Protección contra SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

nombre reservado

Superintendencia de Seguridad Social Recurso de protección Rol N°520-2026 La Serena, quince de abril de dos mil veintiséis.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, comparece don nombre reservado, por sí, cédula de identidad NUM000, deduciendo recurso de protección en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL (SUSESO), denunciando como acto ilegal y arbitrario la dictación de la Resolución Exenta NUM001, que confirmó el rechazo de la licencia médica NUM002, vulnerando las garantías fundamentales de los numerales 1, 2, 3 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que, el 21 de febrero de 2026 la recurrida mediante la resolución que recurre confirmó el rechazó de su última licencia médica y su respectivo subsidio por incapacidad laboral, la cual fue otorgada por 30 días desde el 20 de septiembre de 2025, por diagnóstico de reacción al estrés grave y trastornos de adaptación.

Relata que el 27 de noviembre de 2024 se hizo una denuncia en su contra ante su empleador la Corporación Gabriel González Videla, por lo cual se inició un sumario administrativo siendo que le eran aplicables las normas del Código del Trabajo, sumado a las publicaciones en diarios que lo involucraban con los hechos investigados dañando su imagen y a su familia, todo lo cual le implicó un estrés que lo llevo a requerir asistencia médica y tratamiento psicológico.

Señala que, el médico que le emitió la licencia médica cumple con el debido registro como prestador individual de salud, y, además, tiene aprobado el examen único nacional de conocimientos de medicina. Alega que, la Administración se halla jurídicamente compelida a motivar sus actos en virtud de un expreso mandato normativo, derivado principalmente de los artículos 7° y 8° de la Constitución, así como de las leyes N°18.575 y N°19.880, las cuales consagran los principios de legalidad, transparencia y motivación. Sin embargo, en el caso concreto examinado, al analizar la resolución dictada por la SUSESO que rechazó la reposición deducida advierte el recurrente que dicho acto carece de fundamentación suficiente, pues no explicita las razones para desestimar los antecedentes clínicos acompañados, ni precisa la causal de rechazo invocada, omitiendo además todo análisis sobre los informes médicos y el cambio de criterio respecto de licencias anteriores autorizadas. Señala que, dicha ausencia de motivación impide comprender por qué, sin mediar un nuevo peritaje de la COMPIN, se confirmó el rechazo, infringiendo el debido procedimiento y el principio de juridicidad propio de un Estado democrático de derecho.

Agrega que, además la recurrida no dispuso ninguna de las medidas que le otorga el artículo 21 del Decreto Supremo N°3, por medio de las cuales puede recabar antecedentes que habiliten adoptar una providencia fundada frente a los requerimientos de los usuarios del sistema, cuestión que se ha omitido injustificadamente en el caso del recurrente.

Finaliza solicitando acoger el recurso de protección, dejando sin efecto la resolución exenta recurrida, y en consecuencia se autorice y ordene el pago de la licencia médica rechazada, con condena en costas.

SEGUNDO: Que, a folio 6, comparece la Superintendencia de Seguridad Social evacuando informe.

En primer lugar, alegó la extemporaneidad del recurso, pues señala que el recurrente recurrió ante la SUSESO el 30 de diciembre de 2025 para revertir el rechazo de su licencia médica, y que el 22 de diciembre de 2025 se confirmó el rechazo de ésta, por lo que concluye que el recurrente tuvo conocimiento pleno y cierto del rechazo de la licencia médica al menos desde la dictación de aquella resolución, y que la resolución que resolvió la reconsideración presentada por el recurrente no altera lo previamente resuelto, sin constituir un acto que innove en la situación previamente determinada, por lo que el recurso debe ser declarado extemporáneo.

Luego en subsidio de lo anterior, alegó la improcedencia de la acción de protección, por cuanto el asunto por el que se recurre dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, el que no se encuentra amparado por el recurso de protección.

En cuanto al fondo del asunto, expone sobre el marco legal regulador del derecho a las licencias médicas, así distingue entre incapacidades laborales permanentes y temporales, indicando que la última el uso de la licencia tiene por objeto la recuperación y reincorporación al trabajo del paciente. Prosigue refiriéndose a las facultades de la SUSESO en el marco de licencias médicas, indicando que sus resoluciones son en calidad de autoridad técnica de control de las instituciones de previsión de salud.

Añade que, no es efectivo que la resolución impugnada carezca de motivación o se sustente en consideraciones meramente genéricas, pues expresa con claridad tanto el objeto del reclamo como las razones que condujeron a confirmar el rechazo en cuestión, no limitándose a enunciar una conclusión, sino que explicita los elementos clínico- funcionales tenidos a la vista para resolver, a saber: la prolongada extensión del reposo previo, la ausencia de evolución clínica acreditada, la falta de proporcionalidad entre tratamiento y reposo y la inexistencia de un rol terapéutico efectivo para el período reclamado. Tales elementos indica que, fueron debidamente ponderados y permiten sustentar adecuadamente la decisión administrativa adoptada en este caso.

Sostiene que, el no haber dispuesto evaluaciones médicas adicionales en este caso, no supone necesariamente una falta de motivación del acto administrativo, en tanto que los antecedentes disponibles resulten suficientes para resolver fundadamente.

Finalmente solicita el rechazo del recurso en todas sus partes, con costas.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, jurídicamente constituye una acción de naturaleza cautelar, que tiene por objeto amparar a personas naturales o jurídicas en el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en la misma disposición, y que por actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufran privación, perturbación o amenaza de tales garantías, pretendiendo que mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto de tal naturaleza, se restablezca el imperio del derecho.

CUARTO: Que, de lo antes expresado, aparece como requisito indispensable para el ejercicio de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a la ley, o arbitrario, producto de mero capricho de quien incurre en él, que afecte una o más de las garantías protegidas. Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

QUINTO: Que, cabe tener presente que el actor recurre en contra del rechazo de su licencia médica NUM002, ordenado por medio de la Resolución Exenta del veintiuno de febrero de dos mil veintiséis, NUM001, la cual resuelve en los siguientes términos: “Que, ha recurrido con fecha 30 de diciembre de 2025 a esta Superintendencia don nombre reservado, RUN NUM000, solicitando se reconsidere el dictamen NUM003 de fecha 22 de diciembre de 2025 mediante el cual se confirmó lo resuelto por la COMPIN REGIÓN DE COQUIMBO, en orden de mantener el rechazo de la licencia médica NUM002, extendida por un total de 30 días a contar del 20 de septiembre de 2025, por reposo no justificado.

Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por la licencia médica NUM002, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes médicos y administrativos evaluados, no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral más allá de los 254 días de reposo ya autorizados por la misma patología.

Que, el nuevo informe emitido con fecha 30/12/2025 por el tratante, no evidencia manifestaciones psicopatológicas de intensidad tal que determinen un compromiso severo de la capacidad funcional del reclamante durante el período de reposo; así mismo el tratante tampoco ha requirió derivar al paciente a un Médico especialista en Psiquiatría, lo que podría manifestar gravedad clínica o refractariedad al tratamiento. Sumado a lo anterior el reclamante no acredita haber iniciado un proceso terapéutico con un profesional psicólogo en todo el periodo de reposo. RESUELVO: Esta Superintendencia confirma el rechazo de la licencia médica NUM002, de acuerdo a lo anteriormente expuesto.”

SEXTO: Que, en lo referente a la alegación de extemporaneidad, aun cuando pudiera aducirse que ya existía un pronunciamiento de rechazo de licencia por parte de la SUSESO, del cual tomó conocimiento pleno el recurrente en diciembre de 2025, aquello no obsta para atribuir extemporaneidad a la acción, pues el recurso de reconsideración se encuentra dentro de las posibilidades del administrado para recurrir en contra del acto según lo dispuesto por el artículo 54 de la Ley N°19.880, por lo que el plazo para contabilizar la interposición del recurso debe necesariamente ser contabilizado desde la última resolución emitida por la SUSESO, la cual fue el 21 de febrero de 2026, y habiéndose interpuesto el libelo el 11 de marzo pasado, lo fue en tiempo y forma.

Además, de entenderse correcto el criterio de la SUSESO para alegar la extemporaneidad, no tendría aquella la obligación de pronunciarse como lo hace en la Resolución Exenta de 21 de febrero de 2026.

SÉPTIMO: Que, en lo referente a la alegación de improcedencia del recurso de protección, cabe señalar –como ya se ha fallado que a lo que corresponde atender es a las prerrogativas constitucionales que se alegan como afectadas en el arbitrio objeto de este pronunciamiento, que son el derecho a la vida e integridad física, el derecho a la igualdad ante la ley, y el derecho de propiedad, de los que tratan los numerales 1, 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, las que se encuentran expresamente contemplados bajo el ámbito de aplicabilidad y resguardo a que hace mención el artículo 20 del mismo cuerpo normativo. Por tal razón es que se desestimará esta defensa opuesta por la recurrida.

OCTAVO: Que, el Decreto Supremo N°3 del Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, sostiene que “Para los efectos de este reglamento, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico cirujano, cirujano-dentista o matrona, en adelante "el o los profesionales", según corresponda, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, en adelante "Compin", de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, en adelante "Seremi", que corresponda o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio de incapacidad laboral con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo, o de la remuneración regular de su trabajo o de ambas en proporción que corresponda.” (Artículo 1).

NOVENO: Que, para los fines de solucionar la controversia planteada, es preciso traer a colación el artículo 16 del mismo cuerpo legal, y que, en lo pertinente, preceptúa: “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia”, como asimismo lo ordenado en su artículo 21: “Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la ISAPRE correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas: a) Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas; b) Disponer que se visite al trabajador en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia, por el funcionario que se designe; c) Solicitar al empleador el envío de informes o antecedentes complementarios de carácter administrativo, laboral o previsional del trabajador; d) Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud del trabajador; e) Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica.

Sin perjuicio de lo anterior la Compin, deberá requerir todos los demás antecedentes y exámenes que el Ministerio de Salud ordene solicitar, respecto de aquellas patologías específicas que éste señale, para que la licencia pueda ser visada por períodos superiores a los que esa Secretaría de Estado determine”.

DÉCIMO: Que, de lo anterior, fluye con prístina claridad, que el organismo a cargo de pronunciarse sobre las licencias médicas otorgadas al trabajador es quien debe asumir un rol activo en torno al análisis de la viabilidad de las mismas, sin poner de cargo de la paciente, afectada por una enfermedad, que sea ella quien procure la obtención de antecedentes que avalen el diagnóstico del médico tratante de éste.

Por otro lado, el artículo 11 de la Ley N°19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, consagra el principio de imparcialidad que rige los procedimientos administrativos, prescribiendo que “…la Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte”, para lo cual ordena que los “hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio”, norma que es complementada por los artículos 40 inciso final y 41 inciso cuarto de la misma ley, los que disponen que una decisión de este tipo, debe ser fundada.

Así, la justificación racional y legal del acto administrativo es una condición de validez del mismo. En consecuencia, el órgano del Estado actuante debe fundamentar suficientemente su decisión, tanto en lo fáctico como en lo jurídico, explicando al administrado el porqué del acto, su sustento material y juridicidad.

UNDÉCIMO: Que, de lo dicho, emana que la argumentación otorgada al paciente por la recurrida, sin que se haya tomado previamente alguna de las medidas que permiten, según el Reglamento aplicable, fundamentar ese rechazo, carece del debido sustento, razón suficiente para entender que, aunque formalmente el acto aparezca revestido de fundamentación, esta carece de sustento fáctico o material suficiente para afectar el derecho a licencia médica del recurrente, al no aportar la propia institución antecedentes técnicos nuevos que la autoricen concluir que el reposo no se encuentra justificado, más aún cuando su médico tratante posee la especialidad de psiquiatría, señala su diagnóstico, fármacos prescritos, tiempo de recuperabilidad, y su derivación a tratamiento psicológico.

De esta manera, se advierte que la conducta del organismo recurrido no se ajustó a la preceptiva que gobierna la cuestión, omitiendo componentes que debieron detallarse con mayor rigurosidad antes de resolver el asunto en sede administrativa.

DUODÉCIMO: Que, este actuar de la recurrida atenta evidentemente contra las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 numerales 1 y 24; la primera, pues dificulta su vida e integridad física; la segunda porque, al no contar con el subsidio de incapacidad laboral, afecta el patrimonio del recurrente, desde que el trabajador, que padece una patología, no cuenta con el dinero proveniente de este ítem, afectando aún más su debilitada salud. De igual forma, vulnera el derecho de la recurrente a la igualdad ante la ley, por cuanto configura una discriminación respecto del resto de la población que en iguales condiciones de salud puede acceder al subsidio por reposo laboral.

DÉCIMO TERCERO: Que, así no habiéndose fundamentado el motivo del rechazo de la licencia médica, ni haberse practicado por la recurrida pericia u otras medidas destinadas a esclarecer la procedencia del reposo del actor, no aparece justificada ni viable el rechazo de la licencia, probando al actor de los ingresos asociados al reposo médico.

En este escenario, esta Corte es del parecer que para restablecer el imperio del derecho cabe disponer derechamente la autorización y pago del subsidio respectivo.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve:

I.- Que, SE RECHAZA, la alegación de extemporaneidad del recurso.

II.- Que, SE RECHAZA, la alegación de improcedencia del recurso.

III.- Que, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto a favor de nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, disponiendo que se deja sin efecto la Resolución Exenta NUM001 del veintiuno de febrero de dos mil veintiséis, la que confirmó el rechazo de la licencia médica número NUM002, y, en su lugar, se resuelve que se autoriza dicha licencia médica, debiendo la recurrida dictar la resolución pertinente con su respectivo pago, dentro de cinco días hábiles a contar que la presente sentencia se encuentre ejecutoriada.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°520-2026 (Protección)