Protección contra FISCALÍA REGIONAL DE COQUIMBO

nombre reservado, nombre reservado

Fiscalía Regional de Coquimbo Recurso de protección Rol Nº52-2026.- La Serena, diecisiete de febrero de dos mil veintiséis.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, comparece doña nombre reservado, deduciendo recurso de protección en contra de la FISCALÍA REGIONAL DE COQUIMBO, por el acto ilegal y arbitrario de imponer la sanción administrativa de suspensión de funciones por dos meses con medio goce de sueldo, y hacer efectiva la sanción mientras se encontraba con licencia médica.

Expone en cuanto al primer hecho denunciado por la presente acción, que se desempeña hace 13 años como abogada asistente del Ministerio Público, trabajando en distintas fiscalías, con altas calificaciones. Señala que, fue objeto de un sumario administrativo debido a que comenzó una relación de pareja con el fiscal Andrés Gálvez Kelly, y la ex esposa de este, doña nombre reservado, grabó sin su consentimiento una conversación sostenida entre ambas, fuera de su horario de trabajo. Indica que, doña nombre reservado denunció que ella tuvo acceso a la causa en que se investigaba la muerte de su hija en un accidente de tránsito, tramitada por la Fiscalía de Ovalle, y que, la recurrente le atribuyó responsabilidad penal en el accidente que causó la muerte de su hija, lo que la afectó emocionalmente.

Señala que, en el sumario en su contra le fue impuesta la medida disciplinaria de suspensión de funciones por dos meses, según lo dispuesto en los artículos 9 N°4 y 12 del Reglamento de Responsabilidad Administrativa de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público. Añade que, el reclamo en su contra fue interpuesto por dos abogadas que representan a doña nombre reservado, doña Pía Bustos Fuentes y doña Fabiola García Larenas.

Afirma que, se descartó fehacientemente que ella hubiera tenido ingreso a la causa, por lo que no resultó acreditado que haya cometido una infracción a sus labores como abogada asistente de la nombre reservado, ni ha afectado el principio de la probidad administrativa.

Prosigue relatando, que en la sanción impuesta se realiza una aseveración basada en hechos falsos en el punto h) de la resolución que recurre: “Finalmente, a juicio de esta investigadora, no es posible descartar que doña nombre reservado haya accedido a investigación RUC2300031475-7 a través de sistema SAF. En efecto, con fecha 28 de enero de 2025 se obtuvo el resultado de la diligencia requerida respecto del tracking de consultas al RUC señalado, constatándose que la funcionaría no figura entre los usuarios que accedieron a dicha causa. Sin embargo, conforme lo explicó en su declaración don nombre reservado, jefe de la unidad de control de gestión e informática de la Fiscalía Regional de Coquimbo, la herramienta ficha caso cuenta con trazabilidad de acceso a la información asociada a un RUC específico, mientras que a través de SAF es posible acceder a datos de una causa sin que quede registro de trazabilidad al momento de visualizar información mediante búsqueda por RUC". (SIC).

Indica que, se olvidaron que su perfil de abogada asistente sólo puede acceder a las causas de la nombre reservado, y que, por el SAF no puede ingresar, adjunta pantallazos del sistema para probar que no puede acceder a la causa referida. Alega que, en atención que se ha probado por hechos objetivos y verificables que no puede acceder, debió determinarse dicha circunstancia y no haberse sancionado por supuestos inexistentes, existiendo un grave vicio en la tramitación administrativa ya que es obligación tramitar con esmero y dedicación las investigaciones y en cumplimiento de los principios propios del justo y racional procedimiento, lo que señala no cumplirse en este caso.

Refiere que, le llama poderosamente la atención que el fiscal regional haya derivado la confección de la resolución y la aplicación de la sanción a la abogada asesora doña nombre reservado, quien es la hermana de la abogada denunciante doña Pía Bustos Fuentes, lo que da cuenta que el objetivo final era buscar una sanción a toda costa en su contra, ya que carecía de objetividad, y que, configura una desviación del fin del procedimiento, resultando la única finalidad del mismo la imposición de una sanción y aparentando regularidad en la tramitación del mismo para esos efectos, y no para el cumplimiento de los objetivos de este tipo de procesos, es decir, el esclarecimiento de la veracidad de los hechos denunciados.

Indica que, en sus descargos manifestó que el conocimiento que tiene de la causa RUC 2300031475-7 es el que tiene cualquier persona a través de los medios sociales y que son públicos, sin embargo, se le reprocha no haber aportado estos antecedentes, perdiendo de vista la abogada asesora que ella es la pareja del fiscal Andrés Gálvez Kelly padre de la fallecida, y que, como toda pareja obviamente hay conversaciones privadas que le dan un conocimiento de cómo ocurrieron los hechos, lo cual señala que es un antecedentes relevante que no fue debidamente ponderado en el procedimiento en su contra, vulnerando el principio de exhaustividad probatorio, en relación con la objetividad e imparcialidad, y que, en este caso sería su acceso a información por vías particulares que no dicen relación con el trabajo y respecto de las cuales la Institución no tiene control ni supervisión alguna por encontrarse dentro de la esfera de protección de la privacidad.

Agrega que, todas las publicaciones en redes sociales y diarios digitales dan cuenta que se trató de un choque por alcance, lo que le da a entender como ciudadana que siendo un accidente en una línea recta, la conductora no iba atenta a las condiciones del tránsito; refiere que, la dinámica de los hechos es general, y es la misma información que mantiene su pareja quien cuenta con el informe SIAT del accidente, del cual ella y su pareja tienen una opinión formada, y es por este que ella se entera que doña nombre reservado en un primer momento tuvo calidad de imputada en la investigación.

Señala que, al no poder atribuirle responsabilidad de haber ingresado en la causa, se le atribuye responsabilidad, haciendo un juicio de valor sobre una conversación privada con doña nombre reservado, quien le reclamaba por su relación con Andrés Gálvez, y que, de un momento a otro se desvía al accidente de la hija de su pareja. Refiere que, se le reprocha el hecho de haber revictimizado a doña nombre reservado, pero se pierde de vista que fue ella quien la llamó en reiteradas ocasiones, y que optó por devolver la llamada ya que ella le manifestó a su pareja tener conocimiento de dónde vivía ella con su hija, lo que le causó temor, pues señala que, doña nombre reservado se descontroló al saber de su relación. Añade que, la conversación no fue en su calidad de abogada asistente, ni tampoco fue en su calidad de víctima, sino que fue una conversación sobre la relación que mantenía con Andrés Gálvez, y es por eso que doña nombre reservado no aportó la grabación completa de la conversación porque habría quedado al descubierto su descontrol por su relación.

Indica que, en su vida privada no tiene obligación de brindar protección a una víctima, sobre todo a una víctima que su causa se investiga en otra Fiscalía. Cuestiona quién vela por su calidad de víctima, ya que en este sumario hizo denuncia formal por el delito del artículo 161 A del Código Penal, y el fiscal regional don Patricio Cooper no quiso tener por interpuesta su denuncia, faltando a sus deberes como funcionario del Ministerio Público, y negándole la posibilidad de que se investigara sobre ésta. Añade que, debió interponer tutela laboral por el acoso laboral que sufre en la Fiscalía, ya que durante el año 2025 le iniciaron 5 sumarios administrativos, después de haber realizado una denuncia por Ley Karin en contra de la fiscal Jefa doña nombre reservado.

Asevera que, el dolor de doña nombre reservado no es por sus dichos, sino que, por mantener la actora una relación con Andrés Gálvez, a pesar de que su relación se inició después que doña nombre reservado hizo abandono del hogar común.

En cuanto al derecho, invoca los artículos 35 de la Ley N°19.880 y 20 del Reglamento de Responsabilidad Administrativa de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público, para establecer que el procedimiento se debe adecuar al debido proceso. Estima que, al ser víctima del delito del artículo 161 A del Código Penal, no debiera considerarse la grabación parcial y modificada de una conversación privada, y que, doña nombre reservado no sólo grabó una conversación privada sino que a mayor abundamiento incurrió en la conducta del inciso segundo de la norma ya aludida, esto es procedió a difundir dicha conversación, por lo que alega que aquella grabación no debió ser considerada.

Se refiere a la probidad administrativa, a la cual se señaló faltar, indicando que quedó acreditado que no accedió a la causa RUC N°230031475-7, por lo tanto, no se puede hacer un reproche sobre una conducta que no cometió, además, fue una conversación privada, fuera de su horario laboral y estando en su hogar, por tanto, la conducta reprochada es atípica, por lo que no puede ser objeto de sanción disciplinaria. Añade que, realizar un reproche moral a sus dichos y formular cargos por ellos implica, que como persona natural no tiene derecho a la intimidad, y, en segundo lugar, su libertad de expresión en su esfera privada se ve vulnerada, infringiendo la garantía del artículo 19 N°12 de la Constitución Política de la República, su libertad de emitir opinión.

Se refiere a la Ley N°18.575, en específico el artículo 52 que ordena dar estricto cumplimiento al principio de la probidad administrativa, y el artículo 62 de la misma norma, que señala los casos en que se contraviene este principio, las que refiere no aluden a la vida privada de los funcionarios.

Alega que, se ha incurrido en el vicio de desviación de poder, pues la autoridad actuando dentro de sus competencias formales, persigue un fin distinto al que la ley le ha conferido para dictar dicho acto, en el caso de la resolución recurrida se fundamenta formalmente en una supuesta vulneración de deberes funcionarios, la ratio decidendi real parece ser la persecución de una sanción a toda costa, motivada por factores ajenos al estricto cumplimiento de la función pública.

Indica los indicios de la desviación de poder aludida, primero falta de objetividad, pues la intervención de la hermana de la abogada representante de la denunciante en la elaboración de la resolución, genera una duda razonable sobre la objetividad del proceso y sugiere que, el fin perseguido no era la mera aplicación de la justicia administrativa, sino satisfacer un interés particular o familiar. Indica que la sanción se basa en hechos no probados o irrelevantes como su ingreso a la causa, y se recurrió a su vida privada para justificar la sanción, desvirtuando el fin legal del sumario. Además, se omitió su denuncia en contra de doña nombre reservado, pues señala que el Fiscal se negó a dar curso a la misma por el delito del artículo 161 A del Código Penal. Por último, alega que, utilizar la vida privada como fundamento para una sanción disciplinaria desvirtúa el fin del sumario administrativo. Por tanto, estima que se han vulnerado sus garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 números 3, 5 y 12 de la Carta Magna.

Se refiere a un segundo hecho que impugna, relatando que el 11 de diciembre de 2025 fue notificada de la Resolución de la Fiscalía Nacional N°2898/2025 que rechazaba su recurso de apelación subsidiario a la sanción de suspensión de dos meses y goce de medio sueldo, y en dicha notificación se le hizo presente que "conforme lo establecido en oficio 711/2020 sobre instrucción general que regula la tramitación de investigaciones administrativas, tenía derecho a deducir recurso de reposición ante el mismo Fiscal Nacional dentro del plazo de 3 días contados desde esta notificación". Por lo que, el 12 de diciembre interpuso recurso de reposición ante el Fiscal Nacional a través de correo electrónico, y el 26 de diciembre recibió carta certificada de la Fiscalía local de La Serena dónde le notifican que se rechaza el recurso de reposición presentado. Refiere que, el 15 de diciembre presentó licencia médica psiquiátrica por un plazo de 30 días, la cual fue tramitada oportunamente por el Ministerio Público ante la Isapre Banmédica. Luego, el 19 de diciembre de 2025, fecha de pago, se percató que no tenía su pago en forma íntegra, y al revisar su liquidación se percata que le habían aplicado la suspensión, haciéndole un descuento por la suma de $1.592.113, a pesar de que en esa fecha se encontraba con licencia médica, y además, aún no había respuesta de la Fiscalía Nacional sobre su recurso de reposición.

Alega que, al existir una licencia médica válida, que fue entregada dentro de los plazos legales e incluso tramitada por el Ministerio Público ante la Isapre correspondiente, se entiende que en ese período se encuentra suspendida la relación laboral, y que, por lo tanto, la suspensión administrativa debió haberse hecho efectiva una vez terminada la licencia médica, esto es en enero de 2026, por lo tanto, se ha vulnerado en este caso el debido proceso, artículo 19 N°3 de la Constitución Política de la República.

Concluye solicitando que, se acoja el recurso, y que: “respecto del hecho N°1, dejar sin efecto la sanción administrativa de suspensión de funciones por dos meses con medio goce de sueldo y respecto del hecho N°2 se haga valer la licencia médica, y que deje sin efecto la suspensión del sumario administrativo de dos meses de suspensión de funciones con medio goce de sueldo y que el Ministerio Público proceda pagar mi remuneración en forma completa correspondiente al mes de diciembre de 2025.” (sic)

Acompaña a su recurso piezas del sumario administrativo.

SEGUNDO: Que, a folio 11, comparece el Fiscal Regional de Coquimbo, Patricio Cooper Monti, evacuando el informe ordenado.

Expone que, los Abogados Asistentes, Fiscales Adjuntos y Regionales del Ministerio Público ostentan la calidad de funcionarios públicos, regidos por un estatuto jurídico especial y autónomo, diferenciado del Código del Trabajo y del aplicable a la generalidad de los empleados de la Administración del Estado. En virtud de dicha condición, y conforme al artículo 11 de la Ley N°19.640, estos funcionarios se encuentran sujetos a responsabilidad administrativa, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que pudieren concurrentes. Lo anterior se enmarca en las atribuciones conferidas al Fiscal Nacional por el artículo 91 de la Constitución Política, que le otorga la superintendencia directiva, correccional y económica del organismo, facultándolo, según el artículo 17, letra d) del mismo cuerpo legal, para dictar los reglamentos pertinentes. Indica que, en ejercicio de esta potestad, se dictó el Reglamento de Responsabilidad Administrativa de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público, actualizado por Resolución FN N°700 de 19 de mayo de 2020, y dicho cuerpo normativo regula los procedimientos disciplinarios, estableciendo plazos y garantías para los investigados, como la recusación del investigador y el acceso a los antecedentes desde el inicio del proceso, sin necesidad de esperar la formulación de cargos. En consecuencia, señala que el procedimiento aplicado a la actora se ajustó estrictamente a la normativa interna y satisface plenamente los estándares del debido proceso definidos por la Excma. Corte Suprema.

Señala que, mediante Resolución IA N°FR4-000086-2025, de 10 de enero de 2025, el Fiscal Regional (S) de Coquimbo, don Claudio Correa Morales, ordenó instruir una investigación administrativa para indagar los hechos denunciados por las abogadas doña Pía Bustos Fuentes y doña Fabiola García Larenas, pues señalaron que la recurrente, Asistente de Fiscal de La Serena, habría tomado conocimiento irregular del contenido de la causa RUC 2300031475-7, en fase investigativa, y utilizado dicha información para atribuir responsabilidad penal a su representada, doña nombre reservado, quien tiene la calidad de víctima en dicha causa. Los hechos habrían ocurrido el 27 de diciembre de 2024, cuando la recurrente, por motivos extralaborales, contactó telefónicamente a la víctima, estigmatizándola y sugiriendo que su vínculo matrimonial con el fiscal Andrés Gálvez Kelly la habría beneficiado en la investigación, y que tal proceder, además de provocar un profundo daño emocional a la afectada, genera dudas sobre la integridad de la investigación dirigida por el fiscal Herbert Rhode Iturra, por lo que se solicitó instruir el correspondiente sumario administrativo.

Prosigue señalando que, el 28 de agosto de 2025 se formulan cargos en contra de la actora, y esta presentó sus descargos el 5 de septiembre de 2025. Luego, el 12 de septiembre de 2025 informa la investigadora que estima que los antecedentes de investigación permitan tener por acreditados los cargos formulados consistentes en que el día 27 de diciembre del año 2024 doña nombre reservado, abogada asistente de fiscal, de la Fiscalía Local de La Serena, contactó telefónicamente a doña nombre reservado y, en el contexto de esta conversación, hizo referencia a los hechos investigados en la causa RUC 2300031475-7 de la Fiscalía Local de Ovalle, asignada al Fiscal Herbert Rohde Iturra, investigación en la que doña nombre reservado tiene el carácter de víctima y querellante, cuestionándole su condición de víctima en estos hechos, atribuyéndole responsabilidad en la muerte de su hija, no brindándole el tratamiento adecuado que le corresponde en su calidad de victima en la causa antedicha, en la que se investiga el fallecimiento de la niña E.I.G.K, hija de doña nombre reservado y don nombre reservado, ocurrido en el contexto de un accidente de tránsito el 7 de enero de 2023 en el kilómetro 18 de la Ruta D 41, de la comuna de La Serena. Se indica que, en la misma llamada la recurrente señala a doña nombre reservado: "obviamente van a considerar a nombre reservado para no imputarte responsabilidad, porque tú sabes que en un primer momento te consideraron responsable... tú tenías la calidad de imputada... ehmmm...” (sic). Se indica que el comportamiento de la recurrente causó en doña nombre reservado afectación emocional, además, de perjudicar la imagen institucional al afirmar que el Ministerio Público actúa en el ejercicio de sus funciones apartado del principio de objetividad, atendiendo a la vinculación personal que tenga un fiscal con un interviniente de una causa.

Refiere que, la investigadora consideró que estos hechos eran constitutivos de infracciones a las siguientes obligaciones de funcionarios: - Desempeñar las funciones de su cargo ajustándose a las normas legales, reglamentos e instrucciones que rijan su desempeño y el funcionamiento del Ministerio Público, contemplada en el artículo 33 N°1 del Reglamento de Personal para los Funcionarios del Ministerio Público en relación con lo dispuesto en el artículo 83 de la Constitución Política de la República, y en el artículo 1° de la Ley Orgánica Constitucional, en cuanto encomienda al Ministerio Público la protección de víctimas y testigos; y, -Observar estrictamente el principio de probidad administrativa, que implica una conducta funcionaria moralmente intachable, contemplada en el artículo 33 N°8 del Reglamento de Personal para los funcionarios del Ministerio Público, que exige observar una conducta moralmente intachable y una entrega honesta y leal al desempeño del cargo, con preeminencia del interés público sobre el privado.

Asimismo, señala que, la investigadora se hizo cargo de los descargos realizados, estimando que no permitían desvirtuar el cargo formulado y fundar la ausencia de infracción, y sugirió que doña nombre reservado, fuese sancionada con la medida disciplinaria de suspensión de funciones por dos meses, contemplada en los artículos 9 N°4 y 12 del Reglamento de Responsabilidad Administrativa de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público.

Señala que, el 22 de septiembre de 2025, el Fiscal Regional de Coquimbo que suscribe, dicta la Resolución IA N°FR4-000114-2025 que resuelve investigación administrativa ordenada instruir por resolución IA N°FR4-000086-2025 de la Fiscalía Regional de Coquimbo, compartiendo plenamente la conclusión de la investigadora en el sentido de que se encontraba acreditado el hecho materia del cargo formulado e igualmente el razonamiento de la investigadora en torno a las infracciones de obligaciones funcionarias en que incurrió la investigada; se reconoce a doña nombre reservado la circunstancia atenuante de responsabilidad consistente en no registrar sanciones, absoluciones y/o sobreseimientos de investigaciones administrativas en el periodo de cinco años y, finalmente, se le impuso la medida disciplinaria de suspensión de funciones por dos meses con goce de media remuneración, contemplada en los artículos 9 N°4 y 12 del Reglamento de Responsabilidad Administrativa de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público. A lo anterior doña nombre reservado interpuso recurso de reposición con apelación en subsidio el 29 de septiembre de 2025, en contra de la Resolución IA N°FR4-000114-2025, la que le fue notificada el 23 de septiembre de 2025, el cual fue rechazo mediante Resolución IA N°FR4-000116-2025 de 6 de octubre de 2025 del Fiscal Regional de Coquimbo, que rechazó el recurso de reposición y tuvo por interpuesto el recurso de apelación, y dispuso se elevara ante el Fiscal Nacional, conjuntamente con los antecedentes de la investigación administrativa; y luego, mediante Resolución FN/MP N°2898/2025, de don nombre reservado, Fiscal Nacional (S) rechazó el recurso de apelación subsidiario, confirmando la sanción. Refiere que, en contra de esta resolución la actora interpuso reposición el cual fue declarado improcedente el 16 de diciembre de 2025.

Se refiere a cada una de las alegaciones de la actora, y sobre el hecho de haber tomado conocimiento de los antecedentes de la causa RUC 2300031475-7, señala que aquello no fue materia de los cargos por los cuales se le sancionó, por lo que aquella alegación carece de toda transcendencia para los efectos del procedimiento disciplinario.

En cuanto a la alegación de no ser objetiva la resolución que la sanciona, insinuando que el Fiscal Regional habría delegado su redacción en la abogada asesora doña nombre reservado, hermana de una de las denunciantes, lo que, a su juicio, evidenciaría una desviación de poder para sancionarla "a toda costa". Señala que, dicha alegación, ya formulada en reposición, fue desestimada por constituir un atentado a la honorabilidad del Fiscal Regional, al sugerir que carece de autonomía decisoria y actúa como mero ejecutor de intereses ajenos, afectando con ello la imagen institucional del Ministerio Público y desnaturalizando el diseño constitucional y legal que le asigna al Fiscal Regional la potestad exclusiva de dictar y suscribir las resoluciones, asumiendo su responsabilidad, por tanto, los fundamentos del acto impugnado emanan de la convicción jurídica del Fiscal Regional, quien compartió los sólidos argumentos expuestos por la investigadora administrativa, doña nombre reservado, actuando esta última con estricto apego a la normativa vigente, sin que exista elemento alguno que permita suponer una voluntad distinta a la del titular de la fiscalía. Añade que, la forma como señala la recurrente que tomo conocimiento de los hechos investigados, no fue considerado pues no fue parte de los cargos formulados.

Indica que, la recurrente alega que se habría valorado indebidamente una conversación privada sostenida con la víctima, en la que abordaron temas personales y el accidente en que falleció la hija de esta última, conversación que fue grabada por la afectada. Sostiene que en su vida privada no tiene deber de protección hacia las víctimas y que el dolor expresado por doña nombre reservado no se debería a sus dichos, sino a su relación con el fiscal Andrés Gálvez; además indicó la actora que formuló denuncia por el delito del artículo 161 A del Código Penal, la cual no habría sido tramitada, y que existiría una persecución administrativa derivada de una denuncia previa interpuesta en su contra por Ley Karin. Refiere que, tales alegaciones fueron desestimadas en los considerandos séptimo y noveno de la Resolución IA N°FR4-000114-2025, al concluirse que, si bien la conversación tuvo lugar en un contexto extralaboral, sus expresiones excedieron dicho ámbito al atribuir a la víctima responsabilidad por el accidente que causó la muerte de su hija, infligiéndole un dolor innecesario y afectando la imagen institucional del Ministerio Público al insinuar una falta de objetividad en la investigación penal en curso. En cuanto a la denuncia por el artículo 161 A, se le instruyó formularla conforme al procedimiento legal para su debida tramitación, y las referencias a otras investigaciones resultan impertinentes por no ser objeto del recurso.

Señala que, en cuanto a las alegaciones de derecho formuladas por la recurrente, relativas a la ilicitud de la prueba, infracción al principio de probidad administrativa y existencia de desviación de poder, todas ellas fueron oportunamente planteadas en sus escritos de descargos y recursos, siendo debidamente desestimadas en la Resolución IA N°FR4-000114-2025. Respecto a la ilicitud de la grabación, se concluyó, conforme a la jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema, que resulta legítima por haber sido realizada por uno de los interlocutores, titular del contenido. En cuanto a la infracción a la probidad, se determinó que la conducta de la funcionaria, al emitir juicios de valor sobre una causa penal en trámite y atribuir motivaciones indebidas a las decisiones de la Fiscalía, vulneró los artículos 33 N°1 y N°8 del Reglamento de Personal del Ministerio Público y el Código de Ética, afectando gravemente la imagen institucional. Finalmente, se descartó la alegada desviación de poder, por cuanto la investigación se instruyó en virtud de una denuncia formal y se tramitó con estricto apego a la normativa vigente por las investigadoras designadas, doña nombre reservado y doña nombre reservado, resolviendo el Fiscal Regional conforme al mérito de los antecedentes, sin que se acreditaran los indicios de falta de objetividad invocados por la recurrente.

Sobre el segundo hecho alegado por la actora, relativo a la ejecución de la sanción de suspensión durante su licencia médica como vulneración al debido proceso, señala que, resulta improcedente por la vía del recurso de protección, atendido que dicha acción constitucional, conforme al artículo 20 de la Constitución, solo ampara el derecho a no ser juzgado por comisiones especiales (inciso quinto del artículo 19 N°3), mas no las demás manifestaciones del debido proceso. El procedimiento disciplinario se desarrolló por los órganos competentes del Ministerio Público, con pleno respeto a las garantías del investigado, contemplando las etapas de formulación de cargos, descargos y recursos, descartándose además una afectación material al derecho a defensa. En consecuencia, el cuestionamiento a la oportunidad o forma de ejecución del acto administrativo escapa del ámbito cautelar, y debe ventilarse por las vías administrativas correspondientes. Sin perjuicio de lo anterior, señala que, en cuanto al fondo, debe estarse a lo dispuesto en el Dictamen N°4.463 de 2019 de la Contraloría General de la República, aplicable supletoriamente al Ministerio Público, que establece que la percepción de remuneraciones durante períodos de ausencia justificada —como feriado legal o licencia médica— no obsta a la procedencia de rebajas derivadas de sanciones disciplinarias, por cuanto dichos estipendios mantienen su naturaleza remuneratoria. Así, la ejecución del descuento durante tales períodos no constituye ilegalidad ni arbitrariedad, sino la aplicación legítima de una medida disciplinaria contemplada en el ordenamiento, razón por la cual el recurso debe ser desestimado.

Concluye solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Acompaña a su informe: 1.- Copia íntegra de la investigación administrativa iniciada por Resolución FR 086-2025 de 10 de enero de 2025; 2.- Resolución IA N°FR4-000114-2025 de 22 de septiembre de 2025 del Fiscal Regional de Coquimbo don Patricio Cooper Monti, que resuelve investigación y aplica sanción de suspensión funciones por dos meses con goce de media remuneración a doña nombre reservado; 3.- Copia de la Resolución FN/MP N°2898-2025 de 1 de diciembre de 2025, por la que el Fiscal Nacional resuelve recurso de apelación interpuesto por doña nombre reservado y confirma la sanción aplicada; 4.- Copia del informe evacuado por la fiscal investigadora doña nombre reservado, de 12 de septiembre de 2025, que tiene por establecidos los hechos y propone al Fiscal Regional aplicar la medida disciplinaria de suspensión funciones por dos meses con goce de media remuneración a doña nombre reservado; 5.- Copia del Oficio FN N°711 de 4 de noviembre de 2020 que imparte instrucciones para la tramitación de investigaciones administrativas; y 6.- Copia de Dictamen de Contraloría general de la República N°4.463 de 12 de febrero de 2019.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, del mérito de autos, se desprende que lo alegado por la actora son dos hechos, el primero la imposición de la sanción de suspensión de sus funciones por dos meses con goce de media remuneración, en cuanto el proceso administrativo sustanciado por la recurrida, carece de objetividad, posee indicios de desviación de poder, se basa la sanción en hechos no probados o irrelevantes como su ingreso a la causa, y se recurrió a su vida privada para justificar la mismo, además, se omitió su denuncia en contra de doña nombre reservado, por el delito del artículo 161 A del Código Penal.

Como segundo hecho alegado, es la aplicación de la sanción impuesta encontrándose la actora con licencia médica.

A su turno la recurrida aclara que el proceso sancionatorio en contra de la funcionaria respeto el debido proceso, apegándose a la normativa que rige este procedimiento, y que, no fue un hecho investigado el que la actora tuviera acceso a la investigación de la Fiscalía de Ovalle, sino que, sus dichos, que aunque dados en un contexto extralaboral infringieron la probidad administrativa, en atención a no dar el trato respectivo a una víctima, y poner en juicio la objetividad del Ministerio Público en las investigaciones que realiza, cuando una de las partes es un Fiscal.

SEXTO: Que, efectuado el análisis pertinente, y en cuanto al primer hecho impugnado, es menester precisar que, pese a la gravedad de la medida contenida en la resolución impugnada, esto es, la suspensión de sus funciones por dos meses con goce de media remuneración, ese solo hecho no torna per se al acto administrativo en cuestión, en arbitrario o ilegal, por lo cual es necesario examinar si al dictarse la mencionada resolución, se ha incurrido o no en una ilegalidad o arbitrariedad.

Así, y bajo el supuesto citado, de los antecedentes allegados al proceso sumarial no se advierte que el acto administrativo impugnado carezca de fundamento legal, falta de objetividad, y/o falta o incorrecta ponderación de los hechos investigados, así como conductas de desviación de poder aludidas, o que, se haya dictado fuera de la competencia del Fiscal Regional, ni que configure un actuar arbitrario o ilegal en los términos exigidos por el artículo 20 de la Constitución Política del Estado.

Ello porque resulta patente que la medida disciplinaria cuestionada se dictó en el marco de un procedimiento sumarial debidamente instruido, mediando designación de una Fiscala, con observación de una etapa indagatoria y posterior formulación de cargos, con acceso de la funcionaria al examen del expediente, con presentación por parte de la recurrente y en el ejercicio pleno de su derecho a defensa de los correspondientes descargos, y con la dictación de una resolución sancionatoria motivada, que a partir de los antecedentes reunidos por la fiscala instructora contempló, desde la perspectiva disciplinaria, una decisión final de la autoridad competente, de tal suerte que se han observado las exigencias del debido proceso administrativo establecidas en la Ley 18.990, y el Reglamento de Responsabilidad Administrativa de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público.

SÉPTIMO: Que, en ese mismo orden de ideas, y teniendo especialmente presente las garantías señaladas como vulneradas, y lo pedido en definitiva a esta Corte, no cabe a esta judicatura, por la vía de la presente acción constitucional de protección, revisar el mérito o conveniencia del acto administrativo o sustituir la apreciación técnica o discrecional del órgano competente, máxime si el mismo ordenamiento jurídico contempla otras vías de impugnación, como sería una acción de tutela laboral en la sede respectiva, o incluso, el recurso de reclamación ante la Contraloría General de la República, de conformidad a lo previsto en la Ley N°10.336. Por lo que no se advierte la vulneración alegada en cuanto al primer hecho denunciado.

OCTAVO: Que, en cuanto al segundo hecho denunciado, estiman estos sentenciadores que, la licencia médica como beneficio para un trabajador para ausentarse de su trabajo, establece un ámbito de protección que tratándose de funcionarios del ámbito público impide la ejecución de sanciones disciplinarias mientras se encuentren en dicho estado, todas las que deberán entenderse suspendidas hasta que termine el uso de la licencia médica.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo de Recursos de Protección de Garantías Constitucionales de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones, SE ACOGE, sin costas, el recurso intentado en favor de nombre reservado, en contra de la Fiscalía Regional de Coquimbo, solo en cuanto se ordena a la recurrida reintegrar la remuneración descontada de manera anticipada en su lugar ejecutar la sanción íntegramente una vez que la protegida retome sus funciones.

Acordada con el voto en contra del ministro Sr. Pulgar, quien fue de parecer de rechazar íntegramente el libelo, al considerar que la licencia médica extendida en favor de la recurrente la habilitaba para interrumpir la prestación de sus deberes laborales, más no soportar los efectos de una sanción que, por lo demás, a la fecha se encuentra ejecutoriada, de forma que resulta intrascendente que se declare lo contrario, si el efecto jurídico ya se produjo y, por ende, acogerlo no importa eximirla de aquel, cuya es la petición que sostuvo.

Por lo demás, la recurrente no invocó garantías asociadas a aquel eventual perjuicio, asunto que torna en improcedente acoger peticiones a ese respecto.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°52-2026 (Protección).-