destinada a revisar o corregir la Resolución Exenta N°237/2026, dejándola íntegramente subsistente, con lo cual se han agotado todas las gestiones y reclamaciones que razonablemente estaban a su alcance en sede administrativa y ante el propio sostenedor, quedando sólo abierta la vía jurisdiccional para la protección de sus derechos fundamentales. Indica que el acto recurrido ha importado la pérdida de su fuente de trabajo, de sus remuneraciones y beneficios, y le han generado un grave daño afectando su integridad psíquica y la de su familia, al quedar desprovista de sus ingresos, pesa a cumplir los requisitos para detentar titularidad docente bajo la nueva ley.

Alega que el sostenedor debió reconocer su titularidad, y no disponer la no renovación de su contrata, por lo que su actuar es ilegal, pues aplica de manera parcial y descontextualizada el artículo 72 letra d) del Estatuto Docente, desconociendo una norma posterior y especial que establece un estatuto de estabilidad reforzada para los docentes en su situación. Arguye que se ha infringido la confianza legítima, en atención a los años de servicios de la recurrente, la no renovación de su contrata debe ser fundada, y en su caso luego de seis años de servicios continuos la recurrida invoca la llegada del término del periodo, sin exponer la necesidad del servicio, sin evaluación negativa ni proceso previo alguno, quebrantando la confianza legítima; por lo que concluye que tal carencia de motivación específica torna el acto arbitrario, en cuanto resultado de una decisión inmotivada o basada en un mero automatismo formal, ajeno a los fines de la ley de titularidad y de la estabilidad funcionaria, y desconoce el estándar de motivación reforzada exigible cuando están comprometidos derechos fundamentales y expectativas legítimas de continuidad.

Señala las garantías conculcadas, en primer término, la del artículo 19 N°24 de la Constitución Política, que, en el caso de marras, se ha visto afectada porque al disponerse la no renovación y cese de su cargo sin respetar la ley de titularidad ni la confianza legítima, el recurrido afecta ilegítimamente su derecho de propiedad sobre el empleo público que, en los hechos, ha adquirido un carácter estable, frustrando el acceso a la titularidad legalmente previsto en su favor. En segundo lugar, refiere infringida su garantía constitucional del 19 N°2 Constitución Política al no aplicar a su respecto la ley de titularidad en igualdad de condiciones, la recurrida vulnera el principio de igualdad ante la ley y ante la autoridad, al establecer una diferencia carente de justificación objetiva y razonable. Finaliza con la garantía del artículo 19 N°1, indicando que la perdida abrupta de su empleo, sin explicación suficiente y desconociendo su antigüedad, y el marco normativo que protege su estabilidad le ha generado un grave menoscabo de su integridad psíquica, traducido en angustia, estrés y afectación de su salud mental y la de su familia, situación que se intensifica por la incertidumbre laboral y económica.

Concluye solicitando que, se acoja el recurso y se deje sin efecto la Resolución Exenta N°237/2026, en la parte que dispone la no renovación y término de su nombramiento, y se orden su reincorporación a su cargo de docente en el Colegio Carlos Condell de la Haza, bajo la calidad jurídica que corresponda, reconociendo la titularidad que emana de la Ley N°21.803 y de su antigüedad; además del pago íntegro de las remuneraciones y demás prestaciones que dejó de percibir por causa del acto impugnado, desde el 1 de marzo de 2026 y hasta su efectiva reincorporación, con condena en costas.

Acompaña a su recurso: 1.- Copia de la Resolución Exenta N°237/2026, de 22 de enero de 2026, del SLEP Elqui; 2.- Certificado de Antigüedad de 6 de febrero de 2026, emitido por el SLEP Elqui; 3.- Certificados de cotizaciones previsionales que acreditan continuidad en el vínculo; y 4.- Copia del Oficio N°OF39922-2026 de la Contraloría General de la República.

SEGUNDO: Que, a folio 13, comparece el abogado Fernando Bonacic Vera, en representación del Servicio Local de Educación Pública Elqui, evacuando el informe ordenado, solicitando su rechazo, con condena en costas.

Comenta que consta en el expediente digital que la Corte solicitó a la recurrente precisar la fecha en que tomó conocimiento del acto que recurre, indicando que tuvo conocimiento de esta el 12 de febrero de 2026, sin acompañar antecedente alguno que acreditara sus dichos. Indica que, conforme a los antecedentes que obran en su poder, tal aseveración resulta errónea, pues la Resolución Exenta N°237/2026 fue remitida mediante carta certificada el mismo día de su dictación, esto es, el 22 de enero de 2026, a través de Correos de Chile, la cual fue despachada bajo el número de seguimiento N°1179342672691, y al buscar este en línea, a través de la plataforma dispuesta por Correos de Chile, consta que la carta certificada fue entregada el 23 de enero de 2026, recibido por don nombre reservado padre de la recurrente, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, en el domicilio señalado por la actora para estos efectos, por lo que arguye que la notificación fue practicada válidamente en el domicilio informado por la propia recurrente al momento de iniciar funciones en el Servicio Local de Educación Pública del Elqui, cumpliéndose así con las exigencias legales pertinentes, por lo que concluye que la recurrente tomó conocimiento del acto administrativo, a lo menos, desde el día 23 de enero de 2026, fecha en que se materializó la entrega de la carta certificada en su domicilio, razón por la cual la presente acción ha sido deducida fuera del plazo legal, resultando, en consecuencia, extemporánea.

Sin perjuicio de lo anterior, señala que resulta necesario precisar que la Resolución N°237/2026, invocada como fundamento de la acción intentada por la recurrente, se encontraba legalmente notificada con una antelación considerable a la indicada en el folio N°4, careciendo dicho aserto de sustento normativo, y conforme a lo dispuesto en la parte final del inciso segundo del artículo 46 de la Ley N°19.880, el legislador ha señalado una regla expresa y objetiva en materia de notificaciones por carta certificada, disponiendo que: "En caso de notificaciones por carta certificada, éstas se entenderán practicadas a contar del tercer día siguiente a su recepción en la oficina de correos que corresponda", por lo que de igual forma habiéndose recibido la carta certificada por la oficina de Correos de Chile el 22 de enero de 2026, es igualmente seria extemporáneo el recurso de la recurrente.

Sobre el fondo del asunto precisa que la resolución exenta n°237/2026 fue dictada el 22 de enero del 2026, esto es, con anterioridad a la publicación de la Ley N°21.803 que establece la titularidad docente, ocurrida el 21 de febrero de 2026. En consecuencia, la legalidad del acto impugnado debe ser analizada conforme al ordenamiento jurídico vigente al momento de su dictación, por lo que no resulta jurídicamente procedente imputar ilegalidad a un acto administrativo por la sola circunstancia de no haber aplicado una normativa inexistente al tiempo de su emisión. Señala que, la autoridad actuó en estricto apego a la legislación vigente a esa fecha, particularmente a lo dispuesto en el artículo 72 letra d) de la Ley N°19.070 que establece el estatuto docente, norma que regula el término de los nombramientos a contrata. De este modo, afirma que la dictación de la resolución impugnada se ajustó plenamente a derecho, sin que pueda estimarse afectada por una normativa posterior, la cual, en ausencia de disposición expresa, no produce efectos retroactivos ni altera la validez de actos administrativos válidamente emitidos bajo el imperio de la legislación anterior.

Precisa que, conforme a la normativa aplicable, el término de una contrata por el vencimiento del plazo no constituye propiamente una decisión discrecional de la autoridad, sino el efecto directo del cumplimiento de un mandato legal, pues el artículo 72 letra d) del Estatuto Docente establece que los profesionales de la educación dejan de pertenecer a la dotación por el solo término del período por el cual se efectuó su contratación, y la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República ha sido constante en señalar que el cese de funciones por esta causa "no responde a una facultad o decisión de la autoridad, sino que al cumplimiento de un mandato legal", agregando que dicha disposición "no contempla ningún procedimiento de aviso previo para que opere válidamente" (dictamen N°46.086 de 2013, que aplica, entre otros, los dictámenes N°50.419 y 51.032, ambos de 2008).

Aclara que, la resolución impugnada se limita a comunicar la "no renovación de la contrata" de la recurrente, careciendo de efectos propios, desde que el cese de funciones se produce por el solo ministerio de la ley al verificarse el vencimiento del plazo de la contrata, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 72 letra d) del Estatuto Docente, por lo que dicho acto administrativo no crea, modifica o extingue por sí mismo la relación jurídica de la recurrente, sino que únicamente se limita a constatar un efecto legal preexistente y otorgar certeza jurídica respecto a la situación de la funcionaría, formalizando y comunicando una consecuencia prevista directamente por el ordenamiento jurídico.

Alega que es jurídicamente improcedente imputar a dicho acto administrativo la aptitud para la producción de un perjuicio o la vulneración de derechos fundamentales, desde que el término de la contrata estaba previsto por la ley.

Hace presente que, la acción de protección intentada resulta improcedente para el conocimiento de la materia planteada, atendido la ausencia de un derecho indubitado cuya tutela cautelar urgente resulta pertinente proteger por esta vía, pues la pretensión de la recurrente se funda en la supuesta aplicación de la Ley N°21.803, y en la alegación de un derecho a la titularidad docente, cuestión que no aparece como clara ni actualmente exigible, sino que, por el contrario, supone la interpretación y aplicación de una normativa legal de reciente publicación, así como la verificación de requisitos fácticos y jurídicos, cuya determinación exige un debate de lato conocimiento, lo que rebasa el propósito de un acción de protección.

Por lo que solicita rechazar en todas sus partes el recurso interpuesto, con condena en costas.

Acompaña a su informe: 1.- Resolución exenta N°237/2026 de 22 de enero de 2026; 2.- Boleta electrónica N°26143120 de Correos de Chile, de 22 de enero de 2026 donde en él envió N°60 se puede apreciar el número de seguimiento 1179342672691; 3.- Seguimiento en línea del envío número 1179342672691, extraído del enlace https://www.correos.cl/seauimiento-en-linea#0; y 4.- Certificado de nacimiento de la recurrente doña nombre reservado.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que el acto recurrido es la decisión de no renovación de la contrata de la recurrente por parte del Servicio Local de Educación Pública del Elqui, mediante Resolución Exenta 237/2026 de 22 de enero pasado, alegando que no se ha considerado que ha prestado servicios como docente de forma ininterrumpida desde más de cinco años, por lo que la decisión carece de la fundamentación debida pues existiendo confianza legítima debió se debidamente motivada, asimismo no consideró la Ley N°21.803, publicada el 21 de febrero de 2026, la que establece un régimen permanente de titularidad para los profesionales de la educación del sector municipal y de los Servicios Locales de Educación, todo lo cual vulnera sus garantías constitucionales.

A su turno la recurrida, refuta que el término de la contrata de la recurrente la confianza legítima aludida por la recurrente, indicando que el término de una contrata por el vencimiento del plazo no constituye propiamente una decisión discrecional de la autoridad, sino el efecto directo del cumplimiento de un mandato legal, pues el artículo 72 letra d) del Estatuto Docente establece que los profesionales de la educación dejan de pertenecer a la dotación por el solo término del período por el cual se efectuó su contratación. Añade que la Ley N°21.803 es posterior al acto impugnado por tanto no se encontraba vigente al momento del término de la contrata.

SEXTO: Que, en cuanto a la alegación de extemporaneidad del recurso, se debe tener presente que la recurrida para acreditar su alegación acompañó documentación respecto del envío de la carta certificado y el seguimiento de la misma, pero los mismos no se refieren al domicilio donde fue despachada la misiva, y cuál es el domicilio informado por la actora de autos, por lo anterior, no se ha podido desvirtuar que doña nombre reservado efectivamente tomó conocimiento del acto que por esta vía recurre el 12 de febrero de 2026, y en dicho contexto y habiéndose presentado el arbitrio el 12 de marzo pasado, lo fue en tiempo y forma, por lo que deberá rechazarse la alegación de extemporaneidad como se dirá en lo resolutivo.

SÉPTIMO: Que, en cuanto a la discrecional facultad de la Administración para no renovar o poner término anticipado a las contratas transitorias, mediante resoluciones debidamente fundadas en la ley, se hace necesario distinguir, como lo establece la Excma. Corte Suprema, en sentencia dictada en causa Rol N 5.883-2023, aquellas relaciones que han tenido una extensión temporal mayor en el tiempo, toda vez que dichas personas, según la jurisprudencia judicial y administrativa, se encuentran protegidas por el principio de confianza legítima, el que busca proteger a los funcionarios de los cambios intempestivos en las decisiones de la Administración, entregando estabilidad a los servidores públicos, impidiendo que a través de aquellos se lesionen derechos. Se ha resuelto en estas materias, que tanto la decisión de poner término anticipado a una contrata, como la no renovación de la misma, respecto de personas que se han vinculado con la Administración por un determinado número de años, transgrede el principio de la confianza legítima del funcionario que alberga la justa expectativa de terminar el periodo cubierto por su designación y a ser recontratado para el año siguiente, la que, en todo caso, se configura cuando concurre, como ya se dijo, un elemento temporal estabilizador, esto es, que se hubieran producido renovaciones sucesivas, como ocurre en la especie y queda, además, de manifiesto con el mismo certificado de antigüedad emitido por la recurrida en el que indica que “inició sus funciones el día lunes, 4 de Mayo de 2020, manteniendo desde entonces un vínculo laboral vigente con esta institución”.

Conforme lo razonado, la determinación del elemento temporal que cobra relevancia, en tanto es aquel el que determinara las exigencias que puedan imponerse para terminar el vínculo, pues si la persona que se desempeña en la Administración está protegida por el principio de confianza legítima, como en este caso, aquella solo puede poner término a esa relación estatutaria por sumario administrativo derivado de una falta que motive su destitución, o por una calificación anual que así lo permita. En la misma línea, el Estatuto Administrativo de la Ley N°19.070 establece un procedimiento específico para evaluar el servicio de los funcionarios públicos, que es aplicable a quienes sirvan los cargos en calidad de planta o a contrata, debiendo la autoridad dejar plasmadas en el proceso de calificación las razones de un eventual mal desempeño que, una vez firme, determina que el funcionario deje de prestar servicios, sin que sea admisible para no renovar la contrata, que se ha cumplido el tiempo de la misma, sin mayor fundamento, respecto de una persona que se ha desempeñado por larga data sirviendo como docente para el Colegio Carlos Condell de la Haza desde a lo menos el 2020, pues aquello, sin duda vulnera el principio de confianza legítima.

OCTAVO: Que, como ya se ha dicho, la Excma. Corte Suprema, a efectos de establecer un criterio unificador, ha considerado que el plazo de cinco años, es un período prudente para que la Administración evalúe íntegramente no sólo el desempeño del funcionario sino que, además, estudie la necesidad de seguir contando con el cargo que sirve la persona, por cuanto existe una real necesidad del servicio de contar con una persona que desempeñe las funciones específicas que motivaron la dictación del acto administrativo que determino el inicio del vínculo con la Administración.

NOVENO: Que, se concluye de lo expuesto previamente, que si una persona se encuentra vinculada con la Administración a través de contratas anuales y ha tenido un periodo de desempeño por un tiempo superior a cinco años, como ocurre con la recurrente, le asiste el principio de confianza legítima y, en consecuencia, la Administración requiere la dictación de un acto especial al efecto, al ser superior a cinco años su vinculación con la Administración y encontrarse amparada por el principio de confianza legítima. Más aun en el caso de autos, en que las sucesivas designaciones lo fueron desde el año 2020. Así las cosas, en este escenario legal y fáctico, se concluye que el hecho que la actora haya sido nombrada en el cargo a contrata por más de cinco anualidades, lo que generó a su respecto la confianza legítima de mantenerse vinculada con la recurrida, sólo permite a esta última terminar esa relación estatutaria por sumario administrativo derivado de una falta que motive su destitución o por una calificación anual que así lo permita, aspectos estos últimos que no concurren en la especie, contraviniendo lo establecido en los artículos 11 y 41 de la Ley N°19.880 referida a la motivación de los actos administrativos, que señala que en las decisiones que adopte la Administración deberá siempre expresar los hechos y fundamentos de derecho, cuándo estos actos afectaren los derechos de particulares, situación que no ocurre en el caso de autos, por tanto la decisión adoptada resulta ser ilegal, y en ese contexto, no supera el test de razonabilidad, pues no supera la mera formalidad, sin que dé cuenta de un contenido sustancial distinto de la mera discrecionalidad de la autoridad administrativa lo que deviene en una arbitrariedad.

DÉCIMO: Que, este actuar conlleva que se haya afectado por la recurrida la garantía constitucional del numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, al aplicar un régimen de terminación de sus servicios que resulta inaplicable a la luz de los antecedentes. De igual modo, se afecta el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esto es el derecho a ser tratado de modo igualitario respecto de personas en una situación similar a la suya, al aplicar una modalidad de término de los servicios que no le era aplicable.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve:

I.- Que, SE RECHAZA la alegación de extemporaneidad del recurso.

II.- Que, SE ACOGE, sin costas, la acción de protección intentada y se dispone que se deja sin efecto la Resolución Exenta N°237/2026 de 22 de enero de 2026, por el cual no se renovó la contrata de la recurrente en su cargo de docente, disponiéndose el reintegro de doña nombre reservado a sus labores y el pago de todas las remuneraciones y estipendios que se pudieron devengar, ellos debidamente reajustados, durante el tiempo que estuvo separada de su cargo y hasta su efectiva reincorporación.

Acordada con el voto en contra del Ministro Sr. Le-Cerf, quien fue del parecer de rechazar el recurso por extemporáneo, pues la recurrente indicó que tomó conocimiento del acto que recurre el 12 de febrero de 2026, sin referir la forma en que se enteró de la resolución exenta, ni acompañó algún antecedente para acreditar aquello, a su turno la recurrida indicó que la resolución exenta N°237-2026 fue dictada el 22 de enero de 2026, y fue despachada con esa misma fecha carta certificada al domicilio de la recurrente informada al Servicio, y acompaña comprobante de envío de misiva como seguimiento de la misma, constando que ésta fue recibida el 23 de enero de 2026 por el padre de la recurrente, acompañando el certificado de nacimiento de doña nombre reservado, y habiéndose interpuesto el presente arbitrio el 12 de marzo de 2026 resulta del todo extemporáneo, debiendo acogerse la presente alegación como se dirá en lo resolutivo.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°522-2026 (Protección).